DDHH
La activista y militante trans Alba Rueda fue premiada por el gobierno de EEUU
La entrega de premios se realizó en la Casa Blanca, en Washington, en una ceremonia encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y la primera dama, Jill Biden.
La activista y militante trans Alba Rueda, representante especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería Argentina, fue distinguida hoy con el Premio a las Mujeres de Coraje que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos a quienes dedicaron sus vidas a la protección y promoción de los Derechos Humanos y asumieron liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres, se informó hoy oficialmente.
La entrega de premios se realizó en la Casa Blanca, en Washington, en una ceremonia encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y la primera dama, Jill Biden.
Ésta es la edición número 17 del premio, que ya ha sido otorgado a 180 mujeres de más de 80 países de todo el mundo.
La primera y única argentina que había recibido esta distinción fue en 2007 Susana Trimarco, la madre de María de los Ángeles «Marita» Verón, por su lucha contra la trata de mujeres y niñas para la prostitución.
Alba Rueda, antes de ser Embajadora Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería, fue la primera Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y trabajó 12 años en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Junto con Rueda, las otras galardonadas con el premio 2023 fueron: Zakira Hekmat (Afganistán), Danièle Darlan (República Centroafricana), Doris Ríos (Costa Rica), Meaza Mohammed (Etiopía), Hadeel Abdel Aziz (Jordania), Bakhytzhan Toregozhina (Kazajistán), Datuk Ras Adiba Radzi (Malasia), Bolor Ganbold (Mongolia), Bianka Zalewska (Polonia) y Yuliia Paievska (Ucrania).
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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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