Femicidio
El Gobierno desmanteló programas contra la violencia de género por supuesta “ineficiencia”
Cúneo Libarona cerró Acercar Derechos y el Registro de Organizaciones de Género con auditorías cuestionables. El ministro reivindicó una supuesta baja del 14,3% en femicidios, aunque, motosierra mediante, el Estado no cuenta con estadísticas eficaces para sustentar esa afirmación.
El Gobierno Nacional eliminó dos programas clave del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, en una nueva embestida contra las políticas de género de la gestión anterior. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó la medida con argumentos ideológicos, asegurando que la gestión del presidente Javier Milei terminó «con dos estructuras ideológicas» que sostenían «militancia y cargos políticos».
En conferencia de prensa junto al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la cartera señaló que el Programa Acercar Derechos y el Registro de Organizaciones de Género, disueltos bajo las Resoluciones 575/2021 y 55/2022, «nunca arrojaron resultados positivos para los argentinos», sin ofrecer evidencia concreta que respalde esta afirmación categórica.
Datos sobre femicidios sin respaldo estadístico
El ministro intentó legitimar la decisión con una supuesta mejora en los indicadores de violencia de género: «Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género y que la única forma de proteger a las víctimas es siendo implacables con los agresores. ¿El resultado? Bajamos los homicidios de mujeres un 14,3%».
Sin embargo, esta afirmación resulta cuestionable dado que el propio Gobierno desmanteló las estructuras encargadas de recopilar y sistematizar datos sobre violencia de género. El ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad era el organismo responsable de mantener registros actualizados sobre femicidios y otras formas de violencia de género. Con su eliminación, el Estado argentino carece de un sistema integral de seguimiento estadístico que permita verificar la veracidad de las cifras esgrimidas por Cúneo Libarona.
Programas desmantelados tenían objetivos específicos
Los programas eliminados habían sido implementados durante la gestión de la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta con propósitos concretos. El Programa Acercar Derechos tenía como objetivo dar una respuesta integral a las necesidades de mujeres, el colectivo LGBTI+ y trans en situaciones de violencia de género, mientras que el Registro Nacional de Organizaciones Sociales se encargaba de relevar información sobre asociaciones que promovían y protegían los derechos de estos grupos vulnerables.
Cúneo Libarona atacó directamente la gestión anterior, afirmando que «se destinaron millones de dólares en estos programas ideológicos, mientras los delitos violentos aumentaban», reproduciendo el discurso anti-género característico de la administración Milei.
Auditorías con metodología opaca
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, presentó los resultados de auditorías internas realizadas sobre el funcionamiento del Programa Acercar Derechos, encontrando supuestas «debilidades sustantivas» tanto en los operativos como en el sistema de registro, la supervisión de casos y «la autosuficiencia documental» de las intervenciones realizadas.
Los datos presentados por Amerio señalaron que «el 38% de los casos no registraban acciones de abordaje o seguimiento, que el 75% de las acciones activas no habían sido actualizadas en más de seis meses y que el 26% de los casos analizados carecía de estrategia integral de abordaje». No obstante, el funcionario no detalló la metodología empleada en estas auditorías ni ofreció criterios técnicos que permitan evaluar la validez de los resultados.
Desmantelamiento programático
La decisión se inscribe en la política sistemática de desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género implementada por la administración Milei. La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el traspaso de sus funciones residuales al Ministerio de Justicia evidencian un retroceso en el abordaje integral de la violencia de género.
Amerio intentó justificar la medida señalando que la revisión de las políticas públicas «constituye una herramienta fundamental» para garantizar que los programas estatales respondan «de forma efectiva» a las necesidades sociales actuales, «conforme a los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal» que deben regir el accionar del Estado.
La eliminación de estos programas deja a las organizaciones sociales y a las víctimas de violencia de género sin herramientas específicas de acompañamiento y registro, en un contexto donde la violencia machista continúa siendo una problemática estructural sin resolver.
Puntos clave:
- El Gobierno eliminó programas de género alegando «ineficiencia» sin evidencia técnica sólida que respalde las auditorías presentadas
- Cúneo Libarona reivindicó una baja del 14,3% en femicidios sin contar con sistemas estadísticos actualizados tras desmantelar el ex Ministerio de Mujeres
- Los programas eliminados atendían específicamente violencia de género y registraban organizaciones sociales del sector
- Las auditorías no detallaron metodología ni criterios técnicos para evaluar la supuesta ineficiencia
- La medida se inscribe en el desmantelamiento sistemático de políticas públicas con perspectiva de género
Córdoba
Femicidio de Agostina Vega: el celular de Barrelier reveló su obsesión con la niña
El peritaje de los teléfonos del acusado por el femicidio de Agostina Vega recuperó fotos borradas, chats previos, 377 búsquedas en un sitio pornográfico y una imagen de la adolescente maniatada antes del crimen. Suma una imputación por material de abuso sexual infantil y declarará el martes 29.
