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García Cuerva criticó el vallado de la Catedral y pidió «un Estado presente en los barrios»

«El retroceso del Estado permite que otros, como el narcotráfico, ocupen ese espacio, lo que agrava la situación en los sectores vulnerables», aseguró el arzobispo.

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó su preocupación por el reciente vallado de la Catedral durante una protesta del colectivo LGBT, medida que, según afirmó, “no había necesidad”.

La decisión, tomada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y encabezada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, generó tensiones en el ámbito político y religioso, ya que el arzobispo había pedido desde el inicio de su ministerio que se eliminaran las barreras para fomentar el diálogo y la apertura en la sociedad.

El pedido contra el narcotráfico en los barrios populares

El arzobispo enfatizó la importancia de que el Estado desarrolle políticas públicas que garanticen la calidad de vida en los barrios populares y contrarresten el avance del narcotráfico. “Hay políticas públicas que son muy valederas, positivas, que plantean la idea de un Estado presente e inteligente en los barrios populares”, manifestó en declaraciones radiales. Señaló además que el retroceso del Estado permite que otros, como el narcotráfico, ocupen ese espacio, lo que agrava la situación en los sectores vulnerables.

A lo largo de sus intervenciones, García Cuerva destacó que, a pesar de las críticas al gobierno, se mantienen esfuerzos para abordar problemas fundamentales en áreas como la vivienda, la educación y los microemprendimientos. En ese sentido, subrayó que “no todo fue corrupción y un desastre”, y que es fundamental continuar investigando los posibles actos de corrupción en las políticas públicas para garantizar la presencia efectiva del Estado.

El arzobispo recordó que, al inicio de su ministerio en Buenos Aires, la Catedral se encontraba vallada de forma diaria, al igual que otros monumentos, situación que él instó a revertir para generar apertura y diálogo con la sociedad, incluso con la diversidad. Explicó:

“Cuando comencé el ministerio episcopal en Buenos Aires, la Catedral estaba vallada de manera diaria como otros monumentos, y pedí por favor que saquen las vallas porque teníamos que generar apertura y diálogo con la sociedad, aún con la diversidad.”

Sin embargo, durante la última protesta del sector LGBT, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió colocar las vallas a pesar del acuerdo previo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El arzobispo denunció:

“En esta última ocasión no fue el gobierno nacional. Lo conversé con Patricia Bullrich y ella entendió que con el diálogo que tenemos con el colectivo LGBT no había necesidad. Fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les pedí que las saquen y oh, sorpresa, a la mañana del sábado nos encontramos con las vallas colocadas. Por eso sacamos ese comunicado porque pedimos que las saquen y nos dijeron que no lo iban a hacer.”

García Cuerva también destacó la importancia del compromiso del Estado en la resolución de conflictos sociales y en la implementación de políticas que mitiguen el avance del narcotráfico en los barrios populares. En sus declaraciones, resaltó:

“Si realmente se considera que hubo actos de corrupción en las medidas que se tomaron con estas políticas públicas, que se investigue, denuncie, se condene, y en sí mismas son políticas positivas.”

El arzobispo, que mantiene diálogo con funcionarios del Poder Ejecutivo, incluso con el presidente Javier Milei, concluyó su intervención subrayando la necesidad de que la Iglesia y el Estado trabajen conjuntamente para promover una cultura de encuentro y justicia, como lo demostró el mismo Papa Francisco durante su reciente internación en el Policlínico Gemelli.

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Terminó el motín en la comisaría del microcentro y liberaron al último policía

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, informó que no hubo heridos, que la Alcaidía 1 cerrará en forma temporal y que los detenidos involucrados enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas.

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ACTUALIZACIÓN. El motín en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, terminó pasadas las 17:20 con la liberación del oficial mayor que los detenidos mantenían como rehén. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en una conferencia de prensa.

Según el relato oficial, la toma empezó a las 12:36 tras una pelea entre internos. Los detenidos retuvieron a un subcomisario, a un inspector y a un oficial mayor; los dos primeros fueron liberados en poco tiempo y el tercero salió después de una negociación a cargo de un comité de crisis integrado por la jefatura de la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad, Bomberos y el SAME. También intervinieron la fiscalía y el Servicio Penitenciario Federal.

«No hubo heridos»

Giménez aseguró que no hubo heridos y que el SAME revisó a los 23 detenidos que participaron de la toma. El ministro sostuvo que los internos «no tenían armas blancas» y que «no hubo nunca un intento de evasión». Otros siete detenidos alojados en la dependencia no participaron.

De acuerdo con el ministro, durante el motín los internos le sacaron el teléfono al oficial retenido y vaciaron sus cuentas. Por eso adelantó que enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, lo que agravará las penas que ya cumplen.

