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Judiciales

La DAIA se opone a la salida del país de tripulantes de avión venezolano

El letrado defensor dijo que «la medida a la fecha carece absolutamente de aquella razonabilidad declamada, desglosada en necesidad, eficacia y proporcionalidad».

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La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se opuso este martes a que la justicia devuelva los pasaportes y permita salir del país a los tripulantes del avión venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde hace más de 45 días, mientras la cual la fiscalía pidió una prórroga antes de emitir su opinión.

La DAIA presentó un escrito ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena en el que manifestó su opinión contraria al pedido realizado por la defensa de los tripulantes, a la vez que se opuso a que se habilite la salida del avión del territorio argentino.

Fuentes de esa institución explicaron que la oposición está basada en que aún restan medidas de prueba por realizarse en el marco del expediente en el que se intenta determinar si el avión que aterrizó en Argentina el 6 de junio tenía fines ajenos a la actividad comercial declarada (transporte de autopartes).

La presentación fue realizada luego de que ayer el juez habilitara la liberación de toda la carga que aún quedaba secuestrada, que estaba consignada a SAS Automotriz y había llegado en el vuelo de Emtrasur, y la retenida a un segundo vuelo, de Sky Lease.

Por otra parte, fuentes judiciales informaron a esta agencia que la fiscal Cecilia Incardona solicitó una prórroga antes de emitir su opinión y que el juez le dio 48 horas más.

Tanto el juez como la fiscal esperan aún respuestas a distintos exhortos internacionales en busca de información, como así también los resultados de los análisis de los teléfonos celulares, notebooks y ipads secuestrados en el marco de la investigación.

«Se van a tomar todo el tiempo posible», dijo una fuente judicial con acceso al expediente al explicar los motivos de la demora en responder a los tripulantes si los dejarán salir del país, para luego señalar que por el carácter preventivo de la investigación no están dispuestos a tomar una medida que pueda tornarse irreversible.

La defensa de los tripulantes había pedido hace una semana la restitución de la aeronave y el reintegro de los pasaportes de los 19 tripulantes para que puedan salir del país ya que, sostuvo, «no existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno».

La presentación fue realizada ante Villena por el abogado Hernán Emilio Carluccio, en representación de los 14 tripulantes venezolanos y los 5 iraníes que llegaron en el avión Jumbo de la empresa Emtrasur; tras lo cual el magistrado pidió la opinión de las partes.

Carluccio hizo la petición en nombre de Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez, Victoria Valdiviezo Marval, José García Contreras, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Armando Marcano Estredo, Ricardo Rendón Oropeza, Albert Ginez Pérez, Ángel Marín Ovalles, Nelson Coello, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Mohammad Khosraviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saied Vali Zadeh y Abdolb Aset Mohamaddi, según la presentación.

El abogado solicitó «el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de salida del país oportunamente dispuesta en autos respecto de la totalidad de mis asistidos», quienes son investigados para determinar si están relacionados con actos de terrorismo internacional, a partir de una denuncia de la DAIA.

En ese sentido, reclamó «la devolución de los pasaportes retenidos y de la aeronave Boieng 747 Matricula YV 3531 secuestrada». Carluccio sostuvo que «una medida restrictiva de la libertad tiene que estar sustentada principalmente en la razonabilidad y en la proporcionalidad de la misma».

El abogado advirtió que «si las medidas de restricción de derechos por su intensidad y prolongación dejan de lado la presunción de inocencia terminan constituyendo una sanción encubierta y anticipada que resulta inadmisible».

El letrado dijo que «la medida a la fecha carece absolutamente de aquella razonabilidad declamada, desglosada en necesidad, eficacia y proporcionalidad».

«No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable», aseguró Carluccio.

Abundó que «en los 14 cuerpos que -hasta la fecha- han sido recopilados, y en los que, hay que reconocerlo, se plasma el notable esfuerzo investigativo realizado, no se ha dado con un indicio, una pista, un acto medianamente sospechoso; nada».

Sostuvo que «partiendo de la nada, se llegó a la nada; si queremos ironizar, diremos que la nave procesal que partió aquel 6 de junio corrió la misma suerte que el Boeing 747 de Emtrasur, es decir, se encuentra hoy día exactamente en el mismo lugar».

Al promover la investigación, la fiscal Incardona hizo foco en el piloto del avión porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi «es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto» y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.

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Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre «exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación».

