Desregulación
¿Techint contra el libre mercado? Rocca reclama protección del Estado tras perder licitación
El grupo de Paolo Rocca evalúa denunciar por dumping la compra de tubos indios para Vaca Muerta. La misma empresa que durante décadas fustigó las políticas industriales peronistas ahora pide que el Estado intervenga ante su derrota comercial frente a competidores asiáticos.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Grupo Techint analiza presentar una denuncia por presunto dumping contra la empresa india Welspun, luego de que Southern Energy (SESA) adjudicara a la firma asiática la provisión de tubos para el gasoducto de exportación de gas desde Vaca Muerta. La paradoja es notable: el conglomerado que históricamente criticó toda intervención estatal en la economía ahora reclama protección gubernamental tras perder una licitación en condiciones de mercado abierto.
La presentación formal estaría a cargo de TenarisSiat, que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina con 420 empleados directos. Desde la empresa argumentan que «por cada trabajador directo se generan otros cuatro empleos en la cadena de valor», elevando el impacto a unas 1.200 personas. Sin embargo, no mencionan que la planta utiliza chapa importada de Brasil, lo que relativiza el argumento sobre «producción nacional».
El argumento del empleo vs. la historia de Techint
Paolo Rocca viene advirtiendo sobre la competencia «predatoria y desleal» de la industria siderúrgica china. Su última intervención pública fue en el encuentro Propymes del grupo, donde expuso el tema sentado junto a la senadora Patricia Bullrich, figura clave del gobierno libertario que ahora lo deja librado a su suerte.
«El debate de fondo es qué país queremos ser», declararon desde Techint. «Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía», agregaron. Curiosa preocupación para un grupo empresario que durante las gestiones kirchneristas, cuando efectivamente se implementaron políticas de protección industrial y fomento del valor agregado, dedicó recursos y lobby a cuestionar sistemáticamente esas medidas.
El grupo de Rocca se opuso enfáticamente a las retenciones, criticó la Ley de Abastecimiento, cuestionó los controles de importación y fustigó cada intento de regulación estatal sobre la actividad industrial. Ahora, enfrentado a las reglas del mercado sin intervención que tanto defendió, descubre que la competencia global puede resultar menos amigable que un Estado que proteja la industria local.
Una licitación que dejó a Techint muy lejos
El 23 de diciembre, SESA firmó contrato con Welspun por US$203 millones para proveer tubos de 36 pulgadas destinados a cubrir 480 kilómetros del gasoducto. Según fuentes de la compañía consultadas por este medio, Tenaris presentó una oferta inicial de unos US$296 millones, un 45% superior. Desde el Grupo Techint rechazan esa diferencia y sostienen que su propuesta «era competitiva con el precio internacional en condiciones de competencia leal», sin especificar montos concretos.
La licitación contó con más de diez oferentes de India, China, España, Colombia, Japón, México, Grecia y Argentina. Incluso una propuesta china, un 15% más cara que la de Welspun, quedó fuera del proceso. Todos los participantes, incluida Tenaris, fueron habilitados por el directorio de SESA para mejorar sus ofertas. La nueva presentación de Techint se habría reducido a US$280 millones, todavía cerca de 40% superior a la oferta ganadora.
Desde SESA explicaron que Welspun «presentó la oferta más competitiva entre las que aprobaron técnicamente el proceso», además de ofrecer mayor flexibilidad en condiciones de pago y garantías. También destacaron la escala global de la empresa india, con presencia en 50 países y más de 30.000 empleados.
El intercambio epistolar del fracaso comercial
La disputa quedó reflejada en una serie de cartas. Con los contratos firmados, Tenaris envió una nota el 29 de diciembre informando que el día 24 había presentado una nueva oferta cercana a US$250 millones, «con la intención de que un proyecto de esta envergadura sea realizado en el país». La carta, firmada por Andrea Previtali, presidente de Tenaris para el Cono Sur, recordó como antecedente la fabricación del oleoducto VMOS.
Al día siguiente, SESA respondió que el proyecto requiere «condiciones competitivas y eficientes» para asegurar su viabilidad. Además, aclaró que la última oferta de Tenaris había sido presentada fuera de plazo, ya que la licitación fue adjudicada el 23 de diciembre. «Aun con la mejora realizada, la propuesta no resultó la más competitiva», sostuvo el presidente de SESA, Rodolfo Freyre.
