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Familia del ingeniero asesinado en country no sabe cuál fue el móvil del crimen

Tomás Farini Duggan, quien se constituyó como abogado de dos de los hijos de Roberto Eduardo Wolfenson Band, aportó “pruebas” con la que se podría identificar a él o los autores materiales del asesinato.

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El abogado que representa a la familia de Roberto Eduardo Wolfenson Band, el ingeniero electrónico jubilado hallado asesinado el viernes pasado en su casa del country La Delfina, del partido bonaerense de Pilar, aseguró este miércoles que la investigación aún no pudo determinar cuál fue el móvil del homicidio, aunque afirmó que confía en el trabajo de la Justicia para poder identificar a los asesinos.

Se trata de Tomás Farini Duggan, quien desde ayer se constituyó como el letrado del particular damnificado en representación de los dos hijos -un varón y una mujer-, que la víctima tuvo en su primer matrimonio, y emitió un comunicado de prensa en el que afirmó que “a la fecha no es posible determinar el móvil del homicidio”.

“Con ese propósito he ofrecido distintas medidas probatorias, cuya naturaleza y contenido no puedo referir en este momento, para no alterar su resultado. Sin embargo, confío que a través de esa prueba se logrará identificar a él o los autores materiales de la muerte del Sr. Wolfenson Band”, señaló el abogado.

Al inicio del comunicado, Farini Duggan explicó: “En nombre y representación de los hijos de quien en vida fuera Roberto Eduardo Wolfenson Band, me he presentado como particular damnificado en la causa donde se investigan las circunstancias en que se produjo su homicidio, con el propósito de lograr la condena de quien o quienes sean los autores de su muerte».

A su vez, reveló que ”la familia” le encomendó que los represente “en la investigación y ante los medios, pues las permanentes consultas de las que son objeto alteran el duelo que deben atravesar”.

En tanto, fuentes judiciales indicaron a Télam que el fiscal de la causa, Germán Camafreita, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Pilar, trabajaba desde esta mañana en la fiscalía delineando diversas diligencias y en reuniones con otros investigadores.

Uno de los ejes de la pesquisa es tratar de confirmar si Wolfenson recibió alguna visita el día previo al hallazgo de su cadáver, tal como le anunció a su empleada doméstica.

El dato surgió de la declaración testimonial de la empleada que, en principio, fue la última persona en verlo con vida el jueves pasado por la tarde, cuando como todas las semanas fue a trabajar al domicilio.

La empleada doméstica declaró ante los investigadores que ese jueves Wolfenson, un asesor de empresas dedicadas a sistemas energéticos y experto en baterías de litio, le pidió que limpiara porque iba a recibir “visitas”, por lo que el fiscal intenta establecer si esa o esas personas que el jubilado esperaba realmente llegaron al domicilio y si puede estar relacionado al asesinato.

Allegados a la víctima contaron luego a Télam que la empleada doméstica «hacía menos de un mes» que trabajaba en la casa del ingeniero y explicaron que el fin de semana uno de los hijos de la víctima tenía pensado ir a visitar a su padre, por lo que tampoco se descarta que esa «visita» a la que hizo referencia la empleada posiblemente sea la que iba a realizar su hijo.

Otro dato que es materia de investigación es una sábana que los pesquisas encontraron ya lavada en el tambor del lavarropas, y que la empleada aseguró que ella no la puso allí, sino que estaba colocada en uno de los cuartos que preparó.

También se analizan las cuentas bancarias del ingeniero jubilado, ante la posibilidad de detectar algún movimiento sospechoso.

El fiscal Camafreita se entrevistó ayer con la viuda de Wolfenson en la casa donde ocurrió el crimen, el lote 397 de La Delfina, y más temprano con uno de los hijos y otros allegados y testigos.

La mujer aclaró que había hablado por última vez con su marido el miércoles 21 -cuando ella estaba de viaje-, que luego intercambiaron algunos mensajes con fotos por un regalo y que la última vez que tuvo contacto vía WhatsApp fue el jueves 22, cuando él le preguntó por una cuestión de la casa, cuando estaba la empleada.

Según los registros de la línea, que pertenece a la empresa Claro, el viernes último, alrededor de las 14, fue la última vez que el celular de Wolfenson estuvo en línea en WhatsApp antes de ser hallado fallecido.

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir, Wolfenson estuvo la semana pasada unos días solo en su casa del country La Delfina, ya que su esposa se había ido de viaje con amigas y al regresar no volvió a su casa, sino que fue a lo de una hija en el barrio porteño de Villa Devoto.

El ingeniero electrónico jubilado de 71 años y asesor de empresas multinacionales, fue hallado muerto el viernes por su profesor de piano, que llegó a las 17 para su clase habitual, y cuando nadie le abrió la puerta, avisó a la guardia, entraron a la vivienda y encontraron el cuerpo en una habitación de huéspedes.

Si bien el primer médico policial tuvo el error de conjeturar que se trataba de una muerte natural, por los problemas cardíacos de la víctima, el primer fiscal que intervino, Andrés Quintana -con experiencia en la investigación del famoso crimen de María Marta García Belsunce en otro country de Pilar-, ordenó la autopsia que develó un día después que se trataba de un homicidio.

Wolfenson murió asfixiado en el marco de una maniobra de “estrangulamiento a lazo” con un elemento compatible con un cordel, cable, soga o hilo muy delgado, que le dejó un surco de ahorcadura y hasta unos cortes en la parte posterior del cuello, sobre la nuca.

Los forenses también determinaron que Wolfenson luchó mientras su asesino lo estrangulaba, ya que le detectaron lesiones de defensa, entre ellas, marcas lineales en sus dedos compatibles con que intentó aflojarse del cuello el hilo con el que lo estrangularon y que no fue hallado porque el asesino tuvo la precaución de llevárselo consigo o de descartarlo en algún sitio.

