Investigación 🔎
Miami Yacht Club cierra tras muerte de Mila Yankelevich: la batalla legal se centra en quién tenía prioridad
El club náutico suspendió actividades «por respeto a las familias» mientras avanza la investigación de la Guardia Costera sobre el accidente que mató a la nieta de Cris Morena y otra menor argentina.
El Miami Yacht Club anunció este martes el cierre temporal de sus instalaciones tras la trágica muerte de Mila Yankelevich, nieta de la productora Cris Morena, y otra niña argentina en un accidente náutico en la Bahía de Biscayne. La decisión, tomada «hasta nuevo aviso» y «por respeto a las familias impactadas», abarca todo el campus de la institución, incluidas las organizaciones asociadas como la Miami Youth Sailing Foundation, a la que pertenecían las víctimas.
Mientras tanto, la investigación criminal de la Guardia Costera estadounidense se enfoca en una pregunta central que definirá la batalla legal que se avecina: ¿qué embarcación tenía el derecho de paso en el agua al momento del impacto?
La pregunta clave de la investigación
Según las reglas de navegación de la Guardia Costera de Estados Unidos, los veleros típicamente tienen prioridad sobre las embarcaciones a motor. Sin embargo, existen excepciones cruciales que podrían aplicarse en esta tragedia. Una de esas excepciones se da cuando una embarcación tiene su «capacidad de maniobra restringida» por la naturaleza de su trabajo, como podría ser el caso de un remolcador empujando una pesada barcaza.
La determinación de si la barcaza que impactó al velero donde viajaba la nieta de Cris Morena entra en esa categoría será un punto central de la investigación criminal que lleva adelante la Guardia Costera.
Expertos apuntan a la responsabilidad de la barcaza
Abogados especializados en derecho marítimo consultados por el Miami Herald advierten que la responsabilidad podría recaer fuertemente en la tripulación de la barcaza. Brett Rivkind, experto en la materia, señaló que «la tripulación de la barcaza tenía la responsabilidad de mantener una velocidad adecuada y una vigilancia constante en un área conocida por la presencia de navegantes recreativos».
«La falla en observar el velero a tiempo para tomar una acción evasiva apunta a la clara responsabilidad del operador del remolcador y la barcaza», afirmó Rivkind al medio estadounidense.
En la misma línea, el abogado Aaron Davis expresó sus «significativas preocupaciones» sobre cómo un operador de barcaza pudo chocar contra un pequeño velero en un área utilizada por un campamento de verano. «Imagino que la responsabilidad es mayor para el operador de la barcaza porque están operando una embarcación que puede causar mucho más daño, que puede matar gente», sentenció.
«La comunidad de la vela está devastada»
En dos comunicados emitidos este martes, el Miami Yacht Club expresó su profundo dolor por la tragedia. «Toda la comunidad de la vela está devastada por la impensable tragedia que ocurrió ayer. Nuestros corazones están con las familias que han sido cambiadas para siempre por estos trágicos eventos», manifestaron desde la institución.
El club se solidarizó con la Miami Youth Sailing Foundation, sus marineros y su personal. «El Miami Yacht Club es más que un simple campus de organizaciones en el agua, es una familia, y hoy compartimos el profundo dolor de nuestra extensa familia de la comunidad de la vela», agregaron en el comunicado.
La institución también confirmó que continuará «apoyando a la Youth Sailing Foundation de todas las maneras que podamos en los días venideros».
El contexto del accidente
El accidente ocurrió en la Bahía de Biscayne, una zona conocida por la actividad de navegación recreativa y donde operan regularmente campamentos de vela juvenil. Las dos menores argentinas se encontraban participando de actividades de la Miami Youth Sailing Foundation cuando la barcaza impactó contra la embarcación en la que navegaban.
La investigación de la Guardia Costera busca establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, un proceso que será clave para las eventuales acciones legales que puedan iniciarse en Estados Unidos.
Puntos clave:
- El Miami Yacht Club cerró sus instalaciones «hasta nuevo aviso» tras la muerte de Mila Yankelevich y otra menor argentina
- La investigación se centra en determinar qué embarcación tenía derecho de paso en el momento del accidente
- Expertos en derecho marítimo señalan que la responsabilidad podría recaer en la tripulación de la barcaza
- Las reglas navales dan prioridad a los veleros, pero existen excepciones cuando las embarcaciones tienen «capacidad de maniobra restringida»
- La comunidad náutica expresó su dolor y solidaridad con las familias afectadas
Defensa
Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.
Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.
La ingeniería del fraude
Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.
Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones
La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.
En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.
La respuesta institucional y sus límites
El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.
El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.
Lo que tenés que saber
- Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
- La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
- La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
- El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
- La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
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