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Judiciales ⚖️

Alba Rueda prepara denuncia internacional contra la Corte Suprema por desobedecer la Ley de Identidad de Género

El arzobispo salteño Mario Antonio Cargnello desconoció la identidad de género de la funcionaria, calificando de «ficciones jurídicas» del derecho civil, las leyes nacionales de identidad de género, y además la trató en masculino.

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La Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería argentina, Alba Rueda, dijo este domingo que denunciará internacionalmente a la Corte Suprema de Justicia tras el fallo que rechazó el pedido para rectificar su identidad de género en los registros de bautismo y confirmación en el Arzobispado de Salta, y acusó al máximo tribunal de «utilizar un reclamo colectivo para dar un mensaje social a los sectores más conservadores».

«Vamos a convocar a compañeros expertos latinoamericanos para denunciar a esta Corte internacionalmente», dijo la funcionaria y militante por los derechos de la diversidad sexual.

Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti confirmaron este jueves el fallo anterior que rechazaba la acción de hábeas corpus presentada por Rueda contra el Arzobispado de Salta para rectificar sus registros sacramentales amparándose en la «neutralidad religiosa del Estado«.

En este sentido, el fallo de la Corte afirmó que «no resultan atendibles los argumentos» de Rueda ya que esto implicaría «exigir a los jueces el examen de cuestiones sobre las que carecen de competencia y socavaría el espíritu del Concordato y la neutralidad religiosa prevista en el texto constitucional argentino».

También rechazaron la solicitud de la activista de declarar inconstitucional la ley 17.032 que aprobó el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina de 1966, y del propio acuerdo, llamado también Concordato de 1966.

En el fundamento de Rueda, este acuerdo «autoriza a la Iglesia Católica argentina a desobedecer las leyes de la Nación en detrimento del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación».

En 2011, la actual funcionaria fue una de las primeras mujeres trans en Argentina en rectificar su DNI a través de una sentencia judicial, y desde la sanción de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) en 2012 logró modificar todos sus datos registrales menos los que dispone la iglesia católica.

Cuando en 2018 quiso cambiar sus registros de bautismo y confirmación en el Arzobispado de Salta ya que una amiga le solicitó ser madrina de su hija, obtuvo para su sorpresa una respuesta negativa.

El arzobispo Mario Antonio Cargnello le respondió que desconocía las «ficciones jurídicas» del derecho civil, en referencia a la ley de identidad de género, y la trató en masculino.

Tras esta respuesta, Rueda presentó una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 58, donde la jueza consideró que no podía intervenir en un tema religioso, y en noviembre de 2019 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esta decisión.

Luego, la activista interpuso un recurso extraordinario federal en el que argumentó que «los efectos civiles de la regulación estatal del sexo según la Ley de Identidad de Género abarcan todos los aspectos de la vida de las personas, incluso el religioso».

Además sostuvo que hubo «un trato discriminatorio hacia su persona que desconoce su pleno derecho a la identidad de género, obstruye su participación igualitaria en la vida religiosa comunitaria y vulnera su derecho a la libertad de culto en su faz individual y colectiva».

La Corte Suprema este jueves se expidió sobre el caso y decidió confirmar los fallos anteriores en rechazo a los pedidos de Rueda

«No es posible imponer a una autoridad religiosa, en el caso, la Iglesia Católica, la procedencia y el modo en que debe registrar o modificar el registro de un sacramento pues ello (…) conllevaría a una inadmisible intromisión del Estado en el ejercicio de un culto y, por ello, una violación de la libertad religiosa garantizada por la Constitución Nacional«, indicó ese texto.

Para Rueda, el fallo se produjo «de espaldas a una sociedad que es diversa, que ya se pronunció a favor de la ley de identidad de género y la diversidad sexual a lo largo de los años» y dijo que es «una lesión enorme a la plataforma de derechos de la Argentina».

También criticó que trata al caso como «individual cuando en realidad hubo 40 pedidos de organizaciones de Argentina y Latinoamérica que querían hablar en audiencia publica».

«Nosotras pedimos que se llame a audiencia pública para que tengamos la oportunidad de hablar abiertamente, que se abra el debate y se muestre que hay muchas personas LGBT en la iglesia y que muchas queremos cambiar nuestra identidad«, explicó Rueda y aclaró que este pedido fue «el primero que se negó».

En el documental «Amén. Francisco Responde», el Papa Francisco -al ser consultado por jóvenes sobre la relación entre la Iglesia y las personas trans- dijo que «Dios no rechaza a nadie» y que el deber «es recibir siempre», además de que «son infiltrados» aquellos que «aprovechan la escuela de la iglesia para sus pasiones personales» lo que implica «una de las corrupciones de la iglesia».

