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El Gobierno pagará bono de $13.500 a beneficiarios del Potenciar y de $24.000 a trabajadores registrados

El anuncio lo hicieron las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel «Kelly» Olmos. Más tarde, los detalles e importes los dio a conocer Alberto Fernández a través de Twitter.

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El Gobierno anunció hoy el pago de un bono de 13.500 pesos en dos cuotas para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y otro de 24.000 pesos a desembolsar en diciembre para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos.

El anuncio se conoció en una conferencia de prensa ofrecida por las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel «Kelly» Olmos, y fue ratificado más tarde en sus detalles a través de Twitter por el presidente Alberto Fernández.

«Anunciamos el pago de un bono a los titulares del Potenciar Trabajo, a toda la nómina del último padrón, que se abonó el 7 de diciembre», indicó Tolosa Paz en Casa Rosada.

La titular de Desarrollo Social detalló que «el monto total de $13.500» será abonado «en dos cuotas: una previo a Navidad, el 21 de diciembre, por $6.750».

La segunda parte se entregará «para fiesta de Reyes, el 6 de enero, cuando la validación del Potenciar Trabajo esté concluida», afirmó.

«Vamos a llegar a más de 1.300.000 titulares del Potenciar Trabajo», aseguró Tolosa Paz, y señaló que «queremos que tengan una Navidad en familia y en paz, en el marco de cantidad de medidas que ha implementado el Presidente (Alberto Fernández) en el mes de diciembre, para sostener la vida y los ingresos de los más vulnerables».

En ese sentido, recordó que la actual gestión de Gobierno «entregó un bono a indigentes por $ 45.000, la Tarjeta Alimentar subió un 40% y se dio un bono a jubilados de $ 10.000».

En tanto, la ministra de Trabajo indicó que se hará entrega de un bono de 24 mil pesos, que será abonado «durante el mes de diciembre y por única vez».

El bono será «para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos de diciembre asciendan a tres salarios mínimo, vital y móvil, sin tener en cuenta el aguinaldo», detalló Olmos.

La suma de tres salarios mínimo, vital y móvil suma «185 mil pesos aproximadamente», según especificó Olmos y se pagará a los que no alcancen ese monto.

«Es un pago por única vez para colaborar con los trabajadores de menores ingresos en la etapa de las fiestas, no se incorpora al salario», aseveró.

Y señaló que el bono «es producto de un esfuerzo» del sector privado, «compartido con el Estado, en el caso de las empresas PyMEs (pequeñas y medianas empresas), que absorberá el 50% a través de la deducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias» y «compensado por recursos previsto presupuesto 2023».

La ministra señaló que los acuerdos salariales se realizan «a través de la paritaria tripartita entre gremios, empresas y el estado» y aclaró que «este bono no constituye una suma fija al salario»

«Respetamos las paritarias y este es un pago por única vez para aquellos salarios de menor nivel de ingresos en esta etapa de las fiestas» de fin de año y «no se incorpora al salario», completó Olmos.

Además, la titular de Trabajo se refirió al índice de inflación de noviembre, que se conocerá mañana, y anticipó que el país está en un «proceso de reducción de los índices inflacionarios», y «va a ser menor que el del mes anterior».

Por otra parte, Tolosa Paz se refirió a la investigación judicial por el plan Potenciar Trabajo que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan ante el juez federal Ariel lijo.

«Garantizamos la transparencia por los ingresos a los sectores de la economía popular y nos presentamos en la justicia con al padrón para pedirle al juez autorización para liquidar los pagos», señaló la titular de Desarrollo Social sobre las acciones realizadas en 5 de diciembre, y que fueron autorizadas dos días después por Lijo.

Tolosa Paz manifestó que los beneficiarios «no están registrados, no tienen ingresos, ni propiedades, y no compraron moneda extranjera», y adelantó que «están destinados $ 590.000 millones para el ejercicio 2023» para ese sector.

Tolosa Paz remarcó que «la decisión del Presidente es estar mas cerca de los que necesitan del Estado», aunque advirtió que «a los que no les corresponda el beneficio serán apartados».

Además, refirió que «en la economía popular tenemos la obligación de hacer un proceso de registración laboral, desde el organismo a mi cargo, el de Kelly Olmos y el Ministerio de Economía, junto con tres representantes del sindicato UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) para que tengan todos los derechos laborales».

En tanto, el Presidente destacó que estos beneficios fueron definidos con el ministro de Economía, Sergio Massa, y las ministras Tolosa Paz y Olmos.

«De esta manera continuamos la tarea de recuperar el salario, cuidar a las familias argentinas y estar siempre cerca de las y los más vulnerables», aseveró.

Gremiales

Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.

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920 puestos de trabajo, siete meses de resistencia y un fallo que el sindicato llama "disparate jurídico".

Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.

«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.

El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.

Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal

El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.

El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.

La CGT y el reclamo de paro general activo

El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.

El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.

Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.

Lo que tenés que saber

  • La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
  • El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
  • 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
  • El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
  • Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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