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Milei destruye la ciencia: el Gobierno deja a 400 becarios en la calle y dice que eso “no mueve el amperímetro”

Una nueva jornada de protesta en el Polo Científico Tecnológico reunió este miércoles a investigadores, trabajadores y representantes del propio Directorio del CONICET para exigir la prórroga de las becas posdoctorales de 400 científicos. Desde el Gobierno nacional confirmaron que no habrá fondos y que el conflicto «no mueve el amperímetro» de la agenda: el ajuste sigue.

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Más de 100 institutos y el propio Directorio respaldan a los 400 becarios del CONICET que el Gobierno deja sin trabajo.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue nuevamente escenario de una protesta que ya no admite lecturas aisladas. Este miércoles, investigadores y trabajadores del organismo se concentraron en la sede del Polo Científico Tecnológico con una demanda concreta, urgente y sin respuesta oficial: la extensión de las becas posdoctorales de 400 científicos cuya continuidad laboral cuelga de un hilo. La movilización contó con la adhesión de más de 100 institutos de investigación y universidades de todo el país, y con la presencia inédita de cinco integrantes del Directorio del CONICET, una señal inequívoca de que la crisis atraviesa a la propia conducción del organismo.

El reclamo: una partida de entre 2.000 y 3.000 millones que Santilli no autoriza

Los becarios exigen que sus contratos se extiendan hasta que se conozcan los resultados de la Convocatoria CICYT 2025 (Carrera del Investigador Científico y Tecnológico), un concurso público cuyo proceso de evaluación insume aproximadamente un año. Sin esa prórroga, 400 profesionales con casi ocho años de formación acumulada perderán sus ingresos y sus líneas de investigación quedarán interrumpidas de manera abrupta, con el daño que eso implica para proyectos científicos estratégicos construidos durante casi una década.

Para financiar esa extensión, el colectivo de becarios estima que se necesita una partida presupuestaria extraordinaria de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. La autorización depende, en última instancia, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli. Hasta ahora, esa autorización no llegó ni hay indicios de que vaya a llegar.

«No mueve el amperímetro»: la respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno nacional, la respuesta fue tan reveladora como el silencio que la precedió. Fuentes oficiales ratificaron la ausencia de fondos para atender el reclamo y, con una crudeza que difícilmente pueda leerse como un desliz, argumentaron que el conflicto «no mueve el amperímetro» de la agenda pública. En esa frase se condensa la lógica del ajuste libertario: si el costo político es tolerable, el recorte se sostiene. Los científicos, en esa ecuación, no pesan lo suficiente.

La decisión, tal como la describieron las fuentes consultadas, es profundizar el ajuste fiscal y mantener congeladas las partidas extraordinarias. No hay margen, no hay voluntad y, según la visión oficial, tampoco hay urgencia.

Una crisis que excede a las becas

La comunidad científica advierte que el problema es más vasto que la situación puntual de los 400 posdoctorales. Durante la jornada de este miércoles, el colectivo denunció también el deterioro sistemático de los salarios del sector, la insuficiencia del presupuesto operativo mínimo para el funcionamiento de los laboratorios, las demoras acumuladas en las altas de la Carrera del Investigador Científico (CIC) y la ausencia de cobertura médica regular en la obra social para los becarios.

A ese cuadro se suma el impacto del ajuste sobre otros entes estratégicos. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por ejemplo, también recibió recortes que los trabajadores califican de graves para la continuidad de sus actividades. La ciencia y la tecnología nucleares, un área de soberanía estratégica que Argentina construyó durante décadas, también está bajo la presión del ajuste libertario.

Una protesta que crece: 100 institutos y el propio Directorio

La envergadura de la adhesión de este miércoles marca un punto de inflexión respecto de movilizaciones anteriores. Más de 100 institutos de investigación y universidades de distintos puntos del país respaldaron la protesta, y la presencia de cinco miembros del Directorio del CONICET en la concentración amplificó el peso institucional del reclamo. Cuando los propios integrantes de la conducción del organismo se paran junto a los becarios en pie de lucha, la crisis deja de ser un conflicto gremial para convertirse en una señal de alarma sobre el estado del sistema científico nacional.

El CONICET, creado en 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi a instancias del Premio Nobel Bernardo Houssay, es hoy uno de los centros de investigación más importantes de América Latina. Desmantelarlo por decreto del ajuste fiscal equivale a hipotecar décadas de inversión pública y capacidad soberana en ciencia y tecnología.

Puntos clave

  • Más de 100 institutos de investigación y universidades adhirieron a la protesta del miércoles en el Polo Científico Tecnológico.
  • Cinco integrantes del Directorio del CONICET se sumaron a la concentración, un hecho inédito que refleja la gravedad institucional del conflicto.
  • Los becarios reclaman la prórroga de sus contratos hasta que se publiquen los resultados de la Convocatoria CICYT 2025, un proceso que demanda aproximadamente un año.
  • El Gobierno reconoció que no hay fondos y que el conflicto «no mueve el amperímetro», confirmando que el ajuste sobre la ciencia seguirá sin cambios.
  • La partida presupuestaria necesaria, de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, debe ser autorizada por la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli.

Gremiales

El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno

La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.

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El Argentino Diario-Salario-Billetes.
El salario mínimo que no existe: sin acuerdo en el Consejo, el Gobierno vuelve a decidir solo cuánto ganan los que menos tienen.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.

La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000

Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.

El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.

Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.

Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»

La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.

«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»

Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»

Un organismo sin acuerdos hace más de dos años

La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.

El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.

Puntos clave

  • El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
  • La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
  • El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
  • Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
  • La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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