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EAAF: tras la identificación de 600 víctimas de la dictadura
El Equipo Argentino de Antropología Forense lanzará una campaña de concientización para que la población que tenga dudas sobre lo sucedido con sus familiares durante el terrorismo de Estado den sus muestras de sangre.
La identificación de alrededor de 600 personas, víctimas de la desaparición forzada durante la última dictadura cívico militar, será uno de los principales desafíos de la nueva conducción del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a cargo de la flamante directora ejecutiva del organismo, Natalia Federman.
En una entrevista con Télam, la abogada especializada en derechos humanos -que asumió en sus funciones a inicios de febrero y fue anunciada públicamente ayer- adelantó que durante el mes de marzo el EAAF realizará una nueva «campaña para concientizar a la población y lograr que se acerquen a dar muestras de sangre aquellos que tengan dudas sobre lo sucedido con sus familiares», en referencia a los crímenes de lesa humanidad.
En su sede ubicada en el predio de la ex ESMA, el EAAF tiene en resguardo los restos de esas 600 personas que fueron enterrados como NN durante la última dictadura. Los restos que fueron hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires no pudieron aún ser identificados por la falta de perfiles genéticos para cotejar el ADN.
Federman cuenta con 20 años de trabajo en la investigación y lucha contra la impunidad de los delitos cometidos durante la última dictadura militar argentina, tanto desde organizaciones de la sociedad civil como desde diferentes ámbitos estatales. Además, investigó el sistema de identificación, la gestión administrativa de las personas muertas sin identificación y su impacto en la desaparición de personas en la Argentina contemporánea.
Inició su carrera en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), participó en las principales iniciativas de desclasificación de información sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina, incluida la llevada adelante desde la Unidad Fiscal de Investigación dedicada al atentado contra la AMIA; y se desempeñó como Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad.
– Télam:- ¿Cuáles son los principales desafíos que tendrá su gestión?
– Federman: El más urgente es lograr la identificación de distintas personas, víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura cívico militar, sobre las cuales todavía no tenemos datos de su identidad. No las hemos podido identificar, son alrededor de 600 personas que fueron exhumadas en diferentes situaciones y contextos y a las que todavía no pudimos atribuirle una identidad. Por eso estamos trabajando en nuevas estrategias de acercamiento a quienes aún no tomaron contacto con el equipo, con el fin de que den una muestra de sangre, una gotita solo es necesaria, que permita el entrecruzamiento genético. En este sentido, tenemos pensado lanzar el mes próximo, una campaña de difusión sobre el proceso de identificación para que las familias se acerquen.
– T: ¿En qué consiste el proceso de identificación?
– F: Consiste en que hijos, hermanos y familiares de víctimas de desapariciones forzadas se acerquen a dejar una muestra de sangre. Previamente se les realiza una entrevista para tener información sobre el familiar buscado, y eso se entrecruza con los datos que tiene el equipo. Hay acuerdos del EAAF con diversos hospitales y servicios de hemoterapia y los interesados en saber si hay algún familiar que fue exhumado pueden contactarse para comenzar el proceso llamando al 08003453236. Por otra parte, las muestras que reúne el equipo tienen como única finalidad la de identificar a las víctimas de desaparición forzadas. Asimismo también estamos trabajando en la identificación de las víctimas del Pozo de Vargas, la fosa común de Tucumán donde la dictadura tiró centenares de cuerpos de desaparecidos. Algunos los tenemos identificados pero otros no. El primer cuerpo que logró identificarse fue el del exlegislador Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado en 1976, en diciembre de 2011. El más reciente fue el de Ana María Rodríguez Belmonte, una estudiante de 19 años que fue secuestrada en Salta en 1976. Aún restan unos 30 que no coincidieron con ninguna muestra alojada en el banco de datos del EAAF.
– T: ¿En qué instancia se encuentra el proyecto humanitario en las islas Malvinas para la identificación de soldados?
– F: Vamos a continuar con la identificación del Proyecto Humanitario Malvinas, donde hay siete personas que aún no han sido identificadas. El proyecto se llevó adelante por un acuerdo entre Argentina, el Reino Unido y la Cruz Roja Internacional. Esos son los objetivos más urgentes en términos de investigaciones de lesa humanidad así como continuar explorando la utilización de nuevas tecnologías para seguir buscando victimas de la dictadura.
– T: ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías?
– F: Desde el 2016, el EAAF empezó a explorar el uso de nuevas tecnologías que permitieran la identificación de sitios de interés forense en grandes extensiones. En el año 2020 se presentó un proyecto para el uso de aviones LiDAR, que implicó la utilización de tecnología láser montada en un avión con el fin de lograr una maqueta 3D de la superficie del suelo y de esa manera poder identificar alteraciones. Es una tecnología que requiere mucha investigación previa para evaluar el terreno y, luego, un trabajo de exploración sobre los puntos de interés. Se trata de una herramienta novedosa, que está en etapa de testeo aún y, por eso, hay que ser cautos en cuanto a los resultados esperados. Permite recorrer grandes extensiones de tierra para establecer si hubo o no movimientos o puntos de interés que puedan establecer si hubo entrerramientos clandestinos. Es una tecnología aún exploratoria. Ya se hicieron algunos en Campo de Mayo y para este año hay otros previstos. Después hay otras tecnologías como el georadar que son para extensiones más pequeñas y más localizadas.
– T: ¿Cómo continuará el trabajo en este período pospandemia?
– F: La pandemia, como a todos, nos modificó las rutinas de trabajo, pero fue una oportunidad también donde se realizaron otras acciones como la de asesorar al Gobierno, en particular al ministerio de Salud, y diseñar protocolos que permitieran una muerte digna y el derecho al duelo de los familiares.
En un primer momento, por ejemplo, no se permitían los entierros, no se sabía los riesgos de contagio, luego con el tiempo se fue trabajando sobre todas esas cuestiones y fuimos avanzando.
– T: ¿Cómo continuará el trabajo a nivel internacional?
– F: Seguiremos con los trabajos que tenemos desplegados a lo largo de las cuatro direcciones regionales cuyo objetivo es el potenciar el trabajo global. Entre ellas están la regional Eurasia y Oriente medio, Centro y Norteamérica, África y Asia Central y del Sudeste. El EAAF tiene un trabajo muy fuerte en lo que es México y Centro y Norteamérica en general, como el Proyecto Frontera, que tiene como objetivo identificar a personas migrantes desaparecidas en su ruta migratoria desde Guatemala Honduras, El Salvador y Nicaragua que van hacia -México-Estados Unidos. Ese proyecto está coordinado desde la regional Centro y Norteamérica. Después hay trabajos y misiones coordinadas con la Cruz Roja.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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