Femicidio
Jurado Popular por femicidio en Solano
Un suboficial de Prefectura comenzará a ser juzgado por el crimen de su pareja, a la que mató de un disparo en la boca.
Tras la elección de los 12 ciudadanos para conformar el Jurado Popular, se inicia en los Tribunales de Quilmes el juicio contra el suboficial de la Prefectura Naval Argentina, Carlos Alberto Ortiz, quien con su arma reglamentaria cometió el femicidio de su pareja, en un hecho ocurrido en julio de 2015 en el interior de una vivienda de la localidad de San Francisco Solano.
El prefecto llega al debate imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo, uso de arma de fuego y mediante violencia de un hombre hacia una mujer”, en perjuicio de Miriam Silvina Velázquez, de 47 años.
Según el acusado, la muerte se produjo durante un forcejeo, en medio de una discusión tras haber regresado de una fiesta, de manera accidental y por lo tanto intentará revertir que se lo encuentre culpable, pero por “homicidio culposo”.
De acuerdo a la investigación, en la madrugada del 26 de julio de 2015, en la vivienda de la calle 885 de San Francisco Solano, se produjo el incidente en el que el suboficial Ortíz (de 27 años) cometió el femicidio de Miriam Velázquez, al recibir un balazo en la boca.
Femicidio
Femicidio en Los Polvorines: mató a una madre que defendió a su hija de ser abusada
Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, fue capturado por la Policía Federal en un edificio del microcentro porteño luego de dos días prófugo. Este lunes se realiza la lectura de cargos: enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua por homicidio calificado con violencia de género y uso de arma blanca.
Femicidio en Los Polvorines: atraparon al asesino de la madre que murió protegiendo a su hija
Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, acusado del femicidio de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, fue detenido por la Policía Federal en las últimas horas en un edificio de la calle Florida, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde frecuentaba a una pareja ocasional. El hombre había permanecido prófugo desde el jueves, cuando cometió el crimen en el partido bonaerense de Los Polvorines, al norte del Gran Buenos Aires.
Una madre que dio su vida por su hija
El hecho ocurrió mientras Yolanda Cáceres y su hija de 9 años dormían en su vivienda. Según los reportes policiales, Amarilla ingresó a la casa a través de una ventana y comenzó a abusar sexualmente de la menor. La madre advirtió la situación e intervino para protegerla. En el forcejeo, el agresor, quien sería una persona conocida por la familia, atacó a Cáceres con dos puñaladas en el cuello y la cabeza, provocándole heridas fatales que le causaron la muerte en el acto.
Luego del crimen, Amarilla huyó. La niña logró escapar de la escena y pidió ayuda a los vecinos. Su testimonio ante los investigadores resultó determinante para identificar y localizar al sospechoso. Una de las frases que trascendió de su declaración resume el horror de lo vivido: «Me tapó la boca para que no gritara».
La detención y el peso de la ley
El allanamiento que derivó en la captura fue descripto como sorpresivo por fuentes policiales. Amarilla se encontraba en el edificio de la calle Florida sin aparente resistencia al momento de ser aprehendido.
Este lunes se realizará la lectura de cargos, el acusado enfrenta cargos por homicidio calificado por mediar violencia de género con uso de arma blanca y su condición de prófugo le cierra la puerta a cualquier beneficio procesal. «Se enfrenta una pena en expectativa a perpetua.
Violencia de género: el crimen que no puede naturalizarse
El caso de Yolanda Cáceres no es un hecho aislado. Es el resultado de una violencia estructural que sigue cobrando vidas de mujeres en Argentina. Una madre asesinada por interponerse entre un agresor y su hija de 9 años que era víctima de abuso sexual. Una niña que ahora carga con el testimonio de haber visto morir a su madre mientras la defendía. Un femicida que huyó y se escondió durante dos días antes de ser atrapado.
La muerte de Yolanda exige respuestas que van más allá de la condena individual: políticas públicas de prevención, recursos para la justicia con perspectiva de género, y una sociedad que no mire para otro lado cuando hay señales de violencia en el entorno.
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