El Gobierno copará la Cámara Federal que decide el destino de las causas de corrupción

★ El Consejo de la Magistratura convocó para este jueves a su Comisión de Selección para tratar los concursos que buscan reemplazar a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal porteña, el tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción del fuero federal, decidiendo si los expedientes llegan a juicio oral o si los procesos se frenan en el camino.

La convocatoria habilita formalmente el primer paso del proceso: el envío de ternas al plenario del Consejo. Si esas ternas son votadas, serán elevadas al Poder Ejecutivo, que quedará en condiciones de designar a dos nuevos camaristas en cargos que hoy tramitan causas directamente vinculadas al Gobierno de Javier Milei.

Tres vacantes en juego y una interna que las multiplica

La situación podría ser aún más favorable para el oficialismo. El camarista Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio próximo y el Gobierno viene demorando la decisión de enviar su pliego al Senado para renovarle el acuerdo por cinco años más. Todo indica que se jubilará. Si eso ocurre, la Cámara Federal porteña quedaría con tres vacantes simultáneas, lo que le daría al Ejecutivo la posibilidad de reconfigurar la mitad del tribunal de un solo movimiento.

La demora en el caso Irurzun no es casual ni técnica, quedó atrapada en la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei: en el sector de la secretaria general de la Presidencia se interpreta que el camarista está ligado al juez federal Ariel Lijo, quien compite directamente con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques por el cargo de Procurador General de la Nación. Mientras esa tensión interna no se resuelva, Irurzun no tendrá pliego y el reloj avanza hacia su retiro forzoso.

Viola, los testigos falsos y la historia que acelera los tiempos

Que el viceministro de Justicia Santiago Viola forme parte de la dupla que conduce la cartera no es un dato menor en esta historia. Bruglia y Bertuzzi tienen con Viola un antecedente judicial de peso: ambos camaristas confirmaron el procesamiento de Viola cuando era abogado, acusado de montar testigos falsos para perjudicar al juez federal Sebastián Casanello y hacer creer que el magistrado visitaba a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos.

Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados a tres años de prisión en ejecución condicional en un juicio abreviado donde admitieron haber mentido para perjudicar a Casanello. Corizzo confesó ante el fiscal Carlos Stornelli que, antes de declarar, se había reunido con Viola.

El propio Viola fue posteriormente sobreseído por la Cámara Federal de Casación, mediante un fallo de los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Pero la firma de Bruglia y Bertuzzi en su procesamiento quedó en el expediente y en la memoria.

Fuentes judiciales señalaron que esa historia previa «ayuda a acelerar los tiempos para forzar la salida de los camaristas». Dicho de otro modo: quienes hoy tienen en sus manos la política judicial del Ejecutivo tienen razones personales, además de políticas, para apurar la renovación de ese tribunal.

Bruglia y Bertuzzi en la CIDH y el kirchnerismo que los puso en la mira

La situación de los dos camaristas tiene además una dimensión institucional que arrastra desde el gobierno de Mauricio Macri. Ambos fueron trasladados por decreto desde otros tribunales a sus cargos en la Cámara Federal, y la Corte Suprema resolvió que debían hacerse concursos para elegir titulares definitivos para todos los cargos ocupados por magistrados trasladados.

El kirchnerismo impulsó específicamente los concursos de Bruglia y Bertuzzi, a quienes señaló como responsables de fallos adversos para Cristina Fernández de Kirchner. Ante esa presión, ambos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunciaron que el Estado argentino los buscaba remover selectivamente, poniendo en riesgo su independencia como magistrados.

Durante la gestión de Mariano Cuneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia, el Gobierno de Milei intentó una solución amistosa para cerrar el expediente ante la CIDH sin mayores consecuencias para el Estado argentino, pero ese intento se abortó. Con la llegada de Mahiques y Viola a la cartera, se terminaron las negociaciones y se aceleraron los concursos.

La causa de la AFA y el juzgado que el Gobierno puede diseñar

Este jueves, la Comisión de Selección tratará también el envío de ternas para cubrir un cargo en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, otro puesto sensible para el Ejecutivo. En ese juzgado podría terminar radicada la causa contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en particular contra su tesorero Pablo Toviggino, investigado por la quinta de Pilar atribuida a supuestos testaferros.

El juzgado estuvo a cargo del juez Marcelo Aguinsky, que impulsó la investigación antes de que su subrogancia terminara. Hoy lo ocupa la jueza Verónica Straccia, designada por sorteo. El Gobierno podrá elegir un candidato de la terna y designar al próximo titular. La oposición viene denunciando la cercanía del ministro Mahiques con la cúpula de la AFA, lo que multiplica las suspicacias sobre quién y con qué criterio puede quedar a cargo del juzgado donde se juega el futuro judicial de Claudio «Chiqui» Tapia y Toviggino.

Como informó este medio en la nota del 9 de abril pasado, la causa contra la AFA y la financiera Sur Finanzas fue la que desencadenó allanamientos en al menos diez clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Racing, Independiente y Argentinos Juniors.

Un acuerdo político para llegar al orden del día

Que el Gobierno haya conseguido incluir estos concursos en el orden del día del Consejo de la Magistratura no fue automático. El Ejecutivo cuenta con apenas dos consejeros propios en ese organismo. Para llegar a la convocatoria del jueves debió gestionar acuerdos con otros estamentos y sectores políticos, lo que da la pauta del esfuerzo político desplegado para avanzar en la reconfiguración judicial.

El proceso de remplazo de Bruglia, Bertuzzi y eventualmente Irurzun marca un quiebre respecto de los primeros dos años de la gestión de Milei, durante los cuales la Casa Rosada no envió un solo pliego al Senado. La llegada de Mahiques al Ministerio el 5 de marzo pasado fue, como se ve ahora con mayor claridad, la señal de largada de una estrategia de copamiento judicial que no había podido o querido ejecutarse antes.

Puntos clave

• El Consejo de la Magistratura tratará este jueves los concursos para reemplazar a los camaristas Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña, el tribunal que decide si los casos de corrupción llegan a juicio oral.
• Una interna entre Santiago Caputo y Karina Milei bloquea la renovación del acuerdo del camarista Irurzun, quien cumple 75 años en julio; si no hay pliego, el Gobierno podría cubrir tres vacantes simultáneas.
• El viceministro Santiago Viola tiene un antecedente judicial con Bruglia y Bertuzzi: ambos confirmaron su procesamiento por montar testigos falsos para perjudicar al juez Casanello.
• También se tratará el concurso para el Juzgado Penal Económico N°10, donde podría radicarse la causa contra la cúpula de la AFA; la oposición denuncia la cercanía de Mahiques con Tapia y Toviggino.
• Los movimientos del jueves representan el primer paso concreto de una estrategia de reconfiguración judicial que no se había ejecutado en los dos primeros años del gobierno de Milei.