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Doble tarifazo en colectivos: suben 31% en febrero y 10% más en marzo
El Gobierno oficializó aumentos escalonados que llevarán el boleto mínimo de $494,83 a $700 en apenas un mes. La medida impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por AMBA.
★ La Secretaría de Transporte formalizó un nuevo ajuste tarifario que golpeará el bolsillo de millones de usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A partir del 17 de febrero, el boleto mínimo de colectivo subirá 31% y pasará de los actuales $494,83 a $650. Pero el incremento no termina ahí: apenas un mes después, el 16 de marzo, se aplicará un nuevo aumento del 10% que llevará el valor mínimo a $700 pesos.
El esquema de aumentos escalonados representa un incremento acumulado del 41,4% en apenas cuatro semanas, en un contexto donde los salarios no acompañan la escalada inflacionaria y el poder adquisitivo de los sectores populares continúa deteriorándose.
La excusa oficial: equiparación con CABA
En un comunicado, la cartera de Transporte justificó la medida argumentando que responde a «la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa». Desde el Gobierno sostienen que la nueva suba tiene como objetivo equiparar los costos con los servicios que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Los colectivos que circulan únicamente en CABA aumentaron un 4,8% desde el 1 de febrero y el boleto mínimo pasó a costar $637,43. El mismo aumento tuvieron las líneas que recorren la Provincia de Buenos Aires, con un boleto mínimo de $721,08. Sin embargo, la explicación oficial no aclara por qué la equiparación requiere dos aumentos sucesivos en lugar de un único ajuste.
Por su parte, el subte pasó de $1.259 a $1.336 y el Premetro de $440 a $467. En todos los casos los montos corresponden al pago con SUBE registrada, lo que implica que quienes viajan sin tarjeta o con SUBE sin registrar enfrentan valores aún más elevados.
Tarifa Social: el descuento que no alcanza
El Gobierno mantuvo vigente la Tarifa Social, con un descuento del 55% para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, este beneficio resulta insuficiente frente a la magnitud del incremento: incluso con descuento, el boleto mínimo para estos sectores pasará de $222,67 a $315 en marzo, un salto del 41,4% que impacta directamente en quienes dependen de ingresos fijos o asistenciales.
Para una familia tipo que realice cuatro viajes diarios en colectivo (dos personas, ida y vuelta), el gasto mensual pasará de aproximadamente $11.876 a $16.800, un incremento de casi $5.000 mensuales que se suma a los aumentos en alimentos, servicios y alquileres.
Las 104 líneas alcanzadas por el tarifazo
La medida alcanza a un total de 104 líneas que transitan por más de una jurisdicción. Los colectivos afectados son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
Estas líneas son utilizadas diariamente por millones de trabajadores, estudiantes y usuarios que se movilizan entre distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. El impacto no es menor: el transporte público representa uno de los principales gastos fijos para los sectores de menores ingresos.
Participación ciudadana sin poder de decisión
Como paso previo al aumento, la Secretaría de Transporte convocó a la Instancia de Participación Ciudadana, una consulta pública que está prevista en la ley pero que no tiene resoluciones vinculantes. Es decir, se trata de un mecanismo formal que cumple con el requisito legal pero que carece de poder efectivo para frenar o modificar las decisiones tarifarias del Ejecutivo.
Esta figura de participación, heredada de gestiones anteriores, ha sido cuestionada sistemáticamente por organizaciones sociales y de usuarios, que la consideran una pantalla de legitimidad sin capacidad real de injerencia en las políticas públicas.
El transporte público, entre subsidios y tarifazos
El anuncio del doble aumento se produce apenas semanas después de que el Gobierno aprobara una actualización de la matriz de costos y compensaciones tarifarias para las empresas del sector mediante la Resolución 86/2025. Esa medida incrementó los subsidios estatales a las compañías para contemplar aumentos salariales, combustibles e insumos.
Sin embargo, el costo de ese ajuste no lo absorbe el Estado ni las empresas: lo pagan los usuarios. La lógica es conocida: el Gobierno transfiere recursos a las cámaras empresarias para sostener la operación y garantizar rentabilidad, mientras traslada el costo al bolsillo de los trabajadores a través de aumentos tarifarios progresivos.
El sistema de transporte público en el AMBA funciona bajo un esquema híbrido donde coexisten subsidios estatales con tarifas a cargo de los usuarios. Pero la distribución de esa carga no es equitativa: mientras las empresas reciben compensaciones ajustadas periódicamente, los salarios de los trabajadores se licuan y el costo del boleto se dispara.
Puntos clave:
, El boleto mínimo de colectivo subirá 31% el 17 de febrero (de $494,83 a $650) y 10% más el 16 de marzo (llegando a $700).
, El aumento acumulado en un mes será del 41,4%, impactando en 104 líneas de jurisdicción nacional en AMBA.
