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Lanzan la Agencia Nacional de Cannabis

La primera Mesa de Trabajo de la Agencia Nacional de Cannabis, un organismo interministerial que impulsará políticas públicas basadas en la regulación del uso de cannabis medicinal e industrial.

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El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó este miércoles el lanzamiento de la primera Mesa de Trabajo de la Agencia Nacional de Cannabis, un organismo interministerial que impulsará políticas públicas basadas en la regulación del uso de cannabis medicinal e industrial.

Durante el acto, en el que también estuvieron presentes los Ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; y el titular de la agencia de Cannabis, Francisco Echarren, el Ministro Massa destacó el potencial que representa la nueva industria en el país.

En este sentido, la Agencia Nacional de Cannabis regulará la cadena de producción, comercialización nacional y explotación de la planta de cannabis, su semilla y sus productos derivados para uso medicinal. A su vez, desde la Agencia se extenderán licencias y habilitaciones, y será la encargada de impulsar esta nueva industria que aportará a la economía generando trabajo genuino.

“Poner en marcha a la Agencia significa iniciar una nueva industria en la Argentina. Una industria que tiene 25.000 aplicaciones distintas. Una industria que nos va a permitir agregar valor en la cosmética, en lo textil, en el petróleo, en una innumerable cantidad de sectores económicos en la Argentina y del mundo”, destacó Massa durante el anuncio.

Además, el titular de Economía hizo hincapié en que la Agencia “le abre la oportunidad a la Argentina de empezar a recorrer un nuevo camino en términos de industria exportadora a partir de una enorme demanda global”. “Ya tenemos en demandas desde proyectos y programas de industrialización hasta programas vinculados a lo agroindustrial en la secretaría de Agricultura. Todo eso hay que transformarlo en una industria que genere trabajo, exportaciones a la Argentina y que genere valor”, agregó.

Por su parte, Filmus, señaló que la Agencia “es una iniciativa que representa la lucha de muchas familias y que se da, también, gracias al trabajo de más de 400 investigadoras e investigadores del CONICET y de las universidades que investigan este tema. La red generó, en momentos difíciles en los que no estaba bien vista la temática, investigaciones muy importantes. Hoy hay más de 40 centros de investigación que se dedican específicamente al estudio del cannabis desde la biotecnología hasta diferentes áreas de la salud”.

En esta línea, destacó “la presencia del Estado tanto en el lanzamiento de la Agencia como en la empresa estatal que hemos creado entre el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital El Cruce, destinada a desarrollar tecnologías para ser transferidas a pequeños y medianos productores y empresas provinciales, para que no sean solo las grandes empresas las que puedan acceder a las tecnologías de producción». «Para eso está el Estado: para garantizar que el acceso a la salud sea para todas y todos y para generar trabajo, ahorrar divisas, sustituir importaciones y poder exportar con valor agregado”, agregó.

En tanto, Vizzotti, hizo hincapié en que el trabajo vinculado a la Agencia se trata de «una construcción colectiva, basada en evidencia científica, que sin duda va a favorecer el acceso, la equidad y la calidad de toda el área terapéutica en relación a la salud”. En ese sentido, Vizzotti enumeró algunos de los avances llevados a cabo, como la creación de la categoría de productos vegetales a base de cannabis para su uso y aplicación medicinal; el trabajo para favorecer el acceso al cannabis medicinal a través del programa REMEDIAR; la producción publica de cannabis medicinal; y los avances para la incorporación del cannabis al Código Alimentario Argentino.

Al referirse a la flamante agencia, Aníbal Fernández, sostuvo que “desde el Ministerio de Seguridad estamos haciendo algo positivo para apostar y sumar a una política pública que hace muchos años se viene negando, y estamos haciendo lo que tiene que hacer y que en este momento está poniendo las cosas en su lugar, ordenando cada uno de los pasos, incentivando para que los trabajadores sigan trabajando en consecuencia y con resultados positivos para un pueblo que lo reclama”.

De esta manera, la Agencia contendrá toda la cadena productiva del cáñamo y cannabis para uso medicinal e industrial, importación, exportación, cultivo, producción, industrial, fabricación y comercialización, y promoverá la investigación científica y la generación de conocimientos articulado con Universidades Nacionales, Organismos de ciencia y técnica, ONGs.

La Agencia tiene la misión de constituirse en motor del desarrollo nacional de la cadena productiva y añadir valor agregado, e implica la sustitución de importaciones de insumos y dar un marco normativo a las actividades productivas, que poseen gran potencial de generación de encadenamiento de alto valor agregado.

También, se apoyará y fomentará a emprendimientos, pymes y pequeños productores de un sector. Es destacable que actualmente existen 45 proyectos de desarrollo de cannabis en la Argentina que generarán 5.000 puestos de trabajo en el primer año de implementación y dinamizarán a las economías regionales.

Las políticas que impulsará la Agencia representan una ampliación del derecho a la salud, ya que potencia el desarrollo de los lineamientos de la Ley 27.350 de Uso Medicinal del Cannabis (2017).

La Agencia es un organismo descentralizado, bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, que articulará las acciones con todas las provincias de la Argentina. Desde la Agencia, se articulará el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando el sentido federal.

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Lanzan programa de refinanciación y alivio fiscal para micro PYMES

En ese marco, resolvieron poner en vigencia un amplio programa de alivio fiscal y un «plan de facilidades de pagos para cancelar obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril del corriente año».

