Al cumplirse un año del femicidio de Úrsula Bahillo, sus padres, amigos y colectivos de familiares de víctimas realizarán una concentración en la localidad bonaerense de Rojas para reclamar la destitución de dos magistrados que desestimaron las denuncias previas contra el asesino de la joven.

La concentración será el martes próximo, fecha en que se cumple un año del crimen de Úrsula (18), a las 19, en la Plaza San Martín, ubicada en la avenida 25 de Mayo, entre Iribarne e Hipólito Yrigoyen, frente a la Municipalidad de Rojas, a 240 kilómetros al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La concentración será para pedir la destitución de los jueces Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes, y del juez de Paz Letrado de Rojas, Luciano Callegari, a quienes acusan de desestimar denuncias previas de la familia de Úrsula contra su femicida, Matías Ezequiel Martínez (26).

Del acto participarán los padres de la joven, Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo, quienes estarán acompañados de amigos, vecinos y organizaciones de familiares de víctimas, como Atravesados por el Femicidio, el colectivo Matanza Duele y Víctimas y Familiares de Femicidios, entre otras.

También se espera la presencia de Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando Báez Sosa, quienes si bien aún no confirmaron su presencia dijeron que siempre están presentes para dar apoyo.

«Siempre estamos presentes para apoyar. Estamos en lo mismo y debemos ser fuertes y unidos en esta lucha», dijo Graciela. Luego de la concentración, en la que dirá unas palabras Patricia, se realizará una misa en la Parroquia San Francisco de Asís, ubicada a unos 50 metros de la plaza, sobre la calle Iribarne.

En tanto, a través de la organización Change.org. la mamá de Úrsula reúne firmas en un petitorio que lanzó para pedir que el Estado promueva medias para evitar que casos como el de su hija se repitan (http://change.org/JusticiaPorUrsula).

Entre los puntos principales, se exige la necesidad de adoptar medidas de «protección oportunas, efectivas e idóneas acorde con la situación de riesgo que afrontan la víctima y sus familiares» y «para la notificación de oficio a la persona denunciada», con un «adecuado seguimiento judicial de su implementación y ejecución».

También «implementar el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género de forma inmediata y urgente en toda la Provincia con los recursos y equipos necesarios para asegurar el acceso a justicia», así como «implementar Fiscalías Especializadas en violencia de género en el ámbito del ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires» y «oficinas de Violencia de género dentro del ámbito de las Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires».

La petición añade que se debe «asegurar en tiempo y forma la provisión de botones antipánico y otros dispositivos electrónicas de geolocalización (tobilleras electrónicas) para el efectivo cumplimiento de las medidas de restricción dictadas por autoridad judicial» y «promover la creación de un Registro Nacional de denuncias de violencia de género y seguimiento por equipos interdisciplinarios».