Energía
Otro decreto: dispondrán la emergencia eléctrica para «revisar» tarifas
Además de disponer la sanción de precios «en condiciones de competencia y libre acceso», el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.
El Gobierno nacional dispondrá la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024, dará continuidad a la intervención de los entes reguladores e iniciará el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico.
Así se reflejará mediante una Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial, en el que sostiene que existe «una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada».
Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, «resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro», destaca el texto en sus considerandos.
En consecuencia, el DNU declara en su artículo 1 «la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural».
La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven «tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024», según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.
El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para «la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios».
En ese sentido, determina a través del artículo 3 el «inicio de la revisión tarifaria» correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de «transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural», y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes «no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024».
En el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.
Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas «realizar los procesos de revisión tarifaria» y «evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones» y eventuales anomalías.
Finalmente, el DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.
Energía
El frío llegó antes y el sistema energético ya muestra sus grietas
Las distribuidoras suspendieron el suministro a usuarios con contratos interrumpibles para priorizar los hogares, mientras el Gobierno acaba de dar marcha atrás en su intento de privatizar la importación de gas licuado.
Cortan el gas a industrias y estaciones de servicio ante el frío temprano
★ Las distribuidoras de gas natural suspendieron el suministro a estaciones de servicio de GNC e industrias ante la caída anticipada de las temperaturas registrada en los últimos días, que disparó la demanda residencial por encima de los niveles esperados para fines de abril. La medida afecta exclusivamente a los servicios con contratos interrumpibles, que por definición contemplan la posibilidad de cortes cuando el sistema necesita administrar su capacidad, según fuentes del sector.
Un problema que se repite cada invierno
El mecanismo de corte escalonado es una práctica habitual en el sistema energético argentino: primero se interrumpe el suministro a los usuarios con contratos interrumpibles (los que pagan tarifas más bajas a cambio de asumir ese riesgo), y en casos de mayor presión sobre el sistema se puede avanzar hacia contratos firmes y, como último recurso, hacia los usuarios residenciales. En este caso, el frío llegó con más fuerza que lo habitual para fin de abril, lo que adelantó la activación del protocolo.
Las mismas fuentes remarcaron que, si bien la Argentina avanza en su perfil exportador de gas gracias al desarrollo de Vaca Muerta, la red de infraestructura de transporte y regasificación todavía no está en condiciones de absorber los picos de demanda invernal sin apelar a estos cortes preventivos.
La marcha atrás del Gobierno con la privatización del GNL
El episodio se produce días después de que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás en uno de sus anuncios energéticos más resonantes: la privatización de la importación de gas natural licuado (GNL). El Estado, a través de Enarsa, seguirá a cargo de las compras de GNL para el invierno, en lugar de transferir esa función al sector privado como estaba previsto.
La licitación había avanzado durante semanas con dos oferentes, Trafigura y Naturgy, pero ninguna de las propuestas convenció al Ejecutivo. La razón oficial fue la suba del precio internacional del GNL, que pasó de alrededor de 10 dólares por millón de BTU a principios de año a una banda de entre 17 y 20 dólares, impulsada por el conflicto en Medio Oriente. Según el analista Juan José Carbajales, el cambio de escenario podría implicar un extracosto de alrededor de 700 millones de dólares respecto de los valores que se manejaban en febrero.
La contradición es evidente: un gobierno que hizo de la privatización de funciones estatales su principal bandera ideológica se vio obligado a mantener al Estado en el rol de comprador de gas en el exterior, precisamente para evitar un nuevo salto tarifario que complicara sus metas de inflación.
Infraestructura pendiente y vulnerabilidad estructural
La dependencia estacional de importaciones de GNL es una consecuencia directa de una brecha estructural que ningún gobierno ha logrado cerrar del todo: mientras la demanda residencial en invierno puede superar los 90 millones de metros cúbicos diarios, la infraestructura de transporte existente no alcanza para canalizar todo el gas disponible desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo. Las obras clave para reducir esa brecha, entre ellas la segunda etapa del gasoducto Perito Moreno y la reversión del Gasoducto Norte, siguen demoradas.
El Gobierno argentino viene vendiendo la narrativa del boom energético y la futura exportación masiva de gas, pero cada invierno el sistema quiebra donde siempre quiebra: en la infraestructura de transporte y en la capacidad de gestionar los picos de demanda. La pregunta que queda sin responder es cuánto más se puede postergar la inversión en esa infraestructura mientras se prioriza el relato exportador.
Puntos clave:
- Las distribuidoras cortaron el gas a usuarios con contratos interrumpibles (industrias y estaciones de GNC) por el frío anticipado de fines de abril.
- La medida prioriza el abastecimiento residencial, según confirmaron fuentes del sector.
- Argentina aún no tiene la infraestructura necesaria para cubrir los picos de demanda invernal sin apelar a importaciones o cortes.
- El Gobierno de Milei dio marcha atrás en su plan de privatizar la importación de GNL; Enarsa seguirá a cargo de las compras este invierno.
- La suba del precio internacional del GNL, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, encareció el escenario en unos 700 millones de dólares respecto de las proyecciones de febrero.
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