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Convocaron a audiencias públicas para actualizar las tarifas de gas y electricidad

Se realizarán los días 10, 11 y 12 de mayo. La Secretaría de Energía informó, además, que los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante 2022 y que para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excepto los beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio de 17%.

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Las audiencias públicas para la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, y la segmentación de subsidios, se realizarán los días 10, 11 y 12 de mayo, de acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Energía dada a conocer este jueves. La dependencia oficial señaló que el nuevo esquema se regirá por el principio de «gradualidad».

También enfatizaron que la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para los usuarios de electricidad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.

El 10% de los usuarios residenciales de los servicios de gas y electricidad con mayor capacidad de pago dejarán de recibir el beneficio del subsidio a la energía.

De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio de 17%. Por su lado, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.

La implementación de un esquema tarifario de servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 -con «criterios de justicia y equidad distributiva» que incluya la política de segmentación y no supere el nivel de los salarios- forma parte del programa acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de las resoluciones 235, 236 y 237/2022, la cartera a cargo de Darío Martínez estableció la convocatoria a las audiencias públicas que pondrán a consideración de los usuarios estos mecanismos y actualizaciones tarifarias.

Los mismos contemplarán especialmente la situación de los «sectores vulnerables y de menor capacidad de pago», dentro de los márgenes allí definidos y que se regirá por el principio de «gradualidad», resaltaron desde la Secretaría de Energía.

De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno nacional en el programa económico, que apunta a lograr «niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva» para los servicios públicos de gas y electricidad.

Este proceso se regirá según criterios y directrices de «gradualidad y proporcionalidad» establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia, destacaron.

Así, la actualización tarifaria se impulsará, previa audiencia pública, con un esquema dirigido a «proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago», e incentivando a su vez la «adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental».

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una «corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos», representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

El objetivo de este criterio es «proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios», sostienen las resoluciones en sus considerandos.

Así, el esquema tarifario para el bienio 2022-2023 contempla que los usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior.

En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará 6%.

Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior.

En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo pasado, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y de 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.

Por último, la franja de 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago, dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.

Educación

Vouchers educativos 2026: asistencia para cuotas privadas en medio del ajuste

Quiénes pueden acceder: enterate cómo anotarte.

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El Gobierno volvió a abrir la inscripción al programa de Vouchers Educativos, una política que apunta a sostener la escolaridad en el sector privado subsidiado en un contexto de caída del poder adquisitivo.

La convocatoria, oficializada por el Ministerio de Capital Humano, estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está orientado a grupos familiares que cumplan con estas condiciones:

  • Ingresos menores a 7 salarios mínimos
  • Hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones privadas con al menos 75% de subsidio estatal
  • Adulto responsable (madre, padre o tutor) argentino o extranjero con mínimo 2 años de residencia legal

El programa es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares.

Cómo es la inscripción

El trámite se realiza de manera online, a través del sitio oficial del programa. El solicitante debe completar una declaración jurada con datos personales y económicos del grupo familiar.

Luego intervienen las instituciones educativas, que deben validar:

  • Regularidad escolar del alumno
  • Estado de pago de las cuotas

La evaluación final queda a cargo de la Secretaría de Educación.

Cómo se paga

El beneficio se liquida a través de ANSES, mediante transferencia bancaria o billetera virtual, y se extiende hasta diciembre de 2026.

Cuándo se pierde

El acceso al voucher puede darse de baja en distintos casos:

  • Pérdida de la condición de alumno regular
  • Atraso en el pago de tres cuotas
  • Renuncia voluntaria
  • Vencimiento del programa

Entre la asistencia y el debate de fondo

El programa se presenta como una herramienta de alivio para familias que no logran sostener el pago de cuotas. Pero también vuelve a poner en discusión el rol del Estado en el sistema educativo: subsidio a la demanda privada en lugar de fortalecimiento de la educación pública.

En ese cruce, los vouchers aparecen como respuesta de corto plazo a una crisis más profunda: ingresos en retroceso y una escolaridad cada vez más condicionada por la capacidad de pago.

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