Judiciales ⚖️
El fiscal Javier Baños o la ejemplaridad en la Justicia argentina
Por Alejo Brignole
Por Alejo Brignole*
La reciente renuncia del fiscal Javier Baños en el departamento judicial de Morón pudo haber sido una simple instancia administrativa. Un intrascendente acto burocrático de los tantos que se realizan a diario en esa abstracción corporativa denominada Justicia argentina. Sin embargo, la renuncia de este fiscal de 47 años, académico penalista, estudioso del derecho y autor de una prolífica obra de doctrina jurídica, resultó un parteaguas dentro del ámbito judicial que trascendió largamente las fronteras de la justicia provincial y se instaló como un caso testigo sobre las grietas –cada vez más visibles y peligrosas– que exhiben el deterioro del edificio judicial de nuestro país, pendiente de una reforma profunda, radical y benefactora de todas sus instituciones.
El fiscal Baños se fue, no ofuscado ni maldiciendo. No se apartó con despecho de una vocación que abrazó durante 15 años en el cargo y 25 dentro de la Justicia. Baños se fue, simplemente, como quien se aleja de una marea negra que busca las pisadas para contaminarlas y enlodarlas para siempre. Dicen que Baños amó demasiado su lugar de administrador de la ley como para permitir que esas aguas turbias le mancharan los pasos.
La sociedad en su conjunto ya sabe o imagina que ese tipo de comportamientos son infrecuentes. Rarezas que marcan una frontera ética y una escala de valores entre aquellos que se acomodan y los que eligen salirse de las aceras poco transitables. Javier Baños resultó ser un funcionario atípico a lo largo de su carrera, por cuanto ha puesto siempre delante de sus expedientes y de sus firmas, una visión personal rígidamente ajustada a los parámetros esenciales de la cosa justa.
Los que le conocen saben que es un hombre de profundas convicciones cristianas, pero lejos de ser un católico reaccionario y a pesar de ser ortodoxo en la doctrina, es un verdadero progresista en la praxis: su década y media como fiscal ha estado marcada por una profunda preocupación por aquellos que el sistema castiga, penaliza y margina. Siempre poniendo distancia higiénica de los actos incompatibles que parte del sistema judicial suele producir dentro de su normalidad. Sistema al que Baños pertenece con orgullo, según sus propias palabras. Un orgullo que fue construido con críticas claras –siempre constructivas– que Baños quiso destinar al fortalecimiento de ese agrietado edificio Judicial al que aún pertenece, al momento de escribirse esta nota, a la espera de que su renuncia sea finalmente efectivizada por las instancias competentes.

En septiembre de 2018 el fiscal Baños imputó al intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, junto a los concejales del bloque de Cambiemos por haber retirado de forma irregular el busto del Néstor Kirchner, situado frente al palacio municipal. Fue entonces que todo pareció precipitarse, pues sectores del Poder Judicial vinculados al macrismo, –e incluso a la última dictadura que aún sobreviven en las sombras de la Justicia argentina– pusieron en marcha una serie de represalias sórdidas, atizadas por todo aquello que la Justicia no debe tener: sectarismos políticos, connivencia con los otros poderes del Estado y afanes demoledores contra colegas que muestran otra ética posible.
Sus vínculos con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos profesores que marcaron la resistencia durante los cuatro años de macrismo, lo convirtieron de golpe en blanco de una guerra judicial, de un verdadero lawfare intestino. Todos sabemos, y estos episodios lo confirmaron, que existen fragmentos focales de nuestra Justicia argentina que tienen morfologías de cáncer con metástasis. Por supuesto la carrera judicial de Javier Ignacio Baños no debería culminar con esta renuncia, sino entrar en un paréntesis hasta que sea convocado para algún tribunal superior de la provincia o del país, –o al menos eso tendría que ocurrir en un sistema sano liberado de pólipos y tumores– pues la teoría señala que las altas magistraturas deben –o deberían– reservarse para los más preparados.
Si se revisan los archivos curriculares de este fiscal que eligió irse, hallaremos que fue ganador de múltiples concursos en el ámbito del poder judicial de la Provincia y Nación y sobre más de cien inscriptos fue el único que aprobó en primera ronda los dos exámenes escritos para acceder al cargo más importante que se concursa en los ámbitos del poder judicial: Defensor General de la Nación, que tiene rango de juez del más alto tribunal federal. Durante sus veinte años de ejercicio judicial rindió innumerables exámenes en el Consejo de Provincia, siempre con aprobados meritorios, y fue nueve veces ternado para cargos de todas las instancias.

