Judiciales ⚖️
Perpetua sin agravante de odio de género
El joven que cometió el travesticidio de Alejandra Salazar Villa, a la que mató en su departamento de la zona de Abasto, fue sentenciado a la pena máxima, pero no se consideró que haya actuado por odio de género, como lo había solicitado la Fiscalía
Una vez más, un Tribunal aplicó la condena de prisión perpetua a un imputado en un travesticidio, pero desestimando el agravante del odio de género en la calificación del delito, pese al pedido formulado por la acusación en los alegatos. Sin dudas, en otra polémica medida que ya reconoce ciertos antecedentes, en los ataques criminales a mujeres trans.
Rodrigo Alejandro Keilis, de 21 años, fue hallado culpable del delito de “homicidio agravado por violencia de género”, en perjuicio de Alejandra Salazar Villa, una mujer trans cuyo crimen fue cometido en diciembre de 2020 dentro de su departamento del barrio porteño de Balvanera. No obstante, los miembros del Tribunal Oral Criminal Nro. 26 no avalaron el agravante de “odio de género” en el asesinato, como lo había solicitado la fiscal Diana Gorgal.
En el alegato acusatorio, se había hecho hincapié que los prejuicios que las personas travestis y trans deben sobrellevar “las convierten en objeto de todo tipo de violencias y discriminación” y por lo tanto, se destacó la importancia de calificar este tipo de muertes como “travesticidio”.
Para la fiscal Goral, “Alejandra no ha podido escapar al destino predeterminado de la mayoría de las mujeres travestis y trans que viven en las condiciones mencionadas” y, en sentido, agregó: Nos encontramos ante una muerte anticipada y violenta en manos de un varón que logra acceder con mucha facilidad a la esfera íntima, aprovechando de su confianza”.
En el mismo fallo, se absolvió al segundo imputado del hecho, Pablo Getar (41 y tío de Keilis), que había llegado en libertad al debate tras ser sindicado como “partícipe necesario” del robo de un televisor de la víctima.
Según el requerimiento de elevación a juicio, formulado por los fiscales Ignacio Mahiques y Mariela Labozzetta, el joven fue acusado de “haber matado a Alejandra Salazar Villa (de 54 años, nacionalidad peruana y de identidad de género travesti/trans), el 6 de diciembre de 2020 en su departamento del 4to. piso de un edificio de la avenida Corrientes al 2200, para apoderarse de sus bienes.
El cuerpo sin vida recién se descubrió una semana más tarde, ya en avanzado estado de descomposición y la posterior investigación, en base a imágenes de cámaras de seguridad, permitió establecer que Keilis ingresó con la víctima a su departamento, que durante una relación sexual fue asfixiada y estrangulada, por quien le robó un televisor, que luego con su tío, vendió en la zona de Plaza Constitución.
DDHH
“Muy pronto volveremos a encontrarnos”: la carta abierta de Cristina que desafía la proscripción
En una carta abierta publicada este miércoles en su sitio oficial, Cristina Fernández de Kirchner denunció que la condena de la Corte Suprema y su inhabilitación de por vida no persiguen la verdad jurídica sino eliminarla de la vida política. Señaló que lo que padece constituye graves violaciones a los derechos humanos con raíces en el machismo estructural del poder judicial y convocó al pueblo a no bajar los brazos.
Con la serenidad de quien da una pelea de largo aliento, Cristina Fernández de Kirchner eligió las palabras con precisión quirúrgica. En la carta difundida este miércoles desde su sitio cfkargentina.com, la dos veces presidenta argentina afirmó que el ataque del que es víctima «no tiene como destinataria únicamente a una persona», sino a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.
El documento, que circuló de inmediato en redes sociales y medios afines al kirchnerismo, representa el texto político más contundente que CFK firmó desde que se conoció su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La carta no es solo un descargo personal: es una declaración de principios sobre el uso de la justicia como instrumento de persecución política, un fenómeno que, advierte, no es exclusivo de la Argentina.
La proscripción como objetivo central
El núcleo político del documento es una distinción que CFK planteó con claridad: «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria». La frase condensa la lectura que el kirchnerismo hace del proceso judicial: no se trata de sancionar hechos de corrupción sino de cerrar el camino electoral a la principal figura de la oposición.
Kirchner fue la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina. Esa singularidad histórica la usó para plantear una pregunta que, en su formulación, lleva implícita la respuesta: «¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?» La pregunta no es retórica. Es la columna vertebral del argumento jurídico que, según anunció días atrás, ya fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Machismo estructural en la toga
Uno de los pasajes más resonantes de la carta es el que vincula su persecución judicial con el machismo estructural que, sostiene, persiste en sectores del sistema judicial argentino. «Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos», escribió.
La expresidenta fue más lejos al referir el atentado del 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Para CFK, el nivel de estigmatización y arbitrariedad al que fue sometida funcionó como un incentivo para que atentaran contra su vida, lo que encuadra la persecución judicial dentro de una violación más amplia de los derechos humanos fundamentales.
Una ofensiva jurídica internacional con nombres propios
La carta también es un mapa de la estrategia jurídica que Kirchner despliega en el plano internacional. Convocó a dos abogados de reconocida trayectoria: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim, académico y jurista de referencia en el proceso de defensa del expresidente Lula Da Silva. Ambos integrarán el equipo que presentó la comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
CFK también recordó que en 2022, tras el atentado, un grupo de juristas internacionales de primer nivel ya había formulado una primera denuncia. Entre ellos, el exjuez de la Corte Suprema argentina y referente del derecho penal regional Raúl Zaffaroni, el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, el español Baltazar Garzón Real, el brasileño Juárez Tavares y juristas italianos de peso como Francesco Schiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere. «Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», afirmó la expresidenta.
Un fenómeno global, una respuesta democrática
La carta incorpora una lectura geopolítica del fenómeno. Kirchner advirtió que la utilización del sistema de justicia para neutralizar a dirigentes con respaldo popular no es una patología argentina. «En todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular», escribió, y añadió que ese fenómeno «representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales».
Frente a esa realidad, la expresidenta descartó responder «con odio» o «con violencia» y eligió la vía institucional: más derecho, más democracia y más verdad. El cierre de la carta fue un llamado directo a sus seguidores: «No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza.» Y remató con una promesa: «Muy pronto volveremos a encontrarnos.»
Puntos clave
- CFK publicó una carta abierta este miércoles en cfkargentina.com en la que afirmó que la proscripción perpetua es «la pena principal» y la prisión «solo la accesoria».
- Denunció que su persecución judicial tiene raíces en el machismo estructural del poder judicial y que el nivel de estigmatización funcionó como un incentivo para el atentado del 1 de septiembre de 2022.
- Convocó a los abogados internacionales Javier Borrego (España) y Rafael Valim (Brasil) para integrar su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
- Señaló que el uso de la justicia como herramienta de persecución política es un fenómeno global que amenaza a las democracias constitucionales.
- Cerró la carta con un llamado al pueblo a no bajar los brazos y una promesa de regreso a la vida pública.
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