Violencia de Género
En cinco años 10 ginecólogos fueron acusados por abusos
Algunos de ellos incluso fueron condenados en este lapso, destacándose el caso del sanjuanino sentenciado a 17 años por ultrajar a 14 mujeres.
En los últimos cinco años, al menos 10 ginecólogos de todo el país fueron denunciados por sus pacientes de haberlas agredido sexualmente durante la consulta, en circunstancias similares a las descriptas por las denunciantes del médico de Burzaco Diego Clementi, y algunos de ellos incluso fueron condenados en este lapso, destacándose el caso del sanjuanino sentenciado a 17 años por ultrajar a 14 mujeres.
Además de Clementi -procesado por abuso sexual de seis mujeres, mientras es investigado por otros dos hechos- enfrentan o enfrentaron cargos similares el riojano Héctor Lucero, el salteño Eduardo Domínguez, el correntino Alejandro Dahse y el sanjuanino Carlos Martínez.
Esta lista también la integran el puntano Alejandro Heredia, el santafesino Claudio Mario Bazán y los neuquinos Dardo D’Orazio y Guillermo Focaccia.
En la provincia de Corrientes el ginecólogo y auditor de la obra social del Estado Gerardo Alejandro Dahse, ya había sido requerido a juicio por abuso sexual agravado contra una paciente cuando a fines de abril su situación se complicó ante la confirmación de otro procesamiento por abuso sexual con acceso carnal, esta vez con una mujer menor de edad como víctima.
En declaraciones a la prensa, una de sus víctimas contó que le inyectó una anestesia con la excusa de colocarle un DIU que la hizo dormirse «y cuando me desperté lo vi abusando de mí».
«La Cámara de Revisión confirmó el procesamiento a Dahse en la causa por violación a una menor en 2008, por ello la prescripción se hallaba suspendida hasta tanto la víctima realice la denuncia», explicó a Télam la abogada querellante, Sofía Domínguez Briceño.
La jueza penal de primera instancia María Josefina González de Cabañas dispuso, en junio de 2022, el procesamiento y la inmediata detención de Dahse, que finalmente recuperó su libertad cuatro meses después y espera el juicio en esa condición mientras sigue ejerciendo como ginecólogo en una clínica privada.
En Córdoba, el ginecólogo Gabriel Sánchez fue imputado en marzo pasado por un hecho de ‘abuso sexual sin acceso carnal’ que -según la denuncia- ocurrió unos días antes en un centro de salud público de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz con una mujer embarazada como víctima.
La denunciante es una joven de 18 años que concurrió al Hospital Gumersindo Sayago para un control ginecológico, y testimonió que fue «manoseada» en sus partes íntimas por este profesional mientras utilizaba expresiones lascivas para referirse a su cuerpo.
La fiscal de Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, imputó a Sánchez por «abuso sexual sin acceso carnal», y hasta el momento permanece en libertad.
El abogado Carlos Nayi manifestó a Télam que está asistiendo a la denunciante y a otras cuatro mujeres que denunciaron por hechos similares al ginecólogo Sánchez, y que se está «terminando de instruir la causa que está con secreto de sumario», adelantó.
También especificó que el imputado está «suspendido de sus funciones» en el Hospital y en la Policía provincial, donde se desempeñaba como forense.
Además, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz también denunció al profesional y pidió a la Fiscalía ser querellante.
En Salta, el fiscal a cargo de la causa contra un ginecólogo que fue denunciado en noviembre pasado por haber vulnerado la integridad sexual de una paciente en dos oportunidades, solicitó la elevación a juicio.
«Sigue con prisión preventiva, alojado en la alcaldía», explicó a Télam el abogado de la víctima, Luciano Romano, sobre la situación judicial del médico ginecólogo Eduardo David Domínguez detenido en los primeros días de diciembre pasado.
Domínguez, que fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en dos hechos, en concurso real, por el fiscal Rodrigo González Miralpeix, ya había recibido una condena de dos años de prisión de ejecución condicional en 2018, por una denuncia similar.
Romano precisó que «el viernes pasado, la Fiscalía presentó de manera formal el pedido de requerimiento de remisión de la causa a juicio».
«En las últimas semanas se recibieron testimoniales ofrecidas por la defensa, pero no aportaron nada que permitiera desacreditar la acusación. También se incorporó el informe psicológico de la víctima, que da cuenta que existen indicadores postraumáticos», apuntó el abogado.
