Judiciales ⚖️
El juez Kreplak suspendió el DNU de Milei que deroga la Ley de Tierras
La resolución fue emitida a partir de un planteo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que denunció «la inconstitucionalidad y nulidad» del Decreto del Gobierno de LLA.
La Justicia Federal de La Plata dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió «preventivamente» el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que deroga la ley de tierras que restringe la venta de campos a capitales extranjeros.
La resolución fue emitida por el juez federal Ernesto Kreplak, quien hizo lugar a un planteo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que denunció «la inconstitucionalidad y nulidad» del DNU impulsado por el presidente Javier Milei.
En el fallo se hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo, quien objetó al Ejecutivo nacional la posibilidad de derogar la ley 26.737 de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, así como todo acto jurídico realizado desde la fecha de su entrada en vigencia.
«Por ley 26.737 se limitó la adquisición y posesión de tierras a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera y se vedó la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes», se reseñó en la presentación.
En ese aspecto, se advirtió que se «indica que la norma aquí impugnada, al derogar la anterior, libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces».
El CECIM sostuvo que «el DNU importa una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo, más si se tiene en cuenta que dicha norma contradice abiertamente la voluntad que los legisladores plasmaran al sancionarlas».
Y solicitó que «se dicte una medida cautelar por la cual se suspenda la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo».
El CECIM también dijo que no están dados los requisitos de necesidad y urgencia. «El Ejecutivo Nacional violó los principios de la organización republicana al derogar, a través de un decreto de necesidad y urgencia, una norma dictada por el Poder Legislativo sin encontrarse acreditados los extremos necesarios para ello. De ser ello así, no estaría en juego la pretensión de utilizar el texto constitucional para fundamento de alguno de los derechos que de él se derivan, sino que peligraría el mismo derecho fundamental», explicó.
También se argumentó que si bien el Ejecutivo está habilitado al dictado de DNU, los mismos deben ser «de modo excepcional, cuando circunstancias extraordinarias hicieran imposible seguir los trámites ordinarios que la Constitución Nacional establece para la sanción de las leyes, siempre que no se trate del ámbito penal, tributario, electoral o del régimen de los partidos políticos». Y recordó que la Corte Suprema nacional se ha expedido sobre el concepto de «situaciones de emergencia pública».
Kreplak consideró «acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el art. 230 del CPCCN y de la ley 26.854, motivo por el cual dispondré suspender preventivamente la vigencia de lo dispuesto en el art. 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, hasta tanto recaiga sentencia definitiva».
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“Los únicos que evadimos somos Manuel y yo”: el contratista quiso defender a Adorni y lo hundió más
El empresario Matías Tabar reconoció ante Radio Rivadavia que los pagos fueron en efectivo y sin facturas, pero intentó relativizar la responsabilidad del Jefe de Gabinete. La causa por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Ariel Lijo suma nuevas aristas en una semana cargada de revelaciones judiciales.
“Acá parece que los únicos que evadimos somos Manuel y yo”: el contratista de Adorni quiso apagar fuego con nafta
★ El empresario de la construcción Matías Tabar volvió a ocupar el centro de la escena judicial y mediática este jueves al brindar declaraciones ante Radio Rivadavia donde, mientras intentaba minimizar su rol en el presunto esquema de evasión que rodea al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, terminó por confirmar los elementos centrales que sostienen la investigación: pagos íntegramente en efectivo, ausencia de facturas y una obra de refacciones millonaria que el funcionario no puede justificar con sus ingresos declarados.
«Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo«, lanzó Tabar en el inicio de la entrevista, en un intento de contextualizar la práctica dentro de lo que describió como una normalidad sectorial. «Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura«, añadió, antes de adentrarse en una defensa de la informalidad estructural del rubro.
La «normalidad» de la evasión como argumento de defensa
La estrategia discursiva de Tabar resulta, cuanto menos, llamativa: ante la evidencia de haber recibido y abonado en efectivo sumas millonarias sin respaldo documental, el contratista apeló a un argumento de equivalencia sectorial. Según sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia, «ninguna persona» en Argentina que esté construyendo una casa puede solventar la obra «si tiene que declarar todo«.
«Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco te dé«, explicó. Y añadió que Adorni no le propuso trabajar en negro ni le exigió facturas, aunque reconoció que los pagos siempre fueron en efectivo. También aclaró que sí existieron facturas durante el proceso de obra y que las presentará ante la Justicia.
La aclaración no disipa, sin embargo, el núcleo del problema judicial: la causa que tramita ante el juzgado federal del juez Ariel Lijo, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, investiga si los fondos utilizados por Adorni en las refacciones tienen origen lícito y si fueron debidamente declarados. Que Tabar haya facturado «algo» no equivale a que el funcionario pueda justificar el origen del efectivo que entregó.
Un patrimonio de más de 840.000 dólares bajo la lupa
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni se construyó sobre la base de un patrimonio que, según la investigación judicial, supera los 840.000 dólares y que el funcionario no logra justificar con sus ingresos declarados. El eje del expediente arrancó con la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio de Caballito, escriturado por 230.000 dólares, donde Adorni declaró haber aportado apenas 30.000 dólares iniciales, dejando el saldo como deuda con las vendedoras, dos jubiladas identificadas como Claudia Sbabo y Alicia Viegas. El vínculo adquirió otra dimensión cuando se comprobó que los hijos de ambas mujeres, Leandro Miano y Pablo Feijoo, son socios en una desarrolladora inmobiliaria, y que Feijoo reconoció ante la Justicia un pago adicional de 65.000 dólares «de palabra», fuera de escritura.
A eso se sumaron los 14 millones de pesos que el propio Tabar reveló haber cobrado por la renovación del mobiliario de ese departamento.
Pero el capítulo más costoso de la investigación es el que tiene como escenario el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Allí, según declaró Tabar ante la Justicia, las refacciones ascendieron a 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y sin factura, e incluyeron una pileta con cascada en el jardín, un quincho de alta gama con una parrilla valuada en 15.000 dólares, y trabajos de revestimiento, cocina y baños de lujo con jacuzzi.
Sin alternativa, pero con afecto
Con la causa ya encuadrada, Tabar admitió en la entrevista radial que sabía «a lo que se exponía» al presentarse a declarar ante la Justicia. «Tampoco me quedaba mucha alternativa», señaló. Pese a ello, no ocultó el vínculo personal con el funcionario investigado: «Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio». Y cerró con una frase que resume el clima que rodea a toda la investigación: «Es una cagada tener que transitar todo esto«.
La trama se amplía: hermano imputado, abogado compartido con $LIBRA y avión presidencial
La semana resultó especialmente activa en el expediente Adorni. El hermano del jefe de Gabinete fue imputado por presunto «enriquecimiento ilícito y lavado de dinero» en una causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien también solicitó la detención del propio Adorni por presunto entorpecimiento de la Justicia, alegando que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones.
Se conoció además que el abogado defensor de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito, Matías Ledesma, también representa a la familia de Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino, quien habría recibido fondos vinculados a la causa $LIBRA. La superposición de representaciones legales en causas conexas amplía el mapa de relaciones que la Justicia mantiene bajo la lupa.
La investigación abarca además el presunto uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York; los posibles vínculos de Angeletti con triangulaciones a través de contratos en YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y los contratos que habría obtenido la productora ImHouse, del periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo de Adorni, en la Televisión Pública. El juez Lijo ya ordenó el peritaje de los teléfonos de Grandio y el secuestro de documentación vinculada.
Puntos clave:
- Tabar admitió pagos en efectivo y sin facturas por obras en el country Indio Cuá de Adorni, valuadas en 245.000 dólares.
- El contratista reconoció la evasión como práctica «normal» en el sector, pero sostuvo que Adorni no le propuso trabajar en negro.
- El patrimonio investigado del Jefe de Gabinete supera los 840.000 dólares sin justificación acreditada.
- El hermano de Adorni fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa conexa.
- El abogado defensor de Adorni también representa a la familia de un receptor de fondos de la causa $LIBRA.
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