Violencia de Género
En cinco años 10 ginecólogos fueron acusados por abusos
Algunos de ellos incluso fueron condenados en este lapso, destacándose el caso del sanjuanino sentenciado a 17 años por ultrajar a 14 mujeres.
En los últimos cinco años, al menos 10 ginecólogos de todo el país fueron denunciados por sus pacientes de haberlas agredido sexualmente durante la consulta, en circunstancias similares a las descriptas por las denunciantes del médico de Burzaco Diego Clementi, y algunos de ellos incluso fueron condenados en este lapso, destacándose el caso del sanjuanino sentenciado a 17 años por ultrajar a 14 mujeres.
Además de Clementi -procesado por abuso sexual de seis mujeres, mientras es investigado por otros dos hechos- enfrentan o enfrentaron cargos similares el riojano Héctor Lucero, el salteño Eduardo Domínguez, el correntino Alejandro Dahse y el sanjuanino Carlos Martínez.
Esta lista también la integran el puntano Alejandro Heredia, el santafesino Claudio Mario Bazán y los neuquinos Dardo D’Orazio y Guillermo Focaccia.
En la provincia de Corrientes el ginecólogo y auditor de la obra social del Estado Gerardo Alejandro Dahse, ya había sido requerido a juicio por abuso sexual agravado contra una paciente cuando a fines de abril su situación se complicó ante la confirmación de otro procesamiento por abuso sexual con acceso carnal, esta vez con una mujer menor de edad como víctima.
En declaraciones a la prensa, una de sus víctimas contó que le inyectó una anestesia con la excusa de colocarle un DIU que la hizo dormirse «y cuando me desperté lo vi abusando de mí».
«La Cámara de Revisión confirmó el procesamiento a Dahse en la causa por violación a una menor en 2008, por ello la prescripción se hallaba suspendida hasta tanto la víctima realice la denuncia», explicó a Télam la abogada querellante, Sofía Domínguez Briceño.
La jueza penal de primera instancia María Josefina González de Cabañas dispuso, en junio de 2022, el procesamiento y la inmediata detención de Dahse, que finalmente recuperó su libertad cuatro meses después y espera el juicio en esa condición mientras sigue ejerciendo como ginecólogo en una clínica privada.
En Córdoba, el ginecólogo Gabriel Sánchez fue imputado en marzo pasado por un hecho de ‘abuso sexual sin acceso carnal’ que -según la denuncia- ocurrió unos días antes en un centro de salud público de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz con una mujer embarazada como víctima.
La denunciante es una joven de 18 años que concurrió al Hospital Gumersindo Sayago para un control ginecológico, y testimonió que fue «manoseada» en sus partes íntimas por este profesional mientras utilizaba expresiones lascivas para referirse a su cuerpo.
La fiscal de Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, imputó a Sánchez por «abuso sexual sin acceso carnal», y hasta el momento permanece en libertad.
El abogado Carlos Nayi manifestó a Télam que está asistiendo a la denunciante y a otras cuatro mujeres que denunciaron por hechos similares al ginecólogo Sánchez, y que se está «terminando de instruir la causa que está con secreto de sumario», adelantó.
También especificó que el imputado está «suspendido de sus funciones» en el Hospital y en la Policía provincial, donde se desempeñaba como forense.
Además, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz también denunció al profesional y pidió a la Fiscalía ser querellante.
En Salta, el fiscal a cargo de la causa contra un ginecólogo que fue denunciado en noviembre pasado por haber vulnerado la integridad sexual de una paciente en dos oportunidades, solicitó la elevación a juicio.
«Sigue con prisión preventiva, alojado en la alcaldía», explicó a Télam el abogado de la víctima, Luciano Romano, sobre la situación judicial del médico ginecólogo Eduardo David Domínguez detenido en los primeros días de diciembre pasado.
Domínguez, que fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en dos hechos, en concurso real, por el fiscal Rodrigo González Miralpeix, ya había recibido una condena de dos años de prisión de ejecución condicional en 2018, por una denuncia similar.
