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Buenos Aires

Declaró el policía detenido por el caso de Lautaro y Lucas

El jefe de la DDI Quilmes está detenido por encubrimiento en el caso de los jóvenes Morello y Escalante.

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El jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes, acusado de encubrir el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, en diciembre pasado en Florencio Varela, se declaró «inocente» al asegurar que no facilitó ni colaboró con la evasión de los sospechosos del homicidio sino que realizó «tareas tendientes a la identificación y detención» de los imputados, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata del comisario mayor Luis Alberto Zaracho, quien continuará detenido luego de que el fiscal de la causa, Daniel Ichazo, le imputó el delito de «encubrimiento calificado por ser el delito especialmente grave y por su condición de funcionario público».

«Ni facilité ni colaboré en evadir, sino que realicé tareas tendientes a la identificación y detención. Tampoco incumplí en mis deberes de funcionario público», aseguró el ahora exjefe de la DDI Quilmes.

Fuentes judiciales informaron a Télam que Zaracho dijo que «nunca» desvirtuó los hechos de los cuales participó como investigador, ya que toda vez que ha llevado a cabo alguna diligencia en la causa la hizo «bajo la consulta con la fiscal (Mariana) Dongiovanni», quien fue la primera fiscal que tuvo el expediente pero luego fue desplazada.

Es que según la acusación, el jefe policial detenido el jueves ayudó a los dos sospechosos a eludir la investigación al no preservar la escena de un allanamiento en la casa de un comisario mayor vinculado a ambos acusados y también al comunicarse con ese efectivo previo a tomarles declaración a los mismos imputados.

Técnicamente, el fiscal Ichazo le atribuyó dos hechos: uno, ocurrido el 12 de diciembre pasado (tres días después de la desaparición de Lautaro y Lucas) y el otro entre el 14 y 15 de ese mismo mes, cuando los policías Cristian y Maximiliano Centurión no habían sido acusados ni detenidos aún.

Es más, el cadáver de Lautaro fue hallado ese 15 de diciembre, aunque su identidad se confirmó recién al día siguiente.

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De acuerdo a la fiscalía, en el primero de los hechos que se le imputó, el jefe de la DDI, «ya estando en conocimiento de la presencia de las víctimas en el domicilio de Cristian Centurión, mantuvo comunicaciones con Francisco Centurión, padre y tío respectivamente de los imputados, previo a tomarle declaración testimonial» a Cristian y Maximiliano, «intentando con dichas declaraciones desvirtuar el curso de la investigación y entorpecer la misma» mientras la pesquisa estuviera a su cargo.

Mientras que, en el segundo episodio, Zaracho participaba de un allanamiento al domicilio de Francisco Centurión dispuesto por la entonces fiscal Dongiovanni, y no cumplieron con las directivas ya que debían continuar con el procedimiento durante todo el 14 y, según Ichazo, «le entregaron la vivienda» al comisario mayor y recién lo retomaron el 15 a las 8.53 «sin haber inspeccionado la totalidad del predio».

Además, Zaracho estaba acompañado en ese allanamiento del policía Sergio Argañaraz, también detenido por encubrimiento; y ambos, en «calidad de funcionarios públicos» estaban «obligados a preservar el lugar y a continuar las diligencias ordenadas».

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Para Ichazo, de esta manera, Zaracho y Argañaraz ayudaron a «los autores y partícipes a ocultar, alterar y hacer desaparecer rastros, pruebas e instrumentos del delito ejecutado».

Sin embargo, respecto al allanamiento del 14 y 15 de diciembre, Zaracho afirmó que «se encontraba a cargo de Argañaraz con personal a su cargo».

«Mientras mi personal y yo cumplimos la función de perimetrar manteniéndome fuera del procedimiento que se llevaba a cabo, por lo que quiero aclarar que había un grupo de Policía Científica destinado a Casos Especiales, que llevaban a cabo la labor pericial del lugar», aseguró.

