Judiciales ⚖️
Revolución Federal: piden que Uliarte declare como testigo
A raíz del escrito en el que la procesada por el intento de magnicidio vinculó al grupo de Morel y al diputafdo de Jxc Gerardo Milman, a querella de exprecandidato presidencial Juan Grabois solicitó que la procesada por el intento de magnicidio declare en la causa.
Una de las querellas de la causa en la que se investiga el accionar violento de la organización conocida como Revolución Federal solicitó que Brenda Uliarte, procesada por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sea citada a declarar como testigo en ese expediente, informaron fuentes judiciales.
El requerimiento corresponde a la querella del dirigente social y ex precandidato presidencial Juan Grabois, que se hizo eco de la presentación de la propia Uliarte ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, donde la imputada sostuvo que sabía que Revolución Federal recibía financiamiento para realizar manifestaciones.
En un escrito de dos páginas presentado por el abogado Yamil Castro Bianchi, la querella de Grabois solicitó que se convoque “a Brenda Uliarte a prestar declaración testimonial” en la causa de Revolución Federal, bajo juramento de decir la verdad, y que además se evalúe si corresponde unificar esa causa con la denominada “pista Milman”, a partir de la misma declaración.
El letrado sostuvo en su escrito que Uliarte “refirió que si bien a Sabag Montiel (quien gatilló en la cabeza de la Vicepresidenta) nadie lo financió, si sabía que a organizaciones como Revolución Federal las financiaban. También se esbozó como parte del relato la figura del diputado (de Juntos por el Cambio, Gerardo) Milman”.
“No escapará a vuestra fina percepción que la posición de esta querella es que ambas causas debieron haberse investigado de manera conjunta debido a las ya innegables conexiones que existen entre el grupo ´Revolución Federal´ y quienes intentaron asesinar a la vicepresidente. Dicho esto y teniendo en cuenta que la Cámara Federal de Apelaciones definió lo contrario las expresiones de la Sra. Uliarte son de especial interés para estas actuaciones”, sostuvo en el escrito que le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi.
El magistrado, por su parte, ya le pidió al TOF 6 que le remita copia de la declaración que presentó esta semana Uliarte, por escrito, según pudo constatar Télam de fuentes judiciales.

Revolución federal, Milman y los vínculos con el ataque a CFK
El martes último, Uliarte, detenida por el intento de asesinato de la Vicepresidenta, declaró haber escuchado que el diputado del Milman le «pagaba a varias personas» a cambio de participar en manifestaciones con el fin de «generar disturbios y violencia» en cercanías de la casa de la exmandataria, y vinculó al atacante Sabag Montiel con el legislador y con la agrupación Revolución Federal.
Lo hizo a través de un escrito impreso de cuatro páginas que su abogada, Sabrina Mansilla, subió al expediente radicado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que tiene a su cargo el juicio oral y público por el intento de magnicidio ocurrido el 1º de septiembre del 2022.
«Yo no sé por qué Nando (su novio detenido, Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner», sostuvo la joven, procesada como coautora del intento de magnicidio.

«A ver, yo no digo que financiaron el atentado pero sí financiaban para agitar y armar quilombo. Y Carrizo (Nicolás, también detenido, jefe de Uliarte y Sabag Montiel en la venta de copos de nieve azucarada) sabe todo eso, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay pesos pesados», afirmó la imputada en el escrito que fue firmado por ella y que está certificado por un jefe de turno del servicio penitenciario federal de Ezeiza.
«También en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces», relató Uliarte a modo de ampliación de su declaración indagatoria, sin la obligación de decir la verdad.
Si bien no hizo mayores referencias, las fuentes estiman que en ese pasaje del texto Uliarte habría buscado referirse a Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, que estaba con el diputado de Juntos por el Cambio en la confitería Casablanca cuando, según un testigo, el exfuncionario se habría referido al atentado antes de que ocurriera.

«Yo no puedo asegurar que a él (a Sabag Montiel) lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades me contó que financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al Gobierno anti k, que pagaba para que vayamos a las marchas y actos; en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí», refirió la imputada en el escrito.
«Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal a vender copitos, que me llevó Fernando. Él era parte de todo, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal nadie me conoce; o si me vieron, fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto, no porque interese el acto en sí, porque se vendía re bien», aseguró.
Milman es investigado en la parte del caso aún no enviada a juicio oral porque un testigo lo ubicó dos días antes del intento de asesinato en un bar cercano al Congreso Nacional y le atribuyó haber dicho la frase «cuando la maten, voy a estar camino a la Costa». Ese tramo del expediente está todavía en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.
En la mesa de Milman, según relató el testigo y confirmaron los investigadores, estaban sentadas dos de sus colaboradoras: eran Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz.
DDHH
Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.
El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».
Una estrategia construida desde antes de la condena firme
El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.
Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina
Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea
El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.
La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme
La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.
El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo
La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
- Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
- Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
- La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
- El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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