El ginecólogo Carlos Hugo Martínez, que abusó de 14 mujeres en la ciudad de San Juan y otras tres en la localidad de Jáchal mientras las atendía en su consultorio, sigue preso en el Penal de Chimbas, donde purga una condena de 21 años y medio, que recibió el 17 de diciembre de 2019.
Esto es así porque a la pena original -que fue de 17 años- se le sumaron otros 4 en virtud de un juicio abreviado en el que reconoció haber abusado también a una adolescente de 13 años en 2017 que lo denunció con posteridad.
Los jueces de la Sala 2 lo condenaron por todos esos hechos y el juez Miguel Ángel Dávila Saffe aumentó su pena por la denuncia de otra joven jachalera, que aseguró que el ginecólogo nacido en La Rioja -pero radicado en Jáchal- también abusó de ella.
La víctima relató que el médico la manoseó, que le propuso que le practicara sexo oral y la accedió con los dedos.
En las audiencias judiciales, las partes llegaron a un acuerdo para abreviar el juicio, donde el médico y su defensor, el abogado José Torres, y la fiscal de cámara Marcela Torres, se pusieron de acuerdo para reajustar la calificación y la dejaron en abuso sexual gravemente ultrajante.
En la Rioja, se encuentra procesado con prisión preventiva desde octubre del año pasado el ginecólogo Héctor Lucero, quien se desempeñaba tanto en el sistema público y privado, y sobre quien pesa un sumario administrativo en marcha dispuesto por el Ministerio de Salud. No obstante, en enero de este año el encausado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud.
En declaraciones al diario Tiempo Argentino, las denunciantes lo acusaron de haberlas manoseado y de accedido sexualmente con la excusa de garantizar la efectividad de un aborto con pastillas cuando la interrupción del embarazo era todavía ilegal.
La causa por dos casos de abuso sexual con acceso carnal en el contexto de la atención médica es impulsada por el fiscal Martín Oneto bajo la dirección de la jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini.
En San Luis, el ginecólogo Alejandro Heredia fue denunciado a principios de este año por una adolescente de 15 años que aseguró haber sido manoseada por el especialista durante una consulta, y lo relató en sus redes sociales.
«El 17 de enero, a las 19, fui víctima de un profesional que me vio crecer», inició la publicación en un grupo de Facebook donde nombró al médico por su nombre y apellido, y consignó la dirección del consultorio.
«Fui a retirar mis medicamentos por mi tratamiento y esta persona no dejaba de decirme lo hermosa que era, me quería besar, se me acercó a tal punto de poner su nariz con la mía. En todo momento le dije que ‘no’, que me soltara, quería huir. Sin embargo me abrazó, me puso la mano sobre la espalda bajo la remera, estaba en shock», prosiguió.
La adolescente contó que en el juzgado se enteró que «esta persona ya tiene varias denuncias similares» y que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias porque «no quiero que esto le vuelva a pasar a otra niña, a otra mujer y qué el siga haciendo su vida como si nada hubiera pasado».
A mediados de febrero, el juez de Garantías de turno de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, le impuso al ginecólogo una restricción que le prohíbe acercarse a la víctima.
En Neuquén por lo menos dos ginecólogos fueron requeridos judicialmente por abuso sexual en el contexto de la atención médica en los últimos años.
Uno de ellos es Dardo D’Orazio, encontrado penalmente responsable en dos juicios realizados en 2018: en el primero fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación de la matrícula por un caso de abuso sexual simple, mientras que en el segundo fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por «abuso coactivo aprovechando una relación de poder de médico hacia la paciente» contra dos mujeres.
En tanto, también se enjuició a Guillermo Focaccia, con quien se acordó el año pasado otorgarle la suspensión del juicio a prueba por tres años en la causa que se le sigue por abuso sexual gravemente ultrajante contra dos hermanas, una de las cuales era menor de edad al momento de los hechos.
En la provincia de Santa Fe, el ginecólogo Claudio Mario Bazán -que se desempeña también como médico policial- fue condenado en 2021 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina por haber abusado sexualmente de dos pacientes en su consultorio de la localidad de San Guillermo.
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Espectáculos 🎭
Paris Hilton volvió al Capitolio y la ley contra deepfakes sigue frenada
A diez meses de su primera visita, la empresaria reclamó que la Cámara de Representantes vote la Ley DEFIANCE, que el Senado aprobó por unanimidad en enero. Según su equipo, 83 de las 156 mujeres del Congreso tienen deepfakes sexuales en línea.
