El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue nuevamente escenario de una protesta que ya no admite lecturas aisladas. Este miércoles, investigadores y trabajadores del organismo se concentraron en la sede del Polo Científico Tecnológico con una demanda concreta, urgente y sin respuesta oficial: la extensión de las becas posdoctorales de 400 científicos cuya continuidad laboral cuelga de un hilo. La movilización contó con la adhesión de más de 100 institutos de investigación y universidades de todo el país, y con la presencia inédita de cinco integrantes del Directorio del CONICET, una señal inequívoca de que la crisis atraviesa a la propia conducción del organismo.

El reclamo: una partida de entre 2.000 y 3.000 millones que Santilli no autoriza

Los becarios exigen que sus contratos se extiendan hasta que se conozcan los resultados de la Convocatoria CICYT 2025 (Carrera del Investigador Científico y Tecnológico), un concurso público cuyo proceso de evaluación insume aproximadamente un año. Sin esa prórroga, 400 profesionales con casi ocho años de formación acumulada perderán sus ingresos y sus líneas de investigación quedarán interrumpidas de manera abrupta, con el daño que eso implica para proyectos científicos estratégicos construidos durante casi una década.

Para financiar esa extensión, el colectivo de becarios estima que se necesita una partida presupuestaria extraordinaria de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. La autorización depende, en última instancia, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli. Hasta ahora, esa autorización no llegó ni hay indicios de que vaya a llegar.

«No mueve el amperímetro»: la respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno nacional, la respuesta fue tan reveladora como el silencio que la precedió. Fuentes oficiales ratificaron la ausencia de fondos para atender el reclamo y, con una crudeza que difícilmente pueda leerse como un desliz, argumentaron que el conflicto «no mueve el amperímetro» de la agenda pública. En esa frase se condensa la lógica del ajuste libertario: si el costo político es tolerable, el recorte se sostiene. Los científicos, en esa ecuación, no pesan lo suficiente.

La decisión, tal como la describieron las fuentes consultadas, es profundizar el ajuste fiscal y mantener congeladas las partidas extraordinarias. No hay margen, no hay voluntad y, según la visión oficial, tampoco hay urgencia.

Una crisis que excede a las becas

La comunidad científica advierte que el problema es más vasto que la situación puntual de los 400 posdoctorales. Durante la jornada de este miércoles, el colectivo denunció también el deterioro sistemático de los salarios del sector, la insuficiencia del presupuesto operativo mínimo para el funcionamiento de los laboratorios, las demoras acumuladas en las altas de la Carrera del Investigador Científico (CIC) y la ausencia de cobertura médica regular en la obra social para los becarios.

A ese cuadro se suma el impacto del ajuste sobre otros entes estratégicos. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por ejemplo, también recibió recortes que los trabajadores califican de graves para la continuidad de sus actividades. La ciencia y la tecnología nucleares, un área de soberanía estratégica que Argentina construyó durante décadas, también está bajo la presión del ajuste libertario.

Una protesta que crece: 100 institutos y el propio Directorio

La envergadura de la adhesión de este miércoles marca un punto de inflexión respecto de movilizaciones anteriores. Más de 100 institutos de investigación y universidades de distintos puntos del país respaldaron la protesta, y la presencia de cinco miembros del Directorio del CONICET en la concentración amplificó el peso institucional del reclamo. Cuando los propios integrantes de la conducción del organismo se paran junto a los becarios en pie de lucha, la crisis deja de ser un conflicto gremial para convertirse en una señal de alarma sobre el estado del sistema científico nacional.

El CONICET, creado en 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi a instancias del Premio Nobel Bernardo Houssay, es hoy uno de los centros de investigación más importantes de América Latina. Desmantelarlo por decreto del ajuste fiscal equivale a hipotecar décadas de inversión pública y capacidad soberana en ciencia y tecnología.

Puntos clave

• Más de 100 institutos de investigación y universidades adhirieron a la protesta del miércoles en el Polo Científico Tecnológico.
• Cinco integrantes del Directorio del CONICET se sumaron a la concentración, un hecho inédito que refleja la gravedad institucional del conflicto.
• Los becarios reclaman la prórroga de sus contratos hasta que se publiquen los resultados de la Convocatoria CICYT 2025, un proceso que demanda aproximadamente un año.
• El Gobierno reconoció que no hay fondos y que el conflicto «no mueve el amperímetro», confirmando que el ajuste sobre la ciencia seguirá sin cambios.
• La partida presupuestaria necesaria, de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, debe ser autorizada por la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli.