La Secretaría de Energía ajustó en un 18% promedio el precio estacional de la energía eléctrica, uno de los componentes de la tarifa final junto con el transporte, la distribución y los impuestos, y se precisó que en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) la factura final de los usuarios no superará el 22%.

La medida se tomó a través de la resolución 105/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial, y que modifica parcialmente a la resolución 40 del 31 de enero.

El aumento «representa una disminución de los aportes del Estado Nacional» en concepto de subsidios, y «se aplicará de manera uniforme en todo el país», indicó Energía en un comunicado.

«El impacto final en las facturas de usuarios y usuarias será del 18% promedio, dependiendo de cada jurisdicción», indicó la repartición encabezada por Darío Martínez, que a su vez aclaró que «el impacto en las facturas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) del Precio Estacional más el Transporte y la Distribución nunca superará el 22%».

Los nuevos valores se determinaron luego de la Audiencia Pública del 17 y 18 de febrero y abarca al Precio de Referencia de la Potencia (Potref), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el Precio Estabilizado del Transporte (PET), que en conjunto componen el denominado «Precio Estacional».

«El Precio Estacional es un componente de las facturas que los usuarios y las usuarias abonan en concepto del suministro de energía eléctrica, fijado periódicamente por la Secretaría de Energía y de aplicación uniforme», se indicó en el comunicado, además de señalar que «la factura final se compone de este precio junto con las tarifas de transporte, los impuestos y el valor agregado de distribución, el cual es fijado por cada jurisdicción».

En los considerandos de la norma se recordó lo señalado por Martínez en la Audiencia Pública, respecto de que «el compromiso es que las adecuaciones tarifarias siempre sean menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores».

«El Estado no puede dejar de lado su rol planificador y regulador para que todos y todas accedan a un servicio público con tarifas justas y razonables», sostuvo el funcionario.