Romano precisó que «el viernes pasado, la Fiscalía presentó de manera formal el pedido de requerimiento de remisión de la causa a juicio».
«En las últimas semanas se recibieron testimoniales ofrecidas por la defensa, pero no aportaron nada que permitiera desacreditar la acusación. También se incorporó el informe psicológico de la víctima, que da cuenta que existen indicadores postraumáticos», apuntó el abogado.
El ginecólogo Carlos Hugo Martínez, que abusó de 14 mujeres en la ciudad de San Juan y otras tres en la localidad de Jáchal mientras las atendía en su consultorio, sigue preso en el Penal de Chimbas, donde purga una condena de 21 años y medio, que recibió el 17 de diciembre de 2019.
Esto es así porque a la pena original -que fue de 17 años- se le sumaron otros 4 en virtud de un juicio abreviado en el que reconoció haber abusado también a una adolescente de 13 años en 2017 que lo denunció con posteridad.
Los jueces de la Sala 2 lo condenaron por todos esos hechos y el juez Miguel Ángel Dávila Saffe aumentó su pena por la denuncia de otra joven jachalera, que aseguró que el ginecólogo nacido en La Rioja -pero radicado en Jáchal- también abusó de ella.
La víctima relató que el médico la manoseó, que le propuso que le practicara sexo oral y la accedió con los dedos.
En las audiencias judiciales, las partes llegaron a un acuerdo para abreviar el juicio, donde el médico y su defensor, el abogado José Torres, y la fiscal de cámara Marcela Torres, se pusieron de acuerdo para reajustar la calificación y la dejaron en abuso sexual gravemente ultrajante.
En la Rioja, se encuentra procesado con prisión preventiva desde octubre del año pasado el ginecólogo Héctor Lucero, quien se desempeñaba tanto en el sistema público y privado, y sobre quien pesa un sumario administrativo en marcha dispuesto por el Ministerio de Salud. No obstante, en enero de este año el encausado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud.
En declaraciones al diario Tiempo Argentino, las denunciantes lo acusaron de haberlas manoseado y de accedido sexualmente con la excusa de garantizar la efectividad de un aborto con pastillas cuando la interrupción del embarazo era todavía ilegal.
La causa por dos casos de abuso sexual con acceso carnal en el contexto de la atención médica es impulsada por el fiscal Martín Oneto bajo la dirección de la jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini.
En San Luis, el ginecólogo Alejandro Heredia fue denunciado a principios de este año por una adolescente de 15 años que aseguró haber sido manoseada por el especialista durante una consulta, y lo relató en sus redes sociales.
«El 17 de enero, a las 19, fui víctima de un profesional que me vio crecer», inició la publicación en un grupo de Facebook donde nombró al médico por su nombre y apellido, y consignó la dirección del consultorio.
«Fui a retirar mis medicamentos por mi tratamiento y esta persona no dejaba de decirme lo hermosa que era, me quería besar, se me acercó a tal punto de poner su nariz con la mía. En todo momento le dije que ‘no’, que me soltara, quería huir. Sin embargo me abrazó, me puso la mano sobre la espalda bajo la remera, estaba en shock», prosiguió.
La adolescente contó que en el juzgado se enteró que «esta persona ya tiene varias denuncias similares» y que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias porque «no quiero que esto le vuelva a pasar a otra niña, a otra mujer y qué el siga haciendo su vida como si nada hubiera pasado».
A mediados de febrero, el juez de Garantías de turno de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, le impuso al ginecólogo una restricción que le prohíbe acercarse a la víctima.
En Neuquén por lo menos dos ginecólogos fueron requeridos judicialmente por abuso sexual en el contexto de la atención médica en los últimos años.
Uno de ellos es Dardo D’Orazio, encontrado penalmente responsable en dos juicios realizados en 2018: en el primero fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación de la matrícula por un caso de abuso sexual simple, mientras que en el segundo fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por «abuso coactivo aprovechando una relación de poder de médico hacia la paciente» contra dos mujeres.
