Análisis
Una ley inútil que no resuelve el problema de las muertes viales
En vez de tolerancia cero, lo que hace falta es profundizar controles, aplicar contundentes sanciones y fomentar con la educación mayor conciencia.
Por José María Videla Sáenz
Como productor vitivinícola y como diputado provincial pienso que estamos a tiempo de reparar un grosero error, un desacierto por parte de los diputados nacionales, entre ellos algunos mendocinos, que votaron a favor de limitar a cero la tolerancia del alcohol en sangre en los automovilistas, bajo falsos argumentos usando el dolor de madres o de familias que han pasado por estas desgracias.
Hay una prohibición lisa y llana. No propicia ningún cambio cultural, a partir de la concientización o educación, no establece cómo deberá mejorarse el sistema de controles en todo el país para el cumplimiento de esta disposición, que hoy en 0,5 falla y seguirá fallando en 0.
Lo cierto y lo lamentable es el engaño. No es el consumo de una copa de vino lo que provoca los siniestros con pérdida de vidas. Esto lo marcan los datos, los estudios serios sobre el tema. La normativa actual que permite la conducción en 0,5 gramos por litro de sangre es el límite tolerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En otros países, se tolera hasta un 0,8 teniendo una tasa de siniestralidad menor, siempre a partir de la educación vial y la concientización.
Tenemos el caso del médico mendocino, que en estado de ebriedad, chocó a un taxi produciendo la muerte de una joven de 27 años en 2019. Este hombre tenía 2,06 gramos de alcohol en sangre, cuatro veces lo permitido por ley.
No puede ser lo mismo disfrutar de una copa de vino en un almuerzo o cena, bebida que es considerada un alimento por sus funciones nutricionales y sociales, que el exceso del consumo desmedido de alcohol o drogas que es dañino para la salud, y que pone en riesgo a la persona y a terceros.
Sumo otro caso reciente e igualmente desgarrador que ocurrió en Buenos Aires: la historia de dos amigas que salieron a festejar un cumpleaños y que una de ellas encontró la muerte a causa de un automovilista que no había tomado una copa de vino o una medida de cerveza, tenía 1,38 gramos de alcohol en sangre.
Brenda Ayelén Joubert murió en el acto, producto de las heridas provocadas por el golpe del vehículo sobre su cuerpo. Melanie Dalmaris, la otra joven está muy grave. El conductor las atropelló, se fugó y al poco tiempo fue detenido.
Estos dos tristes ejemplos sirven para demostrar que lo que hace falta es profundizar los controles, aplicar contundentes sanciones, y fomentar con la educación mayor conciencia.
Hoy con 0,5 gramos suceden estos hechos, por falta de control en los que se exceden, y nada nos garantiza que llevar a cero, sin medidas anexas como plantea esta norma, se van a generar cambios inmediatos. Como cualquier transformación debe ser con capacitación y con sanciones claras.
Por eso, el modelo mendocino tiene mucho para mostrar. Luego del endurecimiento de las sanciones a las infracciones viales en 2018, en la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo. Nuestra provincia mejoró enormemente. Los números hablan por sí solos: en su primer año de aplicación se logró bajar la siniestralidad con fallecimientos en hechos de tránsito. Si se tienen en cuenta las estadísticas, para el 31 de diciembre de 2019 hubo 119 siniestros con fallecidos; al 31 de diciembre del 2020 se produjeron 87 siniestros, es decir que en un año bajaron 27%. En cuanto a los fallecidos en 2019, hubo 136; mientras que en 2020 hubo 101 víctimas fatales, con lo cual la baja fue de 26%.
La industria vitivinícola viene golpeada, producto de los desaciertos en la política macroeconómica, sumado a los faltantes de insumos, una inflación que altera la cadena de costos, y ahora las inclemencias del tiempo por las heladas tardías y el granizo.
Hay que sumar que ya venimos experimentando una fuerte baja en el consumo interno del vino. Sin soluciones a corto plazo, esta norma dañina es otro embate más a los distintos eslabones, pero es mayor el cimbronazo para los pequeños empresarios que quieren seguir con la tradición de sus abuelos y de sus padres trabajando una finca o una pequeña bodega para luego comercializar sus vinos. Otra vez una medida desde Buenos Aires afecta a los pequeños y medianos productores de Mendoza.
Es una ley inútil, que se gesta en Buenos Aires desde un escritorio, sin ver las estadísticas reales, sin ver qué se hace en el mundo, sin considerar las distintas circunstancias de las economías regionales tan lejanas del Puerto. Esperemos que, así como la Cámpora la impuso a través del titular de la Agencia de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, quienes representan a nuestra provincia y en algún momento hablaban de sus virtudes para traer buenos acuerdos para Mendoza, lo hagan, y prioricen a su pueblo, que los eligió, por sobre sus lealtades partidarias, y luchen por el beneficio de los mendocinos.
Las declaraciones de Martínez Carignano, celebrando la media sanción de tolerancia cero, generan indignación: “La ley busca cambiar el pronombre. Uno piensa en uno, en sus derechos. Pero si en lugar de poner el ‘yo’ adelante se pone el ‘todos’, entenderemos que la ley es para cuidarnos”.
Una ley que piense en todos, señor Martínez Carignano, debería plantear un sujeto social que debe ser capacitado y protegido con controles como los que se hacen en los países desarrollados, no violando las libertades y mucho menos atentando contra el trabajo y las fuentes de ingresos. No se pueden impedir abusos, generando nuevos abusos. Atentando contra la responsabilidad individual, queriendo convertir en legal algo que es notoriamente autoritario.