Si bien aún no se descarta ninguna, el robo no es la principal hipótesis del caso, ya que solo se llevaron el celular de Wolfenson y en la casa había una caja fuerte con dinero, relojes de marcas y otros elementos de valor que estaban intactos.

Chaco

Juicio por la golpiza a jóvenes qom: Zdero había ascendido a una de las acusadas

Diez policías chaqueños son juzgados en Resistencia por el operativo de 2020 en Fontana. La oficial Claudia Lucena, acusada de encubrimiento y detención ilegal, fue promovida por decreto en 2025, cuando la causa ya estaba elevada a juicio.

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El Argentino Diario-Leandro Zdero, Chaco, corrupción, Suizo Argentina, medicamentos, investigación judicial, radicalismo,
Comenzó el juicio a diez policías por la golpiza a jóvenes qom en Fontana.

Según la acusación, entraron de madrugada, sin orden judicial, y golpearon a los jóvenes que estaban en la casa, entre ellos una adolescente. Después se los llevaron a la comisaría, donde, según denunciaron las víctimas, siguieron los golpes, las amenazas de muerte y los insultos racistas. Seis años después de aquella noche en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, diez policías del Chaco se sientan en el banquillo, y una de ellas llegó al juicio con un ascenso firmado por el gobernador Leandro Zdero.

El debate oral comenzó el lunes ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la causa 12.386/2020-1. El tribunal está integrado por Dolly Fernández, como presidenta, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona, y la acusación está a cargo del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos. La querella del Estado quedó unificada en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que actúa también en representación del área de Derechos Humanos de la provincia. Entre los acusados está Claudia Beatriz Lucena, que dirigía la Comisaría Tercera de Fontana cuando ocurrieron los hechos.

Qué pasó el 31 de mayo de 2020

Según la acusación, cerca de las 4.30 de la madrugada del 31 de mayo de 2020 un grupo de efectivos irrumpió en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y golpeó a varios jóvenes de una familia de la comunidad qom. La versión policial de ese momento era que buscaban a personas que supuestamente habían apedreado una dependencia de la fuerza. En la casa había además dos chicos pequeños.

Cuatro jóvenes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera. Allí, de acuerdo con sus denuncias, continuaron las agresiones y los insultos racistas; también relataron que los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego. Las denuncias sostienen, además, que parte de esas agresiones quedó registrada por las cámaras de la dependencia. El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia institucional con mayor repercusión en la provincia, en plena cuarentena y contra una comunidad indígena históricamente postergada.

Los cargos

Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por un funcionario público. La acusación le atribuye no haber puesto a la adolescente detenida a disposición del juzgado correspondiente y no haber denunciado las vejaciones que habría presenciado en su unidad.

Los otros nueve policías afrontan distintas combinaciones de imputaciones, entre ellas vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica agravada y detención ilegal. Son acusaciones que el tribunal deberá examinar: ninguno de los diez efectivos tiene condena y todos están amparados por la presunción de inocencia hasta que haya sentencia.

Un ascenso con la causa en marcha

El dato que salpica al gobierno actual es administrativo y tiene fecha. El decreto 974/25, firmado por Zdero el 13 de junio de 2025, promovió a Lucena de comisario inspector a comisario mayor, con vigencia retroactiva al comienzo de ese año. La propuesta fue elevada por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y contó con los avales administrativos correspondientes.

Romero no es un nombre nuevo en esta causa. Era jefe de la Policía cuando ocurrieron los hechos de Fontana y renunció el 13 de julio de 2020, junto con el subjefe, después de que el gobierno de Jorge Capitanich rechazara reincorporar a cuatro efectivos imputados en el expediente. En ese momento, Romero argumentó que la normativa policial obligaba a reintegrar al servicio a los agentes que habían recuperado la libertad. En diciembre de 2023, Zdero lo designó otra vez al frente de la fuerza.

Para entonces, Lucena estaba imputada desde septiembre de 2021 y el expediente había sido elevado a juicio en abril de 2022. El ascenso llegó, por lo tanto, después de que la oficial quedara formalmente acusada y después de que la Justicia resolviera llevar el caso a debate oral. Hasta el momento no se conoció una explicación oficial sobre por qué la promoción avanzó con ese antecedente.

En declaraciones recogidas por el diario El Ancasti, el abogado querellante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Darío Edgardo Gómez, confirmó que Lucena «fue ascendida ahora ya en la gestión del gobernador (Leandro) Zdero».

Seis años de demoras

El juicio llegó a su primera audiencia tras sucesivas reprogramaciones. La última postergación fue en septiembre, por el cambio de defensor de uno de los imputados, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura había cuestionado públicamente las demoras. El cronograma prevé nuevas audiencias los días 13, 14, 15, 27 y 28 de octubre, y el 3 y el 12 de noviembre.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías del Chaco son juzgados desde el lunes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por el operativo del 31 de mayo de 2020 contra jóvenes qom en Fontana.
  • Según la acusación, los efectivos entraron sin orden judicial a una vivienda, golpearon a varios jóvenes, entre ellos una adolescente, y detuvieron a cuatro.
  • La oficial Claudia Beatriz Lucena, que en 2020 dirigía la Comisaría Tercera de Fontana, está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
  • Zdero la ascendió a comisario mayor por el decreto 974/25, de junio de 2025, a propuesta del jefe de Policía Fernando Romero, que también encabezaba la fuerza en 2020; la causa ya estaba elevada a juicio desde abril de 2022.
  • Las audiencias seguirán en octubre y noviembre; ninguno de los acusados tiene condena.
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