Análisis
Los ingleses nos deben Malvinas y también La Forestal
Necesarios apuntes en función de la cercanía del 2 de abril.

Por Carlos Del Frade
“…de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, dice la primera estrofa de “Muchachos”, la canción que sintetizó el triunfo del Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar.
Los pibes y también las pibas de Malvinas fueron muchas veces olvidados y olvidadas, por eso está bien que haya una reivindicación después de tantos suicidios y marginaciones a lo largo de los 41 años que se cumplirán este 2 de abril, fecha que recuerda el desembarco ordenado por el terrorismo de estado.
Pero en esta semana en la que se hablará mucho de “soberanía”, es preciso democratizar el saqueo que los ingleses vienen produciendo en el territorio argentino desde finales de los años ochenta del siglo diecinueve y que todavía se perpetúa.
El saqueo que generó La Forestal gracias a la corrupción, vasallaje y complicidad de funcionarios nacionales y santafesinos durante décadas.Una de las mejores formas de no olvidar a los pibes de Malvinas es empezar a cobrarles a los ingleses lo que nos deben en el norte profundo santafesino.
“Para 1940 una sola empresa taninera «La Forestal Argentina S.A. de Tierras, Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales» en sus principales establecimientos industriales consumía diariamente más de 1300 toneladas de rollizos de esa madera, lo que significaba unas 400.000 ton al año, significando la exterminación por esta sola vía de 16.000 has de bosques de quebracho colorado al año.

La estimación técnica es que hasta mediados de la década de 1940, toda la industria del tanino había utilizado la madera de unos 30.000.000 de árboles que equivalían a la corta de unas 2.500.000 de has.
Ese mismo informe técnico señalaba que si se sumaran las toneladas de quebracho colorado utilizadas para producir su extracto tánico, más las empleadas para elaborar durmientes de ferrocarril, postes, etc., más las quemadas en forma de leña y carbón se obtendría un total que se calcula no inferior a 350.000.000 de tn (equivalentes en promedio a la misma cantidad de árboles de esa especie) y toda esa corta se produjo en unos 75 años, habiéndose despoblado así unas 10.000.000 de has de estos bosques”, sostiene el docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y el CONICET, Adrián Gustavo Zarrilli en su trabajo “El oro rojo.
La industria del tanino en la Argentina (1890 – 1950). 400 mil toneladas de madera al año de quebracho colorado. 16 mil hectáreas de bosques exterminadas por año. 30 millones de árboles cortados. 75 años constantes de planificada explotación del norte santafesino y avalado por el estado del Reino Unido de Gran Bretaña.
Dice la Constitución Nacional en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales…”.
Por su parte, la Constitución de la Provincia de Santa Fe observa en su artículo 8 que “todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley. Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad”.
Y agrega en el artículo 19 que “la Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. Con tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia sanitaria y crea la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación de la salud, en colaboración con la Nación, otras provincias y asociaciones privadas nacionales e internacionales”.
El derecho a gozar un ambiente sano necesita que el estado remueva los obstáculos de orden económico y social que limiten la igualdad e impidan el libre desarrollo de la persona, “en la vida política, económica y social de la comunidad”, entre los que se destaca la tutela de la salud como “derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad”.
Esos derechos nunca pudieron ejercerse de manera concreta en los llamados pueblos forestales de la provincia de Santa Fe, ubicados en cinco departamentos: Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Justo y San Cristóbal, debido a las consecuencias del delito ambiental de grandes proporciones producido por la empresa La Forestal en connivencia con el estado del Reino Unido de Gran Bretaña.
En Nueve de Julio, la empresa tuvo la explotación de 660 mil hectáreas, un 29 por ciento de la superficie del departamento. En Vera, 684 mil hectáreas, el 40 por ciento del territorio.
En General Obligado, 450 mil hectáreas, el 18 por ciento del territorio departamental. En San Justo, 90 mil hectáreas, el 17 por ciento del territorio.
En San Cristóbal, 470 mil hectáreas, el 30 por ciento del departamento. Un latifundio de 2.354.000 hectáreas.
Las consecuencias sociales de la planificada política económica de La Forestal que giraba parte de sus ganancias al tesoro del estado del Reino Unido de Gran Bretaña aparecieron en los números de los censos de población de los años 1960 – 1980.
