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Judiciales ⚖️

Gendarmería cerró la investigación interna por el ataque a Pablo Grillo en solo 7 días

La investigación interna: una farsa.

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El Argentino Diario-Represión en la marcha de los jubilados en el Congreso-El fotógrafo Pablo Grillo.

Un documento hallado en el allanamiento ordenado por Servini reveló que la fuerza archivó la causa sin sanciones. El gendarme que disparó continúa en funciones.

Un cierre exprés

A poco más de tres meses del brutal ataque al fotoperiodista Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo frente al Congreso, se conoció que la Gendarmería Nacional cerró su investigación interna solo una semana después del hecho, sin aplicar sanción alguna. Así lo reveló un documento secuestrado durante el allanamiento judicial al edificio Centinela, dispuesto por la jueza federal María Servini.

Según detalló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, el expediente administrativo fue abierto el 17 de marzo, designado al Comandante Mayor Adrián Barressi, quien al día siguiente ya había producido un informe final. En el texto se concluye que “no existía reproche disciplinario alguno” hacia el cabo Héctor Guerrero, el agente que disparó contra Grillo.

La investigación interna: una farsa

El informe se basó exclusivamente en declaraciones de personal de la propia fuerza, desligó responsabilidades del oficial implicado y atribuyó la culpa a la víctima por “ubicarse en la línea de tiro”. El asesor jurídico José Carlos Lodolo convalidó esa versión, y el 19 de marzo el Comandante de Región I, Marcelo Porra Melconian, dio por cerrado el sumario.

“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, denunció el CELS.

Un intento de reapertura fallido

El expediente fue reabierto fugazmente el 25 de abril, cuando se ordenó ampliar testimonios, identificar al personal actuante, registrar el uso de granadas y sumar partes médicos. Pero apenas dos días después volvió a cerrarse, con un nuevo dictamen jurídico que sostuvo la falta de mérito para sancionar. El 29 de abril, Porra Melconian firmó por segunda vez la finalización del trámite interno.

Allanamiento y pericias

El pasado 19 de junio, la jueza Servini ordenó un allanamiento a la sede de Gendarmería, ubicada en avenida Antártida Argentina, con el objetivo de secuestrar la pistola lanza gases utilizada por Guerrero y otros elementos clave para reconstruir el hecho. Entre lo incautado figuran:

La pistola modelo “Unic Tipo Lanzagases”, serie n.º 00660, de calibre 38.1mm. Diez cartuchos de gas lacrimógeno iguales a los usados el 12 de marzo. Una segunda pistola idéntica. El expediente de la Información Administrativa 01/25.

La jueza busca establecer el “estado de revista actual del cabo Guerrero” y determinar si se avanzó con medidas disciplinarias. Hasta ahora, el gendarme no fue llamado a indagatoria, tal como reclama la familia de Grillo y sus representantes legales.

Grillo: de la UTI a la rehabilitación

Tras el impacto que recibió en la cabeza, Pablo Grillo pasó casi tres meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía. Desde el 6 de junio, se encuentra internado en el Hospital Manuel Rocca, donde comenzó una etapa de rehabilitación neurológica. El equipo médico trabaja con técnicas basadas en la plasticidad cerebral, con participación multidisciplinaria.

Desde la cuenta @JusticiaPorPabloGrillo informaron que “se requiere mucha paciencia” y que la familia acompaña el proceso con prudencia y esperanza.

La represión que el Estado intenta silenciar

El ataque a Grillo se dio en el marco de una represión contra manifestantes jubilados, que protestaban pacíficamente frente al Congreso. Las imágenes del operativo recorrieron el mundo, pero el Gobierno nacional evitó pronunciarse y la cúpula de Gendarmería blindó a su personal con investigaciones internas exprés y sin consecuencias.

La causa penal avanza con lentitud y sin imputaciones. La inacción judicial y el encubrimiento institucional consolidan un mensaje de impunidad, mientras la víctima enfrenta una larga y costosa recuperación.

Denuncia

Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”

La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.

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Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»

★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.

«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»

Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.

La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.

Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.

«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»

Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.

La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.

El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto

En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.

La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».

Puntos clave:

  • La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
  • Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
  • Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
  • Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
  • El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.

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