Desregulación
¿Techint contra el libre mercado? Rocca reclama protección del Estado tras perder licitación
El grupo de Paolo Rocca evalúa denunciar por dumping la compra de tubos indios para Vaca Muerta. La misma empresa que durante décadas fustigó las políticas industriales peronistas ahora pide que el Estado intervenga ante su derrota comercial frente a competidores asiáticos.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Grupo Techint analiza presentar una denuncia por presunto dumping contra la empresa india Welspun, luego de que Southern Energy (SESA) adjudicara a la firma asiática la provisión de tubos para el gasoducto de exportación de gas desde Vaca Muerta. La paradoja es notable: el conglomerado que históricamente criticó toda intervención estatal en la economía ahora reclama protección gubernamental tras perder una licitación en condiciones de mercado abierto.
La presentación formal estaría a cargo de TenarisSiat, que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina con 420 empleados directos. Desde la empresa argumentan que «por cada trabajador directo se generan otros cuatro empleos en la cadena de valor», elevando el impacto a unas 1.200 personas. Sin embargo, no mencionan que la planta utiliza chapa importada de Brasil, lo que relativiza el argumento sobre «producción nacional».
El argumento del empleo vs. la historia de Techint
Paolo Rocca viene advirtiendo sobre la competencia «predatoria y desleal» de la industria siderúrgica china. Su última intervención pública fue en el encuentro Propymes del grupo, donde expuso el tema sentado junto a la senadora Patricia Bullrich, figura clave del gobierno libertario que ahora lo deja librado a su suerte.
«El debate de fondo es qué país queremos ser», declararon desde Techint. «Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía», agregaron. Curiosa preocupación para un grupo empresario que durante las gestiones kirchneristas, cuando efectivamente se implementaron políticas de protección industrial y fomento del valor agregado, dedicó recursos y lobby a cuestionar sistemáticamente esas medidas.
El grupo de Rocca se opuso enfáticamente a las retenciones, criticó la Ley de Abastecimiento, cuestionó los controles de importación y fustigó cada intento de regulación estatal sobre la actividad industrial. Ahora, enfrentado a las reglas del mercado sin intervención que tanto defendió, descubre que la competencia global puede resultar menos amigable que un Estado que proteja la industria local.
Una licitación que dejó a Techint muy lejos
El 23 de diciembre, SESA firmó contrato con Welspun por US$203 millones para proveer tubos de 36 pulgadas destinados a cubrir 480 kilómetros del gasoducto. Según fuentes de la compañía consultadas por este medio, Tenaris presentó una oferta inicial de unos US$296 millones, un 45% superior. Desde el Grupo Techint rechazan esa diferencia y sostienen que su propuesta «era competitiva con el precio internacional en condiciones de competencia leal», sin especificar montos concretos.
La licitación contó con más de diez oferentes de India, China, España, Colombia, Japón, México, Grecia y Argentina. Incluso una propuesta china, un 15% más cara que la de Welspun, quedó fuera del proceso. Todos los participantes, incluida Tenaris, fueron habilitados por el directorio de SESA para mejorar sus ofertas. La nueva presentación de Techint se habría reducido a US$280 millones, todavía cerca de 40% superior a la oferta ganadora.
Desde SESA explicaron que Welspun «presentó la oferta más competitiva entre las que aprobaron técnicamente el proceso», además de ofrecer mayor flexibilidad en condiciones de pago y garantías. También destacaron la escala global de la empresa india, con presencia en 50 países y más de 30.000 empleados.
El intercambio epistolar del fracaso comercial
La disputa quedó reflejada en una serie de cartas. Con los contratos firmados, Tenaris envió una nota el 29 de diciembre informando que el día 24 había presentado una nueva oferta cercana a US$250 millones, «con la intención de que un proyecto de esta envergadura sea realizado en el país». La carta, firmada por Andrea Previtali, presidente de Tenaris para el Cono Sur, recordó como antecedente la fabricación del oleoducto VMOS.
Al día siguiente, SESA respondió que el proyecto requiere «condiciones competitivas y eficientes» para asegurar su viabilidad. Además, aclaró que la última oferta de Tenaris había sido presentada fuera de plazo, ya que la licitación fue adjudicada el 23 de diciembre. «Aun con la mejora realizada, la propuesta no resultó la más competitiva», sostuvo el presidente de SESA, Rodolfo Freyre.
El 6 de enero, 15 días después de firmados los contratos, Tenaris volvió a escribir comprometiéndose a «igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa, para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular». SESA respondió que el proceso ya estaba concluido, aunque invitó a Tenaris a participar en futuras etapas.
El respaldo gubernamental… para la competencia
Durante la jornada del lunes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la compra de tubos indios en desmedro de Techint. El mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei en redes sociales, cerrando el círculo de la ironía: el gobierno al que Rocca respaldó desde el llano ahora lo excluye en nombre del libre mercado que tanto predicó.
«Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (y todos los argentinos), se financia el trabajo en la India y China», protestaron desde Techint, en referencia a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que amparan el proyecto. «Por el contrario, las empresas argentinas aún trabajan en un entorno poco competitivo con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales que penalizan la agregación de valor», agregaron.
La queja resulta notable: durante años, Techint objetó que el Estado interviniera para equilibrar esas asimetrías mediante políticas activas de protección industrial. Ahora reclama exactamente eso.
El antecedente reciente que complica el relato
En noviembre de 2024, Tenaris fue adjudicataria por YPF de la provisión de tubos de 30 pulgadas para el oleoducto de 437 kilómetros que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada. La empresa presentó una oferta de US$180 millones, avalada por el consorcio VMOS integrado por PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol. Ese proyecto también está bajo RIGI.
La pregunta que emerge es evidente: si Techint pudo ser competitiva en noviembre, ¿qué cambió en diciembre? ¿O simplemente la oferta de Welspun resultó sustancialmente mejor y el mercado funcionó como se supone que debe funcionar según la doctrina que el propio Rocca defendió durante décadas?
SESA está integrada por Pan American Energy (30%) de la familia Bulgheroni, YPF (25%), Pampa Energía (20%) de Marcelo Mindlin, la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%). Todas empresas con interés en maximizar rentabilidad y minimizar costos, en la lógica del mercado sin intervención que Milei defiende y que Techint respaldó… hasta que le tocó perder.
Puntos clave
• Techint evalúa denunciar por dumping la compra de tubos indios para el gasoducto de Vaca Muerta tras perder la licitación por una diferencia de casi 40% en precio
• El grupo de Paolo Rocca, histórico crítico de las políticas industriales kirchneristas, ahora reclama intervención estatal para protegerlo de la competencia asiática
• El gobierno de Milei respaldó públicamente la decisión de SESA de comprar a Welspun, dejando a Techint sin apoyo oficial
• La empresa presentó tres ofertas sucesivas, todas significativamente más caras que la competencia india, incluso fuera de los plazos establecidos
• En noviembre 2024, Tenaris había ganado otra licitación bajo RIGI para el proyecto VMOS, lo que cuestiona su argumento sobre «competencia desleal»
Desregulación
La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado
Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.
Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.
Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.
Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.
Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.
La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».
Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio
La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.
Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.
A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.
La producción en caída libre: 34% menos que en 2023
Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.
La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.
El reclamo: que se cumpla la ley
La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.
Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.
Puntos clave
- Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
- La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
- La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
- La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
- Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.
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