En tanto, también se enjuició a Guillermo Focaccia, con quien se acordó el año pasado otorgarle la suspensión del juicio a prueba por tres años en la causa que se le sigue por abuso sexual gravemente ultrajante contra dos hermanas, una de las cuales era menor de edad al momento de los hechos.
En la provincia de Santa Fe, el ginecólogo Claudio Mario Bazán -que se desempeña también como médico policial- fue condenado en 2021 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina por haber abusado sexualmente de dos pacientes en su consultorio de la localidad de San Guillermo.
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Géneros 🟣
Ex funcionario del INAES Carlos Debiaggi fue declarado culpable de abuso sexual tras 7 años de lucha judicial
Después de siete años de lucha, la Justicia federal encontró culpable al ex Director de Asuntos Jurídicos del INAES por abuso sexual simple consumado en horario laboral. La condena llegó tras un juicio oral que comenzó el 18 de marzo de 2026.
El 12 de agosto de 2019, en pleno horario laboral y en las oficinas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Alberto Debiaggi, quien se desempeñaba como Director de Asuntos Jurídicos del organismo, abusó sexualmente de una trabajadora. La víctima, identificada solo como Cecilia para resguardar su identidad, relató los hechos a la Revista Cítrica en 2019.
La denuncia fue presentada de inmediato en sede penal y administrativa. Sin embargo, la respuesta institucional no fue la protección que la trabajadora merecía. El presidente del INAES, Marcelo Collomb, se negó en forma reiterada a apartar a Debiaggi del organismo, pese a las audiencias personales y los requerimientos formales de la junta interna de ATE y de las trabajadoras del organismo.
Cecilia debió tomarse licencia psiquiátrica primero, y por violencia de género después. Le redujeron el sueldo. Debiaggi, en cambio, siguió concurriendo al organismo.
Represalias y solidaridad
La situación no quedó ahí. Según informó la propia junta interna de ATE INAES, como represalia por el acompañamiento sindical a la denunciante, dos delegados fueron denunciados penalmente por supuestas amenazas, una acusación que los propios trabajadores calificaron como «armada«. Ni esa maniobra logró frenar el avance judicial.
En 2021, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Debiaggi al considerar que existían elementos probatorios suficientes para avanzar al debate oral. Aun así, la causa tardó cinco años más en llegar al juicio.
El juicio y la condena
El juicio oral y público en la causa «Debiaggi, Carlos Alberto s/ infr. art. 119, 1° CP» se inició el 18 de marzo de 2026 ante la Justicia federal. Semanas después, el veredicto llegó: CULPABLE.
La junta interna de ATE INAES celebró la condena como «una conquista histórica» y subrayó que la victoria no hubiera sido posible sin «un sindicato que acompañe y se plante» y sin la sororidad de decenas de trabajadoras del organismo y delegadas de otras juntas que sostuvieron a la trabajadora durante años.
La causa también expuso los antecedentes de violencia de género de Debiaggi: según señaló en su momento ATE INAES en comunicado oficial, el ex funcionario registraba además una causa por violencia doméstica impulsada por su ex pareja, y diversas situaciones no denunciadas formalmente por temor por parte de otras trabajadoras de su Dirección.
Una victoria, un síntoma
El caso Debiaggi ilustra con crudeza una realidad extendida en el ámbito laboral estatal: la denuncia no garantiza la protección, no es la primera vez que denunciantes son despedidas o forzadas a tomarse «licencias». La trabajadora fue quien pagó las consecuencias inmediatas, mientras el agresor, amparado por el silencio institucional, continuó en funciones.
Siete años de proceso judicial, licencias forzadas, reducción salarial, represalias sindicales y una burocracia que prefirió mirar para otro lado antes de actuar. La condena es justa y necesaria. Pero también es la prueba de todo lo que aún falta construir para que el Estado deje de ser un lugar peligroso para quienes se atreven a denunciar.
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