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Violencia de Género

Reforma judicial feminista y aplicación de IVE en todo el país entre los reclamos de Ni Una Menos

«A 7 años de nuestra primera movilización, volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas para decir #NiUnaMenos #VivasLibresyDesendeudadesNosQueremos #ElEstadoEsResponsable», comienza el documento con las firmas de varios colectivos militantes y feministas.

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Colectivos feministas acordaron en un documento reivindicaciones que van desde una reforma que garantice el acceso a la justicia a las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries y castigue el asesinato de mujeres, y pidieron la aplicación en todo el país de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en la jornada en que se realizan marchas por Ni Una Menos en todo el país.

«A 7 años de nuestra primera movilización, volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas para decir #NiUnaMenos #VivasLibresyDesendeudadesNosQueremos #ElEstadoEsResponsable», comienza el documento con las firmas de varios colectivos militantes y feministas.

Entre el centenar de organizaciones y personas que firman el documento figuran Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Ni Una Menos; la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis.

El texto tiene 41 puntos de reivindicaciones, entre las que destaca en primer lugar «¡Basta de Justicia patriarcal!» y se reclama «una reforma judicial feminista que garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries».

Como segundo punto, se exige «el cumplimiento de la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionado en 2015 con perspectiva de género» y se recalca que «los procesos legales no deben revictimizarnos».

En esa línea, se reclama por «un sistema judicial que no invisibilice la realidad de niñeces y adolescencias víctimas de abuso sexual» al tiempo que se exige terminar con la aplicación «del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de la persecución a las madres protectoras».

«Justicia por Arcoiris en La Rioja. Defendamos infancias libres de abusos. Basta de complicidad del Poder Judicial. Libertad para su madre», figura en otro punto del documento, que también exige el «esclarecimiento inmediato del asesinato mafioso, misógino y patriarcal de Claudia Benítez en Misiones, creadora de la red de taxis ENTRE NOSOTRAS».

A su vez, se demanda que se garantice «la aplicación de la Ley de IVE en todo el país. ¡Niñas, no madres!» al tiempo que se pide la «efectivización de la Educación Sexual Integral ¡YA! Por una ESI con perspectiva de discapacidad, educación inclusiva y feminista».

El documento también sostiene el reclamo de «búsqueda y aparición con vida de Tehuel ¡YA!», en referencia a Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021 cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre que tenía un antecedente de homicidio en ocasión de robo que le había prometido trabajo como mozo.

«Por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios. Basta de extractivismos, contaminación, incendio y privatización del territorio. No hay supervivencia posible para la especie humana aniquilando las demás formas de existencia. Exigimos una Ley de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria sostenidas en un modelo productivo no extractivo y comunitario», es otra de las reivindicaciones.

Los colectivos feministas reclaman también «derecho a la vivienda como algo sustancial para nuestras autonomías», «salario básico universal que garantice dignidad y derechos laborales para las trabajadoras comunitarias», «la sanción de la ley integral de cuidados» que tramita en el Congreso y declarar la emergencia nacional en violencia por motivos de género.

Investigación 🔎

Moyano imputado por desobediencia: la fiscal cree que se vio con Arizaga pese a la perimetral

La fiscalía a cargo de la causa considera que existen elementos suficientes para sostener que el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano se reunió con Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, violando la restricción de acercamiento vigente. La novedad llega apenas 48 horas después de que un informe oficial no había podido confirmar ese encuentro.

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Moyano, acorralado: la fiscal que no pudo probar el encuentro ahora lo imputa por haber ocurrido.

El giro es tan abrupto como revelador: primero, un informe del propio Ministerio Público Fiscal porteño concluyó que no podía reconstruir el supuesto encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel del centro porteño; cuarenta y ocho horas más tarde, la fiscalía consideró que sí existen elementos para imputar al exdiputado y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) por desobediencia a una orden judicial.