Villa Ana redujo su población en un 85 por ciento.
Villa Guillermina, en un 26 por ciento.
Villa Ocampo, en un 8 por ciento.
La Gallareta, en un 87 por ciento.
Tartagal, en un 44 por ciento.
El delito ambiental cometido por esa política de explotación extractivista, avalada por el gobierno inglés, continuó en la vida colectiva de estas poblaciones del norte profundo santafesino más allá del cierre del último ingenio en La Gallareta, en 1963, en el departamento Vera.
El éxodo de la población, efecto del cierre de los obrajes y el exterminio del bosque, tiene costos sociales que llegan hasta el presente. Las cifras del Censo de Población del año 2010 marca la continuidad de aquellas ganancias de La Forestal y el Reino Unido de Gran Bretaña: El promedio de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas en la provincia de Santa Fe es del 7,4 por ciento.
Y el promedio de la tasa de analfabetismo en la provincia es de 1,8 por ciento. Sin embargo, en Nueve de Julio asciende al 15 por ciento y la tasa de analfabetismo se eleva al 5,5 por ciento. En Vera, las NBI alcanzan al 14,7 por ciento de la población y el analfabetismo al 5 por ciento. En General Obligado, las NBI llegan al 11,8 por ciento y el analfabetismo al 3,4 por ciento.
En San Cristóbal, las NBI alcanzan al 6,9 por ciento de los hogares y la tasa del analfabetismo al 2,5 por ciento. Y en San Justo, las NBI llegan al 6,1 por ciento de los hogares y la tasa de analfabetismo al 2,2 por ciento.
El cierre de La Forestal empobreció el ecosistema y la vida de los pueblos forestales. Ganancias en las arcas inglesas y mayor número de pobreza y analfabetismo en las tierras de donde sacaron sus millonarias utilidades. “La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera.
Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo.
La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales”, dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de la Causa Mendoza.
El perjuicio a toda la población pertenece a la esfera social y transindividual. El delito ambiental de La Forestal y el estado del Reino Unido de Gran Bretaña se sigue produciendo en el presente porque esa esfera social y transindividual sigue siendo afectada. Delito ambiental al borde del ecocidio, como empiezan a denominarlo en distintos países del mundo.
Delitos que al continuarse en el tiempo se emparentan con los de lesa humanidad. Por lo tanto es necesario una reparación para esos pueblos forestales. Es imprescindible iniciar acciones legales desde el estado santafesino en los tribunales nacionales e internacionales debido para reparar semejante daño producido contra el ecosistema del norte provincial desde 1905 a 1963.
Lograr una indemnización que sirva para constituir un Fondo de Reparación Histórica y Económica para los Pueblos Forestales. ¿Cuál es el costo que el estado del Reino Unido de Gran Bretaña debe pagar a los pueblos forestales por haber sido beneficiado por la acción deliberada de destrucción de los recursos naturales de La Forestal, su socia en los hechos?.
El libro de Gastón Gori y la investigación del diputado provincial Anacarsis Acevedo que tuvo a su cargo la comisión investigadora de La Forestal, coinciden en un primer dato: en el período 1947-1957, las ganancias de la empresa fueron de 50 millones de dólares.
Según el investigador Oscar Ainsuain, “sin documentación fehaciente sobre el negocio de durmientes, ganadería, transporte, proveeduría, etc. dividimos el trabajo en dos partes lo que nos permitió acercarnos con cifras bastantes precisas a las ganancias del monopolio inglés”.
“La primera está basada sólo en la joya de la Compañía: las exportaciones de Extracto que concentra la mayoría de las utilidades. Los datos del período 1947-1957 nos permitieron proyectar utilidades desde 1906 –año en que comenzó la producción industrial- hasta 1957.

“La segunda parte contiene información de las Memorias y Balances aportada por Acevedo desde 1957 hasta el cierre de La Forestal».
