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Convocaron a audiencias públicas para actualizar las tarifas de gas y electricidad

Se realizarán los días 10, 11 y 12 de mayo. La Secretaría de Energía informó, además, que los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante 2022 y que para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excepto los beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio de 17%.

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Las audiencias públicas para la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, y la segmentación de subsidios, se realizarán los días 10, 11 y 12 de mayo, de acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Energía dada a conocer este jueves. La dependencia oficial señaló que el nuevo esquema se regirá por el principio de «gradualidad».

También enfatizaron que la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para los usuarios de electricidad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.

El 10% de los usuarios residenciales de los servicios de gas y electricidad con mayor capacidad de pago dejarán de recibir el beneficio del subsidio a la energía.

De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio de 17%. Por su lado, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.

La implementación de un esquema tarifario de servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 -con «criterios de justicia y equidad distributiva» que incluya la política de segmentación y no supere el nivel de los salarios- forma parte del programa acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de las resoluciones 235, 236 y 237/2022, la cartera a cargo de Darío Martínez estableció la convocatoria a las audiencias públicas que pondrán a consideración de los usuarios estos mecanismos y actualizaciones tarifarias.

Los mismos contemplarán especialmente la situación de los «sectores vulnerables y de menor capacidad de pago», dentro de los márgenes allí definidos y que se regirá por el principio de «gradualidad», resaltaron desde la Secretaría de Energía.

De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno nacional en el programa económico, que apunta a lograr «niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva» para los servicios públicos de gas y electricidad.

Este proceso se regirá según criterios y directrices de «gradualidad y proporcionalidad» establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia, destacaron.

Así, la actualización tarifaria se impulsará, previa audiencia pública, con un esquema dirigido a «proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago», e incentivando a su vez la «adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental».

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una «corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos», representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

El objetivo de este criterio es «proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios», sostienen las resoluciones en sus considerandos.

Así, el esquema tarifario para el bienio 2022-2023 contempla que los usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior.

En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará 6%.

Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior.

En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo pasado, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y de 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.

Por último, la franja de 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago, dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.

Economía 💲

La luz sube 12,5% en un mes: el invierno más caro de la era Milei golpea a los hogares del AMBA

La Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró una suba del 4,6% en julio y pasó a representar el 15% de los ingresos salariales promedio de los hogares de la región, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). El incremento estuvo impulsado por el mayor consumo invernal de gas y electricidad, con la energía eléctrica encabezando los aumentos con una suba del 12,5% mensual.

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La Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró una suba del 4,6% en julio y pasó a representar el 15% de los ingresos salariales promedio de los hogares de la región, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). El incremento estuvo impulsado por el mayor consumo invernal de gas y electricidad, con la energía eléctrica encabezando los aumentos con una suba del 12,5% mensual.

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) publicó su informe mensual correspondiente a julio de 2026, que refleja un nuevo incremento en el costo de los servicios públicos para los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Canasta de Servicios Públicos aumentó un 4,6% respecto a junio y consolidó su participación en el presupuesto familiar: ya representa el 15% del salario promedio registrado de los trabajadores de la región. El alza respondió principalmente al mayor consumo estacional de invierno en electricidad y gas, combinado con las actualizaciones tarifarias vigentes en los distintos servicios.

Electricidad: el mayor impacto del mes

La energía eléctrica registró el incremento más pronunciado dentro de la canasta. Para los usuarios sin subsidios, el cargo fijo aumentó un 3% y el componente variable subió un 5,7%. Al efecto tarifario se sumó el mayor consumo propio del período invernal, lo que derivó en que el gasto de los hogares en electricidad creciera un 12,5% respecto a junio. Este rubro ilustra con claridad la doble presión que enfrentan las familias en el invierno: aumentos de precios que se solapan con un mayor volumen de consumo forzado por las bajas temperaturas.

Gas y transporte: aumentos moderados, impacto acumulado

En el caso del gas, el cargo fijo tuvo una actualización del 2,8% y el componente variable subió un 3%. El efecto combinado con el mayor consumo invernal resultó en un aumento del 5,2% en el valor de las facturas. El transporte continúa siendo el componente de mayor peso dentro de la canasta, ya que concentra el 40% del gasto total de los hogares en servicios. Las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron una suba del 4,1%, mientras que los servicios interjurisdiccionales aumentaron un 3,2%. En conjunto, el gasto de las familias en movilidad avanzó un 3,7% durante julio.

El agua, la excepción: una baja acotada por regulación

El agua fue el único servicio que mostró una reducción en julio: el gasto de los hogares cayó un 4,6%, explicado principalmente por una baja del 7,7% en el componente variable, pese a que julio contiene un día más de consumo que junio. La reducción respondió a un descuento aplicado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para limitar el aumento mensual del servicio al 3%, en cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, se trata de un alivio puntual y acotado que no alcanza para compensar el impacto agregado de los restantes rubros.

El Estado sigue cubriendo casi la mitad del costo real

El informe del Observatorio incluyó un dato estructural que relativiza el discurso oficial sobre la reducción de subsidios: en el esquema tarifario actual, los usuarios cubren en promedio el 54% del costo de producción de los servicios públicos, mientras que el Estado financia el 46% restante mediante subsidios. Este porcentaje revela que, pese a los sucesivos ajustes aplicados desde diciembre de 2023 bajo la gestión de Javier Milei, el Estado mantiene una participación significativa en el financiamiento de los servicios, aunque el peso que recae sobre los hogares aumentó de forma sostenida, comprimiendo el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos.

En mayo de 2026, la misma fuente había registrado una suba del 17,5% mensual en la canasta, impulsada entonces por el gasoducto estacional y nuevas actualizaciones tarifarias. La reiteración de incrementos por encima de la inflación general consolida una tendencia que los especialistas denominan de «tarifas dolarizadas en un contexto de salarios pesificados»: los costos de los servicios se ajustan con referencia al tipo de cambio y a los costos de producción internacionales, mientras los ingresos de la mayoría de los trabajadores se actualizan con rezago respecto a esa dinámica.

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