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Fallo judicial exige restitución y salarios a empleada de Easy Palermo

Juzgado laboral dictó medida urgente que incluye volver al puesto, pagar sueldos adeudados y proteger a la empleada mientras se investiga el caso.

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Lo que tenés que saber

  • Justicia laboral dictó medida cautelar por posible despido discriminatorio.
  • Cencosud debe reincorporar a una empleada y pagarle su salario completo.
  • Testimonios afirman amenazas, acoso y beneficios laborales selectivos.
  • Empresa no aplicó el protocolo de violencia impuesto en 2017.
  • Se investigará la inacción del sindicato frente al conflicto.

Medida judicial ordena la vuelta al trabajo de una empleada despedida

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 62 hizo lugar a una medida cautelar en favor de una trabajadora despedida por Cencosud S.A. El tribunal consideró que existen indicios de una posible motivación discriminatoria relacionada con su actividad sindical. En consecuencia, la resolución dispone la reincorporación inmediata de la empleada en su puesto en la sucursal Easy Palermo y el pago de los salarios adeudados.

La acción judicial fue presentada como juicio sumarísimo y busca que se declare la nulidad del despido, ocurrido el 3 de febrero de 2025. Según la demanda, la desvinculación fue arbitraria y en represalia por la participación de la trabajadora en una agrupación gremial opositora, así como por sus denuncias públicas contra otros despidos que consideró discriminatorios.

Testimonios denuncian amenazas, beneficios irregulares y acoso

En el expediente figuran testimonios que aseguran que la trabajadora sufrió amenazas y acoso por parte de un delegado gremial y otros compañeros de trabajo. También indican que “la empresa no adoptó ninguna medida para detener esa situación”. A esto se suman declaraciones que describen un entorno laboral con beneficios para empleados afines a la dirigencia sindical, como jornadas más extensas y mejores condiciones, frente a situaciones precarias para los considerados disidentes.

Se reveló además que “la empresa nunca acató el protocolo de violencia laboral que el Juzgado obligó a elaborar”, en referencia a una disposición judicial de 2017 dictada tras un caso anterior en la misma sucursal. Ese protocolo surgió tras la primera orden de alejamiento en el ámbito laboral contra un dirigente gremial.

Cuerpo sindical y directivos deberán declarar en la causa

El fallo ordena la citación del cuerpo de delegados pertenecientes a la lista oficialista, responsables jerárquicos de la dirección de Easy Palermo y superiores de la trabajadora. El objetivo es esclarecer los hechos en torno al despido y las condiciones laborales denunciadas.

También se investigará la falta de intervención directa del sindicato frente a la situación de su afiliada, incluyendo la ausencia de medidas como asambleas o acciones colectivas, lo que activó cuestionamientos a la legitimidad de la representación gremial en este conflicto.

Por el momento, la empresa debe “garantizar un entorno laboral libre de violencia y preservar la integridad de la trabajadora, bajo apercibimiento de sanciones económicas por incumplimiento”.

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Rematan otra joya del patrimonio público en Caballito tras un primer intento fallido

El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos. En tanto, el precio mínimo de venta o valor base se estableció en 368,05 millones de pesos. La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.

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El desguace del Estado no se detiene: la AABE vuelve a la carga con la subasta de una propiedad pública en Caballito.

El Gobierno nacional insistió en su política de desfinanciamiento y desguace del patrimonio público al autorizar un nuevo llamado a subasta para desprenderse de un valioso inmueble estatal en el barrio porteño de Caballito. A través de la Resolución 89/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), las autoridades avanzaron con la privatización encubierta de esta propiedad; todo esto luego de que el primer intento de remate quedara completamente desierto por la falta de papeles de la única oferente.

El inmueble en cuestión, ubicado en la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, cuenta con una superficie de 210 metros cuadrados y se encuentra identificado catastralmente como Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 184, Parcela 6. El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que su valor venal es de 433 millones de pesos (una cifra equivalente a 306.007 dólares según la cotización oficial de 1.415 pesos por dólar al 30 de abril de 2026), mientras que el valor base de subasta se fijó en apenas 368,05 millones de pesos (unos 260.160 dólares), lo que representa una clara rebaja para facilitar la entrega de los recursos de todos los argentinos.

Un proceso flojo de papeles

La normativa de la AABE declaró desierto el llamado previo (identificado como Subasta Pública 392-0093-SPU25) e instruyó la apertura inmediata de un nuevo expediente bajo el número 392-0036-SPU26. En aquella primera convocatoria, realizada en febrero de 2026, la única persona que se inscribió (Victoria Celia Laguia Rugna) fue declarada inadmisible por no dar cumplimiento a los requisitos administrativos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La urgencia oficial por hacer caja con la infraestructura del país quedó en evidencia al relanzar el proceso bajo el mismo procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificando apenas el pliego de bases y condiciones. Según el texto oficial, los fondos que se recauden por la venta (deducidos los gastos del proceso) se afectarán según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1.382/12, el marco de gestión de bienes inmuebles del Estado que regula la distribución de estos recursos entre el Tesoro Nacional y los organismos que originalmente los cedieron. El cronograma definitivo de inscripción y la fecha exacta del acto de remate se publicará en las próximas semanas en el sistema de gestión electrónico COMPR.AR.

Puntos clave

  • La AABE autorizó un nuevo llamado a subasta pública para la venta de un inmueble estatal en Caballito.
  • El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos.
  • El precio mínimo de venta o valor base de la subasta se estableció en 368,05 millones de pesos.
  • La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
  • Los fondos obtenidos serán distribuidos entre el Tesoro Nacional y los organismos cedentes según el Decreto 1.382/12.
  
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