Como académico, funge como corrector de los exámenes de los aspirantes a cargos de juez y camarista federal en el Consejo de la Magistratura del poder judicial de la nación y ha sido incluso jurado de algún juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Quienes conocen al fiscal Baños, dicen que nunca le pesaron sus antecedentes personales, ni sus veinte libros publicados o las múltiples titularidades de las cátedras ganadas por concurso público en varias universidades, maestrías y doctorados. Tampoco le afectaron los murmullos en los pasillos judiciales que lo señalaban como candidato maldito a diversos cargos judiciales durante casi 30 años.
A Baños lo que comenzó a pesarle fue la herencia autoritaria, inamovida desde la última dictadura, que luego emergió como setas tras un día de lluvia entre los sectores cercanos al macrismo. Se le hizo insoportable que el Fiscal General de Morón, Federico Nievas Woodgate –hoy apartado de sus funciones por delitos de lesa humanidad– tomara represalias contra sus competencias, desafectándolo de facto de muchas de sus atribuciones y desmantelando las unidades de investigación y juicio en las que se desempeñó (ocho veces lo mudaron de oficina, en forma arbitraria e irregular). En los pasillos de tribunales saben que estos incidentes fueron parte de una venganza articulada por el intendente Tagliaferro, cuyas cuentas han demostrado que se desempeñó de forma corrupta y malversdora.
Quizás también haya pesado para la ética personal de Baños que un acusado de violaciones a los DDHH como Nieva Woodgate tuviera el poder residual de transferirlo ilegalmente a una dependencia judicial, prácticamente sin competencias reales para investigar a los verdaderos crímenes y haber sido condenado, en síntesis, a las catacumbas de la justicia moronense para que ya no moleste a la corporación judicial o a los poderes que esta defiende.
Sobre Javier Baños, Eugenio Zaffaroni, el más grande jurista argentino de fama mundial señaló: “que un fiscal y académico como Baños deba renunciar resulta una pérdida casi irreparable para la Justicia argentina y en especial para el Departamento Judicial de Morón. Con estas restas se produce una selección inversa que deterioran al aparato judicial”.
Sin embargo, Baños, que parece inmune a las pompas y se muestra poco conciliador con los desvíos y las mareas negras, hizo lo que el latino Lucio Anneo Séneca le recomendaba a sus discípulos hace dos mil años: “el que no quiera vivir sino entre justos, que viva en el desierto”. Por eso la provincia pierde quizás a uno de sus mejores funcionarios.
Se fue un verdadero fiscal, y se fue por la puerta grande: sin pedidos de juicio político ni denuncias de corrupción en su contra, como sucede con la casi totalidad de los magistrados que abandonan sus cargos antes de jubilarse. Baños, en cambio, se va con una querella que lleva su firma y que posee un enorme valor democrático: denunciando por múltiples delitos a uno de los más nefastos presidentes argentinos en los últimos 40 años. Sitial infame que Mauricio Macri comparte con Carlos Menem en la entrega nacional y corrupción sistémica.
La ejemplar renuncia del fiscal Javier Ignacio Baños es una muestra de que otra justicia es posible y otro país probable. Lo demás es solo voluntad política y puro ejercicio de la ética.