Una vez más será el coraje de nuestro gobernador Rodolfo Suárez el que hará la diferencia, no aplicando y rechazando una norma que fracasó, como ya se vio en otras provincias como Córdoba, con tolerancia O pero más accidentes fatales que Mendoza.
Análisis
El drama de Granja Tres Arroyos: 500 familias sin trabajo y sin cobrar
La empresa avícola cerró su planta en la localidad bonaerense, adeuda sueldos y aguinaldos y pidió un concurso preventivo de acreedores. «Somos un pueblo al que le cayó una bomba», describieron los trabajadores despedidos, que reclaman respuestas que la patronal nunca dio.
Más de 500 trabajadores y trabajadoras de Capitán Sarmiento perdieron su empleo en las últimas semanas tras el cierre de la planta avícola de Granja Tres Arroyos en esa localidad del norte bonaerense. La empresa acumula deudas salariales que incluyen meses de sueldo sin pagar y aguinaldos pendientes, y recurrió a la Justicia para pedir la apertura de un concurso preventivo de acreedores, el mecanismo legal que antecede a la quiebra y que deja a los trabajadores en una situación de extrema incertidumbre sobre el cobro de sus acreencias.
El impacto de los despidos no se limitó a Capitán Sarmiento. Según describió Andrea Ulere, ex empleada de la empresa, la crisis se extendió a municipios vecinos: alrededor de 100 despidos adicionales se registraron en Arrecifes y otros 100 en San Antonio de Areco, lo que convierte a esta debacle laboral en un golpe colectivo sobre toda la región del norte del conurbano extendido.
«Una bomba en el medio del pueblo»
Ulere describió la situación con una imagen que sintetiza el derrumbe social que vive la localidad. «Somos un pueblo que tiene la sensación hoy de caminar por la calle, que nos ha caído una bomba en el medio y andamos juntando los pedazos de la gente», señaló. «No se puede describir con palabras el dolor que tenemos», agregó.
La ex trabajadora reveló además un detalle que ilustra la dimensión humana de la crisis: «Acá venía el cartero del pueblo con el despido en mano llorando». La imagen del telegrama de despido entregado entre lágrimas en una localidad pequeña habla de un tejido comunitario que la empresa desgarró sin dar explicaciones.
Ulere fue cuidadosa al momento de atribuir responsabilidades, pero contundente: «Más allá del nivel nacional, que todos sabemos que económicamente estamos todos mal, acá hubo una mala gestión de los hijos y sobrinos de Joaquín de Grazia, que hicieron un mal negocio. Los despidos decían que eran por la gripe aviar, el Covid-19, y nosotros en esa época es cuando se trabajó más que nunca».
Veinte años de trabajo, deudas y silencio patronal
Los testimonios de los trabajadores que aún no recibieron su telegrama pero temen recibirlo en cualquier momento son igualmente demoledores. Oscar, con 20 años de antigüedad en la planta, graficó el costo que la prolongada agonía de la empresa tuvo sobre su salud y su dignidad: «La situación me tiene mal. Nos afecta la salud mental. Ya hace un año y medio que vivimos esto. Yo vivo con mis padres. No es lo justo que yo tenga que vivir de ellos».
Nadie de la empresa viene a dar la cara y dar explicaciones, denunció Oscar. «Así nos tuvieron un año y medio. Nos quitaron parte de nuestro salario, nos deben el pago de meses, nos deben vacaciones», enumeró.
Otro trabajador con más de 18 años de antigüedad contó que el deterioro fue progresivo y que los empleados cedieron ante cada exigencia patronal con la esperanza de conservar el puesto: «El conflicto comenzó con un pedido de esfuerzo a los trabajadores y una reducción salarial del 9%. Luego, los pagos comenzaron a realizarse en cuotas. Con tal de seguir trabajando lo aceptamos. Hace tres meses nos pagaban 100 mil por semana«, relató. «Nosotros hemos aportado mucho a la empresa, pero para ellos somos un número más», cuestionó.
Un tercer operario con 16 años en la empresa resumió la angustia cotidiana de quienes todavía no fueron desvinculados pero tampoco cobran: «Todos tenemos chicos, cuentas que pagar, se me vence el alquiler, no tengo plata para alquilar en otro lado. Los servicios los pago como puedo. Si hacés una changa te peleás por los precios. Tuvimos que hacer muchos recortes en salidas y alimentos. Antes alcanzaba la plata. Ahora no alcanza para nada. Tenemos un trabajo fijo pero no cobramos».
La intendenta y el pedido de los trabajadores
Durante las protestas frente a la planta y en la plaza de Capitán Sarmiento, la intendenta local Fernanda Astorino Hurtado se hizo presente para interiorizarse sobre la situación. Habló de un «mal manejo empresarial», lo que coincide con el diagnóstico de los propios trabajadores, aunque para estos últimos la presencia política no alcanza si no se traduce en acciones concretas.
Ulere fue directa al respecto: «Todo sirve, nosotros estamos desorientados y lo que queremos es que esto no se apague, que ella luche por nosotros para que no se apague. Porque donde dejen de hablar de nosotros, todo va a terminar en la nada. A los políticos para que se muevan, porque ¿quién nos va a salvar a nosotros?».
La pregunta resuena con fuerza en un contexto nacional en el que el gobierno de Javier Milei ha reducido el gasto en programas sociales en más de un 60% y donde la desregulación del mercado laboral, impulsada por la misma gestión, dejó a miles de trabajadores sin las redes de contención que el Estado podía ofrecer. El drama de Capitán Sarmiento no es una excepción: es el retrato de lo que ocurre cuando una empresa quiebra y el Estado se hace a un lado.
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