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El Gobierno pagará bono de $13.500 a beneficiarios del Potenciar y de $24.000 a trabajadores registrados

El anuncio lo hicieron las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel «Kelly» Olmos. Más tarde, los detalles e importes los dio a conocer Alberto Fernández a través de Twitter.

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El Gobierno anunció hoy el pago de un bono de 13.500 pesos en dos cuotas para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y otro de 24.000 pesos a desembolsar en diciembre para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos.

El anuncio se conoció en una conferencia de prensa ofrecida por las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel «Kelly» Olmos, y fue ratificado más tarde en sus detalles a través de Twitter por el presidente Alberto Fernández.

«Anunciamos el pago de un bono a los titulares del Potenciar Trabajo, a toda la nómina del último padrón, que se abonó el 7 de diciembre», indicó Tolosa Paz en Casa Rosada.

La titular de Desarrollo Social detalló que «el monto total de $13.500» será abonado «en dos cuotas: una previo a Navidad, el 21 de diciembre, por $6.750».

La segunda parte se entregará «para fiesta de Reyes, el 6 de enero, cuando la validación del Potenciar Trabajo esté concluida», afirmó.

«Vamos a llegar a más de 1.300.000 titulares del Potenciar Trabajo», aseguró Tolosa Paz, y señaló que «queremos que tengan una Navidad en familia y en paz, en el marco de cantidad de medidas que ha implementado el Presidente (Alberto Fernández) en el mes de diciembre, para sostener la vida y los ingresos de los más vulnerables».

En ese sentido, recordó que la actual gestión de Gobierno «entregó un bono a indigentes por $ 45.000, la Tarjeta Alimentar subió un 40% y se dio un bono a jubilados de $ 10.000».

En tanto, la ministra de Trabajo indicó que se hará entrega de un bono de 24 mil pesos, que será abonado «durante el mes de diciembre y por única vez».

El bono será «para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos de diciembre asciendan a tres salarios mínimo, vital y móvil, sin tener en cuenta el aguinaldo», detalló Olmos.

La suma de tres salarios mínimo, vital y móvil suma «185 mil pesos aproximadamente», según especificó Olmos y se pagará a los que no alcancen ese monto.

«Es un pago por única vez para colaborar con los trabajadores de menores ingresos en la etapa de las fiestas, no se incorpora al salario», aseveró.

Y señaló que el bono «es producto de un esfuerzo» del sector privado, «compartido con el Estado, en el caso de las empresas PyMEs (pequeñas y medianas empresas), que absorberá el 50% a través de la deducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias» y «compensado por recursos previsto presupuesto 2023».

La ministra señaló que los acuerdos salariales se realizan «a través de la paritaria tripartita entre gremios, empresas y el estado» y aclaró que «este bono no constituye una suma fija al salario»

«Respetamos las paritarias y este es un pago por única vez para aquellos salarios de menor nivel de ingresos en esta etapa de las fiestas» de fin de año y «no se incorpora al salario», completó Olmos.

Además, la titular de Trabajo se refirió al índice de inflación de noviembre, que se conocerá mañana, y anticipó que el país está en un «proceso de reducción de los índices inflacionarios», y «va a ser menor que el del mes anterior».

Por otra parte, Tolosa Paz se refirió a la investigación judicial por el plan Potenciar Trabajo que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan ante el juez federal Ariel lijo.

«Garantizamos la transparencia por los ingresos a los sectores de la economía popular y nos presentamos en la justicia con al padrón para pedirle al juez autorización para liquidar los pagos», señaló la titular de Desarrollo Social sobre las acciones realizadas en 5 de diciembre, y que fueron autorizadas dos días después por Lijo.

Tolosa Paz manifestó que los beneficiarios «no están registrados, no tienen ingresos, ni propiedades, y no compraron moneda extranjera», y adelantó que «están destinados $ 590.000 millones para el ejercicio 2023» para ese sector.

Tolosa Paz remarcó que «la decisión del Presidente es estar mas cerca de los que necesitan del Estado», aunque advirtió que «a los que no les corresponda el beneficio serán apartados».

Además, refirió que «en la economía popular tenemos la obligación de hacer un proceso de registración laboral, desde el organismo a mi cargo, el de Kelly Olmos y el Ministerio de Economía, junto con tres representantes del sindicato UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) para que tengan todos los derechos laborales».

En tanto, el Presidente destacó que estos beneficios fueron definidos con el ministro de Economía, Sergio Massa, y las ministras Tolosa Paz y Olmos.

«De esta manera continuamos la tarea de recuperar el salario, cuidar a las familias argentinas y estar siempre cerca de las y los más vulnerables», aseveró.

Trabajo

Estalló Fisipa: ofrecen pagar solo la mitad de las indemnizaciones

La empresa textil Fisipa habría propuesto pagar la mitad de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos durante mayo. La oferta fue rechazada por los empleados en una audiencia laboral, donde reclamaron el pago completo de las compensaciones previstas.

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Lo que tenés que saber

  • Trabajadores despedidos rechazaron una propuesta de indemnización presentada por la empresa.
  • El conflicto se debate en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
  • Los operarios denuncian que fueron desvinculados sin aviso previo.
  • La planta redujo significativamente su dotación de personal en los últimos años.
  • Continúan las negociaciones mientras persiste la incertidumbre laboral.

La empresa habría ofrecido pagar solo una parte de las indemnizaciones

La empresa textil Fisipa habría propuesto abonar el 50% de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos durante mayo. La oferta fue presentada durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo y fue rechazada por los operarios afectados.

Los empleados reclamaron el pago total de las compensaciones previstas por ley y manifestaron su desacuerdo con la propuesta presentada por la firma.

El conflicto comenzó con despidos sorpresivos

Según relataron los trabajadores, la situación se inició el 22 de mayo, cuando llegaron a la planta ubicada en la zona de 29 y 508, en La Plata, y se encontraron con que habían sido desvinculados.

Los operarios sostienen que no recibieron notificaciones previas sobre la decisión empresarial y calificaron la situación como inesperada.

La fábrica funciona en el predio donde durante décadas operó la extextil Sniafa, una firma histórica de la región que cerró sus puertas en 2010.

Protestas y negociaciones en marcha

Días después de los despidos, los trabajadores realizaron una manifestación frente a la planta para visibilizar el conflicto. La protesta incluyó reclamos públicos y pedidos de intervención para encontrar una solución.

Posteriormente, representantes de la empresa y de los empleados participaron de una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, donde se debatieron posibles alternativas para resolver la situación.

Según señalaron los operarios, la firma argumentó dificultades económicas para justificar la propuesta de pago parcial de las indemnizaciones.

Denuncian una fuerte reducción del personal

Los trabajadores también advirtieron sobre una marcada disminución de la plantilla laboral en los últimos años.

De acuerdo con las denuncias realizadas por los empleados, la empresa pasó de contar con alrededor de 100 operarios a mantener apenas ocho puestos activos en menos de dos años.

Además, indicaron que algunas personas afectadas por las desvinculaciones todavía no habrían recibido formalmente la comunicación correspondiente.

La incertidumbre sobre el futuro de la planta

Mientras continúan las negociaciones, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la actividad productiva y de los trabajadores afectados.

El conflicto se desarrolla en un contexto complejo para la industria textil, donde las empresas enfrentan dificultades operativas y los empleados reclaman garantías para la preservación de sus derechos laborales.

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