Buenos Aires
Detienen a la «banda del falso comisario» que cometió al menos siete robos millonarios en San Isidro
Las cuatro detenciones fueron concretadas en una serie de 10 allanamientos realizados esta madrugada por detectives de la Delegación Departamental de Investigación de San Isidro.
Cuatro hombres fueron detenidos hoy acusados de integrar una organización criminal que entre febrero y este mes cometió siete robos violentos en casas de familia de los barrios más exclusivos del partido bonaerense de San Isidro, de donde se llevaron más de 120.000 dólares, 6.000 euros y casi un millón y medio de pesos en efectivo, y que tenía la particularidad de hacerle creer a las víctimas que trabajaban para un “comisario” de la zona, algo descartado por la investigación.
Fuentes judiciales informaron que las cuatro detenciones fueron concretadas en una serie de 10 allanamientos realizados esta madrugada por detectives de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro, en el marco de una investigación que lleva casi cuatro meses y estuvo dirigida por uno de los fiscales generales adjuntos del mencionado departamento judicial, Patricio Ferrari.
“Comisario, la situación está controlada”, era la frase que estos delincuentes decían vía handy al apoyo externo y frente a las víctimas, a quienes además les recalcaban que trabajaban “para la policía”, algo desechado en la pesquisa.
«Hacían un ‘acting’ frente a las víctimas con el único propósito de generar más terror. No surge de la investigación ningún vínculo con algún miembro de una fuerza de seguridad», aclaró una fuente con acceso al expediente.
Fuentes de la investigación identificaron al detenido Gastón Adrián Refatti (47) como el presunto líder de la organización y a quien definen como un “as al volante” por ser quien solía comandar la camioneta Toyota SW4 negra -con distinta patente en cada hecho-, en la que la banda huía y que fue recuperada en los allanamientos.
Los otros tres detenidos son Juan Gabriel Antivero (41), Ramón Antonio Medina (40) y Ángel Javier Mundaray (43), de nacionalidad venezolana y dueño de un taller mecánico en Tigre que fue allanado.
En total, el fiscal Ferrari les atribuye 11 hechos cometidos entre el 12 de febrero y el viernes pasado, de los cuales siete son robos agravados concretados, hay una tentativa en el que la banda escapó porque una víctima a los gritos los sorprendió en su jardín y los otros tres son hurtos de chapas patentes de camionetas sin impedimento que ellos usaban para “latear”-cambiar de chapa-, a los vehículos que usaban.
Los robos eran “planificados” ya que estudiaban con varios días de anticipación propiedades en Las Lomas, La Horqueta, Acassuso y el bajo de Béccar, las zonas de mayor poder adquisitivo del partido de San Isidro.
Voceros judiciales explicaron que a diferencia de los “escruches” (robos con ausencia de moradores) o las “entraderas” (irrupción violenta desde la calle con un integrante de la casa), estos delincuentes solían sorprender a las familias en la franja horario de las 22 y 23 cuando estaban cenando en livings o salas de estar, ingresando por los jardines traseros de la propiedad y violentando a patadas o con una barreta algún ingreso.
“En segundos y con suma violencia dominaban a las víctimas, los maniataban con precintos que ya tenían preparados y solían darle culatazos en el rostro o la cabeza a algún integrante de la familia”, explicó un investigador judicial.
Según las fuentes, los ladrones siempre vestían de negro, cubriendo sus manos con guantes para no dejar huellas y sus rostros con pasamontañas.
Además, cuando salían a cometer los hechos, no llevaban celulares encima para no ser rastreados y solo se comunicaban con handies “punto a punto”.
Más allá de algún elemento como trofeo, lo que pedían y se llevaban era dinero en efectivo y así se robaron, según la suma de las cifras que constan en la causa, un total de 123.500 dólares, 6.000 euros y 1.355.000 pesos, además joyas.
De algunas de las casas se robaron 34 monedas antiguas -ducados de oro-, valuadas según su dueño en 45.000 dólares, un revólver calibre 38 y los DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Los allanamientos fueron realizados en las localidades de Benavidez, Virreyes, General Pacheco, Tigre y Escobar, donde la banda guardaba la utilizada Toyota SW4 negra que usaba en casi todos los hechos.