Rueda también cuestionó que el fallo afirma que no hubo discriminación contra ella ya que no se pudo demostrar «que la negativa de rectificar los registros sacramentales importen un trato discriminatorio respecto de otros miembros de la Iglesia Católica«, argumentó el texto de la Corte.

«Lo que están diciendo es que ustedes pueden ir a la iglesia y rezar, ahora no esperen que se le reconozca su identidad de género, la tiene que dejar en la puerta de la iglesia», criticó la activista.

Además destacó que el fallo reviste un «carácter político» y le brinda un «mensaje a la derecha».

«Lo hacen en un contexto político, en un año electoral, con un claro mensaje a los sectores más conservadores. Usan un reclamo colectivo para politizarlo y dar un mensaje a la derecha», aseguró Rueda.

Además de ser una activista histórica por los derechos LGBTIQ+ en el país, también es funcionaria pública y en 2022 asumió el rol de Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Cancillería Argentina, puesto que solo tienen cinco países del mundo.

«No voy a dejar que rompan con la ley de identidad de género los sectores más conservadores«, concluyó.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Investigación 🔎

Espert, procesado por lavado: embargo de $1.000 millones y sin salir del país

El juez federal Lino Mirabelli procesó sin prisión preventiva al exdiputado libertario por los USD 200.000 que recibió en 2020 de una firma ligada a Fred Machado. También procesó a su contador, Mariano Cosentino, con un embargo de $700 millones, y embargó a Varianza S.A.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.

La Justicia federal de San Isidro le trabó un embargo de $1.000 millones a José Luis Espert y le prohibió salir del país. La decisión marca un salto cualitativo en una causa que ya había pasado por allanamientos, un congelamiento de bienes y una citación a indagatoria, y que ahora deja al exlegislador oficialista formalmente procesado.

La resolución fue firmada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien procesó sin prisión preventiva al exdiputado nacional de La Libertad Avanza como presunto autor del delito de lavado de activos. El expediente investiga los USD 200.000 que Espert recibió en 2020 de una firma ligada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos y condenado allí por fraude y lavado de activos. La investigación está delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez.

El contador, también en la mira

El magistrado también procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo de $700 millones. La resolución alcanzó además a la sociedad familiar Varianza S.A., con un embargo de $500 millones.

El contrato de las minas que nunca funcionaron

Espert sostuvo, en pleno escándalo que terminó con su renuncia a la candidatura a diputado, que los USD 200.000 correspondían a un servicio de asesoramiento para una empresa minera de Guatemala vinculada a Machado. Según la investigación, nunca viajó a ese país y las minas no estaban en actividad. Para el fiscal, el contrato con la firma Minas del Pueblo fue una simulación, y los fondos se usaron para comprar dos autos de alta gama y para integrar un fideicomiso en Costa Esmeralda.

La causa se inició tras una denuncia del dirigente Juan Grabois. Antes del procesamiento, Mirabelli ya había ordenado una inhibición general de bienes por 90 días sobre Espert, su pareja y Varianza S.A., tras las irregularidades y omisiones que la fiscalía detectó en sus declaraciones juradas, entre ellas la no declaración de su participación en esa sociedad. La fiscalía también señaló que el 27 de octubre de 2025, pocos días después de iniciada la causa, Espert retiró USD 80.000 en efectivo de sus cuentas.

El socio detenido y el vuelo en avión privado

Machado se declaró culpable ante la Justicia federal de Estados Unidos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestimara la acusación por narcotráfico. La transferencia a Espert salió de Wright Brothers Aircraft Title, una de las compañías de la red ligada al empresario. El vínculo venía de antes: durante la campaña presidencial de 2019, Machado le prestó a Espert su avión privado.

El fiscal pidió la indagatoria en junio y Espert fue indagado el 7 de julio, cuando defendió por escrito la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento. El embargo de $1.000 millones y la prohibición de salida del país son medidas patrimoniales y cautelares, y no implican una condena. Aun así, el procesamiento indica que el juez considera acreditadas, con el grado de certeza que exige esta etapa, las sospechas contra quien llegó a ser figura central de la ultraderecha libertaria.

Lo que tenés que saber:

  • El juez federal Lino Mirabelli procesó a José Luis Espert como presunto autor de lavado de activos, sin prisión preventiva.
  • Le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
  • El contador Mariano Alejandro Cosentino fue procesado como partícipe necesario del lavado, con un embargo de $700 millones.
  • La causa investiga USD 200.000 recibidos en 2020 ligados a Fred Machado, quien se declaró culpable de fraude y lavado de activos en Estados Unidos.
  • La fiscalía sostiene que el contrato de asesoramiento minero presentado por Espert fue una simulación.
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