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El Gobierno oficializó aumentos en luz y gas y cambió la lectura de medidores

Se mantiene la segmentación por niveles de ingresos.

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El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo ajuste en las tarifas de electricidad y gas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través de las resoluciones 744 y 745 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas en el Boletín Oficial, se aprobaron los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD) que remunera a las distribuidoras Edenor y Edesur.

El incremento fue del 3,6% para Edenor y del 3,53% para Edesur, respecto de los valores de octubre. Los ajustes forman parte de un esquema tarifario definido por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025-abril 2026, que incluye los componentes Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y Precio Estacional de Transporte (PET).

En paralelo, el Ejecutivo ratificó la continuidad del sistema de segmentación por ingresos implementado en 2022. Se mantienen los tres niveles residenciales:

  • Nivel 1: sin subsidio, para los sectores de mayores ingresos.
  • Nivel 2: con subsidio pleno, para los hogares de menores ingresos.
  • Nivel 3: con subsidio parcial, destinado a los sectores medios.

Según el texto oficial, el Gobierno consideró “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”, en el marco de la emergencia energética declarada en 2023.

Lectura mensual de medidores en Edenor y Edesur

El ENRE también dispuso, mediante la Resolución 730/2025, la autorización para que las distribuidoras Edenor y Edesur implementen un nuevo sistema de lectura y facturación mensual para los usuarios de la categoría Tarifa 1 – Pequeñas Demandas, que abarca a hogares y pequeños comercios.

Hasta ahora, la medición se realizaba de forma bimestral. Con el nuevo esquema, cada usuario recibirá una factura mensual basada en el consumo real de ese período. Según informaron las empresas, la medida busca reducir el desfase entre consumo y facturación y facilitar el control del gasto energético por parte de los usuarios.

El ENRE estableció que la transición al nuevo sistema deberá comenzar dentro de los 30 días corridos y prevé un período de adaptación progresiva para todos los usuarios del segmento.

Suba en el precio del gas natural

En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publicó la Resolución 832/2025, que fija un recargo del 7,20% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico consumido.

El recargo será aplicable a todos los usuarios con servicio completo y se reflejará en la factura bajo la leyenda correspondiente. Según estimaciones oficiales, el impacto promedio en la factura será de alrededor de 40 pesos por usuario.

Contexto y perspectivas

El paquete de resoluciones se enmarca en la política de recomposición tarifaria impulsada por el Ejecutivo desde mediados de 2024, que busca reducir el peso de los subsidios energéticos en el gasto público. Según datos del Ministerio de Economía, el objetivo oficial es “avanzar hacia una estructura de costos que refleje los valores reales de producción y distribución de energía”.

No obstante, las asociaciones de consumidores advirtieron que las subas sostenidas pueden impactar en los sectores medios y bajos, especialmente durante los meses de mayor demanda eléctrica.

Economía 💲

Milei le da carta blanca a Caputo para tocar las facturas del gas

La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita al Palacio de Hacienda a aumentar o disminuir ese cargo hasta en un 50% sin necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo.

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El Argentino Diario-Toto Caputo-Javier Milei.

Milei delega en Caputo el poder de subir las facturas de gas

★ Javier Milei firmó el Decreto 266/2026 y delegó en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo la facultad de modificar discrecionalmente el recargo que financia los subsidios al gas en zonas frías. La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita al Palacio de Hacienda a aumentar o disminuir ese cargo hasta en un 50% sin necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo, lo que en la práctica significa que el techo actual del 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) podría escalar hasta el 11,25%.

Un fondo que financia el gas en las zonas más frías del país

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565, se nutre de un recargo aplicado sobre cada metro cúbico de gas consumido en todo el territorio nacional, cualquiera sea el uso final. Con esos recursos se financian las tarifas diferenciales del régimen de Zona Fría, que beneficia a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y Malargüe, donde el consumo energético es estructuralmente más elevado por las condiciones climáticas. La normativa vigente garantiza la existencia de este esquema hasta el 31 de diciembre de 2031.

Hasta la publicación del Decreto 266/2026, la facultad de tocar ese recargo residía formalmente en el Presidente de la Nación. Con la firma de Milei, esa potestad pasó al Ministerio de Economía, que ahora podrá operar los ajustes «con las modalidades que considere pertinentes», según el texto oficial.

La justificación oficial y lo que no dice

El decreto argumenta que la delegación responde a la necesidad de una «mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas» y que el ejercicio de esa facultad por parte de Economía «resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno».

En paralelo, fuentes oficiales reconocieron que el fondo es actualmente deficitario: con el tope del 7,5%, los ingresos no alcanzan para cubrir la demanda del régimen de Zona Fría. «Está la facultad de aumentar el recargo, pero todavía no es claro cuándo se va a aplicar. No quiere decir que el mes que viene se aplique un aumento, pero está la facultad de hacerlo», admitió la misma fuente.

Lo que el Gobierno no dice es que el recargo lo pagan todos los usuarios del país, no solo los beneficiarios de Zona Fría. Cualquier suba impactará en las facturas de millones de hogares en todo el territorio nacional, en un contexto en que el poder adquisitivo ya acumula meses de deterioro y la inflación del primer trimestre de 2026 rondó el 9%, según proyecciones privadas.

Una curiosa excepción en la política de fondos fiduciarios

El dato no es menor: según fuentes oficiales, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a no disolver en 2026 durante la primera revisión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras la administración Milei liquidó decenas de fondos fiduciarios como parte del ajuste fiscal, este sobrevivió por el peso del lobby de las provincias patagónicas y la sensibilidad política que implica tocar el calefón en el invierno del sur.

La paradoja es elocuente: un gobierno que se presenta como el mayor enemigo del Estado interventor mantiene uno de los subsidios energéticos más concretos del sistema tarifario argentino, aunque ahora con la llave en manos de Caputo para ajustar el costo que paga el conjunto de los usuarios.

La recaudación y el control de los fondos quedan bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico en el ámbito del propio Ministerio de Economía.

Puntos clave:

  • El Decreto 266/2026, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, delega en el Ministerio de Economía la facultad de modificar el recargo del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
  • El recargo actual es de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el PIST; con la nueva norma, podría llegar al 11,25%.
  • El fondo es deficitario, según reconocieron fuentes oficiales: los ingresos actuales no cubren la demanda del régimen de Zona Fría.
  • El impacto de cualquier suba recaería sobre todos los usuarios del país, no solo los de zonas frías.
  • Este es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a preservar ante el FMI en 2026.
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