El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un recurso de inconstitucionalidad y confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional de mayo de 2019, que dejó sin efecto diversas medidas cautelares impuestas contra la compañía UBER, en un fallo que no cierra el debate sobre la legalidad de la aplicación entre la empresa y el Gobierno porteño.

El máximo tribunal de la Ciudad rechazó el pedido que había realizado el fiscal de Cámara Martín Lapadú y confirmó el fallo que levantaba medidas cautelares como la utilización de las tarjetas de crédito como medio de pago y el bloqueo de los sitios web de la empresa para evitar su funcionamiento.

La sentencia, sin embargo es leída de manera diversa: mientras que la empresa afirma que se confirma la «absoluta legalidad» de la plataforma, desde el Gobierno de la Ciudad dicen que el fallo sostiene que «no afirmó su legalidad».

el fallo de cámara sostiene que si bien la actividad de UBER «se había llevado adelante en la vía pública y con ánimo de lucro, ello no implicaba necesariamente una afectación al espacio público».

Si bien el fallo no define taxativamente en ninguno de ambos sentidos, a la hora de argumentar su decisión sobre las medidas cautelares, la jueza Alicia Ruíz aclaró que buena parte de esta problemática -que incluye «afectaciones a derechos individuales y colectivos, conflictividad con otros prestatarios de transporte»- se debe a la «la falta de un régimen legal y reglamentario» que termine por zanjarla de manera integral.

Por otra parte, para rechazar el pedido del fiscal, los jueces Ines Weinberg y Santiago Otamendi retomaron los argumentos del fallo de cámara en el que se sostiene que si bien la actividad de UBER «se había llevado adelante en la vía pública y con ánimo de lucro, ello no implicaba necesariamente una afectación al espacio público».

Esto es, según se explicó, por el hecho de que la prestación del servicio público de transporte de pasajeros «sin la habilitación» respectiva implica una infracción pero «no convierte esa actividad en un uso ilegal de dicho espacio».

Felipe Fernández Aramburu, Head Regional de Uber para Cono Sur, dijo que la decisión del TSJ «abre un nuevo capítulo que será positivo» para todos. «Quienes quieren moverse mejor por la ciudad y también para los que buscan en la tecnología una oportunidad económica. Queremos seguir mejorando la ciudad, con vocación de diálogo junto a los más de 2 millones de usuarios y más de 75.000 socios conductores”, dijo.

Desde el Gobierno porteño, a través de un comunicado, concedieron que el fallo reconoce que «la actividad de UBER es una falta y no una contravención, pero no afirmó su legalidad».

«De hecho, el Tribunal Superior de Justicia confirmó sentencias en los últimos meses que en todas las instancias tanto los juzgados como las cámaras intervinientes en materia penal contravencional y de faltas de CABA, habían afirmado que la actividad de transporte de pasajeros que hace UBER es ilegal», aclararon.