Energía
Otro decreto: dispondrán la emergencia eléctrica para «revisar» tarifas
Además de disponer la sanción de precios «en condiciones de competencia y libre acceso», el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.
El Gobierno nacional dispondrá la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024, dará continuidad a la intervención de los entes reguladores e iniciará el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico.
Así se reflejará mediante una Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial, en el que sostiene que existe «una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada».
Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, «resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro», destaca el texto en sus considerandos.
En consecuencia, el DNU declara en su artículo 1 «la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural».
La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven «tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024», según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.
El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para «la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios».
En ese sentido, determina a través del artículo 3 el «inicio de la revisión tarifaria» correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de «transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural», y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes «no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024».
En el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.
Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas «realizar los procesos de revisión tarifaria» y «evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones» y eventuales anomalías.
Finalmente, el DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.
Energía
El gobierno entregó AySA: el grupo de Mauricio Filiberti se quedó con el 90% por sólo US$340 millones
El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX presentó la propuesta económica más alta y asumirá compromisos de inversión para obras, mantenimiento y operación. La concesión contempla un período inicial de 30 años y todavía resta una instancia administrativa para completar la adjudicación.
El consorcio integrado por Rowing-Arcos-Transclor-PHX presentó la oferta económica más elevada para quedarse con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
La propuesta alcanzó los US$340,2 millones y superó los US$285 millones ofrecidos por el grupo liderado por Roggio SA.
La concesión contempla la operación de la empresa durante 30 años. AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El monto ofertado quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía obtener el Ministerio de Economía, informó NA en una serie de artículos.
Qué dijo el Gobierno sobre la situación de AySA
Al confirmar la operación mediante un comunicado, el Gobierno sostuvo que “AySA era un modelo de disfunción administrativa”.
En el mismo parte, señaló: “Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD13.400 millones”.
El Gobierno también indicó: “Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%”.
El plan de inversiones para los próximos años
La información oficial establece compromisos de inversión vinculados con la infraestructura de agua y cloacas.
“ El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario”, precisó el Gobierno.
El programa contempla aproximadamente:
- $1,13 billones en obras.
- $1,15 billones en mantenimiento.
- $315.761 millones en mejoras.
- $296.166 millones destinados a la operación.
El esquema también incluye objetivos vinculados con la expansión de la cobertura.
Según la información oficial, las obligaciones están asociadas “a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente”.
Cuánto invertirá el consorcio ganador
El grupo adjudicatario manifestó su “satisfacción por haber presentado la mejor oferta como Operador Estratégico de AySA”.
El holding confirmó que “la oferta presentada fue de US$340.200.000, superando casi en un 20% por ciento a la del competidor, y contempla un plan de obras basado en la mejora de la calidad del servicio”.
También ratificó el compromiso contractual de invertir US$1.940 millones durante los primeros cinco años de la concesión.
El consorcio indicó además que prevé una inversión total de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato.
Quiénes integran el consorcio que ganó AySA
El grupo ganador está compuesto por cuatro integrantes: Rowing, Arcos, Transclor y PHX.
Rowing es una empresa argentina dedicada a ingeniería, construcción y servicios industriales, con actividades vinculadas con infraestructura energética, proyectos ferroviarios, telecomunicaciones, obras civiles, arquitectura y saneamiento urbano.
Desde el consorcio señalaron que «Rowing es el mayor prestador de servicios de infraestructura a gran escala en ciudades estrategicas de Argentina desde hace más de 30 años, con más de 3.000 colaboradores y un profundo conocimiento del área de concesión de AySA».
La compañía pertenece al empresario Walter Román, quien conoce lo que es hacer negocios con el Estado y forma parte de una familia con nexos con el oficialismo. En lo particular, aportó con sus empresas $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.
Transclor, empresa vinculada con Mauricio Filiberti, también integra la propuesta. La compañía es señalada como proveedora del policloruro de aluminio utilizado en el proceso de potabilización del agua.
Filiberti también participa junto con José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus clientes.
El rol de Arcos y PHX
Otro integrante del consorcio es Arcos Saneamento e Participações S.A., perteneciente al Grupo Equipav, que fue designada como «Operador Técnico».
Según la información del consorcio, Arcos opera servicios de agua y cloacas desde 2010 y presta servicios a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, con una estructura de 25 mil colaboradores.
El cuarto integrante es PHX, un fondo de inversión con sede en Países Bajos.
Cuánto representa la oferta por el 100% de AySA
La propuesta de US$340,2 millones corresponde al 90% de las acciones de la compañía.
Tomando ese valor como referencia, el equivalente para el 100% de AySA asciende a aproximadamente US$378 millones.
El 10% restante permanece en manos del sindicato que conduce Omar Lingeri.
Además, quedó establecido que los adjudicatarios asumirán la deuda de AySA por US$70 millones.
Qué falta para completar la adjudicación
Aunque la apertura de los sobres económicos permitió conocer la oferta ganadora, todavía resta una instancia administrativa.
La adjudicación definitiva requiere la revisión final de la Comisión de Evaluación.
El consorcio designó a Arcos Saneamento e Participações S.A., del Grupo Equipav, como «Operador Técnico».
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