El Gobierno Nacional eliminó dos programas clave del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, en una nueva embestida contra las políticas de género de la gestión anterior. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó la medida con argumentos ideológicos, asegurando que la gestión del presidente Javier Milei terminó «con dos estructuras ideológicas» que sostenían «militancia y cargos políticos».

En conferencia de prensa junto al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la cartera señaló que el Programa Acercar Derechos y el Registro de Organizaciones de Género, disueltos bajo las Resoluciones 575/2021 y 55/2022, «nunca arrojaron resultados positivos para los argentinos», sin ofrecer evidencia concreta que respalde esta afirmación categórica.

Datos sobre femicidios sin respaldo estadístico

El ministro intentó legitimar la decisión con una supuesta mejora en los indicadores de violencia de género: «Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género y que la única forma de proteger a las víctimas es siendo implacables con los agresores. ¿El resultado? Bajamos los homicidios de mujeres un 14,3%».

Sin embargo, esta afirmación resulta cuestionable dado que el propio Gobierno desmanteló las estructuras encargadas de recopilar y sistematizar datos sobre violencia de género. El ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad era el organismo responsable de mantener registros actualizados sobre femicidios y otras formas de violencia de género. Con su eliminación, el Estado argentino carece de un sistema integral de seguimiento estadístico que permita verificar la veracidad de las cifras esgrimidas por Cúneo Libarona.

Programas desmantelados tenían objetivos específicos

Los programas eliminados habían sido implementados durante la gestión de la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta con propósitos concretos. El Programa Acercar Derechos tenía como objetivo dar una respuesta integral a las necesidades de mujeres, el colectivo LGBTI+ y trans en situaciones de violencia de género, mientras que el Registro Nacional de Organizaciones Sociales se encargaba de relevar información sobre asociaciones que promovían y protegían los derechos de estos grupos vulnerables.

Cúneo Libarona atacó directamente la gestión anterior, afirmando que «se destinaron millones de dólares en estos programas ideológicos, mientras los delitos violentos aumentaban», reproduciendo el discurso anti-género característico de la administración Milei.

Auditorías con metodología opaca

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, presentó los resultados de auditorías internas realizadas sobre el funcionamiento del Programa Acercar Derechos, encontrando supuestas «debilidades sustantivas» tanto en los operativos como en el sistema de registro, la supervisión de casos y «la autosuficiencia documental» de las intervenciones realizadas.

Los datos presentados por Amerio señalaron que «el 38% de los casos no registraban acciones de abordaje o seguimiento, que el 75% de las acciones activas no habían sido actualizadas en más de seis meses y que el 26% de los casos analizados carecía de estrategia integral de abordaje». No obstante, el funcionario no detalló la metodología empleada en estas auditorías ni ofreció criterios técnicos que permitan evaluar la validez de los resultados.

Desmantelamiento programático

La decisión se inscribe en la política sistemática de desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género implementada por la administración Milei. La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el traspaso de sus funciones residuales al Ministerio de Justicia evidencian un retroceso en el abordaje integral de la violencia de género.

Amerio intentó justificar la medida señalando que la revisión de las políticas públicas «constituye una herramienta fundamental» para garantizar que los programas estatales respondan «de forma efectiva» a las necesidades sociales actuales, «conforme a los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal» que deben regir el accionar del Estado.

La eliminación de estos programas deja a las organizaciones sociales y a las víctimas de violencia de género sin herramientas específicas de acompañamiento y registro, en un contexto donde la violencia machista continúa siendo una problemática estructural sin resolver.

Puntos clave:

• El Gobierno eliminó programas de género alegando «ineficiencia» sin evidencia técnica sólida que respalde las auditorías presentadas
• Cúneo Libarona reivindicó una baja del 14,3% en femicidios sin contar con sistemas estadísticos actualizados tras desmantelar el ex Ministerio de Mujeres
• Los programas eliminados atendían específicamente violencia de género y registraban organizaciones sociales del sector
• Las auditorías no detallaron metodología ni criterios técnicos para evaluar la supuesta ineficiencia
• La medida se inscribe en el desmantelamiento sistemático de políticas públicas con perspectiva de género