Un documento hallado en el allanamiento ordenado por Servini reveló que la fuerza archivó la causa sin sanciones. El gendarme que disparó continúa en funciones.

Un cierre exprés

A poco más de tres meses del brutal ataque al fotoperiodista Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo frente al Congreso, se conoció que la Gendarmería Nacional cerró su investigación interna solo una semana después del hecho, sin aplicar sanción alguna. Así lo reveló un documento secuestrado durante el allanamiento judicial al edificio Centinela, dispuesto por la jueza federal María Servini.

Según detalló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, el expediente administrativo fue abierto el 17 de marzo, designado al Comandante Mayor Adrián Barressi, quien al día siguiente ya había producido un informe final. En el texto se concluye que “no existía reproche disciplinario alguno” hacia el cabo Héctor Guerrero, el agente que disparó contra Grillo.

La investigación interna: una farsa

El informe se basó exclusivamente en declaraciones de personal de la propia fuerza, desligó responsabilidades del oficial implicado y atribuyó la culpa a la víctima por “ubicarse en la línea de tiro”. El asesor jurídico José Carlos Lodolo convalidó esa versión, y el 19 de marzo el Comandante de Región I, Marcelo Porra Melconian, dio por cerrado el sumario.

“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, denunció el CELS.

Un intento de reapertura fallido

El expediente fue reabierto fugazmente el 25 de abril, cuando se ordenó ampliar testimonios, identificar al personal actuante, registrar el uso de granadas y sumar partes médicos. Pero apenas dos días después volvió a cerrarse, con un nuevo dictamen jurídico que sostuvo la falta de mérito para sancionar. El 29 de abril, Porra Melconian firmó por segunda vez la finalización del trámite interno.

Allanamiento y pericias

El pasado 19 de junio, la jueza Servini ordenó un allanamiento a la sede de Gendarmería, ubicada en avenida Antártida Argentina, con el objetivo de secuestrar la pistola lanza gases utilizada por Guerrero y otros elementos clave para reconstruir el hecho. Entre lo incautado figuran:

La pistola modelo “Unic Tipo Lanzagases”, serie n.º 00660, de calibre 38.1mm. Diez cartuchos de gas lacrimógeno iguales a los usados el 12 de marzo. Una segunda pistola idéntica. El expediente de la Información Administrativa 01/25.

La jueza busca establecer el “estado de revista actual del cabo Guerrero” y determinar si se avanzó con medidas disciplinarias. Hasta ahora, el gendarme no fue llamado a indagatoria, tal como reclama la familia de Grillo y sus representantes legales.

Grillo: de la UTI a la rehabilitación

Tras el impacto que recibió en la cabeza, Pablo Grillo pasó casi tres meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía. Desde el 6 de junio, se encuentra internado en el Hospital Manuel Rocca, donde comenzó una etapa de rehabilitación neurológica. El equipo médico trabaja con técnicas basadas en la plasticidad cerebral, con participación multidisciplinaria.

Desde la cuenta @JusticiaPorPabloGrillo informaron que “se requiere mucha paciencia” y que la familia acompaña el proceso con prudencia y esperanza.

La represión que el Estado intenta silenciar

El ataque a Grillo se dio en el marco de una represión contra manifestantes jubilados, que protestaban pacíficamente frente al Congreso. Las imágenes del operativo recorrieron el mundo, pero el Gobierno nacional evitó pronunciarse y la cúpula de Gendarmería blindó a su personal con investigaciones internas exprés y sin consecuencias.

La causa penal avanza con lentitud y sin imputaciones. La inacción judicial y el encubrimiento institucional consolidan un mensaje de impunidad, mientras la víctima enfrenta una larga y costosa recuperación.