Por Ian Werbin

Una estudiante de la carrera de Medicina muerta de una supuesta sobredosis, una joven quemada en el barrio porteño de Barracas y una mujer trans presuntamente fallecida en una comisaría de la localidad bonaerense de Derqui son tres de los casos que organizaciones feministas, en apoyo a las familias de las víctimas, piden investigar como femicidios, en el marco del octavo aniversario de la primera marcha por el «Ni Una Menos».

Dos de estos hechos fueron debatidos durante las asambleas feministas del citado movimiento, en las cuales se consensuan las consignas que definen la marcha principal del «3J» que se realizará hoy en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Uno de ellos es el de Micaela Rascowsky (36), una estudiante de Medicina que murió en su departamento del barrio porteño de Villa Ortúzar en abril del 2021 de una supuesta sobredosis.

Según sus allegados, la joven había advertido que era víctima de violencia de género por parte de su pareja, Guido Pascuccio, por lo que exigen que éste sea detenido y condenado.

De los peritajes realizados al cuerpo de Micaela surgió que la causa de muerte se debió a una intoxicación con cocaína, aunque los forenses constataron que además la joven estuvo atada y que su cuerpo presentaba lesiones defensivas y por lo menos 13 golpes, según contaron sus allegados.

Actualmente, Pascuccio se encuentra en libertad, imputado de «lesiones leves en contexto de violencia de género agravada por el vínculo» en contra de Micaela, y se mantiene a la espera de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 porteño fije una fecha para el comienzo del juicio oral por ese delito, no por femicidio.

Patricia Ortiz, mamá de Micaela, dijo que confía en que «el beneficio que tiene Pascuccio va a durar poco» ya que «la verdad va a salir a la luz», a la vez que reclamó un cambio de calificación de la causa para que la Justicia investigue el hecho como un femicidio.

«Estamos atravesando dos luchas: luchando con el asesino de mi hija y con parte de la Justicia que no acciona. Nos causa una terrible decepción que la Justicia no respalde las causas con la verdad», remarcó.

Y agregó: «La causa actualmente se encuentra en la presentación de pruebas suplementarias. Como padres estamos seguros de que Micaela fue víctima de femicidio y las pruebas son más que suficientes. Intentaremos que los tres jueces otorguen esa sentencia».

Patricia fue muy crítica con el fiscal que instruyó el expediente, Patricio Lugones, y dijo que solo recibió ayuda proveniente de un canal de YouTube español, Triun Arts, que el mes pasado lanzó una serie documental de tres episodios analizando la muerte de su hija. (https://www.youtube.com/watch?v=sD1QkU_wc0E&t=87s)

«Solo hemos tenido ayuda y verdad de otro país. Y eso lo único que hace es acumular más tristeza. Seguimos de pie en la lucha de justicia por Mica. Estamos como podemos, como cualquier papá que le arrebatan a su hijo. Es muy difícil«, concluyó la mujer.  

La muerte de Florencia Galarza (21) es otro de los casos que el colectivo «Ni Una Menos» pide investigar en contexto de violencia de género, tal como surgió en las asambleas de mayo pasado.

La joven murió el 1 de agosto de 2020 a causa de quemaduras que sufrió en su casa del Barrio 21-24 de Barracas y por el hecho, tanto las organizaciones feministas como sus familiares piden que se investigue a quien era su pareja, un hombre que tiene varias denuncias por violencia de género, aunque nunca fue citado en la causa.

«Aún no hay respuestas judiciales respecto a su caso. Justicia por Florencia. Fue Femicidio», señaló mediante un comunicado la Asamblea Feminista Villa 31 y 31 bis.

Otro de los casos que tanto allegados como organizaciones sociales piden que se investigue con visión de género es el de Sofía Fernández (39), una mujer trans que murió asfixiada el pasado 10 de abril en una comisaría de la localidad bonaerense de Derqui.

Para su familia existieron «terribles irregularidades» en el accionar de los agentes policiales que estaban de turno en la dependencia

Vanesa, sobrina de Fernández, dijo que la «pesadilla» comenzó la tarde del 8 de abril, cuando Sofía fue detenida por un supuesto «robo por escalamiento».

«Uno de los policías se presentó en su casa y nos informó que la habían detenido porque la encontraron perdida. Unos momentos después, otro nos dijo que había sido por un robo. Realmente no sabemos por qué la privaron de su libertad, dieron muchas versiones confusas y contradictorias«, recordó la mujer.

Vanesa sostuvo que su tía no tenía antecedentes penales y que durante los tres días que pasó alojada en la comisaría 5ta. de Derqui nunca la dejaron comunicarse con su familia.

«Hasta el domingo, toda la familia intentó contactarse con ella, pero nunca le permitieron un llamado desde la comisaría. Ella estaba en su derecho de tener una llamada«, reclamó.

Finalmente, el martes siguiente a su detención, personal de Gendarmería Nacional (GNA) se presentó en el domicilio de la hermana de Sofía Fernández para informarle que había sido hallada «sin vida en su celda» aparentemente a raíz de una «muerte súbita».

Esa versión fue luego descartada por la autopsia, que indicó que Sofía había fallecido producto de una «asfixia por estrangulamiento», en el marco de un hecho «traumático».

«Sabemos dos cosas: que ella estaba sola en la celda y que no tenía intenciones de matarse. Ahora no nos dicen más nada a nosotros. Solo nos dicen que están investigando», cerró Vanesa en referencia al fiscal que interviene en la causa, Gonzalo Agüero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, quien por el momento no tiene imputados por el hecho.

Las demanda de investigar los casos con perspectiva de género fueron dadas a conocer dentro de un contexto en el que se destaca que 252 femicidios fueron cometidos durante 2022 en el país, 26 de ellos vinculados y 7 trans-travesticidios, lo que arroja un promedio de un crimen por motivos de género cada 35 horas, cifra similar a la de 2021, según un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En la misma línea, otras organizaciones de la sociedad civil como La Casa del Encuentro y MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana dieron a conocer relevamientos de la cantidad de femicidios desde el primer «Ni Una Menos», hace ocho años, hasta la actualidad.

Ambos observatorios coincidieron en que hubo más de 2000 crímenes motivados por el género en el país desde el 3 de junio del 2015 hasta mayo del 2023, ya que La Casa del Encuentro reportó 2554 casos y MuMaLá, 2209.

El femicidio que motivó el primer «Ni Una Menos» fue el de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en mayo del 2015 en la ciudad santafesina de Rufino por su pareja, Manuel Mansilla, quien era menor al momento del hecho.

El asesinato generó tal conmoción nacional que el 3 de junio de 2015 se llevó a cabo la primera marcha «Ni Una Menos» contra la violencia de género que tuvo su epicentro frente al Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reunieron unas 300.000 personas.

Mansilla fue condenado en 2016 a 21 años y 6 meses, aunque el pasado 19 de marzo su pena fue rebajada a 15 años de prisión, luego de que la Corte santafesina contemplara que el femicida era menor de edad al momento del hecho.

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