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Buenos Aires

La justicia revoca el fallo que benefició con la libertad al músico L-Gante

Días después de la liberación, el fiscal Raúl Villalba y los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, en representación de uno de los denunciantes de L-Gante, apelaron la medida ante el propio magistrado y solicitaron que el acusado volviera a ser detenido.

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La Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revocó hoy el fallo que benefició con la libertad de Elián Ángel Valenzuela, el músico más conocido como L-Gante, en la causa en la que está imputado de amenazas y privación ilegal de la libertad, entre otros delitos cometidos en mayo pasado en General Rodríguez, y reprendió al juez que otorgó la excarcelación por no haber escuchado el pedido de la víctima del hecho para que no se lo libere, informaron fuentes judiciales.

Los camaristas Oscar Reggi y Jorge Risuleo hicieron lugar al recurso de queja que habían presentado el particular damnificado y la fiscalía contra la resolución del juez Gabriel Castro, quien el 8 de septiembre pasado dictó el cese de la medida de coerción que pesaba sobre el cantante, que ese mismo día recuperó la libertad tras pasar más de tres meses preso.

Según las fuentes, días después de la liberación, el fiscal Raúl Villalba y los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, en representación de uno de los denunciantes de L-Gante, apelaron la medida ante el propio magistrado y solicitaron que el acusado volviera a ser detenido.

Sin embargo, el juez Castro no hizo lugar a esos recursos, por lo que las partes acusadoras se presentaron en queja ante la Cámara de Apelaciones, que se expidió esta tarde en un fallo de 13 páginas, al que accedió Télam.

Para los camaristas, «no varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines del proceso» si no se adopta la medida de coerción, y que no se ha incorporado «elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo» decretado en su oportunidad.

Además, en uno de los puntos resolutivos, la Cámara reprendió al juez Castro, a quien le «hicieron notar» que «en lo sucesivo deberá dar estricto cumplimiento» a la ley 15.232 que indica en su artículo 12 que la víctima tiene derecho a ser informada o a ser oída antes de que se le otorgue la excarcelación al acusado.

Los mismos camaristas ya habían confirmado a fines de agosto y principios de septiembre la prisión preventiva dictada para L-Gante, por lo que una fuente judicial con acceso al expediente explicó a Télam que la causa debería volver a esa instancia, más allá de que la defensa apele y lleve el incidente hasta el Tribunal de Casación bonaerense.

De hecho, ese tribunal tiene pendiente resolver el incidente de excarcelación extraordinaria otorgada en su momento por el juez Castro y rechazada por la Cámara de Apelaciones de Mercedes.

Por su parte, el fiscal Villalba, al momento de recurrir el cese de la coerción, sostuvo que la liberación causaba «un gravamen no susceptible de reparación en otra etapa del proceso, puesto que el encartado continúe privado de la libertada parece indispensable para asegurar el desarrollo del procedimiento».

Según Villalba, tras analizar la resolución, «no se ha advertido ni mencionado la desaparición de elemento alguno que haga mudar la situación procesal en la que el encartado se encontraba».

Y consideró que el fallo «evidencia que el juez garante se ha excedido en sus funciones, pues si se trataba de una reevaluación en el orden de lo expuesto, debería haber corrido traslado a esta parte, lo que a las claras se evidencia que no hizo».

«En síntesis, dispuso un cese de coerción sin petición de parte y extralimitándose en sus facultades», afirmó y, por ello, solicitó que decrete la «nulidad» de la resolución y ordene la «detención» del acusado.

L-Gante fue liberado la noche del 8 de septiembre pasado, de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.

Al hacer cesar la medida de coerción, el juez Castro tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad que el cantante de cumbia 420 protagonizó en mayo pasado en General Rodríguez, lo que motivó una «reevaluación» de la prueba que existía en el expediente y su liberación por el «beneficio de la duda».

La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

La mañana de ese día, a la salida del local bailable «Río» ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada «La Mafilia», el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Según denunció Torres, cuando se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, integrantes de La Mafilia fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

Luego, siempre de acuerdo a su denuncia, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo subió por la fuerza.

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante.

Luego y siempre según la denuncia, algunos integrantes de «La Mafilia» fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: «Largame a los pibes o a éste te lo mato», en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

Supuestamente Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.

Buenos Aires

El olor del puerto que no desaparece: el conflicto ambiental que persiste en Mar del Plata

El puerto genera unas 500 toneladas diarias de residuos de pescado que son procesadas por plantas industriales. Vecinos denuncian emanaciones persistentes desde hace décadas, mientras crece la expectativa por una intervención judicial que ordene controles y soluciones tecnológicas.

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Lo que tenés que saber:

  • Vecinos y comerciantes denuncian olores persistentes en zonas cercanas al puerto
  • El problema está vinculado al procesamiento de residuos de pescado
  • Las plantas harineras cumplen un rol clave dentro de la actividad pesquera
  • Existen tecnologías para reducir las emisiones que no fueron implementadas plenamente
  • La Justicia Federal interviene en busca de ordenar controles y responsabilidades

Un problema ambiental que forma parte de la vida cotidiana

En Mar del Plata, el conflicto por los olores provenientes del puerto dejó de ser una queja aislada para convertirse en una situación estructural. Vecinos, comerciantes y turistas describen emanaciones constantes que afectan la vida diaria en distintos barrios, desde la zona portuaria hasta áreas más alejadas.

Las descripciones coinciden en un punto: se trata de un olor persistente que invade espacios abiertos y cerrados, condicionando actividades cotidianas.

El rol de las harineras en el circuito productivo

El foco del problema está identificado principalmente en plantas harineras que procesan residuos de pescado. Estas instalaciones forman parte de un circuito que incluye a la industria pesquera, donde se generan grandes volúmenes de descarte.

El puerto de Mar del Plata produce alrededor de 500 toneladas diarias de residuos, que deben ser tratados. En ese contexto, las harineras cumplen una función central para absorber ese material.

La discusión sobre el origen del problema

Especialistas y actores del sector señalan que el conflicto no se limita al procesamiento industrial, sino que también está vinculado a las condiciones en las que llega la materia prima.

La falta de controles adecuados en algunos casos podría potenciar la generación de olores desde el inicio de la cadena productiva.

Tecnología disponible y falta de implementación

Diversos organismos han señalado que existen herramientas para reducir o eliminar las emisiones odoríferas. Entre ellas se encuentran sistemas de tratamiento de efluentes, biodigestores y procesos térmicos que neutralizan compuestos orgánicos.

La persistencia del problema, en ese marco, plantea interrogantes sobre la implementación de estas soluciones en el ámbito local.

Cómo operan otros puertos en el mundo

La industria de harina de pescado tiene presencia global en países con altos niveles de producción. En esos contextos, los estándares ambientales incluyen sistemas cerrados y tratamientos específicos para minimizar impactos.

En distintas regiones, estas tecnologías permitieron reducir significativamente las emisiones, lo que contrasta con la situación observada en Mar del Plata.

La intervención judicial como posible punto de inflexión

La participación de la Justicia Federal introduce un nuevo escenario en el conflicto. El objetivo es ordenar las distintas denuncias, controles y responsabilidades en torno a la problemática.

El desafío consiste en avanzar hacia un enfoque integral que contemple aspectos ambientales, productivos y sanitarios, con medidas concretas sobre toda la cadena.

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