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Economía 💲

Renta inesperada: Guzmán destacó que España sigue el camino de Argentina

El ministro de Economía destacó que el presidente Pedro Sánchez anunció un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto para gravar «los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas», tributo que entraría en vigor en enero de 2023.

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El-Argentino-Martín-Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ponderó la decisión del Gobierno de España de buscar gravar la renta inesperada por el alza global de precios generada por la guerra en Ucrania, como propone el Ejecutivo argentino.

«Puro sentido común. España se suma a Argentina, Gran Bretaña e Italia en la lista de países que buscan gravar la renta inesperada por el alza global de precios que genera la guerra en Ucrania», sostuvo el funcionario nacional a través de Twitter.

Guzmán añadió: «Distintos gobiernos del mundo avanzan para resolver las injusticias distributivas que esa guerra está generando. En nuestro país, el acompañamiento del Congreso de la Nación al proyecto de Renta Inesperada constituiría un acto de estricta justicia social».

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto para gravar «los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas», tributo que entraría en vigor en enero de 2023.

El nuevo impuesto a empresas energéticas busca «garantizar un reparto justo de recargas» y «sintoniza con la opinión pública del país, con las medidas adoptadas por otros países del entorno y atiende a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y el FMI», remarcó Sánchez.

El presidente aclaró que su administración está «estudiando» los diseños de otros gobiernos que han adoptado una medida en esta línea y añadió que Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual de 25% a los beneficios, «es un ejemplo» a seguir.

El 8 de octubre pasado el Gobierno argentino envió al Congreso el proyecto de ley para gravar la renta inesperada de las empresas con ganancias extraordinarias, que prevé el pago adicional de una alícuota del 15% por única vez.

En ese oportunidad, Guzmán dijo que «es una iniciativa que busca reducir las injusticias distributivas que el impacto de la guerra en Ucrania genera sobre los precios en nuestra sociedad».

El proyecto, que consta de tres artículos, propone la modificación excepcional de la ley que regula el Impuesto a las Ganancias, sumando una alícuota adicional que se cobrará, por única vez, sobre aquellas actividades que hayan registrado una renta inesperada producto de la suba de los precios en el nuevo contexto internacional.

Medio Ambiente 🌱

La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó

El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.

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Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.

Un proceso cuestionado desde el inicio

La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.

La trama Neuss-Caputo-Servimagnus

El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.

El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.

Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».

Las cifras de la entrega

Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.

Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.

El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.

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