Entre las fotos borradas, las conversaciones y las búsquedas que los peritos lograron recuperar de los teléfonos de Claudio Barrelier, hay una imagen que pesa más que cualquier testimonio: Agostina Vega, de 14 años, maniatada y amordazada sobre una cama, en la madrugada posterior a su ingreso a la casa de barrio Cofico donde fue asesinada. La tecnología que el acusado usó para acercarse a una adolescente terminó convertida en la prueba más contundente en su contra.
El hallazgo fue incorporado a la causa principal por el femicidio, que instruyó el fiscal Raúl Garzón, y derivó además en un expediente paralelo: el fiscal Juan Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno de Córdoba, imputó a Barrelier por la tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. El acusado, que permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria por esta nueva acusación el próximo martes 29 de septiembre.
Lo que guardaban los dispositivos
La nueva causa surgió de los análisis digitales sobre el material secuestrado durante la investigación. Los peritos trabajaron sobre alrededor de 40 teléfonos celulares, dos de ellos pertenecientes a Barrelier, y sobre una computadora que su expareja, Marianela Palmero, también imputada en el expediente principal, entregó durante su indagatoria junto con la clave de acceso.
En uno de los celulares, los investigadores recuperaron conversaciones antiguas, fotografías eliminadas de la adolescente tomadas antes del crimen y el historial de búsquedas en Google. Según reconstruyó la Fiscalía, el contacto entre ambos había comenzado semanas antes del femicidio, después de que Barrelier le pidiera el número de teléfono de la chica a su madre, con quien había mantenido una relación de pareja.
El 22 de abril, Agostina publicó en Instagram una foto junto a Barrelier en la que agradecía la confianza que tenían y escribió que lo quería «como a un papá». El acusado hizo una captura de esa publicación y, a partir de entonces, comenzó a enviarle mensajes privados. El vínculo de confianza que la adolescente expresó en público fue, según la reconstrucción judicial, la puerta de entrada del acecho.
La Dirección de Investigación Operativa (DIO) analizó además las búsquedas que Barrelier realizó de manera continuada en un sitio de contenido pornográfico y contabilizó 377 registros entre el 6 y el 20 de mayo de 2026, apenas días antes del crimen. Para la Fiscalía, el imputado tenía una «obsesión por la niña», y los elementos hallados refuerzan la hipótesis de Garzón sobre una planificación previa del ataque.
Una denuncia que ya advertía el peligro
La situación procesal de Barrelier también se complicó por un hecho de mayo de 2025, un año antes del femicidio: una joven de 20 años denunció que había sido atacada en la misma vivienda de barrio Cofico y que logró escapar para pedir ayuda. A partir de nuevas medidas de prueba, Garzón agravó la imputación por ese episodio, que pasó a ser privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.
Que la misma casa donde Agostina fue asesinada ya figurara en una denuncia por un ataque sexual obliga a preguntarse qué hizo el sistema con esa advertencia. La pregunta no es retórica: cada femicidio con antecedentes denunciados expone las fallas de un Estado que llega tarde, cuando la violencia machista ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una muerte.
Seis acusados rumbo al juicio
En paralelo, la causa principal ya fue elevada a juicio el pasado 10 de septiembre contra seis imputados. Según la instrucción, el 23 de mayo Barrelier aprovechó la confianza generada por haber sido pareja de la madre de la víctima para trasladarla a su domicilio de Cofico. El cuerpo de Agostina fue hallado después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.
Barrelier deberá responder por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género. Los otros cinco acusados, entre ellos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, llegarán al debate oral imputados por encubrimiento. El expediente ya no describe solo a un femicida, sino a una red de personas que, según la acusación, ayudaron a ocultar el crimen.
La nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil no modifica por ahora la situación procesal de Barrelier en la causa por el femicidio, pero suma pruebas sobre las conductas que el acusado desplegó antes del asesinato y que la Fiscalía considera clave para reconstruir cómo una adolescente de 14 años terminó en manos de quien ella misma consideraba «como un papá».
Las claves del femicidio:
- El peritaje de los celulares de Claudio Barrelier recuperó una foto de Agostina Vega maniatada y amordazada sobre una cama antes del crimen.
- También se hallaron fotos eliminadas, conversaciones previas y 377 registros de búsquedas en un sitio pornográfico entre el 6 y el 20 de mayo de 2026.
- El fiscal Juan Ávila Echenique lo imputó por tenencia de material de abuso sexual infantil y lo citó a indagatoria el martes 29 de septiembre.
- Garzón agravó la imputación por un ataque denunciado en mayo de 2025 por una joven de 20 años en la misma casa de barrio Cofico.
- La causa por el femicidio fue elevada a juicio el 10 de septiembre con seis acusados: Barrelier y cinco imputados por encubrimiento.
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