“Uno de cada cinco femicidios en Argentina es cometido por miembros de las fuerzas de seguridad”, advirtió días atrás el colectivo Ni Una Menos. En estos momentos, los casos de Úrsula Bahillo, Mirna Palma e Ivana Módica no hacen más que confirmar esta afirmación.

Por Ricardo Ragendorfer

En la pequeña ciudad de Rojas se concentró el horror. La muerte de Úrsula Bahillo -asesinada con 15 puñaladas por el oficial de la Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez- puso en foco los femicidios cometidos por uniformados.

Robustece esta temática el caso de Ivana Módica en la ciudad cordobesa de La Falda. Ella murió en manos de su esposo, Javier Galván. Tras ocho días de búsqueda, el cuerpo fue hallado detrás de las ruinas del viejo hotel Eden. Su matador es vicecomodoro de la Fuerza Aérea.

Completa ese combo semanal el femicidio en Formosa de Mirna Palma, una docente de 44 años asesinada por un policía que después se suicidó.

“Uno de cada cinco femicidios en Argentina es cometido por miembros de las fuerzas de seguridad”, advirtió hace días el movimiento Ni Una Menos.

El miércoles 17 hubo una multitudinaria manifestación frente a los Tribunales de la calle Talcahuano por estos crímenes y también para reclamar políticas públicas ante esta pandemia policíaco-patriarcal. En lo que va del año ya hubo 45 femicidios.

EL BLUES DEL TERROR AZUL

Aquel sujeto, allá por mayo de 1996, era el prófugo más buscado del país. Pero apenas por unas horas, ya que no tardó en ser encontrado por la dotación de un patrullero en un escondite debajo del puente Tedín, en Tigre.

Entonces se entregó con mansedumbre antes de que un sargento, en vez de amarrocarle las muñecas, le pasara un brazo por el hombro, casi con cariño, mientras le susurraba al oído: “Te mandaste una macana, pibe”.

La “macana” en cuestión fueron 113 puñaladas al cuerpo de su novia. Se trataba del célebre Fabián Tablado.

Sobre semejante festín de sangre corrieron ríos de tinta, aunque aquella frase pasó desapercibida. Una lástima, porque dejaba al descubierto la actitud comprensiva de los uniformados hacia la violencia de género, incluyendo su manifestación más extrema, el femicidio.

¿Acaso esa tolerancia forma parte de la cultura policial? De ser así, la misma también beneficiaría a sus efectivos más propensos en tener desbordes “pasionales”, una calificación aún hoy usual en las comisarías.

Pablo Bressi –quien fuera jefe de La Bonaerense entre fines de 2015 y mayo de 2017– es un gran ejemplo al respecto. Tanto sus 90 mil subordinados como los funcionarios que lo entronizaron –la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristián Ritondo– sabían perfectamente que él era un golpeador de mujeres sin que ello minara su autoridad o pusiera en riesgo su gestión.

A su esposa, Isabel Monatysky, le llegó a fracturar una pierna a patadas, entre otras palizas, además de apoyarle una pistola en la cabeza ante los tres hijos de ambos. A su siguiente pareja, Viviana Figueroa, le pegaba en forma regular, y hasta le rompió un tímpano con un cachetazo. Las denuncias efectuadas por ellas jamás fueron tomadas en las fiscalías de la provincia. Pero al menos tuvieron el privilegio de sobrevivir.

Durante el reinado de Bressi en aquella fuerza de seguridad, hubo 2.252 policías denunciados por sus parejas o ex parejas. El grueso recibió sanciones leves, y apenas 49 fueron exonerados. En ese lapso también hubo 13 femicidios cometidos por policías, sólo entre las filas de La Bonaerense.

Sin embargo, en aquella época la prensa no reflejó dicha problemática con la merecida dimensión. Ese letargo informativo se quebró a fines de 2016, aunque por un hecho ocurrido en la ciudad entrerriana de Paraná.

El sábado 5 de noviembre, el suboficial de Prefectura, Orlando Ojeda, de 46 años, amaneció ofuscado. Y enfiló hacia la casa de Romina Miriam Ibarra, –una cabo de la Policía de Entre Ríos de quien se había separado poco antes, y le disparó con su pistola reglamentaria en la cabeza. Luego fue de visita a la casa de su ex esposa –con la que tramitaba el divorcio– y tras una discusión le descerrajó seis tiros delante de los tres pequeños hijos de ambos. Aquel doble femicidio estremeció al espíritu público.

Ese año, 2016, se contabilizaron en todo el país unos 23 femicidios cometidos por policías, lo cual representó un 7,5% de los crímenes en dicha modalidad.

El asunto fue parte de los reclamos esgrimidos durante la multitudinaria marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo, convocada el 8 de marzo de 2017 para el primer Paro Internacional de Mujeres.

¿Hubo entonces una adhesión macrista a la lucha contra la violencia de género? Aquel miércoles, tras la desconcentración, cuando ya prácticamente no quedaba nadie, la Policía de la Ciudad cargó con una furia desaforada sobre chicas que caminaban solas, que comían pizza o que bailaban en la calle, lejos de toda escena que pudiera confundirse con un intento de provocación.

Una paradoja: entre los represores de esa noche se encontraba el agente Maximiliano Leal, de 39 años. Exactamente 16 meses después, acribilló con un balazo en el pecho a su esposa, Giselle Martín, de 40, con quien tenía dos hijos que al instante del crimen pernoctaban en lo de una abuela. El femicidio ocurrió en la vivienda familiar del barrio de San Cristóbal. En su descargo, el hombre aseguró que había discutido con la víctima, que forcejearon y que se le escapó un tiro.

