El proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso incluye una medida que impacta directamente sobre el sistema solidario de salud: la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al seguro de salud. Según datos oficiales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), esta modificación representa una caída del 11,11% en la recaudación total del sistema, con consecuencias inmediatas sobre las poblaciones más vulnerables.

El sistema de obras sociales se financia actualmente mediante un esquema contributivo donde el trabajador aporta el 3% de su remuneración y el empleador contribuye con el 6%, totalizando un 9%. La reforma propone reducir la contribución patronal al 5%, llevando el financiamiento total al 8%. Esta sustracción de un punto porcentual equivale, en términos absolutos y según la última recaudación informada correspondiente a agosto de 2025, a una pérdida mensual de aproximadamente $16.000 millones para el Fondo Solidario de Redistribución y de más de $90.000 millones para el conjunto de las obras sociales.

El impacto sobre el Fondo Solidario y las poblaciones vulnerables

El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) recibe el 15% de lo recaudado por el sistema y financia prestaciones críticas: subsidios para personas con discapacidad, los programas SUMA, SUMA 65 (para jubilados), SUMARTE (para monotributistas) y SANO, además de parte de los costos de prestaciones de alto costo y baja incidencia que brindan los Agentes del Seguro de Salud mediante el sistema SURGE.

Desde la Secretaría de Acción Social de la CATT advirtieron que la menor recaudación del Fondo Solidario tiene consecuencias sanitarias inmediatas: menos recursos para discapacidad, una de las poblaciones más vulnerables del sistema; menos fondos para los subsidios automáticos indispensables para sostener un nivel mínimo de prestaciones; menor respaldo para la cobertura de jubilados y menor compensación para monotributistas, cuyos aportes mínimos se encuentran muy por debajo del costo real del Programa Médico Obligatorio (PMO) que la normativa exige garantizar.

El recorte se aplica, además, sobre un sistema que ya atraviesa una crisis de financiamiento. La caída de la actividad económica, los salarios reales atrasados y el crecimiento del empleo informal han reducido en términos reales los ingresos del sistema. Paralelamente, los costos sanitarios se incrementan de manera sostenida por la incorporación de nuevas tecnologías médicas, medicamentos de alto precio, tratamientos innovadores y un creciente nivel de judicialización.

El traslado del ajuste al bolsillo de los trabajadores

La reducción de aportes también impacta sobre los afiliados que acceden a planes de empresas de medicina prepaga, ahora inscriptas como Agentes del Seguro de Salud, a través de la derivación de aportes. Cuando esos aportes disminuyen, la diferencia entre el costo real del plan y lo efectivamente financiado se traslada directamente al afiliado o trabajador mediante un mayor pago de bolsillo. El resultado es una mayor carga contributiva individual para sostener coberturas que, en los hechos, se encarecen sin mejorar prestaciones.

Desde la CATT señalaron que este proceso de debilitamiento del financiamiento de las obras sociales se inscribe en una ofensiva más amplia contra el sistema de seguridad social y contra las organizaciones que históricamente lo sostuvieron. «Ajustar sobre las obras sociales no es una decisión inocua ni técnica: es erosionar un modelo solidario y avanzar sobre estructuras vinculadas a la organización colectiva de los trabajadores», advirtieron en un comunicado oficial donde repudiaron el intento de reforma y el desfinanciamiento del sistema nacional del seguro de salud.

Cordero defiende la reforma: «se fortalecen los derechos esenciales»

Mientras tanto, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió la reforma laboral al insistir en que el principal beneficio será la creación de puestos de trabajo genuinos en un marco de estabilidad económica y crecimiento. En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que el proyecto «busca ordenar diversos elementos del sistema que se encuentran distorsionados desde hace años» y remarcó que la instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue «fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores sin generar detrimentos en sus condiciones actuales».

Cordero subrayó que la iniciativa «fomenta la seguridad jurídica y reduce los costos indirectos que hoy actúan como un impedimento para que las empresas contraten personal», aclarando que «no se busca afectar el salario real sino eliminar los riesgos que generan desconfianza en el sector empleador».

En relación a las críticas que vinculan la reforma con una supuesta pérdida de beneficios, el secretario aclaró que «las vacaciones se mantienen exactamente iguales y que la modificación solo permite que el trabajador y el empleador acuerden su fraccionamiento sin que el Estado deba intervenir con sanciones». Según sus palabras, «se busca darle potestad al empleado para decidir sobre su propia vida y gestionar su tiempo según sus necesidades, permitiendo incluso que quienes deseen trabajar más horas puedan hacerlo para mejorar sus ingresos dentro de los límites de salud y seguridad».

El Fondo de Asistencia Laboral: financiado con recursos del sistema de salud

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta diseñada bajo criterios de equilibrio fiscal y pensada especialmente para que las pequeñas y medianas empresas puedan afrontar las desvinculaciones. Cordero detalló que este fondo se financiará con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá a las pymes disponer de recursos para abonar indemnizaciones o mutuos acuerdos sin descapitalizarse.

El funcionario aseguró que esto no reduce las indemnizaciones por despido, sino que las ordena para quitar litigiosidad y evitar que los conflictos se resuelvan en juicios prolongados. Además, destacó que el proyecto «regula el trabajo autónomo, una modalidad muy buscada por los jóvenes, para evitar que estas contrataciones sean interpretadas judicialmente como relación de dependencia y así fomentar la formalización de nuevos vínculos laborales».

Finalmente, el secretario de Trabajo manifestó que mantiene un diálogo fluido con los gremios y confió en el debate que se desarrolla en el Senado, señalando que «el país necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo para salir del estancamiento en el empleo asalariado».

Una reforma que ajusta sobre los más vulnerables

Desde la perspectiva institucional de la CATT, resulta inadmisible que una reforma laboral se financie a costa del sistema de salud. El recorte propuesto no fortalece el empleo ni mejora las condiciones laborales: traslada el ajuste a los sectores más vulnerables y profundiza la crisis sanitaria. Las obras sociales están legalmente obligadas a brindar cobertura integral únicamente con los recursos provenientes de aportes y contribuciones, lo que las deja sin margen para absorber nuevos recortes sin afectar la prestación.

La organización advirtió que el desfinanciamiento del sistema del seguro de salud no es una consecuencia colateral, sino una decisión política cuyas responsabilidades deberán ser asumidas por quienes la promuevan y la apliquen. «Nos encontramos en estado de alerta para evaluar y adoptar las herramientas constitucionales pertinentes en defensa del sistema solidario de salud, bregando por la continuidad de la cobertura médico asistencial de calidad que merecen los trabajadores y trabajadoras», concluyeron.

Puntos clave

• La reforma laboral reduce en un punto porcentual la contribución patronal al sistema de salud, pasando del 6% al 5%.

• Según datos oficiales de agosto de 2025, esto implica una pérdida mensual de $16.000 millones para el Fondo Solidario y más de $90.000 millones para las obras sociales.

• El recorte afecta directamente a personas con discapacidad, jubilados y monotributistas que dependen de los subsidios del Fondo Solidario de Redistribución.

• El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma argumentando que busca crear empleo genuino y reducir la litigiosidad laboral.

• La CATT repudió la medida y advirtió que se trata de una decisión política que erosiona el modelo solidario de salud y avanza sobre estructuras vinculadas a la organización colectiva de los trabajadores. ★