Análisis
Muertes por violencia institucional: el Nunca Más pendiente
En 40 años de Democracia, las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad se cobraron miles de víctimas, en general pibes y jóvenes de barriadas populares. La 9na. Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, desde Congreso a Plaza de Mayo y en otras ciudades del país es un espacio de denuncia y memoria.
Por Néstor Llidó
Desde aquella Masacre de Budge para acá, la sociedad asistió a números casos de gatillo fácil, esa práctica criminal de las fuerzas de seguridad de disparar y matar a inocentes, utilizando las armas reglamentarias que los estados, nacionales o provinciales, ponen en manos de sus efectivos para la prevención y el combate del delito.
Y en 40 años de recuperación democrática, los sucesivos gobiernos no lograron poner fin a estas modalidades de violencia institucional, como si hubiera un Nunca Más pendiente.
La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil ya lleva nueve ediciones, sumando en cada año a nuevos familiares que denuncian esos asesinatos a manos de uniformados o polícias/prefectos/gendarmes/militares en franco de servicio, por los que vienen reclamando justicia, que no siempre logran en condenas en los estrados judiciales.
Esta tarde, la columna se movilizará de Congreso a Plaza de Mayo con las fotos de esos rostros que ya no están, con esas remeras de la memoria, con esas banderas con una demanda de respuesta postergada y la consigna: Ni Un Pibe Menos, Ni Una Bala Más. El Estado es Responsable.
La Marcha contra el Gatillo Fácil se replicará en Córdoba, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras en los días previos, de manera anticipada, ya se concretaron otras similares en La Plata, Paraná, Mar del Plata y otros centros urbanos argentinos.
Más allá de las convocatorias de distintas organizaciones, en el AMBA, se reiterará que la muerte del fotoperiodista Facundo Molares se trató de un caso de violencia institucional, un fallecimiento provocado por la represión de la Policía de la Ciudad. La fuerza instrumentada por las administraciones del PRO y sus socios de Juntos por el Cambio en el ámbito porteño, que desde su creación, en 2017, se ha convertido en la «más letal» del país.
En base al último registro de la CORREPI, los policías que respondieron al macrismo llevan asesinadas a 130 personas, entre ellos, el emblemático crimen de Lucas González en Barracas, que derivó en tres condenas a perpetua a los autores materiales y otras para quienes montaron la pretendida trama de encubrimiento.
Detrás de esa cifra, tal como ocurre en los 8.700 casos de gatillo fácil en los 40 años de democracia en todo el país, hay una práctica represiva que se expande en quienes se resisten al respeto por los Derechos Humanos y alientan esas políticas de «mano dura».
Y que no es una simple declamación de esos sectores de la ultraderecha, sino que son hechos concretos y no aislados. Ya muchos de esos casos fueron bautizados como masacres, cuando tuvieron como víctimas a grupos.
La de Ingeniero Budge fue la que le dio paso a la de Wilde o la de Monte, como las sucedidas en contextos de encierro, en las comisarías de Quilmes, Pergamino, Villa Transradio o la cárcel de Magdalena.Se trata de un disparo por la espalda, una ejecución extrajudicial mediante un tiro en la cabeza o una balacera en una persecución.
Esas son las formas a las que vulgarmente se les coloca la etiqueta de Gatillo Fácil, pero la cuestión es algo más profunda y se vincula a decisiones políticas que no «llegan» a esa necesaria formación de las fuerzas de seguridad en democracia.
Y entonces, esas prácticas de violencia de quienes se presume están para cuidarnos, se transforman en muertes de cientos de inocentes en el territorio.
Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.
Análisis
La hidrovía del rio Paraná: una cuestión geopolítica
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la hidrovia del Paraná. ¿Por qué?
Por Jesús Rivero*
Quizá, porque el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU y aliado de Donald Trump habia enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una “influencia maligna china» en la puja del contrato.
No es casualidad que esa misma semana el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación explicita mas grande del ejecutivo de Javier Milei, es una cuestión de geopolítica.
La hidrovia del rio Paraná-Paraguay es la principal via navegable de exportación Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por la hidrovia circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año.
El contrato que se esta licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la via navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dolares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995 compite contra DEME (también belga) que incorporo al fondode inversiones estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge y Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. Aunque el Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejo afuera a las chinas, no le impide la disputa e influencia del gigante asiático.
El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, amigos de Santiago Caputo. A través de su firma Edison Energía fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito (h) y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.
Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del pais: generación, transporte y distribución.
¿Los Neuss y Caputo, son familia?
Los Neuss financian la Fundación Faro que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, Hermano de Santiago Caputo. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas para recaudar fondos para La Libertad Avanza. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio termino. Y, Servimagnus, el socio local de Jan De Nul esta vinculado al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss.
El otro punto de tensión es de escala geopolítica ya que alertaron a EEUU de una presunta influencia China en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME que quedo en segundo lugar en la evaluación técnica traslado a funcionarios de Washington que Servimagnus el socio local de Jan De Nul tendría vinculos con empresas chinas a traves de Agrofina y esa conexión representaria “un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos”. Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático. Y, temiendo perder el negocio geopolítico en terminos de intereses de Estados Unidos y violando el derecho internacional en relación a la soberania e intereses del Estado-Nación de Argentina.
Jan De Nul y Servimagnus no se responsabilizan de tales acusaciones en un comunicado que explicita “las referencias que buscan instalar un supuesto vinculo de JDN y Servimagnus con capitales chinos son falsas y malintencionadas». Asimismo respondieron que DEME habia integrado un Joint Venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovia de 2022 y en proyectos en Ecuador.
En lo que respecta al Gobierno, se defiende y argumenta que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que conto con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales.
¿Y Rafecas, para quien juega?
Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serías irregularidades en el proceso”.
El organismo señalo ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas,clausulas restrictivas en las impugnaciones, que exigen una garantía de diez millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. “El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento trasparente», afirmó, Taiana.
Sin embargo el juez Rafecas rechazo el pedido de suspensión cautelar el jueves 21 de mayo. Rafecas coincidio con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyo que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. Con este posicionamiento que no es nuevo, esta claro para quien juega Rafecas.
Hoy, como hace decadas la hidrovia más importante de Sudamérica, responde a los intereses del lobby internacional, como Rafecas, y como Santiago Caputo que corre a dar explicaciones a los dueños de todo.
*Escritor y activista político militante de Podemos Argentina. (fundador del Frente de Liberación Socialista en Argentina)
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