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Desregulación

¿Techint contra el libre mercado? Rocca reclama protección del Estado tras perder licitación

El grupo de Paolo Rocca evalúa denunciar por dumping la compra de tubos indios para Vaca Muerta. La misma empresa que durante décadas fustigó las políticas industriales peronistas ahora pide que el Estado intervenga ante su derrota comercial frente a competidores asiáticos.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Grupo Techint analiza presentar una denuncia por presunto dumping contra la empresa india Welspun, luego de que Southern Energy (SESA) adjudicara a la firma asiática la provisión de tubos para el gasoducto de exportación de gas desde Vaca Muerta. La paradoja es notable: el conglomerado que históricamente criticó toda intervención estatal en la economía ahora reclama protección gubernamental tras perder una licitación en condiciones de mercado abierto.

La presentación formal estaría a cargo de TenarisSiat, que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina con 420 empleados directos. Desde la empresa argumentan que «por cada trabajador directo se generan otros cuatro empleos en la cadena de valor», elevando el impacto a unas 1.200 personas. Sin embargo, no mencionan que la planta utiliza chapa importada de Brasil, lo que relativiza el argumento sobre «producción nacional».

El argumento del empleo vs. la historia de Techint

Paolo Rocca viene advirtiendo sobre la competencia «predatoria y desleal» de la industria siderúrgica china. Su última intervención pública fue en el encuentro Propymes del grupo, donde expuso el tema sentado junto a la senadora Patricia Bullrich, figura clave del gobierno libertario que ahora lo deja librado a su suerte.

«El debate de fondo es qué país queremos ser», declararon desde Techint. «Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía», agregaron. Curiosa preocupación para un grupo empresario que durante las gestiones kirchneristas, cuando efectivamente se implementaron políticas de protección industrial y fomento del valor agregado, dedicó recursos y lobby a cuestionar sistemáticamente esas medidas.

El grupo de Rocca se opuso enfáticamente a las retenciones, criticó la Ley de Abastecimiento, cuestionó los controles de importación y fustigó cada intento de regulación estatal sobre la actividad industrial. Ahora, enfrentado a las reglas del mercado sin intervención que tanto defendió, descubre que la competencia global puede resultar menos amigable que un Estado que proteja la industria local.

Una licitación que dejó a Techint muy lejos

El 23 de diciembre, SESA firmó contrato con Welspun por US$203 millones para proveer tubos de 36 pulgadas destinados a cubrir 480 kilómetros del gasoducto. Según fuentes de la compañía consultadas por este medio, Tenaris presentó una oferta inicial de unos US$296 millones, un 45% superior. Desde el Grupo Techint rechazan esa diferencia y sostienen que su propuesta «era competitiva con el precio internacional en condiciones de competencia leal», sin especificar montos concretos.

La licitación contó con más de diez oferentes de India, China, España, Colombia, Japón, México, Grecia y Argentina. Incluso una propuesta china, un 15% más cara que la de Welspun, quedó fuera del proceso. Todos los participantes, incluida Tenaris, fueron habilitados por el directorio de SESA para mejorar sus ofertas. La nueva presentación de Techint se habría reducido a US$280 millones, todavía cerca de 40% superior a la oferta ganadora.

Desde SESA explicaron que Welspun «presentó la oferta más competitiva entre las que aprobaron técnicamente el proceso», además de ofrecer mayor flexibilidad en condiciones de pago y garantías. También destacaron la escala global de la empresa india, con presencia en 50 países y más de 30.000 empleados.

El intercambio epistolar del fracaso comercial

La disputa quedó reflejada en una serie de cartas. Con los contratos firmados, Tenaris envió una nota el 29 de diciembre informando que el día 24 había presentado una nueva oferta cercana a US$250 millones, «con la intención de que un proyecto de esta envergadura sea realizado en el país». La carta, firmada por Andrea Previtali, presidente de Tenaris para el Cono Sur, recordó como antecedente la fabricación del oleoducto VMOS.