Ochenta y tres de las 156 mujeres que integran el Congreso de Estados Unidos tienen deepfakes sexuales en internet, según un relevamiento de su equipo que presentó Paris Hilton. El dato llegó con un reclamo concreto: que la Cámara de Representantes ponga a votación una ley que lleva diez meses sin moverse.
La empresaria y activista volvió el martes 17 de noviembre a las escalinatas del Capitolio, en Washington, junto a la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) y la republicana Laurel Lee (Florida), copatrocinadoras de la Ley DEFIANCE. El proyecto bipartidista permitiría a las víctimas de deepfakes sexuales demandar a quienes los crean o distribuyen. Hilton contó que cuando tenía 19 años un exnovio filtró un video íntimo suyo y afirmó que existen más de 100.000 deepfakes sexuales con su imagen.
Un proyecto aprobado dos veces por el Senado
El Senado aprobó la ley por consentimiento unánime en enero y, según recordó Ocasio-Cortez, ya lo había hecho también en 2024. En la Cámara baja, el proyecto presentado por la legisladora en mayo de 2025 fue girado al Comité Judicial y no volvió a moverse. «Durante diez meses, esta legislación crucial estuvo parada en la Cámara, a la espera de que la llevaran al recinto», dijo Ocasio-Cortez, y se preguntó por qué no se la llevó a votación.
«Hace diez meses estuve acá, en el Capitolio, y le conté al mundo lo que se siente cuando tu cuerpo queda expuesto sin tu consentimiento, y le pedí al Congreso que hiciera algo al respecto», afirmó Hilton. «Las leyes no nos protegen. Y si esto le puede pasar a alguien con mis recursos y mi plataforma, imaginen lo indefensa que puede sentirse una joven que lo enfrenta completamente sola». Según sus propias cifras, 50 millones de personas fueron víctimas de deepfakes explícitos.
El reclamo a los líderes de la Cámara
Hilton se dirigió de manera directa al presidente de la Cámara, Mike Johnson, al líder de la mayoría, Steve Scalise, y al titular del Comité Judicial, Jim Jordan: «¿Van a permitir que esto siga pasando a sus colegas? ¿Y a las mujeres de su distrito? ¿A sus hijas, esposas o hermanas? Tienen el poder de hacer avanzar esta legislación». Ocasio-Cortez dijo que los impulsores dialogaron con la Casa Blanca y se sienten «muy optimistas» por la apertura del presidente Donald Trump, aunque la Cámara no fijó fecha de votación. El despacho de Johnson no respondió por qué el proyecto sigue frenado, según consignó la cadena CBS News.
Si la Cámara no vota antes de que termine el actual Congreso, el 3 de enero de 2027, el proyecto tendrá que presentarse de nuevo.
Qué cambiaría la ley
La ley permitiría a las víctimas recuperar las ganancias obtenidas con las imágenes no consentidas y fijaría un plazo de prescripción de diez años, que corre desde que la víctima descubre la violación o cumple 18 años, lo que ocurra después. Complementa la ley Take It Down, firmada en mayo de 2025 y promovida por la primera dama Melania Trump, que penalizó publicar imágenes íntimas, reales o falsas, sin consentimiento y obliga a las plataformas a retirarlas dentro de las 48 horas de un pedido de la víctima. Como resumió Ocasio-Cortez en enero, «Take It Down nos dio la remoción y DEFIANCE nos dará recurso y restitución».
Una violencia que alcanza a niñas y adolescentes
Un estudio de UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países, difundido en febrero, concluyó que al menos 1,2 millones de niños y niñas sufrieron en el último año la manipulación de sus imágenes mediante deepfakes sexualmente explícitos; en algunos países, uno de cada 25, el equivalente a un niño por aula. UNICEF advirtió que «aunque las imágenes sean falsas, el daño que causan es absolutamente real».
En la Argentina hubo denuncias en colegios porteños, como las que involucraron a alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, denunciados por crear con inteligencia artificial imágenes falsas de compañeras desnudas y comercializarlas por WhatsApp.
Lo que tenés que saber
- Paris Hilton volvió al Capitolio el 17 de noviembre para reclamar que la Cámara de Representantes vote la Ley DEFIANCE.
- El Senado aprobó el proyecto por unanimidad en enero y también lo había hecho en 2024; la Cámara baja nunca lo votó.
- Hilton dijo que 83 de las 156 mujeres del actual Congreso tienen deepfakes sexuales en línea.
- La ley permitiría demandar a quienes crean o distribuyen estas imágenes y fija diez años para hacerlo.
- Si no se vota antes del 3 de enero de 2027, el proyecto debe presentarse de nuevo.
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