Desregulación
¿Techint contra el libre mercado? Rocca reclama protección del Estado tras perder licitación
El grupo de Paolo Rocca evalúa denunciar por dumping la compra de tubos indios para Vaca Muerta. La misma empresa que durante décadas fustigó las políticas industriales peronistas ahora pide que el Estado intervenga ante su derrota comercial frente a competidores asiáticos.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Grupo Techint analiza presentar una denuncia por presunto dumping contra la empresa india Welspun, luego de que Southern Energy (SESA) adjudicara a la firma asiática la provisión de tubos para el gasoducto de exportación de gas desde Vaca Muerta. La paradoja es notable: el conglomerado que históricamente criticó toda intervención estatal en la economía ahora reclama protección gubernamental tras perder una licitación en condiciones de mercado abierto.
La presentación formal estaría a cargo de TenarisSiat, que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina con 420 empleados directos. Desde la empresa argumentan que «por cada trabajador directo se generan otros cuatro empleos en la cadena de valor», elevando el impacto a unas 1.200 personas. Sin embargo, no mencionan que la planta utiliza chapa importada de Brasil, lo que relativiza el argumento sobre «producción nacional».
El argumento del empleo vs. la historia de Techint
Paolo Rocca viene advirtiendo sobre la competencia «predatoria y desleal» de la industria siderúrgica china. Su última intervención pública fue en el encuentro Propymes del grupo, donde expuso el tema sentado junto a la senadora Patricia Bullrich, figura clave del gobierno libertario que ahora lo deja librado a su suerte.
«El debate de fondo es qué país queremos ser», declararon desde Techint. «Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía», agregaron. Curiosa preocupación para un grupo empresario que durante las gestiones kirchneristas, cuando efectivamente se implementaron políticas de protección industrial y fomento del valor agregado, dedicó recursos y lobby a cuestionar sistemáticamente esas medidas.
El grupo de Rocca se opuso enfáticamente a las retenciones, criticó la Ley de Abastecimiento, cuestionó los controles de importación y fustigó cada intento de regulación estatal sobre la actividad industrial. Ahora, enfrentado a las reglas del mercado sin intervención que tanto defendió, descubre que la competencia global puede resultar menos amigable que un Estado que proteja la industria local.
Una licitación que dejó a Techint muy lejos
El 23 de diciembre, SESA firmó contrato con Welspun por US$203 millones para proveer tubos de 36 pulgadas destinados a cubrir 480 kilómetros del gasoducto. Según fuentes de la compañía consultadas por este medio, Tenaris presentó una oferta inicial de unos US$296 millones, un 45% superior. Desde el Grupo Techint rechazan esa diferencia y sostienen que su propuesta «era competitiva con el precio internacional en condiciones de competencia leal», sin especificar montos concretos.
La licitación contó con más de diez oferentes de India, China, España, Colombia, Japón, México, Grecia y Argentina. Incluso una propuesta china, un 15% más cara que la de Welspun, quedó fuera del proceso. Todos los participantes, incluida Tenaris, fueron habilitados por el directorio de SESA para mejorar sus ofertas. La nueva presentación de Techint se habría reducido a US$280 millones, todavía cerca de 40% superior a la oferta ganadora.
Desde SESA explicaron que Welspun «presentó la oferta más competitiva entre las que aprobaron técnicamente el proceso», además de ofrecer mayor flexibilidad en condiciones de pago y garantías. También destacaron la escala global de la empresa india, con presencia en 50 países y más de 30.000 empleados.
El intercambio epistolar del fracaso comercial
La disputa quedó reflejada en una serie de cartas. Con los contratos firmados, Tenaris envió una nota el 29 de diciembre informando que el día 24 había presentado una nueva oferta cercana a US$250 millones, «con la intención de que un proyecto de esta envergadura sea realizado en el país». La carta, firmada por Andrea Previtali, presidente de Tenaris para el Cono Sur, recordó como antecedente la fabricación del oleoducto VMOS.
Al día siguiente, SESA respondió que el proyecto requiere «condiciones competitivas y eficientes» para asegurar su viabilidad. Además, aclaró que la última oferta de Tenaris había sido presentada fuera de plazo, ya que la licitación fue adjudicada el 23 de diciembre. «Aun con la mejora realizada, la propuesta no resultó la más competitiva», sostuvo el presidente de SESA, Rodolfo Freyre.
El 6 de enero, 15 días después de firmados los contratos, Tenaris volvió a escribir comprometiéndose a «igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa, para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular». SESA respondió que el proceso ya estaba concluido, aunque invitó a Tenaris a participar en futuras etapas.
El respaldo gubernamental… para la competencia
Durante la jornada del lunes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la compra de tubos indios en desmedro de Techint. El mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei en redes sociales, cerrando el círculo de la ironía: el gobierno al que Rocca respaldó desde el llano ahora lo excluye en nombre del libre mercado que tanto predicó.
«Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (y todos los argentinos), se financia el trabajo en la India y China», protestaron desde Techint, en referencia a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que amparan el proyecto. «Por el contrario, las empresas argentinas aún trabajan en un entorno poco competitivo con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales que penalizan la agregación de valor», agregaron.
