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Judiciales ⚖️

Perpetua sin agravante de odio de género

El joven que cometió el travesticidio de Alejandra Salazar Villa, a la que mató en su departamento de la zona de Abasto, fue sentenciado a la pena máxima, pero no se consideró que haya actuado por odio de género, como lo había solicitado la Fiscalía

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Una vez más, un Tribunal aplicó la condena de prisión perpetua a un imputado en un travesticidio, pero desestimando el agravante del odio de género en la calificación del delito, pese al pedido formulado por la acusación en los alegatos. Sin dudas, en otra polémica medida que ya reconoce ciertos antecedentes, en los ataques criminales a mujeres trans.

Rodrigo Alejandro Keilis, de 21 años, fue hallado culpable del delito de “homicidio agravado por violencia de género”, en perjuicio de Alejandra Salazar Villa, una mujer trans cuyo crimen fue cometido en diciembre de 2020 dentro de su departamento del barrio porteño de Balvanera. No obstante, los miembros del Tribunal Oral Criminal Nro. 26 no avalaron el agravante de “odio de género” en el asesinato, como lo había solicitado la fiscal Diana Gorgal.

En el alegato acusatorio, se había hecho hincapié que los prejuicios que las personas travestis y trans deben sobrellevar “las convierten en objeto de todo tipo de violencias y discriminación” y por lo tanto, se destacó la importancia de calificar este tipo de muertes como “travesticidio”.

Para la fiscal Goral, “Alejandra no ha podido escapar al destino predeterminado de la mayoría de las mujeres travestis y trans que viven en las condiciones mencionadas” y, en sentido, agregó: Nos encontramos ante una muerte anticipada y violenta en manos de un varón que logra acceder con mucha facilidad a la esfera íntima, aprovechando de su confianza”.

En el mismo fallo, se absolvió al segundo imputado del hecho, Pablo Getar (41 y tío de Keilis), que había llegado en libertad al debate tras ser sindicado como “partícipe necesario” del robo de un televisor de la víctima.

Según el requerimiento de elevación a juicio, formulado por los fiscales Ignacio Mahiques y Mariela Labozzetta, el joven fue acusado de “haber matado a Alejandra Salazar Villa (de 54 años, nacionalidad peruana y de identidad de género travesti/trans), el 6 de diciembre de 2020 en su departamento del 4to. piso de un edificio de la avenida Corrientes al 2200, para apoderarse de sus bienes.

El cuerpo sin vida recién se descubrió una semana más tarde, ya en avanzado estado de descomposición y la posterior investigación, en base a imágenes de cámaras de seguridad, permitió establecer que Keilis ingresó con la víctima a su departamento, que durante una relación sexual fue asfixiada y estrangulada, por quien le robó un televisor, que luego con su tío, vendió en la zona de Plaza Constitución.

Córdoba

Justicia para Agostina Vega: Córdoba marchó y piden que la causa no cierre con 6 acusados

A casi cuatro meses del femicidio de la adolescente de 14 años, cientos de personas recorrieron el barrio Cofico hasta la Legislatura provincial. El fiscal pidió elevar la causa a juicio, pero Gabriel Vega, padre de la víctima, insiste en que hay más responsables que aún no fueron imputados.

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Cientos de personas salieron a las calles de Córdoba este sábado para exigir justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada hace casi cuatro meses. La marcha recorrió desde el barrio Cofico, el mismo lugar donde la menor fue vista con vida por última vez, hasta la Legislatura provincial, donde los manifestantes desplegaron una bandera con su imagen y el reclamo de justicia.

Gabriel Vega, padre de Agostina, encabezó la movilización y cuestionó públicamente el avance de la investigación. La causa está a punto de ir a juicio oral con seis personas acusadas, pero la familia sostiene que el expediente cierra con demasiados interrogantes abiertos y que hay responsables que todavía no fueron alcanzados por la Justicia. «Las pruebas hablan. Acá faltan personas», afirmó Vega durante la marcha.

La causa camino al juicio: seis acusados y una estrategia defensiva que cambia

El fiscal Raúl Garzón formalizó el pedido para elevar la causa a juicio oral. El principal imputado es Claudio Barrelier, acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, cargos que contemplan prisión perpetua. Junto a él quedaron imputados por presunto encubrimiento doblemente calificado: Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Soledad Andreani, Marianela Palmero y Eugenia Ascarruz.

La semana previa a la marcha, Barrelier amplió su declaración ante la Justicia y reiteró su versión de los hechos. El fiscal Garzón descartó que lo expresado por el acusado pudiera dejarlo «libre de culpa y cargo», aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de esa presentación. La defensa de Barrelier, que cambió tanto de abogado como de estrategia, intenta ahora sostener una hipótesis que lo ubica como un «nexo» entre distintas partes, una figura que diluye su responsabilidad directa en lo ocurrido.

El reclamo del padre: investigar a tres personas más

Gabriel Vega lleva meses señalando que la investigación no agotó todas las líneas posibles. Durante la marcha volvió a reclamar que la Justicia avance sobre Viviana Brizuela, Ángela Barrelier y Mario Muñoz, a quienes la familia considera vinculados con el crimen. También cuestionó la situación procesal de Marianela Palmero, expareja del principal acusado, imputada por encubrimiento pero con una situación que la familia evalúa como insuficiente.

El reclamo del padre condensa una tensión que atraviesa muchas causas de femicidio: la distancia entre lo que la Justicia puede probar y lo que el entorno de la víctima percibe que efectivamente ocurrió. La elevación a juicio, aun siendo un avance procesal, no siempre significa para las familias que se hizo todo lo que se debía hacer.

El juicio oral podría comenzar a fines de 2026 o en los primeros meses de 2027

El abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, estimó que el debate oral podría comenzar entre fines de este año y los primeros meses de 2027, una vez cumplidas las etapas procesales que siguen al pedido de elevación a juicio. La decisión sobre ese pedido deberá atravesar la instancia de control jurisdiccional correspondiente antes de que se fije fecha.

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