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Doble tarifazo en colectivos: suben 31% en febrero y 10% más en marzo

El Gobierno oficializó aumentos escalonados que llevarán el boleto mínimo de $494,83 a $700 en apenas un mes. La medida impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por AMBA.

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★ La Secretaría de Transporte formalizó un nuevo ajuste tarifario que golpeará el bolsillo de millones de usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A partir del 17 de febrero, el boleto mínimo de colectivo subirá 31% y pasará de los actuales $494,83 a $650. Pero el incremento no termina ahí: apenas un mes después, el 16 de marzo, se aplicará un nuevo aumento del 10% que llevará el valor mínimo a $700 pesos.

El esquema de aumentos escalonados representa un incremento acumulado del 41,4% en apenas cuatro semanas, en un contexto donde los salarios no acompañan la escalada inflacionaria y el poder adquisitivo de los sectores populares continúa deteriorándose.

La excusa oficial: equiparación con CABA

En un comunicado, la cartera de Transporte justificó la medida argumentando que responde a «la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa». Desde el Gobierno sostienen que la nueva suba tiene como objetivo equiparar los costos con los servicios que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los colectivos que circulan únicamente en CABA aumentaron un 4,8% desde el 1 de febrero y el boleto mínimo pasó a costar $637,43. El mismo aumento tuvieron las líneas que recorren la Provincia de Buenos Aires, con un boleto mínimo de $721,08. Sin embargo, la explicación oficial no aclara por qué la equiparación requiere dos aumentos sucesivos en lugar de un único ajuste.

Por su parte, el subte pasó de $1.259 a $1.336 y el Premetro de $440 a $467. En todos los casos los montos corresponden al pago con SUBE registrada, lo que implica que quienes viajan sin tarjeta o con SUBE sin registrar enfrentan valores aún más elevados.

Tarifa Social: el descuento que no alcanza

El Gobierno mantuvo vigente la Tarifa Social, con un descuento del 55% para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, este beneficio resulta insuficiente frente a la magnitud del incremento: incluso con descuento, el boleto mínimo para estos sectores pasará de $222,67 a $315 en marzo, un salto del 41,4% que impacta directamente en quienes dependen de ingresos fijos o asistenciales.

Para una familia tipo que realice cuatro viajes diarios en colectivo (dos personas, ida y vuelta), el gasto mensual pasará de aproximadamente $11.876 a $16.800, un incremento de casi $5.000 mensuales que se suma a los aumentos en alimentos, servicios y alquileres.

Las 104 líneas alcanzadas por el tarifazo

La medida alcanza a un total de 104 líneas que transitan por más de una jurisdicción. Los colectivos afectados son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Estas líneas son utilizadas diariamente por millones de trabajadores, estudiantes y usuarios que se movilizan entre distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. El impacto no es menor: el transporte público representa uno de los principales gastos fijos para los sectores de menores ingresos.

Participación ciudadana sin poder de decisión

Como paso previo al aumento, la Secretaría de Transporte convocó a la Instancia de Participación Ciudadana, una consulta pública que está prevista en la ley pero que no tiene resoluciones vinculantes. Es decir, se trata de un mecanismo formal que cumple con el requisito legal pero que carece de poder efectivo para frenar o modificar las decisiones tarifarias del Ejecutivo.

Esta figura de participación, heredada de gestiones anteriores, ha sido cuestionada sistemáticamente por organizaciones sociales y de usuarios, que la consideran una pantalla de legitimidad sin capacidad real de injerencia en las políticas públicas.

El transporte público, entre subsidios y tarifazos

El anuncio del doble aumento se produce apenas semanas después de que el Gobierno aprobara una actualización de la matriz de costos y compensaciones tarifarias para las empresas del sector mediante la Resolución 86/2025. Esa medida incrementó los subsidios estatales a las compañías para contemplar aumentos salariales, combustibles e insumos.

Sin embargo, el costo de ese ajuste no lo absorbe el Estado ni las empresas: lo pagan los usuarios. La lógica es conocida: el Gobierno transfiere recursos a las cámaras empresarias para sostener la operación y garantizar rentabilidad, mientras traslada el costo al bolsillo de los trabajadores a través de aumentos tarifarios progresivos.

El sistema de transporte público en el AMBA funciona bajo un esquema híbrido donde coexisten subsidios estatales con tarifas a cargo de los usuarios. Pero la distribución de esa carga no es equitativa: mientras las empresas reciben compensaciones ajustadas periódicamente, los salarios de los trabajadores se licuan y el costo del boleto se dispara.

Puntos clave:

, El boleto mínimo de colectivo subirá 31% el 17 de febrero (de $494,83 a $650) y 10% más el 16 de marzo (llegando a $700).
, El aumento acumulado en un mes será del 41,4%, impactando en 104 líneas de jurisdicción nacional en AMBA.
, La Tarifa Social con 55% de descuento se mantiene, pero el boleto subsidiado pasará de $222,67 a $315.
, El Gobierno justificó la medida como equiparación con las tarifas de CABA, que aumentaron 4,8% en febrero.
, La Instancia de Participación Ciudadana convocada no tiene carácter vinculante y no puede frenar el tarifazo. ★

Economía 💲

AySA no podrá cortar el agua de un hogar sin 60 días de restricción previa

El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA: antes de cortar el servicio por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos, y no podrá hacerlo con beneficiarios de Tarifa Social, hospitales ni cárceles. La norma llega antes de que los nuevos dueños tomen el control.