Más allá de la dudosa veracidad de dicha cadena de circunstancias, el caso puso de relieve un patrón común en varios de estos asesinatos: el uso de armas reglamentarias (que le provee el Estado a sus servidores públicos). Tal es el caso del 13% del total de femicidios cometidos en el país (16 crímenes causados por policías con aquellos adminículos en 2016, y 23 en 2017), según estadísticas del CELS (Centro de Estudios legales y Sociales).

Una biblia en la materia fue el caso de Romina Gutiérrez, una sargento de La Bonaerense que convivía en un departamento de La Plata con su pareja, el oficial de esa fuerza Danilo Acevedo.

El 25 de agosto de 2019, una compañera de la mujer, también sargento, fue a buscarla allí dado que no se podía comunicar con ella. Y se topó con una ominosa sorpresa: sangre que salía por debajo de la puerta. Adentro, Romina, con un tiro en la cara yacía boca arriba, ya sin vida. Y Danilo, con un orificio en la sien, agonizaba junto a ella antes de exhalar su último suspiro. Entre los dedos aferraba su pistola. También había tres vainas servidas. El episodio, ahora sí, tuvo un gran despliegue mediático.

En términos más generales, desde 1992 a la fecha hubo 392 femicidios policiales, según los conteos de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). Dicho organismo los considera “la primera causa de asesinatos femeninos en manos del aparato represivo del Estado”, cuya suma registra 674 muertes de mujeres en situaciones que también incluyen casos de gatillo fácil y torturas fatales en comisaría.

“El estado policial implica que los policías lo son durante las 24 horas del día –dijo a Telam la referente de la Correpi, María del Carmen Verdú–. En la Federal, por ejemplo, eso es optativo. Pero los policías no lo toman así. Una medida que venimos planteando es prohibir el uso del arma reglamentaria en horas fuera de servicio. Así bajarían exponencialmente los casos de gatillo fácil y también los femicidios”.

MANU MILITARI

La Correpi acuñó para estos crímenes la expresión “femicidios de uniforme”, un concepto nada antojadizo puesto que también engloba los casos cometidos por personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Al respecto fue memorable un verdadero thriller de la vida real. Caía la noche del 22 de octubre de 2015 cuando Liliana Gotardo, de 51 años, cerró su peluquería en la localidad de San Miguel para caminar por la calle Paunero al 1700 hacia la cochera donde estaba su camioneta.

Entonces, un desconocido pronunció su nombre a sus espaldas, para así verificar quién era. Luego le disparó cuatro balazos. Ella murió en el acto. El cómplice del asesino lo aguardaba en una motocicleta, a bordo de la cual huyeron en dirección a la capital. Ella era la esposa del sargento del Ejército Rodolfo Maguna. Llevaban 25 años de casados. Un matrimonio mal avenido por los constantes maltratos que él le dispensaba. Por esa razón ella había decidido separarse.

Maguna, sin perdonarle el abandono, planificó ese crimen sin escatimar ningún detalle. Primero le puso un GPS al vehículo de su ex para seguir todos sus movimientos; luego contrató a dos soldados en Campo de Mayo para que oficiaran de sicarios. Y les adelantó 50 mil pesos. Nada podía fallar.

Pero las cámaras callejeras de seguridad derrumbaron el plan, dado que los dos matadores fueron rápidamente identificados. Y ellos condujeron a los investigadores hacia el “contratista”. En 2018 el sargento fue condenado a perpetua, mientras que los dos improvisados killers recibieron condenas de entre 10 y 15 años de prisión.

En el gélido lenguaje de las cifras, los militares, tanto en actividad como en situación de retiro, suman nada menos que el 20% del universo formado por los “femicidas de uniforme”, según el CELS. Claro que otros casos con tales hacedores no resultaron tan sofisticados como el asesinato planeado por Maguna.

El 41% de los femicidios castrenses fueron efectuados con cuchillos; el 26% con armas de fuego (el 17% con la reglamentaria); el 18% por asfixia y el 15% a golpes y patadas.

Éste último fue el método usado por el sargento del Ejército Fernando González Friveo, de 35 años, para asesinar a su esposa, la también suboficial de esa fuerza Jessica Lucía Hoffman, de 31. Ellos vivían en una vivienda al fondo del terreno donde también estaba el hogar del padre de ella. De modo que, durante la noche del 20 de noviembre de 2018, este último escuchó unos ruidos extraños.

Luego vio a su yerno colgando ropa en el jardín. Fernando entonces le informó que su hija estaba de servicio en Campo de Mayo. «No se preocupe, don Rolando. Está todo tranquilo», le llegó a decir. En realidad, nada era “tranquilo” en esa pareja, dado su temperamento celópata, el cual se agravó al expresarle ella su deseo de separarse.

Al día siguiente –mientras Jéssica supuestamente seguía de servicio–, su esposo aceptó la invitación del suegro a cenar en su casa. La velada fue muy apacible. Desde luego don Rolando ignoraba que su hija había sido descuartizada, tras morir a golpes. Sus restos estaban enterrados en varias partes del jardín.

Con el correr de los días, su desaparición –sumado a que en Campo de Mayo también ignoraban su paradero– hizo que todo apuntara hacia el esposo. Bastó que la policía removiera el jardín para descubrir la verdad. Desde entonces González Friveo languidece en la cárcel de Marcos Paz.

Es notable que él, un sargento del Ejército, haya realizado en pequeña escala y a título personal lo mismo que el terrorismo de Estado, durante la última dictadura, solía hacer en grande: desaparecer personas.

Ahora, idéntico reflejo tuvo el piloto de la Fuerza Aérea, Javier Galván, con su esposa Ivana Módica. Pero ese crimen tampoco quedó sin resolver.

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