Buenos Aires
Detienen a la «banda del falso comisario» que cometió al menos siete robos millonarios en San Isidro
Las cuatro detenciones fueron concretadas en una serie de 10 allanamientos realizados esta madrugada por detectives de la Delegación Departamental de Investigación de San Isidro.
Cuatro hombres fueron detenidos hoy acusados de integrar una organización criminal que entre febrero y este mes cometió siete robos violentos en casas de familia de los barrios más exclusivos del partido bonaerense de San Isidro, de donde se llevaron más de 120.000 dólares, 6.000 euros y casi un millón y medio de pesos en efectivo, y que tenía la particularidad de hacerle creer a las víctimas que trabajaban para un “comisario” de la zona, algo descartado por la investigación.
Fuentes judiciales informaron que las cuatro detenciones fueron concretadas en una serie de 10 allanamientos realizados esta madrugada por detectives de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro, en el marco de una investigación que lleva casi cuatro meses y estuvo dirigida por uno de los fiscales generales adjuntos del mencionado departamento judicial, Patricio Ferrari.
“Comisario, la situación está controlada”, era la frase que estos delincuentes decían vía handy al apoyo externo y frente a las víctimas, a quienes además les recalcaban que trabajaban “para la policía”, algo desechado en la pesquisa.
«Hacían un ‘acting’ frente a las víctimas con el único propósito de generar más terror. No surge de la investigación ningún vínculo con algún miembro de una fuerza de seguridad», aclaró una fuente con acceso al expediente.
Fuentes de la investigación identificaron al detenido Gastón Adrián Refatti (47) como el presunto líder de la organización y a quien definen como un “as al volante” por ser quien solía comandar la camioneta Toyota SW4 negra -con distinta patente en cada hecho-, en la que la banda huía y que fue recuperada en los allanamientos.
Los otros tres detenidos son Juan Gabriel Antivero (41), Ramón Antonio Medina (40) y Ángel Javier Mundaray (43), de nacionalidad venezolana y dueño de un taller mecánico en Tigre que fue allanado.
En total, el fiscal Ferrari les atribuye 11 hechos cometidos entre el 12 de febrero y el viernes pasado, de los cuales siete son robos agravados concretados, hay una tentativa en el que la banda escapó porque una víctima a los gritos los sorprendió en su jardín y los otros tres son hurtos de chapas patentes de camionetas sin impedimento que ellos usaban para “latear”-cambiar de chapa-, a los vehículos que usaban.
Los robos eran “planificados” ya que estudiaban con varios días de anticipación propiedades en Las Lomas, La Horqueta, Acassuso y el bajo de Béccar, las zonas de mayor poder adquisitivo del partido de San Isidro.
Voceros judiciales explicaron que a diferencia de los “escruches” (robos con ausencia de moradores) o las “entraderas” (irrupción violenta desde la calle con un integrante de la casa), estos delincuentes solían sorprender a las familias en la franja horario de las 22 y 23 cuando estaban cenando en livings o salas de estar, ingresando por los jardines traseros de la propiedad y violentando a patadas o con una barreta algún ingreso.
“En segundos y con suma violencia dominaban a las víctimas, los maniataban con precintos que ya tenían preparados y solían darle culatazos en el rostro o la cabeza a algún integrante de la familia”, explicó un investigador judicial.
Según las fuentes, los ladrones siempre vestían de negro, cubriendo sus manos con guantes para no dejar huellas y sus rostros con pasamontañas.
Además, cuando salían a cometer los hechos, no llevaban celulares encima para no ser rastreados y solo se comunicaban con handies “punto a punto”.
Más allá de algún elemento como trofeo, lo que pedían y se llevaban era dinero en efectivo y así se robaron, según la suma de las cifras que constan en la causa, un total de 123.500 dólares, 6.000 euros y 1.355.000 pesos, además joyas.
De algunas de las casas se robaron 34 monedas antiguas -ducados de oro-, valuadas según su dueño en 45.000 dólares, un revólver calibre 38 y los DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Los allanamientos fueron realizados en las localidades de Benavidez, Virreyes, General Pacheco, Tigre y Escobar, donde la banda guardaba la utilizada Toyota SW4 negra que usaba en casi todos los hechos.
