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Análisis

Un debate sobre la mercantilización de la vivienda

Resistir la vida precaria: La charla realizad en el Centro Cultural Kirchner planteó una pregunta central: ¿Cómo luchar contra la mercantilización de la vivienda?.

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Por Mariana Collante

La charla realizada el jueves pasado en el Centro Cultural Kirchner planteó una pregunta central: ¿Cómo luchar contra la mercantilización de la vivienda?  Para iniciar la conversación se proyectó la película española “En los márgenes” protagonizada por Penélope Cruz, y Luis Tosar.

Luego hubo una puesta en común entre la legisladora porteña Ofelia Fernández, Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, y los realizadores del film; Juan Diego Botto y Olga Rodríguez.

La película narra un día en la vida de varios personajes arrojados a diferentes formas de precariedad, que se entrelazan, y cuyo centro es la lucha de una mujer para evitar que la desalojen de su casa.

La falta de acceso a la vivienda no posee fronteras, pero sí características particulares. “En los márgenes” toma las consecuencias de la ‘burbuja inmobiliaria global’ en España, un período que comenzó en 2008 y concluyó en 2014 con miles de personas desalojadas, y cientos de suicidios.

Las veinticuatro horas que viven los personajes son decisivas, y lo que le ocurre a cada uno, no es extraordinario, es más bien fruto del desamparo colectivo. Si el arte, en este caso el cine de ficción, tiene algún propósito es hacer visible lo que se naturaliza, y poder ver la anomalía: una vivienda no es solo un bien de mercado, implica la vida de las personas en toda su dimensión.

Preguntarse, entonces, cómo se frena este proceso de mercantilización es urgente, sobre todo, para la política institucional, que salvo algunas excepciones, no quiso ni quiere incomodar al capital rentista con regulaciones y controles. En cambio, para las organizaciones sociales movilizadas en torno al reclamo por el acceso al hábitat digno, su propia existencia supone un freno, y  el desafío de disputar un derecho.

En este sentido, Juan Diego Botto, director y guionista del film comentó que en las marchas de los y las vecinas para frenar los desahucios, una de las consignas que más se escuchaba era: “No nos representan” dirigida al gobierno español. Porque su única intervención en el proceso fue enviar a la policía para instrumentar los desalojos, y dejar que los bancos y los propietarios hicieran según sus intereses. Es decir, el estado eligió defender a los más poderosos.

Por su parte, Olga Rodríguez, guionista de “En los márgenes” puso el foco en la actuación de los medios de comunicación, primero cubriendo, con cierta empatía, las historias de quienes estaban luchando por tener un lugar donde vivir, y luego criminalizándolos. “Transformaron lo que es una necesidad y un derecho en un delito” explicó la guionista.

Destacó, además, que la película buscó retratar la mayoritaria participación de las mujeres en las organizaciones, algo que se logró incluyendo, en su trama, secuencias de una asamblea real.

En su intervención, la diputada Ofelia Fernández, consideró que la política no está dando lugar a cuestionar la tensión social que existe entre el uno por ciento más rico, y el resto de la población. “Es una lucha que enfrenta intereses económicos, con intereses vitales como el trabajo o la vivienda”.

Dijo también que es necesario construir un movimiento transversal y ciudadano para dar respuesta a la mercantilización, y superar la falta de noción de futuro, y la fragmentación que existe en la sociedad.

Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados sumó la experiencia local haciendo un recorrido por las contundentes medidas que tomó el primer peronismo para regular el acceso a la vivienda, basadas en la concepción de la función social de vivienda.

Para el dirigente frenar al capital rentista requiere de audacia y decisión por parte de los gobernantes, y de las organizaciones, ya que existen ejemplos a lo largo de la historia que se pueden adaptar y actualizar.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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