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Este acusado fue apresado el jueves por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal (PFA) en la sede de la misma DDI que dirigía, en la calle Corrientes 1532 y Martín Rodríguez de Quilmes Oeste.

A su vez, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron a Télam que ante esta situación Zaracho fue «desafectado» de sus funciones.

En tanto, Cristian y Maximiliano Centurión están procesados con prisión preventiva por el «homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento» de Morello.

También estuvo preso por «falso testimonio», pero ya recuperó su libertad, otro policía, Ramiro Yair Forchinito, quien desempeñaba tareas en un área integrada con Interpol, y era la mano derecha del comisario Centurión.

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Lucas fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Lautaro para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW, que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, «semicalcinado y en avanzado estado de descomposición» y, según la autopsia, la muerte se produjo por «asfixia mecánica».

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De acuerdo con la investigación, el último destino en el que quedó acreditado que estuvieron Lucas y Lautaro fue la casaquinta del comisario mayor Centurión, en la localidad de Bosques.

Días atrás, a pedido del fiscal Ichazo se realizó un allanamiento en esa casaquinta en la que fueron hallados rastros de sangre y restos de elementos quemados que, ahora, están siendo analizados.

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Los Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular, ya que en una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

Una de las hipótesis que se investigó fue que los dos imputados detenidos por el caso les ofrecieron a las víctimas vales de nafta gratuitos como método para atraerlas, y a raíz de esa sospecha fueron incorporados una serie de audios que los incriminan.

Buenos Aires

Desalojo a feriantes: más de 200 familias quedaron sin trabajo en Mar del Plata

Neme llega con topadoras.

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La otra cara del “orden”: desalojaron a feriantes en Mar del Plata

El operativo que desmanteló la feria “La Saladita” en la zona de Playa Bristol, en Mar del Plata, dejó al descubierto algo más que un conflicto por la legalidad del comercio: expuso la fragilidad de más de 200 familias que, de un día para el otro, quedaron sin ingresos. A más de diez días del desalojo, los trabajadores se movilizaron frente al municipio para exigir lo que hasta ahora no llegó: una respuesta.

El Estado que llega con topadoras

La intervención se realizó bajo el argumento de combatir la venta ilegal y la violación de marcas. El municipio recuperó el predio, pero no ofreció alternativas. La escena se repite: presencia estatal para desalojar, ausencia para contener.

Walter Rivero, del Sindicato de Vendedores Ambulantes, sintetizó el reclamo: “No somos delincuentes, somos trabajadores que quedaron afuera del sistema”. La frase no es nueva, pero vuelve a tomar fuerza en un contexto donde la informalidad no es elección sino única salida.

Once días sin ingresos

Desde el operativo, los feriantes aseguran que no hubo instancias de diálogo. Denuncian promesas incumplidas y una situación que se agrava con el correr de los días. “Hay familias que no tienen para comer”, advirtieron durante la protesta.

El impacto no es abstracto. Son vendedores de ropa, alimentos, productos básicos. Redes de subsistencia que, sin ese espacio, se desarman. La feria funcionaba como un sostén colectivo frente a un mercado laboral cada vez más excluyente.

Miedo a que la historia se repita

El conflicto no quedó limitado a Playa Bristol. Trabajadores de otras ferias, como la de Plaza Rocha, expresaron temor ante posibles desalojos. La incertidumbre se expande y refuerza una sensación compartida: la de estar siempre al borde.

Queremos trabajar”, repiten. No hay eufemismos ni vueltas. El pedido es concreto: una mesa de diálogo y una alternativa real.

Silencio oficial

Hasta el momento, la gestión del intendente Neme no dio respuestas públicas que atiendan el reclamo de fondo. Sin propuestas de reubicación ni políticas de contención, el conflicto sigue abierto.

En el medio, más de 200 familias sostienen la espera como pueden.

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