Según las fuentes, el sindicado líder, Reffati, cuenta en su haber con una detención en diciembre de 2017 por el robo de una camioneta a la salida de una escuela de Vicente López y fue apresado en una mansión ubicada en la localidad de Benavídez donde tenía montado un galpón en el que guardaba la mayoría de los vehículos secuestrados.
Otro de los allanamientos, donde se detuvo al imputado venezolano, fue en el barrio El Palmar del complejo de countries Nordelta.
En los procedimientos, la DDI San Isidro secuestró siete camionetas Toyota Hilux, dos autos, una moto BMW, 11.000 dólares, 280.000 pesos, 100 euros, diez celulares, mochilas, prendas de vestir y una pistola Bersa calibre 9 milímetros.
Los cuatro acusados de integrar la denominada «banda del falso comisario» quedaron a disposición del fiscal Ferrari, quien los indagará por los delitos “asociación ilícita, robo calificado, privación ilegítima de la libertad y lesiones”, en el marco de una causa en la que también interviene la jueza de Garantías 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty.
Buenos Aires
El olor del puerto que no desaparece: el conflicto ambiental que persiste en Mar del Plata
El puerto genera unas 500 toneladas diarias de residuos de pescado que son procesadas por plantas industriales. Vecinos denuncian emanaciones persistentes desde hace décadas, mientras crece la expectativa por una intervención judicial que ordene controles y soluciones tecnológicas.
Lo que tenés que saber:
- Vecinos y comerciantes denuncian olores persistentes en zonas cercanas al puerto
- El problema está vinculado al procesamiento de residuos de pescado
- Las plantas harineras cumplen un rol clave dentro de la actividad pesquera
- Existen tecnologías para reducir las emisiones que no fueron implementadas plenamente
- La Justicia Federal interviene en busca de ordenar controles y responsabilidades
Un problema ambiental que forma parte de la vida cotidiana
En Mar del Plata, el conflicto por los olores provenientes del puerto dejó de ser una queja aislada para convertirse en una situación estructural. Vecinos, comerciantes y turistas describen emanaciones constantes que afectan la vida diaria en distintos barrios, desde la zona portuaria hasta áreas más alejadas.
Las descripciones coinciden en un punto: se trata de un olor persistente que invade espacios abiertos y cerrados, condicionando actividades cotidianas.

El rol de las harineras en el circuito productivo
El foco del problema está identificado principalmente en plantas harineras que procesan residuos de pescado. Estas instalaciones forman parte de un circuito que incluye a la industria pesquera, donde se generan grandes volúmenes de descarte.
El puerto de Mar del Plata produce alrededor de 500 toneladas diarias de residuos, que deben ser tratados. En ese contexto, las harineras cumplen una función central para absorber ese material.
La discusión sobre el origen del problema
Especialistas y actores del sector señalan que el conflicto no se limita al procesamiento industrial, sino que también está vinculado a las condiciones en las que llega la materia prima.
La falta de controles adecuados en algunos casos podría potenciar la generación de olores desde el inicio de la cadena productiva.

Tecnología disponible y falta de implementación
Diversos organismos han señalado que existen herramientas para reducir o eliminar las emisiones odoríferas. Entre ellas se encuentran sistemas de tratamiento de efluentes, biodigestores y procesos térmicos que neutralizan compuestos orgánicos.
La persistencia del problema, en ese marco, plantea interrogantes sobre la implementación de estas soluciones en el ámbito local.
Cómo operan otros puertos en el mundo
La industria de harina de pescado tiene presencia global en países con altos niveles de producción. En esos contextos, los estándares ambientales incluyen sistemas cerrados y tratamientos específicos para minimizar impactos.
En distintas regiones, estas tecnologías permitieron reducir significativamente las emisiones, lo que contrasta con la situación observada en Mar del Plata.
La intervención judicial como posible punto de inflexión
La participación de la Justicia Federal introduce un nuevo escenario en el conflicto. El objetivo es ordenar las distintas denuncias, controles y responsabilidades en torno a la problemática.
El desafío consiste en avanzar hacia un enfoque integral que contemple aspectos ambientales, productivos y sanitarios, con medidas concretas sobre toda la cadena.
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