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Violencia de Género

Reforma judicial feminista y aplicación de IVE en todo el país entre los reclamos de Ni Una Menos

«A 7 años de nuestra primera movilización, volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas para decir #NiUnaMenos #VivasLibresyDesendeudadesNosQueremos #ElEstadoEsResponsable», comienza el documento con las firmas de varios colectivos militantes y feministas.

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Colectivos feministas acordaron en un documento reivindicaciones que van desde una reforma que garantice el acceso a la justicia a las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries y castigue el asesinato de mujeres, y pidieron la aplicación en todo el país de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en la jornada en que se realizan marchas por Ni Una Menos en todo el país.

«A 7 años de nuestra primera movilización, volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas para decir #NiUnaMenos #VivasLibresyDesendeudadesNosQueremos #ElEstadoEsResponsable», comienza el documento con las firmas de varios colectivos militantes y feministas.

Entre el centenar de organizaciones y personas que firman el documento figuran Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Ni Una Menos; la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis.

El texto tiene 41 puntos de reivindicaciones, entre las que destaca en primer lugar «¡Basta de Justicia patriarcal!» y se reclama «una reforma judicial feminista que garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries».

Como segundo punto, se exige «el cumplimiento de la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionado en 2015 con perspectiva de género» y se recalca que «los procesos legales no deben revictimizarnos».

En esa línea, se reclama por «un sistema judicial que no invisibilice la realidad de niñeces y adolescencias víctimas de abuso sexual» al tiempo que se exige terminar con la aplicación «del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de la persecución a las madres protectoras».

«Justicia por Arcoiris en La Rioja. Defendamos infancias libres de abusos. Basta de complicidad del Poder Judicial. Libertad para su madre», figura en otro punto del documento, que también exige el «esclarecimiento inmediato del asesinato mafioso, misógino y patriarcal de Claudia Benítez en Misiones, creadora de la red de taxis ENTRE NOSOTRAS».

A su vez, se demanda que se garantice «la aplicación de la Ley de IVE en todo el país. ¡Niñas, no madres!» al tiempo que se pide la «efectivización de la Educación Sexual Integral ¡YA! Por una ESI con perspectiva de discapacidad, educación inclusiva y feminista».

El documento también sostiene el reclamo de «búsqueda y aparición con vida de Tehuel ¡YA!», en referencia a Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021 cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre que tenía un antecedente de homicidio en ocasión de robo que le había prometido trabajo como mozo.

«Por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios. Basta de extractivismos, contaminación, incendio y privatización del territorio. No hay supervivencia posible para la especie humana aniquilando las demás formas de existencia. Exigimos una Ley de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria sostenidas en un modelo productivo no extractivo y comunitario», es otra de las reivindicaciones.

Los colectivos feministas reclaman también «derecho a la vivienda como algo sustancial para nuestras autonomías», «salario básico universal que garantice dignidad y derechos laborales para las trabajadoras comunitarias», «la sanción de la ley integral de cuidados» que tramita en el Congreso y declarar la emergencia nacional en violencia por motivos de género.

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Detuvieron al padre de Enzo Pérez por una denuncia de abuso sexual contra una niña

La acusación fue radicada por la madre de la niña de 12 años. El hecho habría ocurrido en una vivienda de Maipú. Interviene la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

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En la provincia de Mendoza, la Justicia detuvo a Carlos Francisco Pérez Herrera, padre del futbolista Enzo Pérez, tras una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años. La acusación fue presentada por la madre de la niña y quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que ya inició las primeras medidas de investigación.

Según reconstruyeron fuentes judiciales, el hecho habría ocurrido el sábado 28 de marzo en una vivienda de la localidad de Maipú, donde se encontraban la menor, su madre —pareja del acusado— y el hombre de 68 años. La denuncia se formalizó horas después, cuando la niña relató lo sucedido mientras caminaba con su madre.

De acuerdo a la información difundida, el episodio se habría producido en un momento en que la mujer se retiró brevemente del ambiente. En ese lapso, el acusado habría intentado un acercamiento físico hacia la menor, quien se negó.

El testimonio de la niña resultó determinante para que su madre avanzara con la denuncia. A partir de allí, la fiscalía dispuso la detención del acusado durante la noche del lunes y el inicio de actuaciones bajo los protocolos específicos para delitos contra la integridad sexual.

Investigación en curso y resguardo de la víctima

La causa se encuentra en etapa preliminar. En este tipo de investigaciones, la recolección de pruebas se centra en pericias psicológicas y en la declaración de la menor a través de dispositivos como la cámara Gesell, que buscan evitar su revictimización.

Interviene una fiscalía especializada en delitos sexuales Se aplican protocolos de protección para la menor La declaración de la víctima es una prueba central en el proceso

Hasta el momento, ni el futbolista ni su entorno realizaron declaraciones públicas sobre el caso.

Silencio público y dimensión del caso

La detención de un familiar directo de una figura del fútbol argentino introduce una dimensión pública que suele tensionar el tratamiento mediático. Sin embargo, desde el ámbito judicial remarcan la necesidad de preservar la identidad y la integridad de la menor, así como de garantizar el debido proceso.

En paralelo, organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes insisten en la importancia de escuchar a las víctimas y de actuar con celeridad ante cualquier indicio de abuso.

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