Según las fuentes, el sindicado líder, Reffati, cuenta en su haber con una detención en diciembre de 2017 por el robo de una camioneta a la salida de una escuela de Vicente López y fue apresado en una mansión ubicada en la localidad de Benavídez donde tenía montado un galpón en el que guardaba la mayoría de los vehículos secuestrados.
Otro de los allanamientos, donde se detuvo al imputado venezolano, fue en el barrio El Palmar del complejo de countries Nordelta.
En los procedimientos, la DDI San Isidro secuestró siete camionetas Toyota Hilux, dos autos, una moto BMW, 11.000 dólares, 280.000 pesos, 100 euros, diez celulares, mochilas, prendas de vestir y una pistola Bersa calibre 9 milímetros.
Los cuatro acusados de integrar la denominada «banda del falso comisario» quedaron a disposición del fiscal Ferrari, quien los indagará por los delitos “asociación ilícita, robo calificado, privación ilegítima de la libertad y lesiones”, en el marco de una causa en la que también interviene la jueza de Garantías 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty.
Buenos Aires
Kicillof contra la “libertad educativa” de Milei: “Educate si podés”
En el acto por los 150 años de la Ley de Educación Común bonaerense, el gobernador calificó de «ley de esclavitud» el proyecto libertario que busca derogar la Ley de Educación Nacional, acusó a la Nación de borrarse del financiamiento escolar y dejó un mensaje en clave 2027.
“Milei busca imponer un proyecto que llama de ‘libertad educativa’, pero que es en realidad de esclavitud, de desigualdad, de abandono y de privaciones camufladas de modernidad”. Con esa frase, el gobernador bonaerense Axel Kicillof resumió su lectura de la reforma con la que la Casa Rosada pretende reemplazar el sistema educativo vigente y, de paso, convirtió un aniversario histórico en una de las críticas más duras que se escucharon desde un gobierno provincial contra la política educativa libertaria. Para el mandatario, el derecho a aprender pasaría a depender del bolsillo de cada familia.
El discurso tuvo lugar en el Teatro Argentino de La Plata, ante más de 800 autoridades, representantes gremiales, académicos y miembros de la comunidad educativa, durante el acto por los 150 años de la aplicación de la Ley Provincial N° 988 de Educación Común, sancionada en 1875 y puesta en marcha al año siguiente. Esa norma fijó la obligatoriedad y la gratuidad de la escuela primaria bonaerense casi una década antes de la Ley Nacional N° 1420. Kicillof estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y por el intendente platense Julio Alak.
Una Nación que «se borra» del pacto educativo
El gobernador usó la historia como espejo del presente. «Hace 150 años la provincia de Buenos Aires estableció a la educación pública y gratuita como uno de sus principios fundamentales: en ese contexto, se definieron también las responsabilidades concretas que asumía el gobierno nacional para sostenerla», planteó.
Y fue directo contra el retiro del Estado nacional del financiamiento escolar: «Durante más de un siglo nadie discutió que la Nación debía aportar recursos para construir y mantener escuelas, equiparlas y contribuir al financiamiento educativo: lo que está ocurriendo hoy no es federalismo, es un Gobierno nacional que se borra de obligaciones que forman parte del pacto constitutivo de nuestro país». La descentralización que el oficialismo presenta como federalismo es, en la mirada bonaerense, un traslado de costos a las provincias.
No es la primera vez que Kicillof plantea esa denuncia en un escenario similar. En agosto de 2024, en el mismo Teatro Argentino y en el marco de los 140 años de la Ley 1420, había acusado al Gobierno de Milei de conspirar contra esa norma «porque desfinancia de manera feroz el sistema educativo argentino», y había advertido que la administración libertaria estaba «desertando y abandonando las obligaciones que las leyes nacionales le imponen». Dos años después, el diagnóstico no cambió; lo que cambió es que el ajuste ahora busca consagrarse en una ley.
Qué propone la «libertad educativa»
El proyecto de Ley de Libertad Educativa fue dado a conocer por el Gobierno nacional en diciembre de 2025, en el ámbito del Consejo de Mayo, y busca derogar la Ley de Educación Nacional N° 26.206, vigente desde 2006. Según confirmaron en su momento fuentes del Ministerio de Capital Humano, el texto ordena el sistema alrededor de tres principios: la «libertad educativa», el «rol preferente de la familia» y la «subsidiariedad del Estado». La iniciativa fue elaborada entre la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, y recupera buena parte del capítulo educativo que el oficialismo había incluido en la primera versión de la Ley Bases.