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Cortes de agua: el nuevo reglamento llega antes de la privatización plena y deja afuera el régimen de mora.

AySA ya no podrá cortarle el agua a un hogar por una deuda sin antes reducirle el caudal durante al menos 60 días corridos. Es la principal novedad del nuevo reglamento que fija las reglas del vínculo entre la empresa y sus usuarios, justo cuando la compañía se encamina a manos privadas.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Reglamento del Usuario de los servicios de agua potable y desagües cloacales que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma rige desde el día siguiente a su publicación y detalla en qué casos la concesionaria puede restringir o cortar el suministro.

Qué cambia antes de un corte por deuda

Para los usuarios residenciales, la empresa deberá aplicar primero una restricción temporal del servicio, con un caudal limitado por unidad funcional, durante un mínimo de 60 días corridos. Recién cumplido ese plazo, y si la deuda sigue impaga, AySA podrá mantener la restricción o avanzar con el corte, siempre que el usuario no tenga Tarifa Social ni un plan de pagos vigente.

Toda restricción o corte debe estar precedido por una intimación fehaciente, que puede enviarse por medios electrónicos y debe informar al usuario sobre la existencia de la Tarifa Social. Si la notificación es digital, no puede cobrarse cargo alguno por el aviso de corte.

El marco regulatorio vigente (Ley 26.221 y sus modificatorias, con texto ordenado por el Decreto 805/2025) fija que el corte procede con una mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura, y exige una intimación de pago con al menos siete días hábiles de anticipación.

Quiénes quedan protegidos

El reglamento prohíbe restringir o cortar el servicio a los beneficiarios de la Tarifa Social y a los usuarios sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles. Tampoco se puede avanzar mientras exista un plan de pagos vigente o una orden expresa del ERAS en sentido contrario.

Para las cloacas la regla es más estricta: AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS, que deberá pronunciarse antes. Si se comprueba que una restricción o un corte fue improcedente, la empresa tendrá 48 horas para restablecer el servicio y deberá pagarle al usuario el 3% de la última factura por cada día de atraso.

Otras causales de corte

Según detalló la prensa local, el texto no se limita a la mora. También habilita medidas previa intimación ante fallas en las instalaciones sanitarias internas que perjudiquen a terceros, anomalías en las redes causadas por obras sin factibilidad técnica o manipulación de la red, y vertidos de efluentes industriales fuera de norma. En los casos de cianuro o reincidencia, el corte es directo.

Reclamos, plazos y atención presencial

El reglamento fija plazos máximos de respuesta: 24 horas ante riesgo inminente para las personas, 48 horas para reconectar tras un pago, 10 días hábiles para los pedidos de reconexión y 30 días para los reclamos generales. Si la empresa no responde a tiempo o la respuesta no conforma al usuario, este puede recurrir al ERAS, y toda contestación debe ser fundada y mencionar ese derecho.

Mientras se resuelve un reclamo por una factura, el servicio continúa si el usuario pagó la última que no impugnó, y no pueden aplicarse intereses ni recargos por la demora en responder. Las facturas deben enviarse al menos 10 días antes del vencimiento e incluir la línea gratuita del ERAS, y la Oficina Virtual debe conservar las copias de los últimos 12 meses.

En materia de atención presencial, AySA deberá mantener su oficina central y, en cada una de las cinco regiones (Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad de Buenos Aires), una oficina fija y una unidad móvil diaria, con cronograma publicado con un mes de anticipación.

Lo que quedó afuera y el contexto de la privatización

El ERAS dejó fuera del reglamento el régimen de mora, la prescripción y la ejecución fiscal de deudas, que considera materias del marco regulatorio o del contrato de concesión. La facturación durante cortes prolongados quedó pendiente de una norma específica, que según el organismo incluiría descuentos para los usuarios afectados.

El proyecto había sido presentado por AySA ante el ERAS en enero de 2026. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició de oficio un trámite el 18 de marzo para analizarlo y recomendó a la empresa y al directorio del ERAS adoptar medidas que garanticen el acceso universal al agua potable y a las cloacas.

El reglamento llega en medio de la venta del 90% de AySA. El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1818/2026, adjudicó ese paquete por 340,2 millones de dólares a un consorcio integrado por Rowing, Arcos, PHX Aqua y Transclor, y fijó el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato de compraventa; el 10% restante queda en manos de los trabajadores. Según trascendió, el cierre de la operación se postergó hasta el 17 de diciembre, de modo que los nuevos dueños todavía no asumieron el control de la compañía.

Lo que tenés que saber

  • El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA mediante la Resolución 46/2026, publicada el 20 de noviembre en el Boletín Oficial.
  • Antes de cortar el agua a un hogar por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos y enviar una intimación fehaciente.
  • No se puede restringir ni cortar a beneficiarios de Tarifa Social, hospitales, sanatorios y cárceles, ni con un plan de pagos vigente.
  • Si un corte resulta improcedente, AySA tiene 48 horas para reponer el servicio y debe pagar el 3% de la última factura por cada día de atraso.
  • Las cloacas de usuarios residenciales no pueden cortarse sin intervención previa del ERAS.
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