, La Tarifa Social con 55% de descuento se mantiene, pero el boleto subsidiado pasará de $222,67 a $315.
, El Gobierno justificó la medida como equiparación con las tarifas de CABA, que aumentaron 4,8% en febrero.
, La Instancia de Participación Ciudadana convocada no tiene carácter vinculante y no puede frenar el tarifazo. ★
Comunidad 👥
Prorrogan hasta fin de año el reempadronamiento de clubes de barrio para subsidios de energía
El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que las instituciones que ya gozan del beneficio revaliden su situación mediante la plataforma de Trámites a Distancia. La medida, publicada en el Boletín Oficial, reconoce que los tiempos originales resultaron insuficientes para completar el trámite.
La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Disposición 6/2026, que extiende el plazo de reempadronamiento para los clubes de barrio y de pueblo inscriptos en el régimen de subsidios a la energía. La fecha límite es ahora el 31 de diciembre de 2026, una extensión que llega en pleno invierno, precisamente cuando el consumo de gas y electricidad de estas instituciones alcanza su pico anual.
El proceso de revalidación se inició en septiembre de 2025 con un plazo original de 90 días. Ese primer vencimiento ya había sido prorrogado a comienzos de 2026 sin que la totalidad de los clubes inscriptos lograra completar el trámite. La nueva extensión es, en rigor, la segunda prórroga consecutiva de un procedimiento administrativo que el propio Gobierno reconoce no pudo implementar en tiempo y forma.
La justificación oficial, volcada en el texto de la disposición, señala que la medida se adopta «a fin de garantizar la correcta implementación del régimen vigente y asegurar la permanencia de todas las instituciones beneficiarias que cumplan con las condiciones exigidas por la normativa vigente». En otras palabras, el Estado admite que los clubes quedaron atrapados en una burocracia digital que la propia administración libertaria no logró resolver.
Qué cambia y qué no
La prórroga aplica exclusivamente a la revalidación de entidades que ya eran beneficiarias del régimen. Los requisitos de fondo establecidos por la Ley 27.098 no se modifican. Las instituciones deben acreditar personería jurídica vigente, al menos tres años de existencia formal, entre 50 y 2.000 socios, y actividad deportiva no profesional. Además, deben estar incluidas en el Registro de Beneficiarios de la Resolución SE 992/21 y mantener la matrícula abierta a la comunidad.
Para los clubes que deseen ingresar al régimen por primera vez, el cronograma habitual no fue modificado y no está alcanzado por esta disposición. El único canal habilitado para realizar el trámite, tanto para la revalidación como para el ingreso inicial, es la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), lo que excluye de hecho a aquellas instituciones con menores recursos tecnológicos o sin personal capacitado para navegar la burocracia digital del Estado.
El trasfondo: subsidios que el Gobierno nunca quiso sostener
La demora en el reempadronamiento no es un dato menor. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la política energética oficial apuntó a la reducción drástica de subsidios, con aumentos acumulados que el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET ubicó por encima del 525% en la canasta de servicios y transporte desde diciembre de 2023. El gas acumuló incrementos que superan el 748% en ese mismo período.
En ese contexto, la tarifa social básica que protege a los clubes de barrio representa uno de los pocos resguardos que quedan en pie para las instituciones deportivas y culturales del tejido comunitario argentino. Son espacios que no generan lucro, que nuclean sectores populares y que sostienen actividades colectivas fundamentales para la salud social y la contención de la niñez y la adolescencia. Un vencimiento de plazo sin prórroga habría dejado a cientos de clubes expuestos a una factura de luz y gas a tarifa plena, un golpe que para muchas entidades equivaldría al cierre.
La Subsecretaría indicó que el objetivo de la extensión es «permitir un análisis integral de las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 27.098 y atender posibles observaciones técnicas sin que el vencimiento de los plazos afecte la continuidad del beneficio». Sin embargo, la acumulación de prórrogas refleja también las dificultades del propio Estado para procesar los trámites en un esquema que fue diseñado más para filtrar que para incluir.
Puntos clave
- La Disposición 6/2026 publicada en el Boletín Oficial extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo de reempadronamiento para clubes beneficiarios del régimen de subsidios energéticos.
- Es la segunda prórroga consecutiva; el proceso se inició en septiembre de 2025 con un plazo original de 90 días que ya había sido extendido a comienzos de este año.
- El trámite se realiza exclusivamente a través de la plataforma TAD y aplica solo a instituciones ya inscriptas en el régimen, no a nuevos ingresos.
- Los requisitos de la Ley 27.098, incluyendo límites de socios, antigüedad y actividad no profesional, se mantienen sin modificaciones.
- La medida llega en un contexto de tarifas energéticas que acumulan más del 525% de aumento desde diciembre de 2023, haciendo aún más crítico el acceso a la tarifa social para el funcionamiento de estos espacios comunitarios.
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