La muerte de Alex Pretti, enfermero de terapia intensiva del hospital de veteranos de Minneapolis, sumó este domingo un dato clave que desnuda las contradicciones del poder federal en Estados Unidos. El medio de investigación ProPublica identificó a los dos agentes de la Patrulla Fronteriza (ICE/CBP) que participaron del operativo en el que Pretti fue asesinado de diez disparos por la espalda, el pasado 24 de enero.

Los agentes son Jesús Ochoa (43) y Raymundo Gutiérrez (35), ambos de origen latino, un dato que generó impacto político y simbólico en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Los dos habían sido trasladados desde el sur de Texas a Minnesota como parte de la Operación Metro Surge, un despliegue federal orientado a reforzar la presencia de fuerzas migratorias en ciudades gobernadas por demócratas.

Silencio oficial y presión pública

La identificación de los agentes llegó después de varios días de negativa oficial a difundir sus nombres, una actitud que desató críticas desde el Congreso, organismos de derechos civiles y fiscales estatales. Recién ante la presión política y mediática, las autoridades federales confirmaron que ambos efectivos fueron licenciados de manera administrativa, una medida presentada como “protocolar”.

Según ProPublica, Ochoa ingresó a la Patrulla Fronteriza en 2018 y Gutiérrez lo hizo en 2014, integrando luego la Oficina de Operaciones de Campo de la Customs and Border Protection. El informe aporta además un perfil inquietante de Ochoa: diplomado en derecho penal, con una marcada fascinación por las armas de fuego tras su divorcio en 2021, al punto de llegar a poseer, según su exesposa, unas 25 armas entre rifles, pistolas y escopetas.

Qué pasó la noche del crimen

Las reconstrucciones basadas en testimonios y videos desarman la versión inicial del Gobierno. Pretti intervino para proteger a una mujer que estaba siendo identificada por los agentes. Portaba un arma de manera legal, algo permitido en Minnesota, pero no la exhibió ni la utilizó. En una mano sostenía su celular, con el que grababa el procedimiento.

Los agentes lo redujeron, lo rociaron con gas pimienta y, ya desarmado y en el suelo, dispararon diez veces, causándole la muerte. Testigos presenciales sostienen que no existió ninguna amenaza inminente.

De la acusación a la marcha atrás

En los días posteriores al asesinato, funcionarios del oficialismo —incluida la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el entonces jefe de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino— responsabilizaron públicamente a la víctima. Trump llegó a replicar ese discurso.

Sin embargo, la narrativa comenzó a resquebrajarse. Una cronología oficial del Departamento de Seguridad Nacional difundida días después eliminó toda referencia a que Pretti hubiera blandido un arma. El giro dejó expuesta la construcción inicial de un relato justificatorio que no resistió el contraste con las pruebas.

No fue un hecho aislado

El asesinato de Pretti fue el segundo caso de un ciudadano estadounidense muerto por fuerzas migratorias federales desde el inicio del nuevo despliegue. El 7 de enero, un agente del ICE mató a la poeta Renée Good, también en Minneapolis. A diferencia de lo ocurrido con Pretti, en ese caso la identidad del agente sí fue difundida: Jonathan Ross.

Ambas víctimas participaban de las protestas vecinales contra la presencia de unos 3.000 agentes federales en la ciudad, movilizaciones que crecieron al calor del giro autoritario de la política migratoria.

El trasfondo político

Ante el avance de la investigación y el costo político, la Casa Blanca movió piezas. Bovino fue apartado y reemplazado por Tom Homan, mientras que figuras clave como Stephen Miller moderaron su discurso: de llamar “asesino” a Pretti pasaron a admitir que los agentes podrían no haber seguido el protocolo.

ProPublica defendió la publicación de los nombres con un argumento contundente: pocas investigaciones requieren tanto escrutinio público como aquella en la que dos agentes enmascarados dispararon diez veces contra un hombre reducido en el suelo. Mantener el anonimato —señalaron— constituye una desviación grave de los estándares policiales habituales.

Mientras se acercan las elecciones intermedias de noviembre, el caso Pretti se convirtió en un símbolo incómodo para el trumpismo: violencia estatal, encubrimiento y una política migratoria que dispara primero y explica después. Y esta vez, el relato oficial ya no alcanza para tapar los hechos.