A casi un mes del choque en el que Bastián Jerez resultó gravemente herido, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anunció que apelará la medida cautelar que prohíbe la circulación de camiones 4×4, vehículos UTV y cuatriciclos en la zona conocida como La Frontera.

La resolución judicial, dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, hizo lugar a un amparo presentado por el ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano. El fallo dispuso frenar de manera preventiva la circulación de estos vehículos en un área históricamente conflictiva por la falta de controles.

“No conocen nuestra realidad”

En declaraciones a Radio Pinamar 24, Ibarguren cuestionó la medida y buscó correr el eje del debate. “Hay miles de vecinos que son responsables con esos rodados”, sostuvo, y agregó: “Respeto las miradas, pero es una visión que no conoce nuestra realidad”.

El jefe comunal también puso el acento en el impacto económico de la actividad off road. “Da mucho trabajo para los pinamarenses: comercios, guarderías, servicios de mantenimiento”, enumeró, en una defensa que prioriza el circuito turístico-comercial por sobre las alertas que se encendieron tras el accidente.

Prohibir o controlar

Ibarguren calificó la cautelar como “injusta” y “poco inteligente”, y sostuvo que “prohibir por culpa de unos pocos inconscientes” no es el camino. “No estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla y de sancionar con firmeza a quienes corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros”, afirmó.

Sin embargo, el argumento choca con una realidad reiterada: años de circulación casi sin controles efectivos, playas convertidas en pistas informales y un Estado municipal que recién reaccionó cuando ocurrió una tragedia que conmocionó a la opinión pública.

Un debate que vuelve a foja cero

Para el intendente, “prohibir indiscriminadamente no es la solución”, motivo por el cual adelantó que apelará la medida cautelar. La decisión reabre un debate de fondo en la costa bonaerense: hasta dónde llega la libertad recreativa y dónde empieza la responsabilidad estatal de prevenir daños evitables.

Mientras la familia de Bastián Jerez sigue atravesando un proceso doloroso y la Justicia intenta poner límites ante la ausencia de regulación, el municipio elige defender la actividad y el negocio, aun cuando el costo de la desidia ya quedó a la vista.