El Gobierno nacional estableció esta semana que los cargos públicos deberán ser ocupados en una proporción «no inferior al uno por ciento» por personas travestis, transexuales y transgénero idóneas, una medida que de manera local ya habían implementado provincias y localidades del país y sobre la que colectivos trans.

Es el caso de Neuquén, donde el cupo laboral del uno por ciento ya era una realidad gracias a una ordenanza municipal que lleva el nombre de Yanina Piquet, una de las primeras activistas trans de la provincia, que en 1990 lideró un sinnúmero de gestiones para mejorar las condiciones de vida para el colectivo. Ella murió en 2011 «sin ver cómo sus luchas transformaban la realidad, pero dejando en todo el colectivo LGBTTI+ su ejemplo de valentía y determinación», dice la ordenanza.

Georgina Colicheo, de 52 años, es mujer travesti mapuche, se reconoce como trabajadora sexual y es militante social de Río Negro, donde fundó la Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales (ATTS) que impulsó la Escuela Popular de Género, el Consultorio Inclusivo y el Club Social Deportivo y Disidente de Fiske Menuco y realizó el primer relevamiento de personas trans del Alto Valle.

«Nos persiguen, detienen o matan, queremos salir de una situación de precariedad», contó, mientras con la Universidad Nacional del Comahue, el Hospital Francisco López Lima y la Escuela Cooperativa Casa Verde ofrecen charlas, capacitaciones, acceso a la educación y realizan testeos de VIH en la vía pública.

Algo más al norte del país, Francia Gabriela López es graduada de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), profesora de Ciencias Jurídicas y Contables, licenciada en Enseñanza de la Economía, directora de una escuela pública, conductora del programa «Impropias» en Radio Nacional y militante social.

Gracias a un fallo histórico, la justicia provincial le otorgó la adopción plena de su hijo Juan Emanuel, de 9 años, y hace unos días fue protagonista de un hito al leer una intención durante la misa patronal de San Luis Rey, en la catedral de San Luis, para conmemorar los 426 años de su fundación.

También en San Luis, vive Pablo Amílcar Ramírez un varón trans de 33 años que se desempeña como jefe del Programa Diversidad, de la Secretaría de Mujer de San Luis, uno de los primeros en visibilizar allí las luchas del colectivo.

Contó que fue criado «con mucho amor y libertad» por sus abuelos: «Cuando terminé el secundario, comencé la construcción de mi identidad, siempre masculina», porque «necesitaba posicionarse en un rol activo en la sociedad”.

Fue la primera persona trans operada por el sistema público provincial en el 2017, un proceso que llevó cinco años, que lo hizo «libre y fue un logro de todo el colectivo», aseguró y compartió que su labor como funcionario representa un nuevo desafío.

«Discutimos mucho sobre el cupo laboral trans, la salud, la educación, espacios que para nosotros son, muchas veces, de tortura, y hay que trabajar para que ciertos comentarios y chistes dejen de ser estigmatizantes y represivos», pidió.

Desde Santa Fe, Alejandra Ironici es pionera en la militancia por los derechos de las disidencias sexuales y de género explicó: «Si bien tenemos un vasto recorrido, aún hay derechos por conquistar».

Nacida en la ciudad de Tostado en 1976, fue la primera en acceder a la operación de reasignación de sexo a mediados de 2013, logró también tener un DNI con su identidad, presidir la vecinal Pro Mejoras Barranquitas y ser trabajadora efectiva del Hospital Iturraspe.

Comenzó su militancia en 1999, cuando llegó a Santa Fe y recordó que ingresar a la facultad de Ciencias Económicas fue «darse la cabeza contra la pared» porque, al vestir «camisitas entalladas, pantalones chupines», provocó rechazo en un ambiente donde «no había casi mujeres, menos travestis y trans».

Martín Apaz, de Córdoba, es fundador de la organización Devenir Diverse y presidente de la Liga LGBTIQ+ y rememoró que «hubo cinco décadas de lucha» en reclamo de sus derechos, para conseguir el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Código Civil y Comercial, la identidad autopercibida y la salud.

También aportó que «9 de cada 10 personas del colectivo no tiene trabajo formal, salvo la prostitución, que conlleva violencia institucional, hábitos de drogas y exposición de las ETS (enfermedades de transmisión sexual)».

Lourdes Ibarra nació en la capital jujeña, residió la mayor parte de su vida en Palpalá, es actriz, profesora de artes y creadora de la Fundación Damas de Hierro (2008), con la que consiguieron realizar el primer censo de la población trans provincial, la aplicación del cupo laboral en la ciudad de San Pedro y la adhesión a la ley de Identidad de Género. En junio de 2012 recibió su DNI, lo que le «cambió la vida: es reconocer cómo te autopercibís», reveló la activista de 35 años.

Por su parte, Saira Millaqueo, activista trans e integrante del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca se definió cómo “una luchadora más de la reinvindicación de nuestros derechos y para reafirmar todo lo que hemos conquistado».

Ella es jugadora de hockey trans federada en la categoría femenina de la Argentina y contó que «la situación en Bahía Blanca es compleja porque no vemos una línea de atención directa hacia nuestra población. Pero sabemos que la nueva gestión tanto provincial como nacional contempla nuestras especifidades, y necesidades».