La queja resulta notable: durante años, Techint objetó que el Estado interviniera para equilibrar esas asimetrías mediante políticas activas de protección industrial. Ahora reclama exactamente eso.
El antecedente reciente que complica el relato
En noviembre de 2024, Tenaris fue adjudicataria por YPF de la provisión de tubos de 30 pulgadas para el oleoducto de 437 kilómetros que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada. La empresa presentó una oferta de US$180 millones, avalada por el consorcio VMOS integrado por PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol. Ese proyecto también está bajo RIGI.
La pregunta que emerge es evidente: si Techint pudo ser competitiva en noviembre, ¿qué cambió en diciembre? ¿O simplemente la oferta de Welspun resultó sustancialmente mejor y el mercado funcionó como se supone que debe funcionar según la doctrina que el propio Rocca defendió durante décadas?
SESA está integrada por Pan American Energy (30%) de la familia Bulgheroni, YPF (25%), Pampa Energía (20%) de Marcelo Mindlin, la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%). Todas empresas con interés en maximizar rentabilidad y minimizar costos, en la lógica del mercado sin intervención que Milei defiende y que Techint respaldó… hasta que le tocó perder.
Puntos clave
• Techint evalúa denunciar por dumping la compra de tubos indios para el gasoducto de Vaca Muerta tras perder la licitación por una diferencia de casi 40% en precio
• El grupo de Paolo Rocca, histórico crítico de las políticas industriales kirchneristas, ahora reclama intervención estatal para protegerlo de la competencia asiática
• El gobierno de Milei respaldó públicamente la decisión de SESA de comprar a Welspun, dejando a Techint sin apoyo oficial
• La empresa presentó tres ofertas sucesivas, todas significativamente más caras que la competencia india, incluso fuera de los plazos establecidos
• En noviembre 2024, Tenaris había ganado otra licitación bajo RIGI para el proyecto VMOS, lo que cuestiona su argumento sobre «competencia desleal»
Desregulación
Escándalo en Cancillería: el millonario contrato «a medida» para la esposa de Sturzenegger
Una investigación periodística reveló correos del sistema GDE que prueban el direccionamiento de un contrato millonario para la esposa de Federico Sturzenegger.
Denuncian licitación dirigida a la esposa de Federico Sturzenegger en Cancillería
★ El sistema de contrataciones del Estado vuelve a quedar bajo la lupa tras la filtración de un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios del Palacio San Martín. La documentación, revelada por el programa Telenueve Denuncia, demostraría que la adjudicación de una licitación a la empresa de María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estuvo planificada con meses de antelación para garantizar que no existieran otros oferentes.
El correo que confirma la maniobra
La prueba central del direccionamiento radica en una comunicación interna del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). En dicho mensaje, el coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, le ordenó a su subordinada, Luciana Cagnolisu, avanzar con el proceso bajo términos ya acordados previamente. «Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año», dictó la instrucción de Méndez.
Este pedido administrativo es clave porque se emitió mucho antes de que el proceso se hiciera público en el portal COMPR.AR, el pasado 4 de diciembre de 2025. La frase confirmaría que los pliegos y requerimientos técnicos fueron diseñados específicamente para la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad dirigida por Rouillet, otorgándole una ventaja informativa insalvable para cualquier otro competidor.
Un contrato de privilegio en moneda extranjera
La contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad, un formato que limita la competencia y que, en este caso, permitió que la empresa de Rouillet fuera la única firma ofertante. El monto adjudicado asciende a $114.044.133, lo que representó aproximadamente 78.000 dólares al momento de la firma. El objeto del contrato es la prestación de cursos de inglés para el personal de la Cancillería Argentina por un periodo de nueve meses, con una cláusula que permite prorrogarlo por un tiempo idéntico.
Dada la relación conyugal entre la beneficiaria y el ministro Sturzenegger, el expediente debió activar los mecanismos de transparencia previstos en el Decreto 202/2017. Este marco legal exige la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para evaluar posibles conflictos de intereses. Sin embargo, la aparición de los correos internos sugiere que estos filtros de integridad fueron eludidos mediante una ingeniería administrativa previa.
Antecedentes y sospechas de corrupción
Este hecho se suma a una serie de críticas contra la gestión actual respecto al uso de los recursos públicos y la ética en la función pública. El diseño de pliegos «a medida» constituye una irregularidad grave que desvirtúa el principio de igualdad ante la ley en las contrataciones estatales. Fuentes de la Cancillería que pidieron reserva de identidad indicaron que la celeridad y el carácter imperativo de las órdenes de Méndez generaron incomodidad en los cuadros técnicos del área de Compras, quienes advirtieron que la transparencia del proceso estaba comprometida desde su génesis.
Puntos clave:
- Correos internos del sistema GDE revelan que la licitación se preparó a inicios de año, meses antes de su publicación oficial.
- La beneficiaria es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.
- El monto del contrato supera los 114 millones de pesos por clases de inglés para diplomáticos.
- Se utilizó la figura de «Adjudicación Simple», lo que facilitó que hubiera un único oferente.
- La Oficina Anticorrupción y la SIGEN intervinieron por el Decreto 202/2017, pero no detectaron el direccionamiento previo.
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