Soberanía 🇦🇷
Milei entregó hidroeléctrica estratégica al cuestionado magnate británico Joe Lewis
El Gobierno formalizó la cesión de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a Hidden Lake S.A., firma del magnate británico señalada por la justicia como «sociedad ficticia» para encubrir propiedades irregulares en zona de frontera.
El gobierno de Javier Milei autorizó oficialmente el cambio de titularidad de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a Hidden Lake S.A., empresa del magnate británico Joe Lewis, mediante la Resolución 324/2025 publicada en el Boletín Oficial el 10 de julio pasado.
La decisión, firmada por la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti, transfiere la propiedad desde Patagonia Energía a Hidden Lake S.A., ambas controladas por Lewis, en medio de un extenso historial de denuncias judiciales contra la empresa.
La central, ubicada en El Foyel, Río Negro, tiene una potencia instalada de 7,2 MW y opera tomando la mitad del caudal del río, que promedia 7 metros cúbicos por segundo. La transferencia formaliza el control total de Lewis sobre una infraestructura estratégica que comenzó a inyectar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.
Hidden Lake bajo la lupa de la justicia
La Inspección General de Justicia (IGJ) lleva años denunciando a Hidden Lake. En 2022 pidió su intervención judicial y eventual liquidación, alegando que la compañía es apenas una «pantalla» para ocultar la verdadera propiedad del magnate británico Joe Lewis. El empresario adquirió más de 12.000 hectáreas en la Patagonia en los años 90, en una operación que el propio Ministerio del Interior calificó como ilegal.
La adquisición violó la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, que prohíbe a extranjeros comprar tierras a menos de 150 kilómetros de las fronteras sin autorización especial. Lewis constituyó inicialmente la empresa HR Properties Buenos Aires SA con accionistas argentinos para concretar la compra, que años más tarde se convertiría en Hidden Lake SA.
Un informe gubernamental de 2023 determinó que Hidden Lake SA es una «sociedad ficticia» que no desarrolla las actividades agropecuarias que declara, sino que funciona para encubrir la apropiación del Lago Escondido.
El negocio energético de Lewis en la Patagonia
La hidroeléctrica comenzó a inyectar energía en el sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando ingresó al programa de Energías Alternativas RenovAr promovido por el exministro Juan José Aranguren. La central se benefició de tarifas preferenciales que, según fuentes especializadas, permiten a Lewis cobrar por megavatio diez veces más de lo que recibe la hidroeléctrica estatal Salto Grande.
La central fue construida inicialmente para abastecer la estancia privada de Lewis, pero desde 2017 vende energía al sistema nacional bajo condiciones comerciales favorables establecidas durante la gestión macrista.
Escándalos y conexiones políticas
La figura de Lewis está envuelta en múltiples controversias. En abril de 2024 fue condenado por tribunales de Manhattan a tres años de prisión en suspenso por uso de información privilegiada. En 2022, Lewis financió una cumbre secreta de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios argentinos que se alojaron en su mansión, entre ellos los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola.
La organización del viaje estuvo a cargo del gerente de Hidden Lake, Nicolás Van Ditmar, empresario inmobiliario denunciado por privación de libertad, piratería y sedición. Van Ditmar es CEO tanto de Hidden Lake como de Patagonia Energía.
El conflicto por el acceso al Lago Escondido
El Lago Escondido, rodeado por las tierras de Lewis, mantiene un conflicto histórico por el acceso público. A pesar de múltiples fallos judiciales que ordenaron abrir senderos públicos, la empresa ha impedido sistemáticamente el acceso, llegando a hostigar a vecinos y activistas.
La propiedad de Lewis se encuentra a cinco kilómetros de la frontera con Chile y contiene una extensa reserva de agua dulce, recursos considerados estratégicos para la soberanía nacional.
Contexto político de la decisión
«La están juntando para la campaña», señaló a La Política Online un dirigente político al tanto de los movimientos libertarios, en referencia a una serie de decisiones del gobierno de Milei que benefician a grandes empresarios antes del período electoral.
La transferencia de la hidroeléctrica consolida el control de Lewis sobre recursos estratégicos patagónicos, en un contexto donde persisten cuestionamientos judiciales sobre la legalidad de sus propiedades en zona de frontera.
Puntos clave:
- El gobierno de Milei formalizó el traspaso de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a Hidden Lake S.A. mediante resolución oficial
- La IGJ considera a Hidden Lake una «sociedad ficticia» para encubrir propiedades irregulares de Joe Lewis
- Lewis adquirió tierras violando la Ley de Seguridad de Fronteras que prohíbe compras a extranjeros en zona limítrofe
- La hidroeléctrica vende energía al sistema nacional con tarifas preferenciales desde el gobierno de Macri
- Persisten denuncias judiciales por impedimento del acceso público al Lago Escondido
Legislativo
Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial
El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.
Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino
★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.
El fin de la protección territorial
La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).
Un escenario de cenizas y especulación
El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.
El agua en el centro de la disputa
La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.
Divisiones en el bloque aliado
No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.
Puntos clave:
- El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
- La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
- El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
- Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
- Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
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