PRIMERA ETAPA:
EXPORTACIONES DE EXTRACTO DE TANINO
Año Toneladas
1920 101627
1921 101113
1922 124233
1923 163131
1924 180912
1925 214183
1926 202608
1927 198807
1928 202608
1929 198807
1939 202633
1931 175845
1932 188059
1933 211048
1934 232655
1935 175713
1936 176430
1937 198480
1938 167940
1939 S/D
1940 126998
1941 142240
1942 135700
1943 149265
1944 130066
1945 195766
1946 210497
1947 221068
1948 138.009
1949 100.293
1950 210.137
1951 219.106
1952 167.230
1953 172.366
1954 126.580
1955 121.953
1956 118.939
1957 123.025
1958 108.390
1959 122984
1960 133184
1961 143324 (último dato)
Fuentes: Extracto de quebracho. Series estadísticas de la producción y comercialización. Cámara Argentino-Paraguaya de productores de extracto de quebracho. Buenos Aires, 1959. El oro Rojo.
La Industria del Tanino en la Argentina (1890-1950) Adriàn Gustavo Zarrilli Gastón Gori agregaba que en “el período 1947-1957 las ganancias de la empresa se calculaban en 50 millones de dólares y hacia 1963, sus excedentes eran del orden de los 750 millones de pesos nacionales”.
También explicaba que en 1963, «La Gallareta se conmovía por el cierre de su fábrica de tanino; pero la Compañía ni remotamente se cerraba como consecuencia de un descalabro económico; por el contrario, sus ingresos brutos en ese año fueron del orden de los 547 millones de pesos, así como en 1962, después de la clausura en Villa Ana, fueron de 463 millones de pesos”.
Anacarsis Acevedo en su libro Investigación a La Forestal dice “En la década del 47 al 57 según una publicación de información jurídica que corre agregada a una demanda contra La Forestal ésta habría ganado la suma de 50 millones de dólares”.
A continuación reflejamos algunos datos relacionados con la producción, exportación y participación porcentual del Extracto de quebracho colorado en el mercado mundial y volumen físico y valor de las exportaciones argentinas de quebracho colorado.
Producción de Extracto – Período 1947-1957: 1.820.698 toneladas Exportación y consumo interno de Extracto – Período 1947-1957: 1.795.662 toneladas Participación porcentual del Extracto de Quebracho Colorado en el mercado mundial en relación con el de Mimosa y Castaño – Período 1947-1957: 46,7% (promedio) Volumen físico de las exportaciones de Extracto Período 1947-1957: 1.595.681 toneladas Valor de las exportaciones de Extracto Período 1947-1957: 2.647.265.829 M$N
Fuente: LA REFORESTACION CON QUEBRACHO COLORADO Y ALGUNAS NORMAS SILVICOLAS RELACIONADAS CON SU APROVECHAMIENTO RA-CIONAL 1. POR JOSE ANTONIO VALENTINI 2 (1 Trabajo realizado en la Administración Nacional de Bosques. 2 Ingeniero Agrónomo. Técnico de la citada dependencia y Profesor Titular de Silvicultura de la Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines de la Universidad Nacional del Nordeste).
CONCLUSIONES DEL PERÍODO 1606-1947
Cotización de dólar 1947-1957
Junio 1947 $4,19
Junio 1948 $5,63
Junio 1949 $9,56
Junio 1950 $13,74
Junio 1951 $24,10
Junio 1952 $21,25
Junio 1953 $23,60
Junio 1954 $25,50
Junio 1955 $33,25 Junio 1956 $32,60 Promedio 19,34 M$N por dólar Total nacional de ventas al exterior de Extracto 1947-1957: 133.880.343 dólares. Como La Forestal participó con un promedio del 65% (VER PARTICIPACIÓN ADJUNTO), sus exportaciones de la década fueron de 87.022.223 dólares.
Las ganancias de 50 millones del período (1947-1957) que refieren Gori y Acevedo son totalmente convincentes, máxime si se tiene en cuenta que no están contabilizados otros rubros como ganadería, transporte, durmientes, proveeduría, etc.
La información sobre ganancias que brindan se refuerza con el volumen de exportación de Extracto. En el período 1920-1946 se exportó a razón de 173.360 toneladas anuales y en el período que analizamos (1947-1957) fue casi un 9% menor: 159.568 toneladas.