Al día siguiente, SESA respondió que el proyecto requiere «condiciones competitivas y eficientes» para asegurar su viabilidad. Además, aclaró que la última oferta de Tenaris había sido presentada fuera de plazo, ya que la licitación fue adjudicada el 23 de diciembre. «Aun con la mejora realizada, la propuesta no resultó la más competitiva», sostuvo el presidente de SESA, Rodolfo Freyre.

El 6 de enero, 15 días después de firmados los contratos, Tenaris volvió a escribir comprometiéndose a «igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa, para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular». SESA respondió que el proceso ya estaba concluido, aunque invitó a Tenaris a participar en futuras etapas.

El respaldo gubernamental… para la competencia

Durante la jornada del lunes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la compra de tubos indios en desmedro de Techint. El mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei en redes sociales, cerrando el círculo de la ironía: el gobierno al que Rocca respaldó desde el llano ahora lo excluye en nombre del libre mercado que tanto predicó.

«Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (y todos los argentinos), se financia el trabajo en la India y China», protestaron desde Techint, en referencia a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que amparan el proyecto. «Por el contrario, las empresas argentinas aún trabajan en un entorno poco competitivo con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales que penalizan la agregación de valor», agregaron.

La queja resulta notable: durante años, Techint objetó que el Estado interviniera para equilibrar esas asimetrías mediante políticas activas de protección industrial. Ahora reclama exactamente eso.

El antecedente reciente que complica el relato

En noviembre de 2024, Tenaris fue adjudicataria por YPF de la provisión de tubos de 30 pulgadas para el oleoducto de 437 kilómetros que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada. La empresa presentó una oferta de US$180 millones, avalada por el consorcio VMOS integrado por PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol. Ese proyecto también está bajo RIGI.

La pregunta que emerge es evidente: si Techint pudo ser competitiva en noviembre, ¿qué cambió en diciembre? ¿O simplemente la oferta de Welspun resultó sustancialmente mejor y el mercado funcionó como se supone que debe funcionar según la doctrina que el propio Rocca defendió durante décadas?

SESA está integrada por Pan American Energy (30%) de la familia Bulgheroni, YPF (25%), Pampa Energía (20%) de Marcelo Mindlin, la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%). Todas empresas con interés en maximizar rentabilidad y minimizar costos, en la lógica del mercado sin intervención que Milei defiende y que Techint respaldó… hasta que le tocó perder.

Puntos clave

• Techint evalúa denunciar por dumping la compra de tubos indios para el gasoducto de Vaca Muerta tras perder la licitación por una diferencia de casi 40% en precio
• El grupo de Paolo Rocca, histórico crítico de las políticas industriales kirchneristas, ahora reclama intervención estatal para protegerlo de la competencia asiática
• El gobierno de Milei respaldó públicamente la decisión de SESA de comprar a Welspun, dejando a Techint sin apoyo oficial
• La empresa presentó tres ofertas sucesivas, todas significativamente más caras que la competencia india, incluso fuera de los plazos establecidos
• En noviembre 2024, Tenaris había ganado otra licitación bajo RIGI para el proyecto VMOS, lo que cuestiona su argumento sobre «competencia desleal»

Desregulación

La motosierra dejó 68.561 estatales en la calle y hoy llegó a la CNEA

En dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del CEPA. El dato se conoce horas después de que ATE ocupara la sede de la CNEA por la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

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ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

En dos años y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del INDEC. El dato se conoció horas después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupara la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en rechazo a la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

Según el informe titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, correspondiente a abril de 2026 y publicado el 31 de mayo por el CEPA en base a estadísticas oficiales del INDEC, la planta total de la Administración Pública Nacional (APN) y de las empresas y sociedades del Estado se redujo en 68.561 puestos entre diciembre de 2023 y abril de 2026; es decir, 75 personas despedidas o no renovadas por día desde que el actual Presidente asumió el cargo. La dotación total se ubicó, según el propio INDEC, en 274.793 personas.

