Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para interpelar en la Cámara de Diputados al ministro de Economía Luis Caputo, al flamante director del INDEC Pedro Lines, y también convocar al ex titular del organismo Marco Lavagna. El objetivo: que expliquen por qué el Gobierno decidió no aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde enero de 2026, pese a que su implementación ya estaba prevista.

El pedido, encabezado por el diputado Nicolás Trotta, se conoció tras la repentina renuncia de Lavagna, quien dejó el cargo en medio de presiones del Poder Ejecutivo para frenar el cambio metodológico. Según denunciaron desde la oposición, la decisión respondió a un cálculo político del presidente Javier Milei y de Caputo, ante el impacto que el nuevo índice tendría sobre los números oficiales de inflación.

Un índice viejo para una realidad que cambió

El nuevo método de medición, ya elaborado por el INDEC, pondera con mayor peso los servicios por sobre los bienes y se basa en la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. En cambio, el IPC actualmente vigente se apoya en la ENGHO 2004/2005, una canasta de consumo que refleja hábitos de hace más de veinte años.

La consecuencia es evidente: los patrones de gasto que hoy definen el bolsillo de las familias argentinas no están representados en el índice que el Gobierno insiste en sostener. Según estimaciones técnicas, la inflación de enero hubiera sido más alta con la nueva metodología que con la actual, una diferencia que explica, para la oposición, el freno político a su implementación.

De hecho, el propio Ejecutivo admitió que seguirá usando el índice viejo hasta que se “consolide” la desinflación, un criterio discrecional que deja la estadística pública atada al calendario y a la conveniencia oficial.

“Se priorizó el calendario político”

Trotta advirtió que “la utilización de un índice desactualizado puede conducir a diagnósticos erróneos y a decisiones que profundicen la pérdida de ingresos reales”. En los fundamentos del proyecto, sostuvo que el Gobierno “priorizó decisiones políticas por sobre la credibilidad de las estadísticas públicas”.

El ex ministro de Educación subrayó que el IPC no es un dato técnico menor: “Tiene impacto directo sobre la medición de la pobreza y la indigencia, y es una variable central para analizar la evolución de salarios, jubilaciones y el poder de compra”. También recordó que el índice incide en contratos públicos y privados y en la lectura de variables fiscales, monetarias y financieras.

“De allí la relevancia estratégica de este indicador y la importancia de la transparencia y la rigurosidad metodológica en su cálculo”, concluyó.

Un INDEC bajo sospecha

El proyecto de resolución lleva además las firmas de los diputados Jorge Chicha, Guillermo Snopek, Cristian Andino, José Glinski y Santiago Roberto. La iniciativa busca llevar al recinto un debate que excede los nombres propios: la autonomía del INDEC y el riesgo de volver a una lógica en la que las estadísticas se ajustan a la narrativa oficial.

Mientras el Gobierno celebra una desaceleración inflacionaria que no se refleja en la vida cotidiana, la oposición advierte que manipular el termómetro no enfría los precios, pero sí erosiona la confianza pública. Y que, una vez más, el costo lo pagan los ingresos y la credibilidad institucional.