Si el Reino Unido está convencido de que perforar en la Cuenca Malvinas Norte se ajusta al derecho internacional, que lo defienda ante árbitros independientes. Ese fue el núcleo del mensaje que el Gobierno argentino le envió este jueves a Londres, en respuesta a las críticas británicas contra el procedimiento arbitral que la Argentina decidió iniciar para frenar la explotación de hidrocarburos en el área en disputa.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce el canciller Pablo Quirno cuestionó que el Reino Unido presentara el recurso argentino al arbitraje, previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como un intento de “socavar” derechos. “Nada más alejado de la realidad”, respondió el Palacio San Martín, y agregó que someter una disputa a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

Sea Lion, el yacimiento en el centro de la disputa

El pronunciamiento llegó después de que Londres objetara la decisión argentina de recurrir al arbitraje para intentar impedir el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum a unos 220 kilómetros al norte de las islas. El Gobierno había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a avanzar por esa vía.

El emprendimiento, con una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares, prevé comenzar a extraer petróleo en marzo de 2028. Las licencias otorgadas por las autoridades de las islas fueron renovadas el pasado 22 de septiembre por otros cinco años, en plena escalada diplomática entre ambos países.

Los argumentos del Palacio San Martín

En su respuesta, la Cancillería recordó que tanto la Argentina como el Reino Unido son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, ambos aceptaron los mecanismos que ese tratado establece para dirimir diferencias entre países. “El recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”, sostuvo el comunicado.

El texto también apuntó contra la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió las actividades hidrocarburíferas en el área. La Argentina replicó que, si el Reino Unido considera que esas operaciones respetan el derecho internacional, podrá defender su posición ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.

La Cancillería recordó además que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a ambos países a negociar una solución pacífica. Para el Gobierno, la exploración y explotación unilateral de recursos en el área en disputa constituye una modificación unilateral de la situación, algo que la Argentina objeta por canales diplomáticos.

El comunicado rechazó también el uso británico del principio de libre determinación de los pueblos para el caso de los habitantes de las islas, y señaló que las Naciones Unidas nunca aplicaron ese criterio a la cuestión Malvinas. “La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”, concluyó el Palacio San Martín, que aseguró que seguirá defendiendo sus derechos mediante “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional”.

Londres no mueve un centímetro

La posición británica no muestra fisuras. El 18 de septiembre, Kumaran calificó de “inaceptables” las medidas impulsadas desde Buenos Aires contra las empresas vinculadas a la actividad petrolera y afirmó que “las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”. Días después, el primer ministro Andy Burnham aseguró ante la Asamblea General de la ONU que el Reino Unido se mantendrá “firme” frente a las amenazas a las islas, a lo que Quirno respondió que el archipiélago está “ilegalmente ocupado”.

Tras el discurso de Milei en Nueva York, la representación británica ante Naciones Unidas difundió un comunicado en el que afirmó que el Reino Unido “no tiene ninguna duda” sobre su soberanía en las islas y sus espacios marítimos, y consideró legítimo el desarrollo de hidrocarburos en la zona.

Las contradicciones de la diplomacia libertaria

El reclamo es legítimo y atraviesa a todo el arco político argentino, pero la estrategia oficial arrastra contradicciones difíciles de disimular. Hace apenas una semana, en la Asamblea General, Javier Milei calificó a la ONU de “organización inútil” por no lograr que se respete su resolución histórica sobre Malvinas. Hoy su propia Cancillería se aferra a esa misma resolución y a una convención de Naciones Unidas como principal escudo jurídico frente a Londres.

El giro también contrasta con la trayectoria del propio mandatario, que durante la campaña de 2023 elogió públicamente a Margaret Thatcher y que hasta hace pocos meses sostenía un tono moderado sobre la cuestión. Incluso el vocero presidencial, Adrián Ravier, llegó a admitir en el programa Nada Personal, del canal de streaming de El Cronista, que el Gobierno había dado luz verde a una fase de estudio: “Lo que se habilitó, y esto lo he conversado con el Canciller, es a algunas empresas a investigar si hay petróleo en Malvinas”.

A eso se suma que uno de los dos socios de Sea Lion es una petrolera israelí, de un país al que Milei considera uno de sus aliados estratégicos centrales. Sectores de la oposición sostienen que el Presidente reavivó la disputa para reforzar su apoyo interno en un momento de desgaste de su gestión. La defensa de la soberanía exige una política de Estado sostenida en el tiempo, no un recurso de ocasión que cambia de tono según la conveniencia política del momento.

Lo que tenés que saber:

• La Cancillería rechazó las críticas británicas al arbitraje que la Argentina iniciará en el marco de la CONVEMAR por la explotación de hidrocarburos en Malvinas.
• El objetivo es frenar el proyecto Sea Lion, de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé extraer petróleo desde marzo de 2028.
• Las licencias del yacimiento fueron renovadas el 22 de septiembre por cinco años más.
• El Gobierno invocó la Resolución 2065 de la ONU una semana después de que Milei calificara al organismo de “organización inútil”.
• La Argentina reafirmó su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales por la soberanía de las islas.