Por Eduardo Silveyra

La aprobación de la reforma constitucional promulgada por Gerardo Morales, no apunta a mejorar el desempeño de las instituciones democráticas y al otorgamiento de derechos, sino todo lo contrario, la modificación va en sentido de crear desde el marco institucional, herramientas que permitan consolidar la suma del poder público. Para ello en uno de los artículos de insertados, se promulga la creación del Consejo de la Magistratura, de la cual el radicalismo, es decir, el partido de Morales, posee los dos tercios y el restante se lo dividen entre el justicialismo y el Frente de Izquierda, un modelo replicado al implementado por el macrismo, para nombrar jueces a su antojo y manejar políticamente al Poder Judicial.

Las protestas comenzaron en tiempo reciente y tal como señala el periodista jujeño Camilo Haro Galli, se fueron sumando reclamos a la protesta: “Comenzaron los docentes, por los bajos salarios que reciben unos $34.000 por mes, que además tienen un premio por presentismo de $20.000 que si lo pierden representa dos tercios del sueldo, el más bajo de toda la región del norte y de la Argentina, después se sumaron los empleados estatales de la provincia y de a poco las poblaciones de las comunidades, ya que la reforma constitucional le abre las puertas a la explotación del litio por multinacionales, lo que afectará a un recurso como el agua y la posesión de la tierra”.

Camilo fue uno del centenar de detenidos en uno de los cortes, cercano a Purmamarca. Luisa C. integrante de una organización campesina, nos cuenta que: “Mi hija está en ese corte porque vive ahí, ahora han bloqueado la señal de internet para que no podamos comunicarnos y a la noche cortan la luz para reprimir, disparan al bulto durante la noche, no les importa que sean mujeres o niños, pasan turistas que nos gritan piqueteros, no somos piqueteros, somos pueblos originarios defendiendo la tierra y el agua”.

Las denuncias contra la policía van en aumento, debido al salvajismo con que reprimen. José Luis, que integra una comunidad campesina enfrentada con Morales por la posesión de una finca de la cual pende una orden de desalojo, para dedicar las tierras -unas doscientas hectáreas- al cultivo de cannabis, no cuenta que: “Yo participo del corte sobre la ruta 66, los cortes son intermitentes, cada diez minutos dejamos pasar los vehículos, ahora está todo tranquilo, pero la represión es salvaje, hay una persona que está muerta o desaparecida, no sabemos dónde está. La policía reprime durante la noche, disparan a la cara, hay mujeres con los pómulos heridos y dos chicos que han perdido un ojo, el hostigamiento es terrible durante la noche”.

Morales, quien no se encontraba en Jujuy, pues sus aspiraciones presidenciales lo tenían desarrollando actividades en Buenos Aires, parece haber copiado los métodos de los carabineros chilenos, en eso de disparar a la cara como metodología de disuasión. Esmeralda, una pobladora de Perico, localidad cercana a San Salvador, nos dice: “Nosotros salimos a la ruta para solidarizarnos con los campesinos que pueden perder sus tierras, como en la finca El Pongo, en la nueva constitución no se reconoce el derecho de la posesión veinteñal y ahí hay gente que trabaja y vive desde hace cuarenta años, generación tras generación trabajaron ahí”.

Desde el gobierno nacional se mostró preocupación por la situación en Jujuy y hacia la provincia viajó el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien pidió reunirse con autoridades provinciales, pero no fue atendido por ninguna. Morales, que llevó adelante la jura de la constitución este martes en la Legislatura, en medio de otra represión salvaje, salió al cruce de la visita del funcionario nacional, con declaraciones a radio Mitre, en las que sin ningún fundamento, sostuvo que: “Cayó en un avión (Pietragalla), con ocho funcionarios más para incentivar el conflicto”. El jefe provincial, volvió a acusar sin pruebas, a la dirigente Milagro Sala, como la fuente de financiamiento del conflicto.

El mandatario jujeño también eligió volver a señalar, sin pruebas, a la dirigente Milagro Sala -detenida desde 2016- como la que «está financiando el conflicto» y entre los blancos de las acusaciones, Morales, sostuvo que «el gobierno nacional está financiando a los gremios para que no bajen la conflictividad».

En una conjetura de tintes mendaces, resaltó que los gremios docentes provinciales, que protagonizaron diez días de protestas contra la reforma constitucional y por mejorar sus salarios, convocaron a un nuevo paro para esta semana.

Morales, cuestionado desde distintos sectores, ha recibido el apoyo de Patricia Bullrich, quien como ministra de Seguridad, utilizó a la Gendarmería Nacional para reprimir cortes de ruta, en uno de ellos, perdió la vida Santiago Maldonado.