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El Gobierno Nacional anunció hoy la implementación de un amplio plan de facilidades de pagos y de alivio fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que tengan obligaciones fiscales vencidas y con una menor tasa de financiamiento.

Esta es una de las medidas que fueron definidas durante la tarde de ayer, en el marco de la reunión que encabezó el ministro Sergio Massa y en la que estuvieron presentes el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores de la cartera, Leonardo Madcur; el secretario legal y administrativo, Ricardo Casal; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto; el director general de Aduanas, Guillermo Michel; y el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna, entre otros.

En ese marco, resolvieron poner en vigencia un amplio programa de alivio fiscal y un «plan de facilidades de pagos para cancelar obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril del corriente año».

La cartera económica detalló que se trata de un stock de deuda a regularizar por 456.063 millones de pesos, que comprende a 656.121 contribuyentes, de los cuales el 48,1% son micro y pequeñas empresas, el 11,5% son medianas y el 31,2% restante son pequeños contribuyentes y monotributistas.

De acuerdo con el tipo de deuda, el programa observó que el 54,6% corresponde a micro y pequeñas empresas, medianas Tramo I y monotributistas y en cuanto a las deudas por tipo de tributo, el 18% responde al Impuesto a las Ganancias, el 34% al Impuesto al Valor Agregado, el 3% al Impuesto a los Bienes Personales y el resto a otros gravámenes y tributos aduaneros.

El plan de facilidades de pago incluye a «las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social -incluidos sus intereses y multas- vencidas al 30 de abril pasado, multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses, todo ello conforme con lo previsto en el Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificaciones- formulados hasta el 30 de abril del corriente año».

Al mismo tiempo, se resolvió que el plan «incluya la deuda en discusión en sede administrativa-judicial como así también la incluida en planes caducos hasta la vigencia de la presente resolución general», en tanto que «no se permite la refinanciación de planes vigentes y no se incluye los vencimientos de ganancias y bienes personales -de personas humanas y sociedades- de diciembre de 2022».

En cuanto a las características del programa, las Mipymes podrán refinanciar sus deudas impositivas y aduaneras hasta 84 cuotas, mientras que con las obligaciones con la Seguridad Social podrán hacerlo en 36 cuotas.

Por su parte, con las deudas por retenciones y percepciones se podrán regularizar en 12 cuotas.

La tasa de interés aplicable para este segmento de empresas será la equivalente al 60% del interés resarcitorio. El programa quedará caduco en el caso de que los contribuyentes registren 3 cuotas impagas a los 60 días.

Para las medianas empresas del tramo I, las deudas impositivas y aduaneras podrán refinanciarlas en 48 cuotas, los aportes a la Seguridad Social en 24 cuotas y las deudas por Retenciones y Percepciones, en 6 cuotas.

En este caso la tasa aplicable será equivalente al 60% del interés resarcitorio y el plan quedará caduco con 2 cuotas impagas.

Para el resto de los contribuyentes que «incluye empresas que no tramitaron certificado de Mipyme, Personas Humanas y Medianas Empresas Tramo II», podrán refinanciar las deudas impositivas en 36 cuotas; los aportes a la Seguridad Social y las obligaciones aduaneras en 18 cuotas; y las retenciones y percepciones en 3 cuotas, con una tasa equivalente al 100% del interés resarcitorio.

En este segmento no se incluye a las Asociaciones Civiles y ONGs, ya que para estos casos se aplicarán las condiciones previstas al Plan para Micro y Pequeñas Empresas.

Las autoridades resolvieron que para todos los casos y categorías de contribuyentes, el programa quedará caduco cuando se detecten operaciones de compra de dólar Contado con Liquidación «desde la adhesión del Plan».

La AFIP también dispuso un alivio fiscal para los planes vigentes de Mipymes con tasa Badlar y recordó que «en el marco de la pandemia por Covid-19, se aprobó la Ley 27.653 que amplió la moratoria establecida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (27.541).

En este caso el problema se potenció debido a que desde abril pasado se aplica la tasa Badlar para bancos privados, que se encuentra en el orden de un 70% anual y debido a eso los planes de pago a partir de ese mes tienen aumentos sustanciales, afectando principalmente a las Mipymes.

Esta situación disparó el reclamo de las entidades pymes, entre ellas CAME, para que el Gobierno modifique esta situación y que vuelva a subsidiar la diferencia de tasa.

Al anunciar este cambio, desde Economía dijeron que esta medida generará «un alivio fiscal promedio del 50% de las cuotas mensuales de planes de pago que pagan las Mipymes en el marco de la moratoria de la Ley 27.563».

El organismo tributario ejemplificó que dentro de un plan vigente de 120 cuotas para una deuda de 1.200.000 pesos, la cuota actual es de 71.500 pesos y con este nuevo programa de alivio fiscal, la cuota será de 32.500 pesos, lo que representa un ahorro de 55%.

Para un plan de 120 cuotas, con una deuda de 5.400.000 pesos, la cuota actual es de 336.000 pesos y con el alivio fiscal, la cuota pasará a ser de 153.400 pesos, lo que representa un ahorro del 54%.

En el caso de un plan de 89 cuotas y para una deuda de 100.000 pesos, la cuota actual pasará de 5.600 pesos a 2.860 pesos lo que representa un ahorro de 49%.

Finalmente, para un plan de 68 cuotas por 68.000 pesos y que paga actualmente 4.400 pesos, el nuevo alivio lleva la cuota a 2.405 pesos, lo cual implica un ahorro de 45%.

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