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García Cuerva criticó el vallado de la Catedral y pidió «un Estado presente en los barrios»

«El retroceso del Estado permite que otros, como el narcotráfico, ocupen ese espacio, lo que agrava la situación en los sectores vulnerables», aseguró el arzobispo.

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó su preocupación por el reciente vallado de la Catedral durante una protesta del colectivo LGBT, medida que, según afirmó, “no había necesidad”.

La decisión, tomada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y encabezada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, generó tensiones en el ámbito político y religioso, ya que el arzobispo había pedido desde el inicio de su ministerio que se eliminaran las barreras para fomentar el diálogo y la apertura en la sociedad.

El pedido contra el narcotráfico en los barrios populares

El arzobispo enfatizó la importancia de que el Estado desarrolle políticas públicas que garanticen la calidad de vida en los barrios populares y contrarresten el avance del narcotráfico. “Hay políticas públicas que son muy valederas, positivas, que plantean la idea de un Estado presente e inteligente en los barrios populares”, manifestó en declaraciones radiales. Señaló además que el retroceso del Estado permite que otros, como el narcotráfico, ocupen ese espacio, lo que agrava la situación en los sectores vulnerables.

A lo largo de sus intervenciones, García Cuerva destacó que, a pesar de las críticas al gobierno, se mantienen esfuerzos para abordar problemas fundamentales en áreas como la vivienda, la educación y los microemprendimientos. En ese sentido, subrayó que “no todo fue corrupción y un desastre”, y que es fundamental continuar investigando los posibles actos de corrupción en las políticas públicas para garantizar la presencia efectiva del Estado.

El arzobispo recordó que, al inicio de su ministerio en Buenos Aires, la Catedral se encontraba vallada de forma diaria, al igual que otros monumentos, situación que él instó a revertir para generar apertura y diálogo con la sociedad, incluso con la diversidad. Explicó:

“Cuando comencé el ministerio episcopal en Buenos Aires, la Catedral estaba vallada de manera diaria como otros monumentos, y pedí por favor que saquen las vallas porque teníamos que generar apertura y diálogo con la sociedad, aún con la diversidad.”

Sin embargo, durante la última protesta del sector LGBT, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió colocar las vallas a pesar del acuerdo previo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El arzobispo denunció:

“En esta última ocasión no fue el gobierno nacional. Lo conversé con Patricia Bullrich y ella entendió que con el diálogo que tenemos con el colectivo LGBT no había necesidad. Fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les pedí que las saquen y oh, sorpresa, a la mañana del sábado nos encontramos con las vallas colocadas. Por eso sacamos ese comunicado porque pedimos que las saquen y nos dijeron que no lo iban a hacer.”

García Cuerva también destacó la importancia del compromiso del Estado en la resolución de conflictos sociales y en la implementación de políticas que mitiguen el avance del narcotráfico en los barrios populares. En sus declaraciones, resaltó:

“Si realmente se considera que hubo actos de corrupción en las medidas que se tomaron con estas políticas públicas, que se investigue, denuncie, se condene, y en sí mismas son políticas positivas.”

El arzobispo, que mantiene diálogo con funcionarios del Poder Ejecutivo, incluso con el presidente Javier Milei, concluyó su intervención subrayando la necesidad de que la Iglesia y el Estado trabajen conjuntamente para promover una cultura de encuentro y justicia, como lo demostró el mismo Papa Francisco durante su reciente internación en el Policlínico Gemelli.

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Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once

Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.

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El modelo Macri en Once: operativos contra laburantes mientras la "Ley Beatriz" sigue cajoneada.

Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once

★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.

Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Una organización que nació de la resistencia

La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.

«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.

El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».

El patrón: más fuerza, menos derechos

El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.

Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.

Una «Ley Beatriz» que nunca llegó

El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.

El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.

Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?

Puntos clave

  • Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
  • La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
  • El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
  • El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
  • La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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