Entre sus ejes figuran la habilitación del homeschooling y de la educación virtual como modalidades alternativas, la «libertad de contenidos» y la institucionalización de los vouchers educativos que el propio Gobierno creó en 2024. En julio circuló una nueva versión del texto que, según advirtieron especialistas, pone en jaque la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral. La Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE) se sumó en marzo al rechazo con un documento que cuestiona que el proyecto coloca la libertad individual de enseñar por encima del derecho a la educación.
«Educate si podés»
Kicillof apuntó contra el argumento central del oficialismo, la ampliación de la libertad de elección de las familias. «Ese proyecto de la ley de libertad educativa reúne una serie de slogans. Vienen a decirnos que la escuela no hace falta, que la educación podría llevarse adelante íntegramente al interior de los hogares», cuestionó.
Luego ensayó su propia traducción del lema libertario: «La libertad sería ‘educate como quieras’ y yo lo traduzco: ‘educate si podés’. En esa perspectiva la educación será sólo para los que tengan los recursos». Y completó: «Es una ley de desigualdad, de exclusión, de abandono, donde el derecho a la educación se convierte en algo vinculado al poder adquisitivo de las familias».
Para el gobernador, la reforma no busca corregir las fallas del sistema sino desmontar lo que sí funciona. «No viene a mejorar cuestiones del sistema educativo que pueden funcionar mal, sino a destruir lo que funciona bien», afirmó. La pregunta de fondo que dejó flotando es quién se queda afuera cuando la escuela deja de ser una obligación del Estado y pasa a ser una opción de mercado.
Terigi: «Se necesitan escuelas para educar»
La titular de la cartera educativa bonaerense recordó que normas como la Ley 988 «abrieron en la Argentina el período escolar, plantearon una opción estatal a la educación religiosa y provocaron el crecimiento acelerado de la matrícula hasta su universalización». Además de sentar las bases de la escuela pública provincial, aquella ley estableció la responsabilidad de los padres de garantizar la educación básica, definió organismos de administración, fijó funciones para directivos y docentes y promovió la creación de bibliotecas populares.
«Mientras algunos sectores cuestionan hoy el ordenamiento de nuestro sistema educativo, en la Provincia venimos a reforzar la idea de que se necesitan escuelas para educar y un Estado presente para seguir garantizando el acceso para todos y todas», sostuvo Terigi.
Un cierre con mirada en 2027
Kicillof evitó caer en una defensa acrítica del sistema. «Hoy la educación pública está bajo un ataque muy profundo y tenemos que defenderla quienes sabemos el papel central que cumple para sostener la vida de nuestras comunidades», señaló, y aclaró: «Defenderla no significa decir que todo está bien ni aplicar recetas importadas». Propuso una «crítica que transforme» para que «la escuela pública argentina y la universidad pública argentina sigan siendo el orgullo que son».
El final, sin embargo, excedió largamente el aniversario. «En las peores condiciones sostenemos la escuela pública. Lo vamos a hacer también después en condiciones mucho mejores cuando podamos dar vuelta este desastre y cuando termine esta pesadilla», cerró. Fue una frase con tono de candidato, que vuelve a ubicar al gobernador como la principal voz opositora frente al proyecto libertario de cara a 2027.
Del acto participaron también la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda; el secretario de Educación de Córdoba, Luis Franchi; y los exministros de Educación bonaerenses Alberto Sileoni y Mario Oporto. La presencia de funcionarios de otras provincias mostró que el rechazo a la reforma excede los límites bonaerenses.
Lo que tenés que saber:
- Kicillof calificó la Ley de Libertad Educativa de Milei como una ley «de esclavitud, de desigualdad, de abandono y de privaciones».
- El acto recordó los 150 años de la Ley Provincial 988, que estableció la escuela primaria obligatoria y gratuita casi una década antes de la Ley 1420.
- El proyecto oficial busca derogar la Ley de Educación Nacional 26.206 y habilita homeschooling, educación virtual y vouchers.
- El gobernador acusó a la Nación de «borrarse» de sus obligaciones de financiamiento educativo.
- Ministros de La Pampa, Misiones y Córdoba acompañaron el acto en La Plata.
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