El derrumbe, sector por sector

El recorte no impactó de manera pareja en toda la estructura estatal. En términos absolutos, la administración descentralizada (organismos con autonomía técnica, administrativa y financiera) concentró la mayor pérdida de puestos, con 23.511 empleos menos (caída del 17,19%). Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 22.237 bajas (20,17%), y la administración centralizada, que perdió 17.176 cargos (30,75%), el porcentaje más alto de toda la administración pública. La administración desconcentrada restó 3.914 puestos (15,70%) y los “otros entes” perdieron 1.722 (11,08%).

Correo Argentino, a la cabeza del ranking de despidos

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza el ranking con 5.449 despidos, según el CEPA, lo que compromete funciones como la distribución de documentos de identidad, medicamentos y materiales educativos en zonas donde no llegan los operadores privados. Le siguen el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en momentos en que el Gobierno avanza con su plan de privatización de la entidad, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 bajas. La Casa de Moneda perdió 715 puestos (una caída proporcional del 51% de su dotación), mientras que la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística sumaron 638 y 594 desvinculaciones respectivamente. En Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores, lo que el CEPA describe como un golpe directo a la capacidad del Estado de producir material militar.

El ajuste también golpeó a la ciencia y la fiscalización

Dentro de la Administración Pública Nacional, el organismo con más bajas nominales fue ARCA (ex AFIP), con 3.398 puestos eliminados, lo que el informe vincula con un debilitamiento de la capacidad de fiscalización y recaudación del Estado. El CONICET perdió 1.953 trabajadores entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, y el ANSES, 1.844 agentes. También sufrieron recortes significativos la Dirección Nacional de Vialidad (1.436 puestos), los Estados Mayores de la Armada (1.374), el Ejército (964) y la Fuerza Aérea (780), el ENACOM (881), el INTI (833) y el INTA (824).

La jornada de hoy: ATE ocupó la CNEA

El informe del CEPA se conoció horas después de que estallara un nuevo foco de conflicto en el sector científico y tecnológico estatal. Este martes, la CNEA notificó a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que no renovaría los contratos a plazo fijo que vencían el 30 de junio, lo que afectó, según la denuncia de los gremios, a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, varios de ellos con más de diez años de antigüedad en el organismo. La comunicación llevó la firma de Alejandro Lemos, gerente de Recursos Humanos de la CNEA.

En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió ocupar pacíficamente la sede central del organismo, en la avenida del Libertador, en reclamo por la reincorporación de los despedidos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la medida del Gobierno como un intento de “vaciar” la CNEA y desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta retención del presidente del organismo, Martín Porro, a quien describió como “atrincherado por decisión propia”. Los gremios advirtieron que los despidos afectan áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino, como el reactor multipropósito RA10 y el desarrollo del reactor CAREM.

Un Estado que se repliega

El informe del CEPA concluye que el proceso de ajuste no responde a una lógica de modernización administrativa, sino a una reducción cuantitativa y sostenida que, mes a mes, debilitó la capacidad operativa del Estado en áreas tan diversas como la ciencia, la fiscalización tributaria, la seguridad social, la producción de contenidos públicos y la conectividad territorial. El caso más extremo en términos proporcionales sigue siendo el de la ex Télam (hoy Agencia de Publicidad del Estado), con una caída del 78,8% de su personal, que la dejó en una situación de virtual extinción operativa.

Puntos clave

  • El Sector Público Nacional perdió 68.561 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y abril de 2026, una caída del 20%, según el CEPA.
  • El Correo Argentino lidera el ranking de despidos con 5.449 bajas, seguido por el Banco Nación (2.368) y Aerolíneas Argentinas (1.983).
  • ARCA, CONICET y ANSES encabezan los recortes dentro de la Administración Pública Nacional, con 3.398, 1.953 y 1.844 puestos eliminados respectivamente.
  • Este martes, ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
  • La ex Télam, hoy Agencia de Publicidad del Estado, registra el recorte proporcional más severo, con una caída del 78,8% de su personal.
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