El 6 de enero, 15 días después de firmados los contratos, Tenaris volvió a escribir comprometiéndose a «igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa, para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular». SESA respondió que el proceso ya estaba concluido, aunque invitó a Tenaris a participar en futuras etapas.
El respaldo gubernamental… para la competencia
Durante la jornada del lunes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la compra de tubos indios en desmedro de Techint. El mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei en redes sociales, cerrando el círculo de la ironía: el gobierno al que Rocca respaldó desde el llano ahora lo excluye en nombre del libre mercado que tanto predicó.
«Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (y todos los argentinos), se financia el trabajo en la India y China», protestaron desde Techint, en referencia a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que amparan el proyecto. «Por el contrario, las empresas argentinas aún trabajan en un entorno poco competitivo con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales que penalizan la agregación de valor», agregaron.
La queja resulta notable: durante años, Techint objetó que el Estado interviniera para equilibrar esas asimetrías mediante políticas activas de protección industrial. Ahora reclama exactamente eso.
El antecedente reciente que complica el relato
En noviembre de 2024, Tenaris fue adjudicataria por YPF de la provisión de tubos de 30 pulgadas para el oleoducto de 437 kilómetros que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada. La empresa presentó una oferta de US$180 millones, avalada por el consorcio VMOS integrado por PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol. Ese proyecto también está bajo RIGI.
La pregunta que emerge es evidente: si Techint pudo ser competitiva en noviembre, ¿qué cambió en diciembre? ¿O simplemente la oferta de Welspun resultó sustancialmente mejor y el mercado funcionó como se supone que debe funcionar según la doctrina que el propio Rocca defendió durante décadas?
SESA está integrada por Pan American Energy (30%) de la familia Bulgheroni, YPF (25%), Pampa Energía (20%) de Marcelo Mindlin, la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%). Todas empresas con interés en maximizar rentabilidad y minimizar costos, en la lógica del mercado sin intervención que Milei defiende y que Techint respaldó… hasta que le tocó perder.
Puntos clave
• Techint evalúa denunciar por dumping la compra de tubos indios para el gasoducto de Vaca Muerta tras perder la licitación por una diferencia de casi 40% en precio
• El grupo de Paolo Rocca, histórico crítico de las políticas industriales kirchneristas, ahora reclama intervención estatal para protegerlo de la competencia asiática
• El gobierno de Milei respaldó públicamente la decisión de SESA de comprar a Welspun, dejando a Techint sin apoyo oficial
• La empresa presentó tres ofertas sucesivas, todas significativamente más caras que la competencia india, incluso fuera de los plazos establecidos
• En noviembre 2024, Tenaris había ganado otra licitación bajo RIGI para el proyecto VMOS, lo que cuestiona su argumento sobre «competencia desleal»
Desregulación
La “Hojarasca” de Sturzenegger: desregulación con ideología y eliminación de leyes que protegen derechos
Bajo el disfraz de modernización, el Gobierno ataca la soberanía informativa y farmacéutica. El proyecto mezcla normas anacrónicas con normas de contenido político para facilitar su aprobación en bloque. Qué es lo que pretende derogar el ministro de Desregulación.
★ El Gobierno de Javier Milei reingresó al Congreso el proyecto de ley denominado «Hojarasca», una iniciativa del ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone derogar decenas de normas vigentes bajo el argumento de que constituyen regulaciones “obsoletas o burocráticas”.
Lo que el oficialismo presenta como una «limpieza» del digesto legislativo esconde, en varios casos concretos, el desmantelamiento de marcos normativos que protegen derechos sociales, culturales y económicos.
El proyecto que perdió estado y vuelve a la carga
El texto ingresó por primera vez en 2024 pero nunca llegó a tratarse en comisión y perdió estado parlamentario. Ahora, en este segundo intento, el Ejecutivo lo relanza con la misma lógica ideológica de origen: reducir la intervención estatal en la economía y en la vida social bajo el principio de que «todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido».
