Denuncia
Tierra del Fuego demandará al Gobierno de Milei por la toma ilegal del Puerto de Ushuaia
El gobernador fueguino Gustavo Melella denunció la medida como una «intervención federal encubierta» y rechazó las acusaciones de malversación de fondos. La provincia cuestiona las atribuciones legales del gobierno libertario para tomar el control de la infraestructura portuaria.
★ El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó este miércoles que presentará una acción judicial ante la Justicia Federal para impugnar la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno nacional. El mandatario provincial denunció que la medida constituye «un atropello a la autonomía provincial y al federalismo».
La decisión fue anunciada por Melella a través de un mensaje publicado en la red social X, donde cuestionó duramente la legitimidad de la intervención y negó las acusaciones oficiales que justificaron la medida.
El argumento nacional: tres ejes de conflicto
La Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) fundamentó la intervención del Puerto de Ushuaia en tres argumentos centrales: presunto desvío de fondos, supuesta malversación de recursos y problemas de seguridad operativa en las instalaciones portuarias.
Desde el organismo nacional sostuvieron que existió un «presunto redireccionamiento ilegítimo de fondos del Puerto de Ushuaia» hacia otros destinos, específicamente hacia la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Esta acusación se convirtió en el eje principal de la decisión de intervenir una de las infraestructuras estratégicas más importantes del sur argentino.
La defensa provincial: auditorías y normativa
Melella rechazó de manera categórica cada una de las acusaciones. «No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado», afirmó el gobernador en su comunicado.
Desde el gobierno fueguino explicaron que, si bien existe una ley provincial que habilitaba el redireccionamiento de fondos del puerto hacia la OSEF, esa norma nunca fue ejecutada. Además, aclararon que la iniciativa legislativa no fue impulsada por el Poder Ejecutivo provincial.
El único movimiento financiero registrado entre el puerto y el gobierno provincial fue un préstamo realizado con intereses generados por plazos fijos, no con el capital operativo de la infraestructura portuaria. Según explicaron desde la provincia, esta operación se paga con intereses y representa «una inversión rentable para el propio puerto».
Precedente sobre el federalismo
«Es una intervención federal encubierta», sostuvo Melella, quien advirtió que la decisión nacional «excede las atribuciones legales y sienta un precedente peligroso para las provincias».
El conflicto entre el gobierno nacional y Tierra del Fuego por el Puerto de Ushuaia quedará ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si la intervención dispuesta por la ANPyN respeta el marco legal y las autonomías provinciales establecidas en la Constitución Nacional.
###Puntos clave:
- Melella presentará una acción judicial en la Justicia Federal contra la intervención del Puerto de Ushuaia
- El gobierno nacional justificó la medida en presunto desvío de fondos hacia la OSEF
- La provincia niega las acusaciones y sostiene que todos los ingresos del puerto están auditados
- Una ley provincial que habilitaba redirigir fondos nunca fue ejecutada
- El único movimiento financiero fue un préstamo con intereses de plazos fijos, no del capital operativo
Denuncia
Fuga de Bolsonaro por Puerto Iguazú: denuncian a Milei por encubrimiento agravado
Comodoro Py investiga si el Gobierno de Javier Milei facilitó la salida de Flávio Bolsonaro, quien tenía prohibido abandonar Brasil, cruzó por Puerto Iguazú y viajó a Estados Unidos en un jet privado. Ya hay al menos tres denuncias penales, un pedido de interpelación al canciller y sospechas sobre la presencia en Misiones del asesor Santiago Caputo.
Flávio Bolsonaro, con prohibición judicial de salir de Brasil, cruzó la frontera argentina, abordó un jet privado en Puerto Iguazú y horas después estaba en Estados Unidos, con el aval de una Migraciones que informó que no existía ningún impedimento legal. Ahora la Justicia federal investiga si el Gobierno de Javier Milei hizo algo más que mirar.
El senador y excandidato presidencial del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22:50, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. La primera denuncia penal contra Milei y funcionarios de su gobierno la presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.
La denuncia: encubrimiento, abuso de autoridad y malversación
Solano denunció la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. En su escrito sostuvo que era imposible que Milei desconociera la prohibición de salida del país que le impuso el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Para el denunciante, el Presidente “es cómplice de este accionar ilícito” y utilizó los recursos del Estado para ejecutar una maniobra clandestina.
El dirigente también apuntó contra Migraciones, a la que acusó de omitir dolosamente la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción dictada en Brasil. Pidió medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes urgente a las fuerzas federales de Misiones para que detallen la presencia de Bolsonaro en la zona.
El expediente quedó sorteado en el juzgado de Capuchetti, que este año está de turno con la Fiscalía Federal N°10, a cargo de Paloma Ochoa. Según pudo saberse, la magistrada todavía no había girado la presentación a la fiscal para que dictamine. Capuchetti es una jueza cuestionada por su actuación en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Migraciones: de la falta de registro a la confirmación
Según trascendió, Migraciones había informado primero que no tenía notificada ninguna entrada de Bolsonaro. En la madrugada del miércoles, el organismo confirmó que el excandidato cruzó la frontera y que lo hizo con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para ingresar al país. Las autoridades argentinas aclararon que no existía pedido de captura que activara una alerta en sus sistemas.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, el avión privado despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00:21 del miércoles. La denuncia de Solano señala que se trató de un vuelo de la empresa Baires Fly. Horas más tarde, según trascendió, Bolsonaro ya estaba en Miami.
Caputo en Misiones y una lluvia de denuncias
Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones cuando partió la aeronave. La diputada nacional Marcela Pagano incorporó ese dato a su denuncia penal y pidió que se esclarezca su presencia. La legisladora presentó su escrito ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó Bolsonaro y si existía algún impedimento legal. Pagano pidió además preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional y del aeropuerto.
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) también radicó una denuncia por presunto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y Caputo. Su presentación quedó sorteada en el Juzgado Federal 3, a cargo de Sebastián Ramos, aunque como la de Solano entró primero es probable que las causas se acumulen en el juzgado de Capuchetti. En la Cámara baja, el diputado Pablo Juliano pidió la interpelación de Quirno.
Un aliado que prometió no irse
Tras perder el domingo la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro grabó un video en el que contó que la Policía Federal lo interceptó para pedirle que entregue sus pasaportes y notificarlo de la prohibición de salida del país. En ese mismo mensaje afirmó: “Nunca pensé en abandonar el país”. La frase quedó desmentida por los hechos.
El episodio llega después de meses de alineamiento político. En julio, durante su visita a San Pablo, Milei respaldó la candidatura de Flávio y llamó “ladrón” a Lula sin nombrarlo. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, celebró en su cuenta de X la derrota de un “zurdo comunista”.
La Justicia deberá determinar si el Gobierno cumplió con sus deberes de cooperación internacional y control fronterizo, o si puso la estructura del Estado al servicio de un aliado político. La Casa Rosada sostiene que no hubo impedimento legal; los denunciantes sostienen que hubo una maniobra.
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