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Impuestos

El Gobierno de Milei triplicó la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias

La restitución del impuesto aprobada en 2024 triplicó la cantidad de contribuyentes alcanzados. El gobierno recaudó $444.066 millones adicionales solo en junio, profundizando el ajuste sobre los sectores medios.

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El-Argentino-Impuesto a las Ganancias

La política impositiva del gobierno de Javier Milei dejó al descubierto una realidad que golpea directamente a los sectores medios: más de 1,1 millón de trabajadores y jubilados quedaron alcanzados por el impuesto a las Ganancias tras su restitución, según datos oficiales que surgen del último informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Congreso Nacional.

Las cifras son contundentes: en junio de 2025, un total de 999.507 empleados y 183.472 jubilados fueron alcanzados por este tributo, generando retenciones por $444.066 millones. Esta cifra representa una triplicación de los contribuyentes en comparación con el año anterior, cuando aún regía la reducción de alícuotas implementada a fines de 2023.

El peso del ajuste fiscal sobre los trabajadores

El incremento masivo en la cantidad de contribuyentes no es casualidad. La restitución del impuesto a las Ganancias, aprobada por el Congreso el año pasado, forma parte de la estrategia fiscal del gobierno libertario para sostener el superávit primario, uno de los pilares centrales de su política económica.

Según los datos oficiales, a junio de 2024, los trabajadores solteros comenzaron a pagar Ganancias a partir de un salario neto de $1.900.000, mientras que los casados debían hacerlo desde los $2.200.000 netos. Desde julio, estos umbrales se actualizaron levemente a $1.933.000 y $2.247.000 respectivamente, un ajuste que apenas acompañó la inflación acumulada.

En el caso de los jubilados, la situación es aún más gravosa: aquellos que perciben haberes del orden de los $2.500.000 quedaron alcanzados por el tributo, una medida que impacta directamente sobre sectores que históricamente estuvieron exentos de este gravamen.

Recaudación récord a costa de los sectores medios

Los números oficiales revelan que Ganancias se convirtió en el impuesto de mayor crecimiento dentro de la recaudación nacional. Este dinero adicional no solo contribuye al equilibrio fiscal que tanto pregona el gobierno, sino que también representa un alivio para las arcas provinciales, dado que Ganancias es un tributo coparticipable.

Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde una realidad social compleja: el ajuste fiscal se está financiando, en gran medida, a través de una mayor presión impositiva sobre trabajadores y jubilados de ingresos medios, sectores que ya vienen siendo golpeados por la pérdida del poder adquisitivo y las políticas de austeridad implementadas por la administración libertaria.

La estrategia del gobierno parece clara: mientras mantiene un discurso público favorable a la «baja de impuestos», en la práctica amplió significativamente la base de contribuyentes de Ganancias, transformando este tributo en una herramienta central de recaudación fiscal a expensas de los sectores medios de la sociedad argentina.

Puntos clave:

  • Más de 1,1 millón de trabajadores y jubilados pagan ahora impuesto a las Ganancias
  • La recaudación adicional alcanzó los $444.066 millones solo en junio de 2025
  • Los trabajadores solteros pagan desde $1.933.000 netos y los casados desde $2.247.000
  • Los jubilados con haberes de $2.500.000 también quedaron alcanzados
  • Ganancias se convirtió en el impuesto de mayor crecimiento en la recaudación nacional

Combustibles ⛽

Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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