Energía
Otro decreto: dispondrán la emergencia eléctrica para «revisar» tarifas
Además de disponer la sanción de precios «en condiciones de competencia y libre acceso», el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.
El Gobierno nacional dispondrá la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024, dará continuidad a la intervención de los entes reguladores e iniciará el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico.
Así se reflejará mediante una Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial, en el que sostiene que existe «una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada».
Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, «resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro», destaca el texto en sus considerandos.
En consecuencia, el DNU declara en su artículo 1 «la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural».
La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven «tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024», según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.
El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para «la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios».
En ese sentido, determina a través del artículo 3 el «inicio de la revisión tarifaria» correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de «transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural», y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes «no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024».
En el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.
Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas «realizar los procesos de revisión tarifaria» y «evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones» y eventuales anomalías.
Finalmente, el DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.
Economía 💲
Ajuste en octubre: el gasto cayó 5,5% y las transferencias a provincias se hundieron 56,5%
El informe de la consultora Analytica reveló dónde cayó la tijera: las transferencias a los distritos se hundieron un 56,5% real y los subsidios de energía y transporte se desplomaron, mientras el superávit se sostiene sobre las espaldas del interior.
El gasto primario cayó un 5,5% en términos reales durante octubre, según un informe de la consultora Analytica. El ajuste volvió a concentrar el castigo en las provincias y en los subsidios económicos, y en el acumulado de los primeros diez meses del año el descenso trepó al 3,3% real. El ancla es siempre la misma, aunque el costo lo pague el interior: sostener el superávit fiscal.
La motosierra vuelve a caer sobre las provincias
La reducción mensual estuvo explicada, en primer lugar, por las transferencias a las provincias, que registraron una caída del 56,5% interanual en términos reales. En los primeros diez meses, el recorte acumulado a los distritos llegó al 61% real, el ajuste más profundo de toda la planilla. En segundo lugar se ubicaron los subsidios económicos, que se redujeron un 32,6% interanual real, con bajas del 26,2% en energía y del 55,8% en transporte. La obra pública, otro motor del empleo y del desarrollo regional, se desplomó un 21,4% en términos reales, y las transferencias a CAMMESA se hundieron un 28,5% interanual real.
Energía y transporte, en el ojo de la motosierra
El golpe a los servicios públicos quedó al desnudo en el propio papel. El informe detalló que la baja en los subsidios al transporte “se explica principalmente por la ausencia de transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte”. Ese fondo es el que financia las compensaciones al transporte automotor, y con menos aportes nacionales la diferencia se traslada a la tarifa: desde el 1 de noviembre el boleto mínimo de colectivo subió 3,9% en el AMBA. En energía, el recorte a CAMMESA empuja la quita de subsidios a las facturas de luz y gas de los hogares.
La excepción social que confirma la regla
En contraste, la medición registró un incremento en el área de protección social, aunque con matices que el propio estudio expone. La Asignación Universal por Hijo fue la única partida que mostró un crecimiento real relevante en el mes, con un alza del 2,7% real, y empujó al conjunto de asignaciones familiares más AUH a un +1,5% real. Pero la letra chica incomoda: las asignaciones familiares cayeron un 0,6% real y, sobre todo, sus titulares disminuyeron un 4,8% interanual, mientras los de la AUH crecieron apenas un 1%. La foto no deja dudas: cuando la partida es directa y sensible, se la sostiene apenas, y al resto de los programas se les vacía el cajón.
Programas que se apagan y una deuda que crece
En el acumulado del año, los programas sociales cayeron un 22,7%, con una explicación que espanta: “la mayor incidencia correspondió al programa ‘Volver al Trabajo’ (-54,3%), cuyos montos permanecieron congelados hasta junio, cuando finalmente fue eliminado”. Otro programa social se apagó bajo la promesa de un ajuste “a la casta” que, en la práctica, golpea primero a los que menos tienen. El saldo no queda solo en papel: al cierre de octubre, la deuda flotante de la Administración Nacional escaló a $2,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB.
Quién paga el superávit
El ajuste llega en un contexto de actividad en retroceso. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estima que el PBI cayó 2,3% en el tercer trimestre y que la desocupación trepó a 7,6%. En paralelo, el Gobierno mantiene sin repartir unos $2,2 billones de Aportes del Tesoro Nacional, el fondo previsto para emergencias provinciales, mientras El Niño ya provoca crecidas del Paraná en el Litoral. Unión por la Patria presentó un proyecto para distribuir la mitad de esa plata por ley.
El mismo viernes, ante la Sociedad Rural, Javier Milei celebró que su Gobierno hizo el ajuste “bajando el gasto, no subiendo impuestos” y prometió que las retenciones desaparecerán a medida que el superávit lo permita. El informe de Analytica muestra de dónde sale ese margen.
El racconto es elocuente: menos obra pública, menos subsidios, menos transferencias a las provincias y programas sociales que desaparecen del mapa. El superávit que tanto se festeja desde el poder se construye con la motosierra sobre el interior, la energía y el transporte, mientras el relato del equilibrio se celebra sin asumir quién paga la factura. Por ahora, los números dibujan una única receta: que el costo del ajuste lo asuman las provincias, los usuarios y los trabajadores, mientras el centro festeja el resultado.
Lo que tenés que saber:
- El gasto primario cayó 5,5% real en octubre y 3,3% en el acumulado de los primeros diez meses del año.
- Las transferencias a las provincias cayeron 56,5% real en el mes y 61% en lo que va del año, el mayor recorte de la planilla.
- Los subsidios económicos se redujeron 32,6% real: 26,2% en energía y 55,8% en transporte.
- La AUH creció 2,7% real y fue la única partida social en alza, mientras las asignaciones familiares cayeron 0,6% y perdieron 4,8% de sus titulares.
- La obra pública cayó 21,4% real y la deuda flotante alcanzó los $2,9 billones (0,3% del PIB).
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