La crisis productiva que atraviesa la Argentina bajo la gestión de Javier Milei ya tiene expediente judicial. Los procesos de concursos preventivos y quiebras de pequeñas y medianas empresas crecieron de manera sostenida desde 2023, con un aumento del 131,71% en las causas iniciadas, al tiempo que más de 327.000 trabajadores perdieron su cobertura laboral por el cierre definitivo de sus empleadores. El tejido industrial y comercial del país sangra en los tribunales comerciales.

La crisis llegó a los tribunales

El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó un informe sobre la judicialización de la crisis empresaria que pone en cifras lo que muchos sectores venían advirtiendo desde las calles y las cámaras sectoriales. El documento fue elaborado por Germán Alberto Pizzano, abogado del Departamento Legal de la entidad, y traza una línea directa entre el deterioro del mercado interno y la explosión de los procesos concursales en los tribunales comerciales.

Según los datos relevados por IPA, entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026 cerraron sus actividades 24.437 pymes en todo el territorio nacional. Ese derrumbe dejó a 327.813 trabajadores sin cobertura del sistema de riesgos del trabajo, una consecuencia que habitualmente pasa inadvertida en los análisis macroeconómicos pero que representa la destrucción concreta del ingreso y la protección social de miles de familias.

Un salto del 131% en concursos preventivos

Los números de la judicialización son contundentes. En 2023 se registraron 82 concursos preventivos; en 2025 esa cifra trepó a 190, lo que representa una suba del 131,71%. La tendencia no se frenó con el cambio de año: solo en el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron 92 procesos concursales, una cadencia que, de mantenerse, anticipa un nuevo récord anual.

«La crisis PyME ya llegó a la Justicia», afirmó Pizzano. «Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales», señaló el abogado del IPA.

El informe vincula este fenómeno con un escenario que combina baja en la producción, caída del consumo y, especialmente, una ruptura en la cadena de pagos que impide a las empresas sostener su capital de trabajo. No se trata de casos aislados de mala gestión empresarial, sino de un patrón sistémico asociado al ajuste fiscal y la contracción del mercado interno.

Impotencia patrimonial estructural

Pizzano precisó que «el aumento de los concursos preventivos muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial», y advirtió que esa dinámica constituye una señal de alarma sobre la supervivencia de miles de unidades productivas. El abogado subrayó además que los daños de cada cierre trascienden la esfera financiera: «La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor.»

Esta lectura coincide con la que el Observatorio IPA viene sosteniendo en informes anteriores, donde ya había registrado más de dos años de caída ininterrumpida del empleo formal en la industria manufacturera y más de 24.000 empresas aportantes al sistema de riesgos que dejaron de funcionar desde el inicio de la gestión libertaria.

El reclamo: emergencia económica y productiva

Ante el avance de los procesos judiciales, IPA planteó la necesidad de que el Congreso Nacional sancione una legislación de emergencia económica y productiva. La propuesta no apunta a reformar de manera permanente el sistema concursal, sino a ofrecer una respuesta transitoria que permita a las empresas ganar tiempo frente a la coyuntura.

Las medidas reclamadas incluyen la suspensión de ejecuciones judiciales, la facilitación de soluciones preventivas, la extensión de los plazos concursales para evitar cierres definitivos y herramientas para recomponer el capital de trabajo de las firmas afectadas. «Se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra», explicó Pizzano.

El informe remarca que, para que cualquier medida de emergencia resulte efectiva, debe estar acompañada de una recuperación del mercado interno y del crédito productivo. Sin esa base, los plazos judiciales ampliados solo posponen lo inevitable.

«De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas», concluyó el abogado del IPA, en una advertencia dirigida a los legisladores nacionales que, hasta ahora, no han avanzado en ninguna iniciativa de ese tipo.

Puntos clave

• Entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026 cerraron 24.437 pymes en todo el país, según el Observatorio IPA.
• Más de 327.000 trabajadores perdieron su cobertura laboral como consecuencia de esos cierres.
• Los concursos preventivos crecieron un 131,71% entre 2023 y 2025, de 82 a 190 procesos anuales.
• Solo en el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron 92 nuevas causas concursales.
• El Observatorio IPA reclama al Congreso una ley de emergencia económica y productiva con suspensión de ejecuciones y extensión de plazos.