De acuerdo al precio promedio del dólar del período 1947-1957 La Forestal habría exportado en 51 años 1906-1957por valor de 435.111.116 dólares. Partiendo de los datos aportados por Gori y Acevedo -50 millones de dólares cada 10 años- se podría proyectar que las utilidades de la Compañía en el rubro exportación de Extracto en el período 1906-1957 fueron de 255.000.000 de dólares.
CONCLUSIONES DEL PERÍODO FINAL
Cotización del dólar 1957-1962 Junio 1958 $42,10 Junio 1957 $40,75 Junio 1959 $84,90 Junio 1960 $82,50 Junio 1961 $82,60 Junio 1962 $133,00 Promedio 77,64 M$N por dólar.
Con la mayoría de las fábricas cerradas, la empresa en retirada y con la amenaza del gobierno provincial de reducir el cupo de exportación en un 75%, Acevedo aseguró que La Forestal “en los últimos 6 años según su propia Memoria y Balance General ha ganado 750.157.452 pesos moneda nacional. Ganancia libre del pago de impuestos, etc.”.
Teniendo en cuenta el valor promedio del dólar de esos años la Compañía obtuvo utilidades por 9.661.997 dólares. A lo largo de los 55 años de actividad, como mínimo la multinacional inglesa logró utilidades por 264.661.997 de dólares. Teniendo en cuenta la tasa de inflación promedio de EEUU entre 1958 y 2020 (3,62%) anual, la moneda norteamericana registró un aumento del 804,84%. Esto significa que 1 dólar de 1958 equivale a 9,05 dólares de 2020.
Por lo expuesto el reclamo actualizado, sin contar otros rubros comerciales o el genocidio ambiental provocado, asciende a 2.395.191.073 dólares.
Esa primera cifra de ganancias de La Forestal es la base del reclamo por el delito ambiental provocado en los pueblos forestales. Pero a medida que avancen las investigaciones, el costo del delito ambiental producido por La Forestal, seguramente será mayor a medida que distintos estudiosos y científicos se enamoren de la posibilidad cierta de recuperar algo de lo mucho que nos fue saqueado. Cuenta Daniel Silber en su cuaderno “La Forestal” que en el año 1916 la empresa le “pagaba al gobierno de Santa Fe 296.966 pesos en concepto de impuestos por la explotación de 1.602.655 hectáreas, en tanto en Inglaterra abonaba por impuestos por beneficios excesivos la suma de casi 9 millones de pesos.
Si tenemos presente que en el año 1908 el presupuesto provincial fue de casi 9.100.000 pesos, tendremos una somera idea de la verdadera magnitud y del poder -ya sea económico como político- que representaba esta compañía extranjera enclavada en Santa Fe”.
Lo que dejaba en el tesoro del estado inglés era el equivalente a un presupuesto provincial entero. Si ese promedio se mantuvo solamente desde 1905 a 1963, la suma de casi 2.500 millones de dólares podría hasta triplicarse.
Además hay que considerar que si bien la actividad comercial de La Forestal comenzó en 1905, la explotación de los bosques comenzó en 1880, un cuarto de siglo antes, con lo que el costo del delito ambiental también es mucho mayor. Es necesario responder a las necesidades de los pueblos forestales desde la intención de reparar este delito.
Creemos que es función indelegable del estado provincial iniciar el camino por el cobro de esa indemnización que deberá volcarse íntegramente al desarrollo de los municipios y las comunas de esos cinco departamentos devastados por la planificada política extractivista de la empresa en sociedad con el estado del Reino Unido de Gran Bretaña.
Es una reparación histórica, tal como la que se hiciera con las familias inundadas en 2003 en la ciudad de Santa Fe o las víctimas del genocidio de los años setenta y principios de los años ochenta.
Crear el Fondo de Reparación Histórica y Económica de los Pueblos Forestales es un imperativo ético y político para la dirigencia santafesina. Una lucha que debe iniciarse con la sanción de esta iniciativa. Las nuevas generaciones seguirán la pelea. Algún día se ganará y entonces terminará el triste e hipócrita latiguillo del “norte postergado”.
La postergación del norte es obra de la impunidad de La Forestal y su principal socio, el estado del Reino Unido de Gran Bretaña. Llevar adelante esta reparación histórica para los pueblos forestales es una forma concreta de no olvidar a aquellos “pibes de Malvinas” de los que habla la canción popular.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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