La iniciativa propone derogar normas sancionadas entre 1864 y la actualidad, agrupadas en seis categorías: leyes que limitarían la libertad individual, leyes con trámites considerados inútiles, leyes superadas por normativa posterior, leyes obsoletas por cambios tecnológicos, leyes sobre organismos inexistentes y leyes que crean organismos con financiamiento público.
Una lógica ideológica, no técnica
El proyecto no es un ejercicio neutro de higiene legislativa. Es una declaración de principios del ala más dogmática del libertarismo. En sus propios fundamentos, el texto afirma que las regulaciones son producto de «corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX» y que el Estado debe regirse por «un principio de máxima libertad y no de máximo control».
Esa premisa no es técnica ni jurídica: es política. Y en función de esa premisa política, el Gobierno decide qué leyes merecen seguir en pie y cuáles no.
Lo que se llama «hojarasca» y no lo es
Entre las normas que el Ejecutivo rotula como «trámites inútiles» aparece la Ley N° 25.750 (2003), que establece que la propiedad de los medios de comunicación debe pertenecer a empresas nacionales y limita la participación del capital extranjero a un máximo del 30% del capital accionario. Derogar esa ley implica abrir la puerta a la extranjerización ilimitada del sistema de medios argentino, con consecuencias directas sobre la soberanía informativa y cultural del país.
También figura como «trámite inútil» la Ley N° 26.688 (2011), que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. En el contexto de un Gobierno que ya desmanteló el Fondo de Sustentabilidad y recortó partidas del CONICET y de laboratorios públicos como el Laboratorio Industrial Farmacéutico, eliminar esta ley tiene un significado preciso: despejar el terreno normativo para la privatización de la producción farmacéutica.
Otro caso es la Ley N° 26.227 (2007), que creó el Consejo Federal de la Juventud, presentada como una «ley sobre organismos con financiamiento público que deberían autofinanciarse». El argumento es revelador: si el Estado no debe financiar políticas de juventud, tampoco debe financiar salud, educación ni cultura.
Normas anacrónicas que nadie defiende, y otras que sí importan
El proyecto mezcla, deliberadamente, normas genuinamente anacrónicas con normas de alto contenido político. Nadie discute que la Ley N° 94 (1864), que inhabilita a la autoridad que ordene azotar a una persona, o la Ley N° 21.895 (1978), que autorizó las emisiones de televisión en color, ya no tienen vigencia práctica. Su derogación no genera ningún debate sustantivo.
Pero esas normas funcionan como cobertura de las otras: al mezclarlas en un mismo proyecto, el Gobierno busca que la aprobación del conjunto arrastre también las normas políticamente sensibles. Es una técnica legislativa conocida y cuestionada.
Tampoco resulta inocente la inclusión de la Ley N° 18.312 (1969) sobre papel de diario o la Ley N° 19.787 (1972) sobre difusión musical, enmarcadas como «leyes que afectan libertades». El Gobierno aprovecha normas del período de facto para construir un relato según el cual «el intervencionismo» tiene raíces autoritarias, omitiendo que la mayoría de las regulaciones sociales y económicas que busca desmantelar fueron producto de gobiernos democráticos y de conquistas populares.
El Congreso como obstáculo a sortear
El proyecto vuelve al Congreso en un contexto en que el oficialismo no tiene mayoría propia ni en Diputados ni en el Senado. En 2024, la iniciativa no logró ni siquiera dictamen de comisión. La estrategia del Ejecutivo parece ser instalar el debate para forzar posicionamientos en un año electoral, más que garantizar su aprobación en el corto plazo.
La oposición tendrá que decidir si acepta discutir el proyecto norma por norma, con el riesgo de quedar atrapada en un debate sobre si el «padrinazgo presidencial del séptimo hijo» (Ley N° 20.843) debe o no existir, o si plantea el rechazo global de una iniciativa que, bajo una apariencia de modernización, avanza sobre derechos y soberanía.
Puntos clave:
- El proyecto «Hojarasca» fue reingresado al Congreso tras perder estado parlamentario en 2024 sin ser tratado.
- Propone derogar normas sancionadas entre 1864 y la actualidad, agrupadas en seis categorías.
- Entre las leyes que busca eliminar figura la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley N° 25.750).
- También apunta contra la ley que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley N° 26.688).
- El proyecto mezcla normas anacrónicas con normas de contenido político para facilitar su aprobación en bloque.
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