Moyano está investigado desde agosto de 2026 por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga, modelo e influencer de 23 años, en el marco de un episodio ocurrido en su departamento del barrio porteño de Belgrano. Como parte de las medidas cautelares, tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la joven y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, de la Fiscalía de Género Norte.

El hotel, las cámaras y el DVR que no alcanzó

La sospecha sobre un encuentro entre ambos surgió a partir de fotografías que Arizaga publicó en sus redes sociales, donde aparecía en distintas prendas de vestir y en diferentes momentos, desde el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 538, en el centro de la ciudad. Ese detalle despertó la atención de los investigadores, que comenzaron a indagar si Moyano había sido alojado allí en compañía de la joven.

El martes 15 de septiembre, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentó en el hotel. Allí, una empleada entregó voluntariamente el DVR del sistema de videovigilancia del establecimiento, que fue trasladado a la sede de la calle Chacabuco al 151 para ser peritado por el Gabinete Multimedia. Las tareas de análisis permitieron determinar que Moyano había ingresado el 31 de agosto y se había retirado el 11 de septiembre, utilizando la habitación 603. Sin embargo, el informe no dejó constancia de que Arizaga hubiera estado en el establecimiento durante ese período, lo que llevó al Ministerio Público a concluir, en ese momento, que no era posible reconstruir el presunto encuentro mediante fuentes abiertas.

La vuelta de tuerca: la fiscal cambia de posición

A pesar de esa conclusión inicial, la fiscalía evaluó en las horas siguientes otros elementos incorporados a la investigación y consideró que la evidencia reunida es suficiente para sostener que el encuentro efectivamente ocurrió. La imputación por desobediencia implica que la fiscal entiende que Moyano habría violado de manera consciente y deliberada la restricción judicial vigente. Fuentes del caso informaron que la acusación se sustenta en los elementos disponibles, aunque no se precisó de manera oficial cuáles son las pruebas adicionales que modificaron el cuadro.

La situación expone una tensión dentro de la misma investigación: en un lapso de menos de dos días, el Ministerio Público pasó de no poder confirmar el contacto a imputar formalmente al sindicalista por ese mismo hecho. La defensa de Moyano, encabezada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, ya había pedido el levantamiento de todas las restricciones, argumentando que el escenario probatorio había cambiado a favor de su cliente y que la perimetral no puede operar como una sanción anticipada.

La defensa pide que se levanten las medidas cautelares

Miguel Molina, integrante del equipo defensor, presentó este jueves ante la Justicia un planteo formal para que se revise «la subsistencia, alcance o eventual modificación» de las medidas cautelares que pesan sobre su cliente. La defensa sostuvo que las propias declaraciones de Arizaga ante la fiscal, en las que la joven negó haber sido golpeada o mantenida encerrada y manifestó su voluntad de retomar el vínculo, debilitan la hipótesis inicial y demuestran que entre ambos «no hay conflicto» ni situación de riesgo que justifique mantener la distancia impuesta. Ante cualquier resultado adverso, la defensa exigió que se garantice el derecho de Moyano a ser oído.

La nueva imputación por desobediencia complica esa estrategia defensiva de manera sustancial: si la fiscalía logra sostener que Moyano incumplió de manera activa la orden judicial, el pedido de levantamiento de medidas pierde uno de sus argumentos centrales y la situación procesal del sindicalista se agrava de manera considerable, con la posibilidad de que la Justicia evalúe medidas más restrictivas.

Lo que tenés que saber

  • Facundo Moyano fue imputado por desobediencia: la fiscalía considera que se reunió con Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, violando la restricción de acercamiento vigente.
  • La imputación llega 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal no hubiera podido confirmar el encuentro a partir del análisis del DVR del hotel.
  • Moyano estuvo alojado en el establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603, según las tareas de análisis realizadas.
  • Su defensa, encabezada por los abogados Gascón y Molina, presentó un pedido formal de levantamiento de todas las medidas cautelares.
  • La causa principal investiga a Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga, en un episodio ocurrido en agosto en el barrio porteño de Belgrano.
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