Alejo Brignole* es escritor y analista internacional, Premio Novelia 2007 en España y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Sus artículos de análisis internacional son publicados en varios países y traducidos a varias lenguas.
Policiales 🚨
Terror en La Matanza: encontraron una granada activa y desbarataron una banda narco que usurpaba casas
Cinco procedimientos simultáneos permitieron secuestrar miles de dosis de estupefacientes, un importante arsenal y dinero en efectivo. La investigación apunta a un hombre alojado en una unidad penitenciaria, acusado de coordinar los movimientos de sus colaboradores desde su celda.
Un importante despliegue policial permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y a la ocupación violenta de propiedades en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron miles de dosis de drogas, armas de fuego, chalecos antibalas y un explosivo que requirió la intervención de especialistas.
La investigación también puso el foco sobre un hombre detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, señalado como el presunto responsable de coordinar las actividades del grupo desde su lugar de alojamiento.

Cinco allanamientos y un operativo dentro de la cárcel de Sierra Chica
El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos. Cuatro se realizaron en diferentes domicilios de La Matanza y el restante tuvo lugar en la unidad penitenciaria donde permanece alojado Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como «El Gendarme».
De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría mantenido comunicación con sus colaboradores mediante teléfonos celulares y les habría transmitido instrucciones para llevar adelante las actividades de la organización.
Durante la requisa de su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.
Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 39 años y una mujer de 22. Por su parte, el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa.

Usurpaban viviendas por la fuerza para convertirlas en puntos de venta de droga
Uno de los principales aspectos de la investigación apunta al mecanismo utilizado por la organización para apropiarse de diferentes propiedades.
Según las fuentes policiales, los integrantes del grupo ocupaban viviendas mediante amenazas y el uso de armas de fuego. Los inmuebles eran utilizados posteriormente para almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes, además de funcionar como centros operativos.
Uno de los lugares identificados estaba ubicado en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita».
El nombre respondía a la modalidad de comercialización: los compradores recibían las sustancias a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas.
Enfrente funcionaba otro inmueble que también habría sido ocupado por la fuerza. Ese domicilio era utilizado como centro operativo y espacio de custodia de la organización.
Más de 3.000 dosis de droga, cinco millones de pesos y un arsenal
Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con la actividad investigada.
Entre los principales elementos incautados aparecen:
- 2.526 dosis de pasta base.
- 515 dosis de cocaína.
- Cinco millones de pesos en efectivo.
- Una escopeta calibre 12 cargada.
- Una pistola ametralladora con numeración suprimida.
- Tres pistolas marca Bersa: una calibre .22 y dos de 9 milímetros.
- Municiones de diferentes calibres.
- Cuatro equipos de comunicación tipo handy.
- Elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.
- Anotaciones vinculadas con la investigación.
Las dos pistolas 9 milímetros presentaban identificaciones adulteradas o carecían de numeración, mientras que parte del armamento secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales.
También encontraron dos chalecos antibalas que registraban pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, además de una pechera con la inscripción «POLICÍA».
El hallazgo de una granada activa obligó a convocar a Explosivos
Uno de los momentos más delicados del operativo ocurrió dentro de la vivienda utilizada como centro operativo de la organización.
Allí, los investigadores encontraron una granada activa junto con el resto del armamento.
Ante el peligro que representaba el artefacto, los efectivos interrumpieron su manipulación y solicitaron la presencia de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.
Los especialistas aseguraron el sector y realizaron el procedimiento correspondiente para desactivar el explosivo.
El hallazgo quedó incorporado al conjunto de elementos secuestrados durante los allanamientos.

Quién es el presunto líder que coordinaba las operaciones desde prisión
La investigación identificó como presunto jefe de la organización a Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino.
Según la información policial, el hombre registraba antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas.
En 2016 fue detenido en el marco de una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Además, era investigado por su posible vinculación con otros asesinatos.
Entre esos hechos figuraba el crimen de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino, ocurrido en 2015.
Los investigadores sostienen que, pese a permanecer alojado en Sierra Chica, habría conservado contacto con integrantes de la organización y transmitido instrucciones para desalojar violentamente a ocupantes de distintas propiedades.
En anteriores requisas realizadas en su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.
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