Cierre de la Alcaidía 1 y traslados

Giménez anunció que la Alcaidía 1 cerrará en forma temporal desde esta noche y que todos los detenidos alojados allí serán trasladados.

La versión oficial atribuyó el conflicto a una pelea entre internos. La hipótesis de un rechazo al traslado al penal de Marcos Paz, que circuló durante la tarde y que esta nota consignó como no confirmada, no fue respaldada por ninguna fuente oficial. Mientras tanto, la Procuración Penitenciaria de la Nación viene advirtiendo sobre la sobrepoblación en alcaidías y comisarías porteñas, espacios pensados para estadías cortas que se transformaron en lugares de detención prolongada.

Durante la toma, uno de los detenidos denunció en un audio que circuló públicamente la falta de duchas, el encierro en un espacio reducido y el uso de gas pimienta. Ninguna fuente oficial confirmó esas acusaciones.

Lo que tenés que saber:

  • El motín empezó a las 12:36 y terminó pasadas las 17:20 con la liberación del último policía retenido.
  • Según el ministro Horacio Giménez, no hubo heridos y el SAME revisó a los 23 detenidos involucrados.
  • Los internos enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas.
  • La Alcaidía 1 cerrará en forma temporal y todos sus detenidos serán trasladados.
  • La versión oficial atribuyó el motín a una pelea entre internos.

La nota original

Un grupo de al menos 20 detenidos se amotinó en la Comisaría Vecinal 1-D del microcentro porteño y tomó como rehén a personal policial, en una tarde de máxima tensión que obligó a desplegar al SAME y a los bomberos. Según se informó, uno de los rehenes fue liberado.

El episodio ocurrió en la alcaidía de la dependencia, ubicada en Lavalle 451, en el barrio de San Nicolás. Voceros de la Policía de la Ciudad indicaron que no hay peligro de fuga y que, hasta el momento, no se reportaron heridos. El parte oficial señala que el conflicto se originó en un enfrentamiento entre internos dentro de una celda. Según trascendió, un celador que intervino para frenar la pelea habría terminado como rehén de los presos.

Según versiones que circularon desde el lugar, los detenidos rechazaban ser trasladados al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, adonde ya se derivó a cerca de 1.400 internos de la cárcel de Devoto. Esa motivación no fue confirmada oficialmente. Según las imágenes difundidas por canales de televisión, personal del SAME ingresó a la comisaría con dos camillas.

Una mudanza a contrarreloj

El traslado desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, cuando el Ministerio de Seguridad Nacional movió a 609 internos en dos días, el 40% de la población del penal. La ministra Alejandra Monteoliva ratificó en una entrevista radial que la meta del Gobierno es «finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado».

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los complejos federales de Ezeiza y Marcos Paz, que relevó el primer semestre de 2026, registró que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz está procesado sin condena firme. Además, documentó 18 fallecimientos entre ambas unidades y 41 medidas de fuerza, en su mayoría huelgas de hambre. Un traslado masivo a un complejo con ese historial es, como mínimo, un motivo de preocupación para quienes están alojados en comisarías y esperan destino.

Un problema que se repite en las alcaidías porteñas

No es la primera vez que detenidos alojados en comisarías de la Ciudad se amotinan por su lugar de alojamiento. En marzo de 2022, 22 detenidos de la Comisaría 3A, en Lavalle al 1900, protagonizaron un motín en el que pedían ser trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, según informaron en aquel momento fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. En ese caso, el reclamo se daba en medio de una tensión entre la Ciudad y la Nación por los cupos y la sobrepoblación en alcaidías.

Hoy los detenidos no reclaman ir a una cárcel federal sino evitar un traslado, lo que muestra que el conflicto de fondo es el mismo: un sistema que no ofrece alojamiento digno ni previsible. Las comisarías no están diseñadas para alojar detenidos durante períodos prolongados.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades investigaban las responsabilidades de los detenidos que participaron del intento de fuga y de la agresión, y no se informó el número exacto de involucrados ni la situación de los rehenes.

Lo que tenés que saber

  • Al menos 20 detenidos se amotinaron en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, y tomaron personal policial como rehén.
  • Uno de los rehenes fue liberado, según se informó.
  • La Policía de la Ciudad indicó que no hay peligro de fuga y que no se reportaron heridos hasta el momento.
  • Según versiones no confirmadas, los presos rechazaban ser trasladados a Marcos Paz, adonde se envió a cerca de 1.400 internos de Devoto.
  • El Gobierno nacional se propone cerrar Devoto antes de fin de año.

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