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Seguridad

Triple Crimen de General Rodríguez: ¿prescripción sin autores intelectuales?

Resta un año para que se cierre la causa sin que se conozca quien o quienes mandaron a matar a las víctimas por su vínculo con el tráfico de efedrina.

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Por Néstor Llidó

Ya se cumplieron 14 años del denominado Triple Crimen de General Rodríguez, en el que por estar involucrados en el negocio del tráfico de efedrina fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, se entra en la recta final para la posibilidad que la causa prescriba sin haber encontrado al o los autores intelectuales.

A partir que al empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, el sindicado ideólogo del hecho, se le dictó la falta de mérito en abril de 2021y va camino a un posible sobreseimiento, el 7 de agosto de 2023, será la fecha tope en la que la jueza federal María Romilda Servini pueda sumar nuevos imputados.

En el caso de Pérez Corradi, que sigue siendo investigado, la prescripción no le corre ya que él fue indagado por el caso recién en 2016, tras ser extraditado desde Paraguay.

«En estos catorce años de una causa que no está cerrada, no sólo tenemos autor o autores intelectuales, sino que además nos falta gente que participó del hecho, quizás más autores materiales”, sostuvo Diego Ferrón, el hermano de una de las víctimas, quien agregó que “si bien es cierto que hay cuatro condenados a perpetua, los hermanos Lanatta y Schilacci, como autores materiales, queremos llegar a algo más”.

«Pasamos por un juicio oral de tres meses, la fuga de quince días en 2015 de los asesinos, la captura de Pérez Corradi en Paraguay, las causas asociadas, mafia de medicamentos, ruta de la efedrina, aportes a campañas. Hay una historia muy grande detrás de este hecho”, afirmó.

«SIDE, DEA, políticos, Policía Federal, bonaerense, empresarios, narcos mexicanos, muchos involucrados en el tráfico de efedrina y detrás de esto la muerte de ellos tres”, detalló Diego Ferrón, quien no es optimista con el futuro de la causa, señalando “cerraremos así. Ya estuvieron detenidos por tráfico de efedrina más de 20 personas y nadie habló. Nadie se quebró”.

“Desde el día uno, reina el miedo en la causa, con dos testigos suicidados como Ariel Vilan y Emiliano Marcos, el argentino detenido en la quinta de Ingeniero Maschwitz con los mexicanos, Marcelo Tarzia, que murió extrañamente en la cárcel. Todo muy misterio y oscuro, detrás de tanto poder”, concluyó.

El triple crimen ocurrió el 7 de agosto de 2008, cuando Forza (34), Ferrón (37) y Bina (35) desaparecieron tras haber ido a una reunión en un hipermercado de la localidad de Sarandí, para participar de un encuentro presumiblemente vinculado con la venta ilegal de efedrina.

Se cree que, desde ese lugar, fueron llevados hasta la casa de Cristian Lanatta, ubicada en la zona de Quilmes, en base al análisis de la ubicación de los teléfonos celulares de los imputados y las víctimas.

Los tres fueron asesinados de 16 balazos por la espalda por dos tiradores, uno de los cuales usó la propia pistola Taurus calibre 9 milímetros de Forza y el otro una marca Tanfoglio .40. A Bina, como posible mensaje mafioso, también le amputaron una de sus orejas.

Los forenses creen que sus cuerpos fueron conservados en algún freezer hasta que los arrojaron en un zanjón del partido de General Rodríguez, donde fueron encontrados seis días después, el 13 de agosto, con signos de haber estado maniatados en algún momento con precintos.

En diciembre de 2012, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci fueron condenados a prisión perpetu.

Entre los últimos días de diciembre de 2015 y los primeros de enero de 2016, tres de esos condenados protagonizaron una fuga de película de la cárcel bonaerense de General Alvear y tras un sangriento raid fueron recapturados en Santa Fe.

En febrero de 2016, la causa del triple crimen pasó a la Justicia Federal y quedó a cargo de María Romilda Servini, quien ya investigaba una megacausa por tráfico de efedrina.

Por su parte, Pérez Corradi fue detenido en junio de 2016 en Foz de Iguazú y luego extraditado a la Argentina, pero en su indagatoria, negó cualquier vínculo con el triple asesinato. Luego, terminó condenado a siete años de prisión por traficar 1.900 kilos de efedrina a narcos internacionales, pero en la causa del triple crimen la jueza Servini le dictó la falta de mérito en dos oportunidades.

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